El presidente Donald Trump convocó a los principales ejecutivos de la industria tecnológica a la Casa Blanca para el 4 de marzo, con el objetivo de formalizar el denominado «Compromiso de Protección del Precio de la Electricidad», una iniciativa que busca obligar a las grandes empresas de inteligencia artificial a construir, adquirir o desarrollar su propio suministro energético para los nuevos centros de datos, eximiendo así a los consumidores residenciales de asumir los costos derivados del crecimiento exponencial de esta industria.
Entre las compañías convocadas figuran Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. —matriz de Google—, xAI Corp. de Elon Musk, Oracle Corp. y OpenAI Inc. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó la iniciativa y subrayó que «estas empresas masivas construirán, traerán o comprarán su propio suministro de energía para los nuevos centros de datos de IA, asegurando que las facturas de electricidad de los estadounidenses no aumenten a medida que crece la demanda». El esfuerzo es liderado de manera conjunta por Trump, el secretario de Energía Chris Wright y Michael Kratsios, director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.
Un problema eléctrico de escala nacional
El contexto que rodea esta medida es contundente. En diciembre pasado, el precio medio de venta al público de la electricidad alcanzó los 17,24 céntimos por kilovatio-hora a nivel nacional, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. En enero de 2026, las tarifas residenciales registraron un alza del 6,7% interanual. Estos datos contradicen abiertamente la promesa central de la campaña presidencial de 2024, cuando Trump se comprometió a reducir las facturas eléctricas a la mitad. En lugar de descender, los costos han escalado impulsados por la confluencia de tres factores: la creciente demanda de los centros de datos, la expansión industrial y la electrificación progresiva de la calefacción doméstica, la cocina y el transporte.
El peso político de esta problemática quedó de manifiesto en una encuesta realizada por Blue Rose Research para el grupo de defensa Climate Power, en la que el 64% de los votantes identificó los costos de los servicios públicos como el tema más preocupante vinculado al desarrollo de centros de datos. La resistencia ciudadana no se limita a las tarifas: también incluye preocupaciones por el uso intensivo de agua y tierra de estas instalaciones, así como su dependencia de generadores diésel para la energía de reserva.
El anuncio en el Estado de la Unión y su trasfondo político
Trump presentó la iniciativa durante su discurso sobre el Estado de la Unión del martes como una conquista negociada. «Esta noche, me complace anunciar que he negociado el nuevo compromiso de protección al contribuyente», declaró, añadiendo que su administración ha comunicado a las grandes tecnológicas «que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas» y que quienes construyan sus propias plantas de generación como parte de sus instalaciones contribuirán, en muchos casos, a reducir «los precios de la electricidad para la comunidad y de forma muy sustancial».
El anuncio no es ajeno al calendario político. La promesa de protección a los contribuyentes constituye el último movimiento de la administración para hacer frente a uno de sus principales flancos vulnerables antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump ha adoptado una posición proactiva respecto a la inteligencia artificial, considerándola un motor de crecimiento económico y un elemento estratégico en la competencia con China, pero esa misma apuesta ha generado una presión creciente sobre la infraestructura eléctrica que ahora busca manejar políticamente.
Compromisos sin fuerza legal: el debate sobre su eficacia
El punto más cuestionado de la iniciativa es su naturaleza jurídica. Los compromisos que las empresas firmarán no serán vinculantes ni tendrán fuerza de ley. Los funcionarios de la administración argumentan que la formalidad pública de los acuerdos generará responsabilidad corporativa y ofrecerá cierta seguridad a los consumidores. Sin embargo, los críticos rechazan esa lógica con firmeza.
Jesse Lee, asesor principal de Climate Power, calificó la medida de «promesa vacía» y señaló que la administración debería centrarse en incorporar nuevas fuentes de energía para hacer frente al inminente incremento de la demanda. El contraste resulta llamativo: mientras Trump impulsa este compromiso, su administración ha suprimido los subsidios a las energías renovables y ha intentado paralizar la construcción de parques eólicos marinos a lo largo de la costa este del país.
Compañías como Microsoft y Amazon no han confirmado públicamente los detalles de su adhesión al acuerdo, aunque fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters y Politico indicaron que el acuerdo fue cerrado antes del discurso presidencial.
La magnitud del consumo energético de la inteligencia artificial
Para comprender la urgencia del problema, basta con examinar las cifras. Según estimaciones del Congressional Research Service y de la Agencia Internacional de Energía, un centro de datos de inteligencia artificial puede consumir el equivalente energético de entre 40.000 y 80.000 hogares. La llegada de una sola instalación tecnológica de gran escala puede duplicar o triplicar la demanda en una subestación local, obligando a realizar obras de infraestructura cuyos costos se trasladan habitualmente a todos los usuarios de la zona mediante aumentos tarifarios.
Este impacto no se limita al sector de la inteligencia artificial. La minería de Bitcoin también opera sobre infraestructuras de consumo eléctrico intensivo comparables, lo que amplía el alcance del problema más allá de las grandes plataformas digitales. Algunos actores del sector ya han adoptado modelos de autoabastecimiento: TeraWulf, por ejemplo, opera una instalación de 200 megavatios en Pensilvania conectada directamente a una central nuclear, un esquema que la administración presenta implícitamente como modelo a seguir.
Dudas estructurales y riesgos para los consumidores
Los especialistas advierten que la propuesta enfrenta obstáculos estructurales de envergadura. La construcción de nuevas plantas de generación eléctrica es un proceso que puede demandar entre cinco y diez años, lo que limita su capacidad de respuesta ante una demanda que crece de manera inmediata. A esto se suma un riesgo sistémico poco mencionado en el debate público: si las grandes tecnológicas dejan de comprar energía a las distribuidoras locales para autoabastecerse, estas últimas podrían verse obligadas a trasladar sus costos fijos a un universo menor de clientes residenciales, encareciendo paradójicamente el servicio para los hogares que se pretende proteger.
Shar Pourreza, director de energía en América del Norte para Wells Fargo, señaló que varios estados ya han tomado la iniciativa de exigir a los nuevos centros de datos que contribuyan a los costos de infraestructura, y que la administración Trump parece alinearse con esa tendencia. En ese marco, la firma identificó a Constellation Energy como su principal recomendación entre los productores de energía independientes, destacando su capacidad nuclear como recurso atractivo para las tecnológicas que buscan fuentes limpias y confiables. No obstante, la inclinación de la administración hacia los combustibles fósiles introduce una variable de incertidumbre sobre el rumbo energético de largo plazo.
Un consenso emergente ante una crisis estructural
Más allá de las disputas sobre la eficacia del compromiso, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de que las grandes empresas tecnológicas asuman una proporción mayor de los costos de infraestructura que genera su expansión. Las proyecciones apuntan a que la escasez de capacidad de suministro energético podría convertirse en un problema crítico ya en 2029, lo que abre un horizonte de crecimiento significativo para las empresas del sector energético, tanto reguladas como independientes.
Lo que permanece sin respuesta es si una declaración de buenas intenciones, por más solemne que sea su escenario, alcanza para disciplinar a actores económicos cuyo poder de mercado supera con creces al de la mayoría de los estados donde operan. La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, no de la firma estampada en la Casa Blanca, sino de los mecanismos concretos que la administración sea capaz de articular para garantizar su cumplimiento.
