El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus críticas contra España, asegurando este martes que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al gasto en Defensa constituye una falta de respeto grave hacia la OTAN y merecedora de castigos económicos mediante aranceles. Las declaraciones formuladas durante una reunión con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca marcan un nuevo escalón en la escalada de tensiones entre Washington y Madrid sobre una cuestión que ha dividido a los aliados atlánticos desde hace meses.
La posición española como punto de fricción dentro de la Alianza
El inquilino de la Casa Blanca ha sido categórico al señalar que España constituye una anomalía dentro de la OTAN. «Es el único país que no aumentó su porcentaje al 5%. Todos los demás países de la OTAN lo aumentaron al 5%», ha declarado Trump, expresando su descontento de manera explícita. El presidente estadounidense ha argumentado que la nación ibérica se beneficia de una protección automática derivada de su ubicación geográfica, mientras que simultáneamente se rehúsa a contribuir al nivel de gasto que el resto de miembros han asumido.
La paradoja que Trump ha puesto de relieve durante su intervención refleja una frustración profunda. Según el mandatario, incluso si Estados Unidos decidiera no defender a España, estaría obligado a hacerlo por su posición estratégica en la península. «No importaría si dijeras que no los vas a proteger, porque están prácticamente protegidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Atravesar los otros países y atacar a España?», ha argumentado de manera irónica, subrayando lo que considera una injusticia para con otros miembros de la Alianza que sí han realizado el esfuerzo presupuestario solicitado.
De la expulsión a las sanciones comerciales: evolución de las amenazas
Las amenazas de Trump hacia España han experimentado una escalada progresiva. Hace apenas una semana, durante un encuentro con el presidente finlandés Alexander Stubb, el mandatario estadounidense llegó a barajar la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, una proposición que desafiaba los fundamentos legales de la Alianza Atlántica, ya que su tratado fundacional no contempla mecanismo alguno de expulsión forzosa. Sin embargo, en sus manifestaciones más recientes ha optado por una estrategia diferente, enfocándose en represalias económicas.
«Es posible que lo haga… España es el único (que no paga), tiene que ser castigada por eso», ha subrayado Trump al confirmar que está considerando seriamente la imposición de aranceles sobre los productos españoles. Esta amenaza no constituye una novedad en el arsenal retórico del presidente estadounidense; ya durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio pasado había avanzado una propuesta similar, aunque en aquella ocasión la idea quedó aparcada temporalmente.
El trasfondo: compromisos cumplidos a medias y excepciones negociadas
Para entender la magnitud de la fricción actual es necesario remontarse a los compromisos adquiridos por los miembros de la OTAN en el encuentro de La Haya. En aquella cumbre, la Alianza se comprometió colectivamente a elevar el gasto en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB a lo largo de la próxima década. Un objetivo que, según los datos disponibles, ni un único Estado miembro ha alcanzado todavía, tampoco el propio Estados Unidos.
Anticipándose a las dificultades presupuestarias que supondría cumplir con este objetivo, el presidente del Gobierno español envió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que expresaba de manera explícita la imposibilidad de España de aceptar semejante umbral de inversión. En el documento, Sánchez argumentó que «comprometerse a un objetivo del 5% no solo sería irrazonable, sino también contraproducente» para el fortalecimiento de la defensa europea, y alertó de que resultaría «incompatible con nuestro Estado del bienestar y nuestra visión del mundo».
Las negociaciones de última hora permitieron a España obtener una excepción que otros miembros no lograron. Según los términos acordados, la nación ibérica podrá dedicar a defensa el porcentaje del PIB que considere necesario, siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades Militares (OCM) establecidos por los ministros de Defensa de la OTAN el 5 de junio. España, que actualmente dedica el 2,1% de su PIB a gasto en seguridad y defensa, se mantiene en esta posición argumentando que sus aportaciones en operaciones internacionales en territorios como Letonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Turquía compensan plenamente su menor contribución presupuestaria.
El coste económico potencial: la propuesta española en cifras
Para dimensionar el alcance de las exigencias estadounidenses, conviene señalar que elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB supondría para España un incremento anual de aproximadamente 80.000 millones de euros, una cifra que representa casi la mitad del gasto total que el Estado español dedica anualmente a pensiones. Una magnitud de esta envergadura explica la reticencia del Gobierno español a asumir un compromiso de naturaleza vinculante.
La evaluación aplazada: 2029 como fecha clave
Un aspecto relevante que frecuentemente pasa desapercibido en el debate es que el cumplimiento de los compromisos de La Haya está previsto que se reevalue en el año 2029. Para esa fecha, probablemente habrá un presidente estadounidense diferente en la Casa Blanca, a menos que se produzca una reforma constitucional de gran alcance que permitiera a Trump extender su mandato. En consecuencia, solo entonces se determinará definitivamente si España puede cumplir sus compromisos con defensa destinando únicamente el 2,1% del PIB, tal como sostiene Sánchez que es posible hacer.
La defensa española: limitaciones legales a las represalias arancelarias
Ante las reiteradas amenazas de Trump de imponer aranceles como represalia, surge la interrogante de si realmente Estados Unidos posee la capacidad legal de hacerlo sin afectar al resto de la Unión Europea. Los expertos en derecho comercial internacional señalan que la respuesta es compleja pero fundamentalmente negativa desde una óptica convencional.
La estructura comercial de la Unión Europea funciona como un bloque unitario en materia de relaciones comerciales con terceros países. El Artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe explícitamente la imposición de derechos de aduana de importación y exportación entre Estados miembros, otorgando a la Comisión Europea la competencia exclusiva para negociar aranceles en nombre de los Veintisiete. Esto significa que Washington no puede legalmente aplicar una política arancelaria discriminatoria contra España sin que afecte simultáneamente al resto de miembros de la Unión.
Sin embargo, existe un resquicio que podría permitir a la administración Trump ejercer presión indirecta. Estados Unidos podría incrementar los aranceles sobre categorías específicas de productos en las que España tiene especialización exportadora, con la conciencia de que tales medidas afectarían desproporcionadamente a la economía española. Por ejemplo, el incremento de aranceles sobre productos como el aceite de oliva o maquinaria podría diseñarse sabiendo que España es un exportador especialmente relevante en estos segmentos. Aunque tecnicamente tales medidas también afectarían a otros países europeos, su impacto sobre España sería cuantitativamente superior.
La posición defensiva del Gobierno español
Ante las embestidas retóricas del presidente estadounidense, el Gobierno español ha intentado mantener una actitud conciliadora mientras reafirma su posición. El presidente Sánchez ha caracterizado sus intercambios con Trump como «muy cordiales» y ha enfatizado que España reconoce tanto el compromiso con la seguridad de la Alianza como la preservación del Estado del bienestar. En sus declaraciones públicas, el mandatario español ha subrayado que Washington reconoce «el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española».
Las autoridades españolas no pierden la oportunidad de recordar que Estados Unidos mantiene un importante activo estratégico en territorio español. Las bases militares estadounidenses de Rota y Morón albergan varios miles de efectivos militares estadounidenses y constituyen puntos clave para las operaciones estadounidenses en el Mediterráneo y el norte de África. Además, una porción sustancial del incremento de gastos en defensa que ha aprobado la OTAN se destina a la adquisición de material militar de procedencia estadounidense, lo cual representa oportunidades comerciales significativas para las industrias de defensa norteamericanas.
La dimensión más amplia: aranceles como herramienta de política exterior
Las amenazas de represalias arancelarias de Trump contra España deben interpretarse dentro del contexto más amplio de su estrategia de utilizar los aranceles como instrumento de política exterior. Durante sus nueve meses en el cargo en esta segunda etapa presidencial, Trump ha demostrado una inclinación consistente por emplear medidas arancelarias como medio de presión contra aliados y adversarios por igual. La propuesta de castigo comercial a España representa un ejemplo más de esta aproximación pragmática, aunque controvertida, a las negociaciones internacionales.
Lo que distingue el caso español es que la fricción no se origina exclusivamente en desacuerdos comerciales tradicionales, sino en una interpretación profundamente diferente sobre las obligaciones que conlleva la pertenencia a la Alianza Atlántica. Mientras que Trump ve la negativa a alcanzar el 5% como una traición a los compromisos colectivos, la posición española la interpreta como una defensa legítima de intereses nacionales y prioridades presupuestarias que van más allá de la cuestión militar.
Perspectivas futuras: incertidumbre y tensión
La situación actual presenta un punto de estancamiento con múltiples vías posibles. La determinación de Trump de imponer castigos comerciales se enfrenta a limitaciones legales dentro del marco de la Unión Europea, pero cuenta con vías indirectas para ejercer presión económica significativa. Simultáneamente, España mantiene su posición fundamentada en excepciones obtenidas formalmente en La Haya y en una interpretación política de sus obligaciones multilaterales.
La próxima evaluación de compromisos prevista para 2029 brinda un horizonte temporal que podría permitir que ambas partes busquen soluciones pragmáticas. No obstante, con un presidente estadounidense que ha demostrado una marcada predilección por el confrontacionismo como táctica negociadora, la probabilidad de que las tensiones disminuyan en el corto plazo parece limitada. Los próximos meses probablemente presenciarán nuevos intercambios retóricos y posiblemente la implementación de alguna forma de represalia comercial, aunque sus alcances reales podrían verse limitados por los marcos regulatorios internacionales que gobiernan las relaciones comerciales dentro de la Unión Europea.
