El déficit fiscal anualizado de la Administración Central de Paraguay alcanzó el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) a setiembre de 2026. Equivale a unos 12 billones de guaraníes, casi 2.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Así lo reveló el informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el acumulado de enero a setiembre, el saldo negativo fue de G. 7,8 billones (unos US$ 1.258 millones), el 2% del PIB.
La cifra interesa más allá de las fronteras. Paraguay es una de las economías más estables de la región, con baja deuda pública relativa y una reputación de disciplina macroeconómica. Por eso cualquier desvío del carril fiscal es observado de cerca por inversores y organismos multilaterales.
Metas fiscales: entre el plan oficial y el límite legal
El MEF proyecta cerrar el ejercicio con un déficit del 3,2% del PIB, un nivel que la cartera considera acorde con el plan fiscal del año. Esa meta queda, sin embargo, lejos del 1,5% del PIB que fija como referencia la Ley de Responsabilidad Fiscal, el marco normativo que busca anclar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La brecha entre lo previsto por la ley y lo ejecutado abre el debate sobre cuánta flexibilidad admite la regla fiscal y en qué plazo debería converger nuevamente hacia su senda original. Para el observador externo, la credibilidad del marco depende de que los desvíos sean explicados, acotados y revertidos.
Ingresos: un crecimiento modesto frente a vientos en contra
Los ingresos totales acumularon un aumento de apenas 1,6%. La recaudación tributaria creció 2,4%, sostenida por el buen desempeño de los impuestos internos. En contraste, los tributos vinculados al comercio exterior siguen en retroceso. La razón es la apreciación del guaraní frente al dólar: al valer menos en moneda local las importaciones, se reduce la base imponible sobre la que se cobran los impuestos.
Los ingresos no tributarios cayeron 1,3%. Las donaciones bajaron 25,2% y los recursos de las entidades binacionales retrocedieron 17,3%.
El factor binacional: Itaipú cede y Yacyretá compensa en parte
Las binacionales hidroeléctricas son una fuente singular de ingresos para el Estado paraguayo, que recibe regalías y compensaciones por la energía generada. En el caso de Itaipú, esos ingresos cayeron 25,9%. Influyeron el efecto cambiario sobre recursos percibidos en dólares y un mayor consumo interno de energía, que reduce los excedentes disponibles para exportar.
Yacyretá amortiguó parcialmente el golpe con un aumento de 66,7% en sus aportes. Aun así, la dependencia de flujos externos y de la cotización de la moneda recuerda que parte de los ingresos fiscales escapa al control de la política económica local.
Gasto público: más recursos para salud, seguridad, educación y protección social
El gasto acumulado creció 11,2%, muy por encima de los ingresos. Según el MEF, el aumento se orientó a sectores estratégicos, donde el gasto subió 13,4%. Por funciones, salud creció 16,4%, seguridad 14%, programas sociales 13,9% y educación 12,2%. Una parte importante del incremento corresponde a salarios de docentes, médicos y agentes de las fuerzas públicas.
En medicamentos el gasto aumentó 21,2%. En setiembre se pagó la primera cuota del esquema de Cesión de Derechos de Cobro, por G. 66,3 mil millones. El mecanismo canaliza obligaciones pendientes con proveedores farmacéuticos por G. 2.388 mil millones, que se amortizarán en 36 cuotas mensuales. Es una forma de regularizar deudas acumuladas y ordenar el flujo de pagos en el tiempo.
Protección social: Hambre Cero y adultos mayores, en el centro
Las prestaciones sociales crecieron 14,9%. El mayor impulso vino de las transferencias para alimentación escolar bajo el programa Hambre Cero, que aumentaron 85,5%. La pensión para adultos mayores subió 14,3% y las jubilaciones y pensiones, 9,6%.
Dos datos matizan el panorama. La proporción de salarios financiada con ingresos tributarios se ubicó en 54,2%, por debajo del promedio histórico reciente. Además, el pago de intereses de la deuda pública bajó 6,8% en términos anualizados, lo que moderó el crecimiento del gasto total.
Inversión pública: obras y regularización de deudas con contratistas
La inversión pública alcanzó G. 4.998 mil millones (US$ 807,3 millones), el 1,3% del PIB, con un crecimiento acumulado de 17,1%. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lideró la ejecución, con un aumento de 39,4% hasta G. 3.356 mil millones. Buena parte de ese avance responde a la cancelación de obligaciones pendientes con empresas contratistas.
La inversión en infraestructura tiene efectos positivos sobre la productividad y la logística, un punto clave para una economía mediterránea que depende de sus rutas y de sus ríos para exportar. Pero parte del gasto actual sirve para ponerse al día con compromisos previos y no necesariamente para ampliar la capacidad productiva.
Lectura final: ¿qué mirar de aquí al cierre del año?
El panorama deja varias señales. Los ingresos crecen poco, golpeados por la apreciación cambiaria y por menores aportes de Itaipú. El gasto se expande con prioridad social y salarial, un componente de difícil reversión. A la vez, hay factores que dan respiro, como la baja en intereses de la deuda y el esfuerzo por ordenar pagos pendientes.
Tres variables definirán el resultado: la evolución del tipo de cambio, el comportamiento de la recaudación interna y el ritmo del gasto en el último trimestre. Para los mercados y organismos internacionales, la pregunta central es cómo y en cuánto tiempo el país volverá a encaminarse hacia la regla fiscal.
