El método de indexación al IPC muestra sus limitaciones tras una década de aplicación
La discusión sobre el reajuste del salario mínimo en Paraguay ha tomado un giro crítico este año, evidenciando las profundas deficiencias de un sistema que durante casi una década ha demostrado ser insuficiente para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables del país.
Mientras el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se prepara para definir el nuevo monto que regirá desde julio, un análisis técnico revela que los trabajadores paraguayos han perdido sistemáticamente capacidad de compra durante las últimas tres décadas y media.
La erosión silenciosa del poder adquisitivo
Desde el retorno a la democracia en 1989, cuando el salario mínimo se fijó en G. 164.640, el país experimentó una inflación acumulada de 2.004,7% según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, los reajustes aplicados al salario mínimo en estos 36 años suman apenas 1.599,7%, generando una pérdida real del poder adquisitivo del 24%.
Esta erosión se hace particularmente evidente al analizar el comportamiento de los precios de alimentos, que representan la mayor parte del presupuesto familiar de quienes perciben el salario mínimo. Mientras el salario pasó de G. 1.964.507 en 2016 a los actuales G. 2.798.309 —un incremento del 42,4%—, el índice general de alimentos aumentó 72,6% en el mismo período, según registros oficiales del BCP.
El desajuste entre inflación general y canasta obrera
El actual método de reajuste, vigente desde la Ley 5464/16, indexa el salario mínimo a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para julio próximo, este mecanismo establecería un monto de G. 2.899.048, representando un incremento de apenas G. 100.739 sobre el salario vigente, equivalente al 3,6% de inflación interanual registrada en mayo.
Esta metodología ha mostrado sus limitaciones estructurales. El economista Raúl Monte Domecq, en un informe técnico elaborado a pedido de las centrales obreras, cuestiona el uso exclusivo del IPC del BCP como referencia, argumentando que dicho índice está construido sobre una canasta de bienes que no refleja el consumo real de una familia obrera.
El especialista propone un reajuste del 24%, elevando el salario mínimo a G. 3.465.123 mensuales, lo que representaría un aumento de G. 666.814 respecto al monto actual.
Un mercado laboral fragmentado y vulnerable
La problemática del salario mínimo adquiere mayor complejidad al considerar la estructura del mercado laboral paraguayo. De los 2.911.000 ocupados en el país, solo poco más de 300.000 personas ganan el salario mínimo, mientras que alrededor de 500.000 perciben ingresos por debajo de este monto.
La situación se agrava por los altos niveles de informalidad laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la ocupación informal alcanzó a 1.522.000 personas, representando el 62,5% de la población ocupada del país. Esta cifra muestra un incremento del 3,35% respecto a 2023, evidenciando un problema estructural que se profundiza.
La informalidad: un fenómeno que golpea desigualmente
El análisis de la informalidad revela patrones preocupantes de desigualdad. Las mujeres enfrentan mayores niveles de informalidad (64,8%) comparado con los hombres (60,6%), mientras que los jóvenes de 15 a 19 años presentan una tasa alarmante del 91,1% de ocupación informal.
La educación emerge como factor determinante: la informalidad afecta al 95,5% de las personas sin instrucción y al 85,5% de quienes tienen entre 1 y 6 años de estudio. Geográficamente, las áreas rurales muestran mayor vulnerabilidad, con aproximadamente 8 de cada 10 ocupados no agropecuarios trabajando en la informalidad.
Los sectores más afectados incluyen la construcción (85,0%), comercio, restaurantes y hoteles (66,7%), e industrias manufactureras (56,8%). En contraste, los servicios públicos mantienen niveles de formalización más altos, con una tasa de informalidad del 20,4%.
Búsqueda de alternativas técnicas
Reconociendo las limitaciones del sistema actual, el Ministerio de Trabajo ha iniciado estudios para desarrollar una canasta básica obrera con menos componentes que el IPC tradicional. Enrique Galeano, director del Trabajo y presidente de Conasam, informó que hace tres meses comenzó un trabajo técnico con el BCP y asesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para analizar la fórmula de ajuste salarial.
«Existen posibilidades legales para considerar otros factores, siempre que estén técnicamente fundamentados», sostuvo Galeano, aunque reconoció que las recomendaciones del Conasam no son vinculantes y deben elevarse con argumentos sólidos al Poder Ejecutivo.
El desafío de la equidad salarial
La tensión entre trabajadores y autoridades se intensifica ante la brecha entre expectativas y realidad. Mientras las centrales obreras demandan un aumento del 15% como mínimo, el método tradicional de cálculo sugiere incrementos que los trabajadores consideran insuficientes para enfrentar el costo de vida actual.
La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un sistema que, tras una década de aplicación, no logra preservar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables del país. Con el 62,5% de la fuerza laboral en la informalidad y una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 24% en más de tres décadas, Paraguay enfrenta el desafío de reformular su política salarial para responder a las necesidades reales de su población trabajadora.
El Conasam tiene hasta el 30 de junio para elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, una decisión que determinará no solo el ingreso de cientos de miles de familias paraguayyas, sino también la dirección futura de la política salarial nacional en un contexto de creciente presión social y económica.
