Tras las numerosas burlas y críticas por el anuncio que hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) respecto a los controles que hará a las redes sociales de los contribuyentes con la implementación del big data, el titular de la institución, Óscar Orué, restó importancia a los cuestionamientos y afirmó que esta nueva herramienta permitirá obtener ingresos adicionales anuales por valor de unos USD 80 millones.
El subsecretario de Estado informó que este sistema entrará en funcionamiento recién en 2021 y rechazó la versión de que servirá para “espiar” a los aportantes. En ese sentido, aseguró que la información que se obtendrá de las redes sociales será solo complementaria, pero no serán reportes primarios ni determinantes a la hora de investigar casos de evasión.
Explicó que el big data absorberá toda la información en la web, así como la provista por entidades financieras y públicas, la que mediante inteligencia artificial permitirá detectar en minutos posibles casos de evasión. Resaltó que los procesos de este tipo hoy le llevan a la SET entre 6 a 8 meses de investigación.
La compra de esta herramienta le costó a la Administración Tributaria unos G. 23.050 millones y fue adjudicada la compañía Excelsis Sacig.
“Este año desarrollaremos los algoritmos y recién en 2021 vamos a implementar el big data. Pero no es que vamos a controlar solamente las redes sociales como se está diciendo, el big data es una herramienta que te sirve para cargar la mayor cantidad de datos posibles y con base en algoritmos se puedan determinar inconsistencias, de diferentes bases de datos que ya tenemos hoy, como de entidades financieras, Registros Públicos, Policía o BCP”, expresó Orué.
El anuncio de la implementación del big data generó una lluvia de cuestionamientos y bromas por la intención de la SET de utilizar lo publicado en las redes sociales como prueba en casos de posible evasión.
Fotos al borde del arroyo, memes sobre viajes a islas paradisíacas y hasta facturas de compras de poco valor inundaron las redes sociales en estos últimos días.
A esto se suma la desconfianza ciudadana en el Gobierno, debido a los conocidos despilfarros del dinero público que proviene del cobro de impuestos. El último caso conocido fue el del pago de “aguinaldo extra” a los funcionarios de Hacienda y Petropar. Un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Paraguay entre los países de América Latina y el Caribe con peor gasto público, con un malgasto que llega al 3,9% del PIB, es decir, USD 1.560 millones.
ÚH
