El sistema previsional paraguayo atraviesa una crisis financiera profunda que obligó al Tesoro Público a incrementar en 10,6% las transferencias destinadas al financiamiento de jubilaciones y pensiones durante los primeros siete meses de 2025, según reveló el informe «Situación Financiera de la Tesorería General» del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los recursos transferidos entre enero y julio totalizaron G. 5 billones (US$ 691,4 millones al cambio vigente), representando G. 478.871 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior. Estos fondos, provenientes de los impuestos ciudadanos, se destinan tanto al subsidio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones como a la pensión alimentaria para adultos mayores.
Déficit estructural compromete sostenibilidad del sistema
La Caja Fiscal acumuló en el primer semestre un déficit de US$ 153 millones, equivalente al 43% de sus operaciones, mientras las proyecciones del MEF estiman que las pérdidas alcanzarán US$ 300 millones al cierre de 2025. Este escenario crítico afecta directamente a 74.610 jubilados de diversos sectores públicos, según el censo reciente.
El análisis sectorial revela una situación heterogénea dentro del sistema. Únicamente el sector de empleados públicos mantiene un superávit del 14% hasta junio, mientras los demás sectores registran déficits alarmantes: militares (74%), policías (64%), maestros (48%), magistrados judiciales (31%) y docentes universitarios (22%).
Jorge Delgado, director general de Jubilaciones y Pensiones del MEF, advirtió sobre la gravedad de la situación: «Debemos tomar conciencia de la sostenibilidad financiera. Somos responsables del futuro colectivo y este desafío requiere de un esfuerzo intergeneracional solidario». El funcionario destacó que la relación entre aportantes y jubilados resulta insuficiente, especialmente considerando las condiciones diferenciales de jubilación de ciertos sectores.
Sectores más críticos concentran mayores pérdidas
El déficit acumulado de G. 1,226 billones se concentra principalmente en tres sectores: maestros lideran las pérdidas con G. 560.168 millones, seguidos por policías con G. 359.924 millones y militares con G. 336.424 millones. Solo en junio se registró una pérdida mensual de G. 207.862 millones.
La pensión alimentaria para adultos mayores beneficia a más de 340.000 personas que perciben mensualmente G. 699.577, monto que aumentará a G. 724.762 el próximo año, incrementando la presión sobre las finanzas públicas.
Estrategia de inversión busca optimizar recursos disponibles
Para maximizar los recursos disponibles, el MEF autorizó la inversión de G. 1 billón (US$ 138 millones) en excedentes de programas contributivos a través de Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) en diversas entidades financieras.
La distribución incluye G. 400.000 millones en el Banco Nacional de Fomento (BNF), G. 250.000 millones tanto en Ueno Bank como en Banco Basa, y G. 100.000 millones en Bancop. Todas las inversiones se realizaron a cinco años plazo mediante adquisición directa.
El capital invertido a junio alcanza G. 2,2 billones, con intereses proyectados de G. 172.498 millones para 2025. Los intereses totales percibidos desde 2024 suman G. 1,2 billones, demostrando la efectividad de esta estrategia de optimización financiera.
Reforma estructural en preparación con apoyo internacional
El MEF confirmó su intención de presentar el proyecto de reforma de la Caja Fiscal antes del cierre del año, priorizando soluciones para los sectores más críticos: militares y policías. El viceministro de Economía, Felipe González, explicó que «se están actualizando varios estudios actuariales con apoyo de organismos internacionales para realizar una propuesta técnica basada en criterios técnicos».
La reforma buscará implementar soluciones graduales que minimicen el impacto social mientras garantizan la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo.
Royalties de hidroeléctricas aportan estabilidad fiscal
Paralelamente, los recursos provenientes de Itaipú y Yacyretá continúan siendo fundamentales para el financiamiento estatal. Entre enero y julio, las transferencias totalizaron US$ 182,9 millones, con Itaipú aportando US$ 150,1 millones (82%) y Yacyretá US$ 32,7 millones.
La distribución equitativa destina US$ 91,4 millones tanto a la Administración Central como a gobernaciones y municipios. Febrero marcó el pico del período con US$ 48,4 millones, mientras Itaipú demostró mayor previsibilidad en sus desembolsos comparado con la irregularidad de Yacyretá.
Futuro y expectativas ante posibles escenarios
Si se mantiene la tendencia actual, las transferencias de royalties podrían superar US$ 300 millones en 2025, consolidándose como fuente estable de financiamiento. Sin embargo, la dependencia de Itaipú (más del 80% del total) plantea interrogantes sobre la diversificación de ingresos fiscales.
La combinación de déficit previsional creciente y la necesidad de mantener los compromisos con jubilados y pensionados configura uno de los principales desafíos fiscales del Paraguay actual. La efectividad de la reforma propuesta será crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema y preservar los derechos adquiridos de los beneficiarios actuales y futuros.
