El Estado paraguayo atraviesa una situación fiscal que genera crecientes cuestionamientos sobre sus prioridades de gasto. Según los últimos informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero y octubre de 2025, el 52,1% de todos los ingresos tributarios se destinó exclusivamente al pago de salarios de la Administración Central, una proporción que, si bien muestra un leve descenso respecto al pico histórico de 2024, continúa siendo extraordinariamente elevada y limita la capacidad del Estado para atender otras necesidades urgentes.
La rigidez del gasto público: escaso margen para inversión y servicios
Los informes de Egresos, Financiero de la Tesorería y de Situación Financiera (Situfin) del MEF, todos correspondientes a octubre, revelan una estructura de gasto estatal sumamente rígida. Más de la mitad de lo recaudado mediante impuestos se compromete automáticamente en remuneraciones, beneficios y otras compensaciones del personal público, dejando recursos limitados para inversiones productivas, programas sociales o el cumplimiento de obligaciones con proveedores privados.
Esta situación se agrava cuando se considera que el gasto en servicios personales no solo mantiene niveles históricamente altos, sino que continúa expandiéndose. Entre enero y octubre de 2025, el Estado transfirió G. 19,13 billones (USD 2.528,1 millones) para servicios personales, considerando todas las fuentes de financiamiento. Esta cifra representa un incremento interanual del 9,7% respecto a los G. 17,4 billones del mismo período de 2024, consolidándose como el rubro más elevado de todo el gasto público.
Concentración sectorial: educación, salud y seguridad absorben el 80% de la masa salarial
El análisis del MEF muestra una marcada concentración del gasto salarial en tres áreas consideradas estratégicas. Educación lidera con el 36% del total de la masa salarial, seguida por las Fuerzas Públicas —que incluyen a policías y militares— con el 24%, y Salud con el 20%. Estos tres sectores absorben conjuntamente el 80% de todas las remuneraciones de la Administración Central.
«El 80% de los salarios o de las remuneraciones de la Administración Central va a los sectores de salud, educación y seguridad. El resto del Poder Ejecutivo representa alrededor del 7%, el Poder Judicial, un 10%, y el Poder Legislativo, un 2%», explicó Nathalia Rodríguez, gerente de Economía del MEF, durante la presentación del informe.
Esta distribución plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto y la capacidad del Estado para equilibrar sus compromisos salariales con las necesidades de infraestructura, equipamiento y materiales que estos mismos sectores demandan.
Crecimiento sostenido pese a restricciones fiscales
El incremento del gasto salarial adquiere mayor relevancia cuando se analiza en contexto. Los salarios financiados exclusivamente con recursos del Tesoro o Fuente 10 aumentaron un 9,9% interanual, pasando de G. 16,9 billones a G. 18,58 billones entre enero y octubre. Este crecimiento se produce mientras el gasto total del Estado registró una expansión más moderada del 4,7% en lo que va del año, alcanzando unos G. 51,4 billones (USD 6.801,3 millones).
Resulta particularmente preocupante que este incremento salarial ocurra en un contexto donde otros rubros sensibles experimentan reducciones. Según el reporte del MEF, partidas como medicamentos y alimentos disminuyeron, aunque en el caso de los medicamentos la caída se atribuye a pagos extraordinarios realizados en 2024 para saldar deudas atrasadas derivadas de la pandemia.
Las demás fuentes de financiamiento muestran comportamientos distintos. De los créditos públicos (Fuente 20) se utilizaron G. 51.354 millones para remuneraciones, con una leve caída del 0,9% respecto a 2024. Por su parte, de la Fuente 30, correspondiente a recursos propios de las entidades públicas, se emplearon G. 500.645 millones para salarios, con un incremento del 5,4% o G. 25.616 millones frente al año anterior.
Deudas pendientes y reclamos de proveedores
El crecimiento sostenido del gasto salarial contrasta dramáticamente con la situación que enfrentan numerosos proveedores del Estado. Constructoras, farmacéuticas, transportistas y empresas de alimentación escolar han manifestado públicamente sus reclamos por retrasos significativos en los desembolsos que les corresponden.
El informe de Tesorería documenta que la deuda flotante heredada de 2024 asciende a G. 2,37 billones (USD 314,1 millones), aún sin saldar. De este monto, el 77% —equivalente a G. 1,83 billones o USD 242,5 millones— debe ser financiado con recursos tributarios, los mismos que actualmente se destinan mayoritariamente a salarios.
Esta situación genera un círculo vicioso: mientras el Estado prioriza el pago puntual de salarios públicos, posterga obligaciones con el sector privado, afectando la cadena de pagos de la economía y generando desconfianza en potenciales proveedores.
Situación fiscal y perspectivas de convergencia
Al décimo mes del año, el déficit fiscal acumulado asciende al 1,1% del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos USD 528 millones. La proyección anualizada —es decir, la estimación a 12 meses— supera los USD 1.000 millones.
Desde el MEF afirman que estos números se mantienen dentro de la meta anual y, pese a los reclamos por falta de pagos a proveedores, prevén cerrar 2025 cumpliendo con el plan de convergencia fiscal, que apunta a un déficit del 1,9% del PIB. Sin embargo, esta proyección genera escepticismo considerando las obligaciones pendientes y el ritmo de crecimiento del gasto salarial.
Presupuesto 2026: más cargos y mayor presión sobre las finanzas públicas
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 intensifica las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal. El documento contempla más de 345.646 cargos de funcionarios permanentes, distribuidos en 107 instituciones públicas y más de 18 organismos dependientes de la Presidencia de la República.
Este número representa un incremento de 11.105 cargos respecto al presupuesto vigente de 2025, que ya había contemplado 334.541 puestos públicos. Es decir, entre 2024 y 2026, el Estado paraguayo habría incorporado 26.324 nuevos cargos permanentes en apenas dos años.
Los principales incrementos se concentran en el Ministerio del Interior, con 5.249 efectivos adicionales para la Policía Nacional; el Ministerio de Salud, con 3.412 nuevos puestos para personal de hospitales de Coronel Oviedo y Encarnación; el Ministerio de Defensa, con 742 cargos; y el Ministerio de Educación, con 722 nuevos funcionarios. También se prevén 143 cargos en la Corte Suprema de Justicia, 185 en el Ministerio Público y 42 en la Presidencia de la República, entre otros.
A estos cargos permanentes deben sumarse aproximadamente 50.000 personas contratadas, según los últimos datos manejados por el MEF, lo que eleva considerablemente la masa salarial total del Estado.
Implicaciones presupuestarias del crecimiento del plantel
El proyecto de presupuesto para 2026 asciende a G. 149,2 billones (USD 18.928 millones), lo que representa un aumento de G. 15,9 billones (USD 2.026 millones) o 12% respecto al presupuesto inicial aprobado para 2025. De este total, la Administración Central recibirá G. 74,7 billones (USD 9.478 millones) y las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (USD 9.451 millones).
Para el financiamiento de servicios personales se destinan G. 35,7 billones (USD 4.540 millones), un incremento de más de G. 2 billones (USD 258,9 millones) o 6% respecto a lo inicialmente aprobado para 2025. Este aumento responde a reajustes del 3,6% previstos por la variación del sueldo mínimo y la inflación para policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales, jubilados de la Caja Fiscal y docentes, además de la creación de los 11.105 nuevos cargos.
Desafíos estructurales y riesgos políticos
La tendencia creciente en la cantidad de cargos públicos genera particular preocupación considerando el contexto político. Como señala el análisis, en año electoral los legisladores suelen estar «siempre prestos para atender a la clientela política», lo que sugiere que el número final de cargos aprobados podría ser incluso mayor una vez concluido el estudio del proyecto en el Congreso.
Esta dinámica pone de manifiesto uno de los problemas estructurales más serios de las finanzas públicas paraguayas: la utilización del empleo público como herramienta de distribución de favores políticos, sin consideración adecuada de las necesidades reales de las instituciones o de la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.
Un modelo insostenible que requiere reformas profundas
Los datos presentados por el MEF evidencian un modelo de gasto público crecientemente insostenible, donde más de la mitad de los ingresos tributarios se destinan a salarios que crecen casi al 10% anual, mientras se acumulan deudas con proveedores y se postergan inversiones necesarias para el desarrollo.
La concentración del 80% de la masa salarial en tres sectores, si bien corresponde a áreas prioritarias como educación, salud y seguridad, plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto y la calidad de los servicios prestados. ¿Está el ciudadano paraguayo recibiendo servicios públicos proporcionales a este nivel de gasto? ¿Es posible mantener este ritmo de crecimiento sin comprometer la estabilidad fiscal?
Las respuestas a estas preguntas determinarán no solo la sostenibilidad de las finanzas públicas paraguayas, sino también la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales y promover el desarrollo económico del país. La rigidez creciente del gasto público limita cada vez más los márgenes de maniobra ante situaciones imprevistas y reduce la capacidad de inversión en infraestructura y servicios que podrían generar crecimiento económico sostenible.
El desafío para las autoridades económicas paraguayas será encontrar el equilibrio entre mantener servicios públicos de calidad, atender las obligaciones salariales heredadas y crear espacio fiscal para inversiones productivas, todo ello mientras se enfrentan presiones políticas que favorecen la expansión del empleo público sin consideración de su impacto fiscal de largo plazo.
