Un tribunal federal de comercio estadounidense dictó un fallo histórico que paraliza los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump, determinando que el mandatario excedió sus facultades constitucionales al implementar estas medidas comerciales de amplio alcance sin autorización del Congreso.
Decisión judicial marca precedente constitucional
El Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, compuesto por un panel de tres jueces, estableció que la Constitución de Estados Unidos otorga exclusivamente al Congreso la autoridad para regular el comercio internacional, una prerrogativa que no puede ser suplantada por los poderes ejecutivos presidenciales, incluso bajo declaratorias de emergencia nacional.
La decisión judicial representa el primer revés legal significativo contra los denominados aranceles del «Día de la Liberación», implementados por Trump el 2 de abril mediante decretos presidenciales que gravaron con impuestos del 10% a la mayoría de productos importados, con tasas superiores para países específicos como China y miembros de la Unión Europea.
Fundamentos legales del fallo
Los magistrados determinaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, invocada por Trump para justificar los aranceles, no confiere autoridad presidencial para imponer gravámenes comerciales de manera generalizada. El tribunal estableció que esta legislación permite al presidente adoptar sanciones económicas únicamente ante amenazas «extraordinarias e inusuales», criterio que no se cumple con los déficits comerciales tradicionales.
En su dictamen, los jueces escribieron que «las Órdenes Arancelarias Mundiales y Represaliativas exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles», enfatizando que «cualquier interpretación de la IEEPA que delegue una autoridad ilimitada sobre los aranceles es inconstitucional».
Alcance y limitaciones de la decisión
El fallo judicial bloquea específicamente los aranceles impuestos a China, México y Canadá —implementados supuestamente para combatir el tráfico de fentanilo— así como los gravámenes adicionales del 2 de abril sobre productos de prácticamente todos los países, que alcanzaban hasta el 50% dependiendo del origen.
Sin embargo, la decisión no afecta los aranceles del 25% aplicados a automóviles, autopartes, acero y aluminio, los cuales fueron implementados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una normativa diferente que otorga mayor discrecionalidad presidencial en materia de seguridad nacional.
Impacto económico y reacción de los mercados
Los aranceles globales de Trump generaron volatilidad significativa en los mercados financieros internacionales desde su anuncio, llevando a numerosos economistas a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento económico estadounidense. La incertidumbre comercial provocó fluctuaciones en las cadenas de suministro globales y tensiones diplomáticas con socios comerciales clave.
A pesar de la magnitud de las medidas, los analistas señalan que hasta el momento los aranceles han tenido un impacto limitado en la economía estadounidense, aunque persisten preocupaciones sobre sus efectos a largo plazo en la inflación y el crecimiento económico.
Precedentes históricos y argumentos gubernamentales
La administración Trump defendió sus acciones citando precedentes de 1971, cuando el presidente Richard Nixon impuso aranceles con aprobación judicial. El gobierno argumenta que solo el Congreso, no los tribunales, puede determinar si la justificación presidencial para declarar una emergencia cumple con los requisitos legales establecidos.
El contexto histórico resulta relevante considerando que Estados Unidos ha mantenido déficits comerciales durante 49 años consecutivos, cuestionando la clasificación de esta situación como una «emergencia» bajo los términos de la IEEPA.
Respuesta oficial y proceso de apelación
La Casa Blanca reaccionó inmediatamente al fallo, con el portavoz Kush Desai declarando que «no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional». Stephen Miller, asesor cercano de Trump, denunció en redes sociales lo que calificó como un «golpe judicial fuera de control».
La administración presentó una apelación el mismo día del fallo, iniciando un proceso que probablemente se extenderá ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la política comercial estadounidense.
Demandas y coalición de opositores
El fallo surgió tras múltiples demandas legales, incluyendo una presentada por el Liberty Justice Center en representación de cinco pequeñas empresas afectadas por los aranceles, y otra coalición formada por doce estados liderados por Oregón, Arizona, Nueva York y Minnesota.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, celebró la decisión afirmando que «esta sentencia reafirma que nuestras leyes son importantes y que las decisiones comerciales no pueden tomarse según el capricho del presidente».
Por su parte, el líder demócrata del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory W. Meeks, consideró que la decisión confirma que «estos aranceles constituyen un abuso ilegal del poder ejecutivo».
Implicaciones para la política comercial futura
La decisión judicial establece un precedente significativo sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial, reforzando el papel constitucional del Congreso en la regulación del comercio internacional. Este fallo podría influir en futuras políticas comerciales presidenciales y en la interpretación de las leyes de emergencia económica.
Con al menos siete demandas legales activas contra las políticas comerciales de Trump, el panorama judicial sugiere un escrutinio continuado de las medidas arancelarias, lo que podría generar mayor certidumbre legal pero también limitaciones adicionales a la flexibilidad ejecutiva en política comercial.
La resolución de este caso y sus apelaciones correspondientes definirá no solo el alcance inmediato de los aranceles trumpistas, sino también los parámetros constitucionales para futuras administraciones en el manejo de crisis comerciales y económicas.
