La Justicia decretó la liquidación de la histórica cadena de electrodomésticos tras el fracaso de cuatro años de intentos de rescate
La larga agonía de Garbarino llegó a su fin. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos fundada en 1951, poniendo punto final a uno de los procesos concursales más prolongados y emblemáticos del comercio minorista argentino. La resolución judicial ordena la liquidación de los activos de la empresa para hacer frente a una deuda que se acumuló durante años, y llega en un momento en que el tejido industrial y comercial del país atraviesa una de sus peores crisis en décadas.
La empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo, y tampoco prosperó la instancia de salvataje —conocida como cramdown— que habilitaba a terceros interesados a presentar propuestas para quedarse con la compañía. El único candidato inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una oferta formal de reestructuración. Sin inversores y sin consenso entre los acreedores, el tribunal no encontró alternativa y avanzó con la declaración de quiebra.
A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el juzgado, que deberá identificar y liquidar activos —entre ellos propiedades, mercadería, participaciones societarias y las marcas Garbarino y Compumundo— para conformar el fondo destinado al pago de los acreedores. Los proveedores, bancos y exempleados tendrán plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos. El fallo también dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad, el cierre de sus cuentas bancarias y la prohibición de salida del país para los principales directivos hasta que se complete el informe general de la sindicatura.
De emblema del consumo masivo a cáscara vacía
Fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar en Argentina. En su época de mayor esplendor, contaba con más de 300 sucursales distribuidas en todo el país y empleaba a más de 5.000 trabajadores, consolidándose como uno de los nombres más reconocidos del comercio minorista nacional. La red de negocios del grupo incluía también la marca Compumundo, la financiera Fiden y la unidad de turismo Garbarino Viajes.
El deterioro fue paulatino pero sostenido. Ya en 2020, cuando el empresario Carlos Rosales —vinculado a la aseguradora Prof y al club San Lorenzo de Almagro— adquirió la empresa, esta acumulaba deudas por 4.000 millones de pesos con bancos acreedores y otros 7.000 millones con proveedores. La pandemia agravó la situación de forma brutal: las ventas cayeron hasta un 75% durante los meses más duros, lo que comprometió severamente el flujo de caja.
Los intentos de reactivación no prosperaron. En abril de 2021 fracasó el único intento formal de venta —presentado por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard—, y en noviembre de ese año la empresa se presentó a concurso preventivo luego de emitir 1.800 telegramas de despido. Cuatro años después, cuando el expediente llegó a su tramo final, la compañía había reducido su operación a una escala casi simbólica: tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad, frente a los más de 200 locales y 4.500 empleados que llegó a tener en su apogeo.
La quiebra alcanza también a Tecnosur y Digital Fueguina, dos plantas de ensamblaje ubicadas en Tierra del Fuego que forman parte del holding y que actualmente permanecen completamente inactivas. Su liquidación representa uno de los mayores desafíos del proceso judicial dada su localización y la infraestructura tecnológica involucrada.
Una crisis que no es aislada: el sector industrial y comercial en derrumbe
La caída de Garbarino no constituye un episodio aislado, sino la expresión más visible de una crisis más profunda que sacude al sector industrial y comercial argentino desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En los últimos meses, una sucesión de cierres, quiebras, concursos de acreedores y despidos masivos se extendió por ramas enteras de la economía, desde la industria alimentaria hasta el sector textil, pasando por la metalurgia y el comercio minorista.
En el universo de los electrodomésticos, el panorama es particularmente sombrío. En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores, atribuyendo la decisión a la caída de las ventas y a la competencia creciente de productos importados. La empresa Goldmund, responsable de la marca Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto y la metalúrgica Cramaco —que dejó de fabricar generadores y alternadores— también efectuaron despidos significativos en los últimos meses.
En el comercio minorista, la cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el incremento del endeudamiento. La cadena de supermercados La Anónima admitió públicamente que le está costando «ser rentable o tener buena relatividad», en palabras de su gerente general, Nicolás Braun, quien también señaló que corporaciones como Walmart y Carrefour «se fueron o se están yendo» del mercado argentino.
La crisis golpeó también a sectores históricamente sólidos de la industria nacional. La cervecera Quilmes redujo más del 50% de su planta de Zárate —inaugurada apenas en 2020—, pasando de 260 a 80 empleados. La empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que producía yogures y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra y dejó sin trabajo a alrededor de 400 empleados en sus plantas de Lincoln, Buenos Aires, y Monte Cristo, Córdoba. El fabricante de neumáticos FATE —un emblema de la industria argentina— cerró su planta en San Fernando a mediados de febrero y despidió a 920 trabajadores, argumentando que la apertura indiscriminada de importaciones hizo insostenible su operación.
La lista continúa: Lácteos Verónica en Santa Fe, la empresa avícola Granja Tres Arroyos, la bodega Casa Montes en San Juan, los grupos textiles Dass en Misiones y Emilio Alal en Corrientes y Chaco, el fabricante de acero Acindar, el frigorífico San Roque y la distribuidora Beer Market cerraron o realizaron drásticas reducciones de personal, en lo que configura un proceso de desindustrialización de alcance nacional.
El impacto macroeconómico: una pérdida histórica de empleo y participación industrial
Los números que cuantifican este proceso son contundentes y preocupantes. Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), basado en datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), estimó que desde el tercer trimestre de 2023 hasta mediados de 2025 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día, o 5.000 puestos mensuales de manera sostenida.
El mismo estudio revela que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante la gestión de Milei y que la participación de la industria dentro del producto bruto interno se redujo del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025. Ese nivel es comparable al registrado antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso de casi noventa años que refleja la magnitud del proceso en curso. La capacidad instalada de las fábricas operó con un 40% de ociosidad, mientras las importaciones de bienes industriales desplazaron producción local en múltiples segmentos.
El trasfondo de este deterioro es una combinación de factores que se retroalimentan: la caída de los salarios reales, el desplome del poder adquisitivo de las jubilaciones, el endeudamiento de las familias y el aumento del desempleo forman un círculo vicioso que derrumba el consumo interno. Esa contracción de la demanda golpea directamente a la producción nacional, que además compite en condiciones desfavorables con una apertura de importaciones que el gobierno impulsó como parte de su programa económico. El ejecutivo, sin embargo, ha optado por minimizar públicamente la magnitud de este fenómeno, priorizando la narrativa del equilibrio fiscal y la baja de la inflación por sobre el reconocimiento del costo social del ajuste.
La quiebra de Garbarino es, en ese contexto, mucho más que el cierre de una empresa. Es el símbolo de una crisis industrial y comercial que el gobierno de Milei aún no ha reconocido en su verdadera dimensión.
