El gobierno de Donald Trump modificó el programa de visas temporales H-2A con el objetivo de reducir los costos laborales del sector agrícola, en respuesta a una escasez de mano de obra que el propio Departamento de Trabajo reconoció como consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias. El ajuste metodológico en el cálculo salarial redujo las tarifas por hora entre 1 y 7 dólares según el estado, y habilitó a los empleadores a contabilizar el alojamiento como parte del paquete de compensación ofrecido a los trabajadores invitados.
La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, justificó la medida como parte de «reformas reales para aliviar las cargas normativas y reducir los costos laborales», y señaló que el presidente Trump «está utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que los agricultores tengan lo que necesitan para tener éxito».
Una contradicción reconocida por el propio gobierno
La reforma llega en un contexto que el gobierno federal reconoció abiertamente como problemático. En un documento normativo de octubre, el Departamento de Trabajo advirtió que «el cese casi total de la afluencia de extranjeros ilegales, combinado con la falta de mano de obra legal disponible, provoca importantes trastornos en los costos de producción y amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y los precios para los consumidores estadounidenses». La agencia alertó, además, que la situación se agravará con la implementación de las herramientas de control migratorio incluidas en la HR 1, que podría desincentivar la participación de hasta 225.000 trabajadores en el sector.
La escasez es verificable en los datos. Una encuesta de la Oficina Agrícola de California y la Universidad Estatal de Míchigan reveló que más del 14 por ciento de los agricultores del estado atribuyó la escasez de trabajadores a las redadas y la ansiedad generada por el endurecimiento migratorio. En cultivos intensivos en mano de obra como frutas y verduras, esa cifra alcanzó casi el 20 por ciento. En paralelo, de los más de 415.000 puestos anunciados bajo el programa H-2A en 2025, que exige demostrar la incapacidad de contratar trabajadores locales, apenas 182 recibieron una solicitud de un trabajador nacional.
El programa H-2A: crecimiento sostenido y dependencia estructural
El H-2A ha pasado de aproximadamente 50.000 puestos certificados en 2005 a casi 400.000 en el año fiscal 2025, y sus trabajadores representan ya el 15 por ciento del total de la fuerza laboral agrícola del país. El 40 por ciento de los trabajadores del campo son inmigrantes no autorizados, y alrededor de un tercio son ciudadanos estadounidenses, según las últimas estimaciones del gobierno.
Oposición sindical y cuestionamientos económicos
La reforma generó resistencia desde distintos frentes. La Unión de Campesinos de América presentó una demanda judicial, argumentando que la reducción salarial perjudicará a los trabajadores agrícolas nacionales al comprimir también sus ingresos o desplazarlos del mercado. Su presidenta, Teresa Romero, advirtió que las medidas «traerán una mano de obra aún más vulnerable a los abusos», en alusión a los patrones de explotación que frecuentemente afectan a los trabajadores temporales.
El Instituto de Política Económica estimó que los cambios metodológicos implicarán un recorte de 2.000 millones de dólares en los salarios anuales de los trabajadores agrícolas temporales, y de 3.000 millones de dólares para los trabajadores agrícolas radicados en Estados Unidos.
Desde la vertiente académica, Philip Martin, economista especializado en trabajo agrícola y profesor emérito de la Universidad de California en Davis, cuestionó la lógica de la medida: «Si hay escasez de algo como la energía —gas y petróleo—, se sube el precio para dar a la gente un incentivo para salir a buscar más». Reducir los salarios, sostuvo, profundizará la dependencia de trabajadores temporales extranjeros, acelerará la mecanización e incrementará las importaciones de alimentos. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Migración —favorable a una política migratoria restrictiva—, coincidió en que los cambios fomentan mayor migración extranjera y desincentivan la automatización, calificando ambas consecuencias como «contrarias a los objetivos declarados del gobierno».
En el Congreso se debate un proyecto de ley bipartidista que agilizaría el proceso de solicitud, reduciría costos, ampliaría la cobertura a empleadores con contratos anuales como los productores lácteos, y establecería una vía de regularización para trabajadores agrícolas no autorizados ya presentes en el país.
La crisis energética global suma presión sobre los sistemas alimentarios
En paralelo al deterioro del mercado laboral agrícola en Estados Unidos, el conflicto bélico en Oriente Próximo ha generado una perturbación significativa en los mercados energéticos globales con impacto directo sobre la producción de alimentos. Los ataques a infraestructuras energéticas en la región y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz han estrangulado los flujos de crudo, gas natural licuado y fertilizantes, elevando los costos operativos del agro en múltiples regiones.
La agricultura moderna depende de grandes volúmenes de combustible para accionar maquinaria de siembra, cosecha y manejo ganadero. La escasez de diésel amenaza con desplazar los calendarios agrícolas y deteriorar cosechas maduras, al tiempo que encarece el procesamiento y transporte poscosecha.
En Bangladesh, los equipos de riego que sostienen la cosecha de arroz operan con motores diésel que extraen agua subterránea; el gobierno restringió el suministro diario a 2 litros por persona, con la temporada de cosecha iniciándose el mes próximo. Casi el 40 por ciento de las tierras cultivables de la región depende de esa maquinaria. En Australia Occidental, principal región exportadora de cereales del país, algunos proveedores están entregando volúmenes inferiores a los solicitados por los agricultores ante la inminente siembra de trigo y cebada. En Alemania, los productores pagan un suplemento de 30 euros por cada 100 litros de combustible, en operaciones que consumen alrededor de 250 litros por tractor en los días más intensos de la temporada primaveral. En Rumanía, los precios del diésel agrícola acumulan un alza de aproximadamente 25 por ciento desde el inicio del conflicto.
Presión simultánea sobre la oferta alimentaria global
La convergencia de la crisis laboral agrícola en Estados Unidos y la perturbación energética derivada del conflicto en Oriente Próximo configura un escenario de presión simultánea sobre la oferta alimentaria global. En el caso estadounidense, las modificaciones al programa H-2A alivian parcialmente los costos para los productores, pero no resuelven la tensión estructural entre la política migratoria restrictiva, la disponibilidad real de mano de obra y la viabilidad económica del sector. Los efectos sobre los salarios de los trabajadores agrícolas, tanto temporales como nacionales, introducen además un factor de inequidad distributiva que las proyecciones del Instituto de Política Económica cuantifican en 5.000 millones de dólares anuales en pérdidas salariales combinadas.
