Argentina enfrenta un nuevo revés judicial de magnitud tras la decisión de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, quien ordenó al Estado argentino transferir la totalidad de su participación accionaria del 51% en YPF como parte del pago de una indemnización histórica. La medida se enmarca en un fallo de septiembre de 2023 que condenó al país a pagar 16.100 millones de dólares por la nacionalización de la petrolera realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La sentencia: 14 días para cumplir la orden judicial
La resolución judicial establece que Argentina deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo máximo de 14 días desde la fecha de la orden. Posteriormente, la entidad bancaria iniciará la transferencia de los derechos de propiedad hacia los demandantes o sus designados en el término de un día hábil.
«Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA», establece categóricamente la sentencia de Preska, quien fundamentó su decisión en que los gobiernos extranjeros no pueden invocar sus propias leyes para proteger activos de ejecución en territorio estadounidense.
Los actores del conflicto: de Repsol a los fondos de inversión
El origen del litigio se remonta a la estructura accionaria de YPF previa a su nacionalización en 2012. En aquel momento, la española Repsol controlaba el 57,5% de la petrolera, mientras que las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —vinculadas a la familia argentina Eskenazy— poseían el 25,5%. El 17% restante se distribuía entre inversores minoritarios, incluyendo a Eton Capital.
La sentencia de 2023 estableció indemnizaciones diferenciadas: 14.385 millones de dólares para Petersen Energía y 1.714 millones de dólares para Eton Capital. Sin embargo, el panorama se complejizó con la entrada de Burford Capital, un fondo especializado en la adquisición de derechos litigiosos de empresas en dificultades financieras. Este fondo adquirió los derechos de las empresas Petersen, que actualmente se encuentran en concurso de acreedores en España tras endeudarse para financiar su participación original en YPF.
Fundamentos jurídicos: inmunidad soberana vs. ejecución de sentencias
La defensa argentina sostuvo desde el inicio que el caso debía resolverse en tribunales locales, argumentando que la expropiación de YPF cumplió con todas las normativas legales vigentes, incluyendo el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol como compensación. No obstante, la jueza Preska rechazó estos argumentos, considerando que Argentina debería haber ofrecido el mismo tratamiento a todos los accionistas, conforme establece el estatuto de YPF para transferencias superiores al 15% de las acciones.
La magistrada enfatizó que «los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos». Esta interpretación jurídica establece un precedente significativo respecto a los límites de la inmunidad soberana en casos de nacionalizaciones controvertidas.
Obstáculos para el cumplimiento: restricciones legales y financieras
A pesar de la orden judicial, Argentina enfrenta múltiples impedimentos para el cumplimiento inmediato de la sentencia. En primer lugar, la ley de estatización de YPF prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin autorización previa del Congreso Nacional, lo que genera un conflicto entre la normativa local y la decisión judicial estadounidense.
Adicionalmente, la situación financiera del país presenta serias limitaciones. Con reservas internacionales en territorio negativo y dependencia del Fondo Monetario Internacional para sostener la estabilidad cambiaria, el Estado argentino carece de los recursos líquidos necesarios para afrontar una indemnización de esta magnitud.
Estrategia de presión: el rol de Burford Capital
Fuentes vinculadas al caso caracterizan las acciones de Burford Capital como una estrategia sistemática de presión orientada a forzar negociaciones. El fondo había solicitado en abril de 2024 el control de las acciones ahora otorgado, además de otras medidas cautelares como embargos, todas dirigidas a incrementar la presión sobre el gobierno argentino.
Esta metodología replica el modus operandi típico de los fondos especulativos en litigios soberanos, donde la presión judicial se utiliza como palanca negociadora para obtener acuerdos favorables.
Precedente del Departamento de Estado: una voz disidente
Un elemento particular del caso fue la intervención del Departamento de Estado estadounidense durante la administración Biden. En noviembre de 2024, la dependencia solicitó a la jueza Preska que no considerara los argumentos de Burford Capital, argumentando que conceder la orden de transferencia de acciones violaría las normas de inmunidad soberana.
El fiscal Damian Williams sostuvo que «la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte». Sin embargo, esta recomendación no prosperó en la decisión final.
Apelación y recursos legales
Argentina mantiene la posibilidad de apelar la decisión, aunque el plazo de 14 días para la transferencia de acciones genera presión temporal adicional. La estrategia legal del gobierno de Javier Milei deberá equilibrar el cumplimiento de compromisos internacionales con las restricciones normativas internas.
El caso establece un precedente significativo en el ámbito del derecho internacional económico, particularmente respecto a los límites de la inmunidad soberana en procesos de nacionalización y la efectividad de los tribunales estadounidenses para ejecutar sentencias contra activos soberanos extranjeros.
La resolución de este conflicto tendrá implicaciones que trascienden el caso específico, estableciendo parámetros para futuras disputas entre Estados soberanos e inversores privados en el marco del sistema judicial estadounidense.
