La Administración de Donald Trump pondrá fin a una de las políticas económicas más prolongadas derivadas de la pandemia de COVID-19. A partir del próximo 5 de mayo, el gobierno federal restablecerá el cobro de préstamos estudiantiles a millones de estadounidenses, terminando con las moratorias que se han extendido desde marzo de 2020.
Esta decisión afectará directamente a más de 42,7 millones de personas que, según datos del Departamento de Educación, deben más de 1,6 billones de dólares al gobierno federal en préstamos para educación superior, convirtiendo este tema en uno de los mayores desafíos económicos que enfrenta el país.
«Los contribuyentes estadounidenses ya no se verán afectados por políticas irresponsables sobre préstamos estudiantiles», declaró en un comunicado la secretaria de Educación, Linda McMahon, dejando clara la postura de la administración Trump sobre el asunto.
Una crisis de morosidad que podría duplicarse
El panorama actual de la deuda estudiantil refleja una situación alarmante: más de cinco millones de prestatarios se encuentran ya en situación de impago, una cifra que, según proyecciones del propio gobierno, podría ascender a 10 millones en los próximos meses.
Las estadísticas muestran que solo el 38% de los prestatarios están actualmente al día con sus pagos, mientras que unos 4 millones se encuentran en fase de morosidad tardía, con retrasos de entre 91 y 180 días. Adicionalmente, casi 1,9 millones de personas no han podido comenzar a pagar debido a la pausa en el procesamiento de solicitudes establecida por la administración anterior.
La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha sido contundente: «El gobierno puede cobrar y cobrará la deuda impagada de los préstamos federales a estudiantes reteniendo el dinero de los prestatarios, las devoluciones de impuestos, las pensiones federales e incluso sus salarios».
El plan de implementación: notificaciones inmediatas y embargos en verano
El Departamento de Educación ha detallado un cronograma para la reanudación de los cobros:
- A partir del 5 de mayo de 2025, se reactivará el Programa de Compensación del Tesoro, iniciando formalmente los cobros involuntarios para prestatarios en mora.
- Durante las próximas dos semanas, todos los prestatarios en situación irregular recibirán comunicaciones por correo electrónico explicando los cambios y opciones disponibles.
- Se invitará a los deudores a contactar al Grupo de Resolución de Incumplimiento para programar pagos, optar por planes basados en sus ingresos o inscribirse en programas de rehabilitación de préstamos.
- A finales del verano, la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) comenzará a enviar notificaciones para iniciar embargos administrativos de salario.
Paralelamente, el Departamento implementará un proceso mejorado de Pagos Determinados por los Ingresos (IDR), que simplificará la inscripción y eliminará la necesidad de certificar los ingresos anualmente, en un aparente intento por facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los prestatarios.
Una confrontación ideológica sobre la deuda educativa
La medida representa uno de los mayores contrastes entre la administración actual y la anterior. Mientras el gobierno de Joe Biden (2021-2025) impulsó diversos intentos para condonar la deuda estudiantil a millones de personas, estas iniciativas fueron sistemáticamente impugnadas en los tribunales por estados gobernados por republicanos.
La secretaria McMahon ha sido especialmente crítica con la gestión anterior: «La Administración Biden engañó a los prestatarios: el poder ejecutivo no tiene autoridad constitucional para borrar la deuda, ni los saldos de los préstamos desaparecen sin más. Ya se han transferido cientos de miles de millones a los contribuyentes».
La postura de la administración Trump queda resumida en las palabras de Leavitt: «Debemos poner orden en nuestra casa fiscal y devolver el sentido común a nuestro país. Si pides un préstamo, tienes que devolverlo. Es muy sencillo. El presidente Trump no dará más patadas a la lata».
Críticas: «Una medida cruel e innecesaria»
Las organizaciones de defensa de estudiantes han respondido con contundencia. El Centro de Protección al Prestatario Estudiantil (SBPC) calificó el anuncio como «cruel, innecesario y que avivará aún más el caos económico que sufren las familias trabajadoras del país».
Su director ejecutivo, Mike Pierce, fue especialmente duro: «Para cinco millones de personas en mora, la ley federal les otorga una salida y el derecho a realizar los pagos de sus préstamos que puedan afrontar. Desde febrero, Donald Trump y Linda McMahon les han impedido salir del impago y ahora los están alimentando con las fauces de la maquinaria de cobro de deudas del gobierno».
El SBPC ha denunciado, además, que la administración Trump bloqueó previamente el acceso a pagos más asequibles, eliminando el IDR y la solicitud de consolidación, y «ordenó en secreto a las entidades administradoras de préstamos estudiantiles que suspendieran el procesamiento de todas las solicitudes». Según la organización, más de un millón de prestatarios permanecían en espera de que se procesara su solicitud antes de esta decisión.
Un debate económico y social de fondo
Este cambio de política reabre el debate sobre quién debe asumir el costo de la educación superior en Estados Unidos. La administración Trump sostiene que la reanudación de los cobros «protege a los contribuyentes de asumir el costo de préstamos estudiantiles que los prestatarios asumieron voluntariamente para financiar su educación superior».
Leavitt lo expresó de forma más directa: «¿Por qué los estadounidenses que no fueron a la universidad, o que fueron a la universidad y pagaron responsablemente sus préstamos, deben pagar los préstamos estudiantiles de otros estadounidenses?».
Por su parte, los defensores de los estudiantes argumentan que el sistema actual de financiamiento educativo ha creado una trampa de deuda para millones de jóvenes que intentaron mejorar sus perspectivas económicas a través de la educación.
Mientras el gobierno federal se prepara para reactivar su maquinaria de cobro, millones de estadounidenses enfrentan ahora la presión adicional de reincorporar los pagos de préstamos estudiantiles a sus ya ajustados presupuestos familiares, en un contexto económico que muchos describen como incierto y desafiante.
