El presidente de Estados Unidos ha lanzado una de las propuestas más audaces de su mandato: distribuir directamente a la mayoría de los ciudadanos al menos 2.000 dólares provenientes de los ingresos recaudados mediante aranceles. La iniciativa, anunciada a través de Truth Social, busca transformar los gravámenes comerciales en beneficios tangibles para la población, aunque enfrenta serios obstáculos legales, políticos y económicos que cuestionan su viabilidad.
Una propuesta sin precedentes en política comercial
Donald Trump fundamentó su anuncio en los supuestos beneficios económicos generados por su estrategia arancelaria. Según el mandatario, Estados Unidos se ha convertido en «el país más rico y respetado del mundo», con niveles mínimos de inflación, un mercado de valores en máximos históricos y planes de pensiones 401k en sus mejores niveles. «Las personas que están en contra de los aranceles son tontos», escribió el presidente, quien aseguró que el país está «ingresando billones de dólares» que pronto comenzarán a reducir la deuda nacional, cifrada en 37,64 billones de dólares (más del 122% del PIB).
El dividendo excluiría únicamente a quienes perciben las rentas más altas, lo que según estimaciones del Pew Research Center beneficiaría aproximadamente al 80% de la población estadounidense. Con alrededor de 340 millones de habitantes, el programa podría representar cientos de miles de millones de dólares en costes para el presupuesto federal de 2026, aún pendiente de aprobación.
La realidad presupuestaria detrás de la promesa
El Comité por un Presupuesto Federal Responsable reportó que los derechos de aduana recaudados en el ejercicio fiscal de 2025 alcanzaron aproximadamente 195.000 millones de dólares (168.630 millones de euros), un incremento de 118.000 millones de dólares respecto al año anterior, equivalente a un aumento del 150%. Sin embargo, esta cifra resulta insuficiente para financiar un programa de pagos directos de tal magnitud sin comprometer otras partidas presupuestarias o incrementar aún más el déficit.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el dividendo podría materializarse «de muchas formas, de muchas maneras», incluyendo la eliminación de impuestos a las propinas, las horas extra o la Seguridad Social, o la deducción de intereses en préstamos vehiculares. Esta ambigüedad refleja la ausencia de un plan concreto sobre la implementación de la medida.
Cuestionamientos del Tribunal Supremo
La propuesta llega en un momento crítico para la política arancelaria de Trump. El Tribunal Supremo expresó dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente a casi todos los países del mundo. El alto tribunal está examinando si la ley de poderes económicos en emergencias internacionales otorga al Ejecutivo la facultad de imponer gravámenes sin aprobación del Congreso, o si esta potestad corresponde exclusivamente al legislativo según establece la Constitución.
Trump reaccionó con vehemencia a este escrutinio judicial: «El presidente de EEUU tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!».
Tribunales inferiores ya habían dictaminado previamente que el presidente se había excedido en sus atribuciones. Trump ha advertido que anular los aranceles sería un «desastre» para el país, enfatizando que gran parte de esos ingresos se destinarían a reducir la deuda nacional.
El bloqueo gubernamental como telón de fondo
La propuesta del dividendo arancelario se desarrolla paralelamente a una crisis política de dimensiones considerables. El cierre del Gobierno federal, que ya se extiende por 40 días, permanece sin solución debido al estancamiento entre republicanos y demócratas. La disputa se centra en el sistema de salud: Trump exige destinar directamente a los ciudadanos los fondos públicos que actualmente se canalizan a través del programa Obamacare.
«¡Basta de dinero, cientos de miles de millones de dólares para las compañías de seguro apoyadas por los demócratas por el malo Obamacare!», escribió el presidente en Truth Social, proponiendo que el dinero «vaya ahora directamente a la gente, sacando a las compañías de seguros que se han nutrido del sistema corrupto de atención médica».
Los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa Obamacare, que expiran a fin de año, a su respaldo para reabrir la administración federal. Mientras tanto, la mayoría republicana en el Senado necesita el apoyo de la bancada opositora para alcanzar los 60 votos requeridos. El bloqueo ya está afectando servicios esenciales: se han reducido vuelos y el programa de cupones de alimentos, del que dependen 40 millones de personas, enfrenta interrupciones.
Riesgos económicos y efectos en los mercados
La propuesta plantea interrogantes fundamentales sobre sostenibilidad fiscal y efectos inflacionarios. Los críticos advierten que financiar pagos directos con aranceles podría trasladar el coste final a los consumidores mediante precios más elevados en productos importados o represalias comerciales de socios internacionales. Esta dinámica podría erosionar el supuesto beneficio del dividendo si los hogares enfrentan un encarecimiento generalizado del coste de vida.
El sector financiero está atento a múltiples variables: el comportamiento del dólar frente a otras divisas, los movimientos en los bonos del Tesoro y los datos de inflación. La percepción de que la Casa Blanca está dispuesta a emplear medidas «no convencionales» puede alterar la confianza inversora, generando tanto oportunidades como riesgos para los mercados.
Para Europa y España, el anuncio podría traducirse en presiones al alza del dólar, volatilidad en los mercados de materias primas y potencial encarecimiento de importaciones estadounidenses. Las empresas exportadoras deberán monitorear cuidadosamente estas dinámicas.
Un experimento político de alto riesgo
La iniciativa de Trump rompe con la fórmula tradicional de gasto público, donde los ingresos arancelarios suelen destinarse a infraestructuras, defensa o programas sociales. Al convertir los aranceles en una herramienta de redistribución directa, el presidente refuerza su retórica proteccionista y busca granjearse apoyo social en medio de la incertidumbre judicial.
Sin embargo, el desafío es considerable: transformar un anuncio mediático en resultados sólidos requiere control de inflación, estabilidad de mercados y crecimiento sostenible. Si la medida fracasa en cumplir estas condiciones, la factura recaerá sobre ciudadanos, empresas y socios comerciales globales.
La propuesta del dividendo arancelario representa, en definitiva, una apuesta de alto impacto político y económico que pone a prueba los límites del modelo fiscal tradicional estadounidense. Su éxito o fracaso no solo determinará el legado de esta política comercial, sino que podría establecer precedentes sobre el uso de herramientas comerciales con fines redistributivos en la economía global.
