La resolución de Ueno Bank, iniciada esta semana por el Banco Central del Paraguay (BCP), es uno de los episodios más delicados que enfrenta el sistema financiero nacional en años. La entidad, conocida por su estrategia digital y su rápido crecimiento, pasó de ser una de las más populares del mercado a convertirse en el centro de una investigación penal con 27 imputados y ocho directivos detenidos.
Lo que preocupa en el plano económico es el origen de los recursos. En apenas tres años, el banco acumuló unos G. 4,9 billones (cerca de US$ 855 millones) provenientes de entes públicos, de la Caja Fiscal y del fondo de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS). Es decir, dinero de los contribuyentes y de los aportantes quedó expuesto a la gestión de una entidad que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía.
El circuito cerrado: así funcionaba la triangulación de fondos
Según los antecedentes que el BCP remitió al Ministerio Público, la mecánica era un circuito cerrado. Ueno Bank otorgaba préstamos y sobregiros a empresas vinculadas a su grupo propietario, pero el dinero no se quedaba en las prestatarias ni se aplicaba a los proyectos declarados. Se transfería de inmediato a sociedades centrales del conglomerado, que lo usaban para cubrir sus propias obligaciones.
Cuando vencían las cuotas, el recorrido se invertía: las mismas firmas centrales devolvían fondos a las deudoras originales para que estas pagaran. El resultado era una apariencia de solvencia y de capacidad de repago, aunque las prestatarias carecían de ingresos propios suficientes. A la vez, el esquema permitía financiar al grupo económico sorteando los límites legales que impiden a un banco prestarse a sí mismo a través de partes vinculadas. En la ley paraguaya, ese tope equivale al 20% del patrimonio efectivo de la entidad.
Hendy, Grupo M y Satec: los casos que reconstruyó la Superintendencia
El informe documenta casos concretos. Grupo Hendy SA recibió tres créditos durante 2025, entre ellos uno de G. 91.334.400.000 y otros dos por USD 5.075.250 y USD 5.527.500. Los montos eran muy elevados frente a su realidad económica: ingresos mensuales promedio de G. 73 millones y patrimonio neto negativo al cierre de 2024, con plazos de hasta diez años y sin garantías reales suficientes.
Grupo M SA recibió desembolsos por USD 13.567.500, USD 4.321.500 y USD 5.326.500 entre setiembre y diciembre de 2025. Según el BCP, esos recursos fueron transferidos en su totalidad a empresas relacionadas, y los sobregiros utilizados entre enero y mayo de 2026 siguieron el mismo camino. Otro caso es el de Satec SA, que recibió un préstamo de USD 20 millones el 15 de junio de 2026 y lo transfirió ese mismo día, íntegro, a Vinanzas SA, otra firma del grupo.
Para la Superintendencia, estas operaciones configuraban en los hechos una sola unidad de riesgo: lo prestado a un deudor terminaba beneficiando a otra empresa vinculada, lo que obliga a sumar ambas exposiciones a efectos de los límites prudenciales.
Préstamos nuevos para pagar préstamos viejos
Una de las revelaciones más llamativas es la forma en que se fondearon los pagos. El informe de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas, fechado el 8 de junio de 2026, muestra que parte del dinero con que las deudoras amortizaron sus créditos provino de nuevos préstamos contratados por otras sociedades. Es decir, se pagaba una deuda con otra deuda.
Un ejemplo ocurrió el 29 de abril de 2026. Grupo M abonó la primera cuota de un crédito de US$ 4 millones con fondos que Sagas SA había obtenido como préstamo ese mismo día. El dinero pasó por Kasas Propiedades, luego por Vinanzas, después por Itti y recién entonces llegó a Grupo M. Un recorrido similar se verificó con Mowi SA, que saldó parte de una deuda de G. 33.500 millones con recursos originados en un préstamo en dólares de La Tropa SAE, convertidos a guaraníes en el camino. También hubo sobregiros, como uno de G. 105.090 millones de Mowi, cancelados con fondos de Itti y Redisa.
Para el análisis económico, el patrón es claro. Ninguna de esas cuotas se pagó con ingresos generados por la actividad de las deudoras. Eran traslados contables entre empresas hermanas que simulaban un flujo de caja inexistente.
La “venta de cartera” a Vinanzas y los límites legales
Cuando el exceso sobre los topes para créditos a vinculadas se volvió evidente, el banco propuso una solución: vender las deudas de Mowi, Grupo Hendy y Grupo M a Vinanzas SA, otra empresa del mismo conglomerado. Vinanzas, que ya participaba del circuito como intermediaria, pasaba así a ser la “compradora” de la cartera.
Un memorando del 10 de julio de 2026 del entonces gerente de Supervisión del BCP, Fernando Rivarola, recomendó no admitir esa operación. El BCP no precisó públicamente si la aprobó o la rechazó, y se limitó a informar que el banco había subsanado el exceso. Surge además un cuestionamiento sobre la oportunidad de la supervisión, ya que el sumario por presunta financiación indirecta se abrió el 24 de setiembre de 2026, una semana después de que el Senado pidiera informes.
Deficiencias en el análisis de riesgo crediticio
Más allá de la triangulación, el BCP identificó fallas básicas en el otorgamiento de créditos: montos desproporcionados respecto de la capacidad de los deudores, plazos extensos, ausencia de garantías suficientes y documentación insuficiente. También observó debilidades en la evaluación de la capacidad de repago y en el seguimiento de los proyectos de inversión declarados como destino de los fondos.
Los créditos habrían sido otorgados “a sola firma”, sin garantías de repago y con trato preferencial. En términos bancarios, son señales de un incumplimiento de la disciplina de riesgo que protege al ahorrista. Sin análisis independiente ni garantías, la cartera de préstamos deja de ser un activo respaldado y pasa a depender de la solidez del propio grupo.
Los ocho detenidos y la estructura de poder del banco
Los detenidos ocupaban cargos en la cúpula de la entidad y en empresas vinculadas. Entre ellos figuran Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de Ueno Bank, con pasado en el BCP y en el Banco Nacional de Fomento; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero, fundador y presidente del Grupo Vázquez, principal accionista; y Diana Mongelós González, vicepresidenta segunda.
La nómina incluye también a Julio Rey Fernández, exvicepresidente segundo; a los directores Diego Duarte Schussmuller, quien fue directivo del BCP y presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, y Alejandro Gómez Abente; a la exdirectora Mariana Torres Rubiani; y a Miguel Ángel Almada Frutos, síndico titular y director legal del Grupo Vázquez, quien además posee participaciones en varias de las empresas identificadas por el BCP.
Este perfil muestra un directorio con experiencia en regulación y finanzas, lo que vuelve más relevante la pregunta sobre cómo operaron los controles internos y el gobierno corporativo de la entidad. Todos ellos gozan de la presunción de inocencia, y corresponde a la Justicia determinar responsabilidades.
Qué está en juego para los ahorristas, el IPS y la confianza en la banca
El impacto va más allá de los accionistas. La intervención afecta a miles de depositantes, y se estima que unos 32.000 jubilados tienen sus fondos vinculados a la entidad. Los recursos del IPS colocados en Ueno ascienden a cientos de millones de dólares, lo que convierte el caso en un asunto de seguridad social además de bancario.
El episodio plantea un desafío para la credibilidad del sistema. Paraguay construyó en las últimas décadas una reputación de estabilidad financiera y de apertura a la inversión, y esa confianza depende de reguladores que detecten a tiempo los abusos y los corrijan. Que informes internos advirtieran irregularidades desde junio, y que la información no llegara oportunamente al Congreso, alimenta el debate sobre la eficacia y la transparencia de la supervisión.
Una lección para el sistema financiero paraguayo
Los hechos, que ahora investiga el Ministerio Público como posibles delitos contra el patrimonio, dejan lecciones de fondo. Primero, los límites a los créditos a partes vinculadas no son un trámite: son la barrera que impide que un banco se convierta en caja de su propio grupo. Segundo, el manejo de fondos públicos y previsionales exige estándares de control y de rendición de cuentas más estrictos.
