La Justicia comercial confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la firma que fabricaba bajo licencia los yogures y postres de SanCor Cooperativas Unidas Ltda. La resolución, firmada por el juez Federico Güerri del Juzgado Comercial N.º 29, Secretaría 58, dispuso la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos, poniendo fin a un proceso de deterioro que se extendió por más de dos años y sellando el destino de una empresa que llegó a abastecer semanalmente a 70.000 comercios en todo el país a través de una red de 165 distribuidores.
El fallo llegó tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024, última instancia que la empresa había intentado para evitar su disolución. El cierre implica la pérdida de empleo de cerca de 400 trabajadores distribuidos entre dos plantas: una en Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde se desempeñaban alrededor de 180 operarios, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con casi 200 empleados. Muchos de ellos acumulaban más de 30 años de antigüedad desde la etapa previa bajo la órbita directa de SanCor.
Del proyecto prometedor al derrumbe financiero
ARSA nació en 2016 con un propósito concreto: adquirir la división de productos refrigerados de SanCor en una operación encabezada por el Vicentin Family Group, un holding vinculado al Grupo Vicentin, por aproximadamente 100 millones de dólares. En sus inicios fue presentada como «la última joya» del conglomerado, con promesas de modernización e inversión que rápidamente se desvanecieron. En 2019, inversores asociados a Vicentin y al fondo BAF Capital tomaron el control con la intención de sostener y expandir la producción de postres y yogures, pero las expectativas tampoco se materializaron.
Hace aproximadamente dos años y medio, la gestión fue transferida a Maralac S.A., firma de origen venezolano conducida por los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también administran La Suipachense. Bajo esta conducción, la situación financiera no solo no mejoró sino que se agravó progresivamente: atrasos salariales desde 2023, suspensiones masivas, cortes de energía por falta de pago y paralizaciones reiteradas de la producción fueron acumulándose hasta hacer inviable la continuidad operativa. La deuda se extendió a proveedores, transportistas y empleados sin solución a la vista.
El fracaso del concurso y la liquidación final
En abril de 2024, ARSA recurrió al concurso preventivo como mecanismo de protección frente a sus acreedores, apelando a la posibilidad de reestructurar sus pasivos y atraer un inversor que garantizara la continuidad. Circularon versiones sobre el interés de distintos actores del sector: el grupo Inverlat, propietario de Havanna, y los grupos Werthein y CarVal fueron mencionados como potenciales compradores. Sin embargo, ninguno formalizó una oferta. El fracaso en concretar una venta, condicionado además por causas judiciales vinculadas al Grupo Vicentin que bloquearon el proceso, terminó por sellar el destino de la empresa.
El juez Güerri aprobó también el retiro de maquinaria que otras compañías habían cedido a ARSA mediante contratos de alquiler. Entre los casos más significativos figura el de Tetra Pak, que reclamó una deuda superior a los 110.000 dólares por el alquiler impago de doce máquinas, entre ellas envasadoras, aplicadoras de tapas y embandejadoras de envases. Ante la quiebra, los trabajadores despedidos iniciaron presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo reclamando indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados. Tal como señala una de las presentaciones judiciales a las que accedió este medio, «el instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios».
Las marcas que desaparecen de las góndolas
ARSA era la responsable de la elaboración de una serie de productos que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de familias argentinas. Entre los yogures se destacaban las líneas Yogs y Primeros Sabores, mientras que en el segmento de postres figuraban los flanes caseros SanCor, Shimmy, Sancorito, Sublime y Vida. Su desaparición del mercado no es un dato menor en términos culturales e industriales: se trata de marcas con fuerte arraigo en el consumidor argentino, construidas a lo largo de generaciones bajo el paraguas de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas del país.
Contexto económico adverso y responsabilidades en disputa
Desde la empresa, los responsables atribuyeron el colapso al contexto económico general: caída del consumo interno, inflación sostenida, encarecimiento de la leche cruda como principal insumo, devaluaciones sucesivas y el impacto de políticas de control de precios como el programa Precios Justos, implementado en agosto de 2023 por la administración anterior. Estos factores, de naturaleza macroeconómica, afectaron de manera transversal a la industria alimentaria y en particular al sector lácteo.
No obstante, referentes del sector advierten que el diagnóstico de ARSA no puede reducirse únicamente a la coyuntura. Señalan problemas estructurales previos: sobreoferta de leche en el mercado interno, restricciones históricas a las exportaciones del sector y desequilibrios crónicos en la cadena de pagos que erosionan especialmente a las empresas medianas. A ello se suma una gestión considerada ineficiente y, según algunas fuentes, posiblemente irregular, dado que el proceso concursal no habría sido tramitado con la transparencia necesaria ni generó las condiciones para atraer inversores genuinos. La quiebra de ARSA es, en este sentido, el resultado de una confluencia entre un entorno macroeconómico hostil y decisiones de conducción que no lograron adaptarse ni anticiparse al deterioro.
Un sector lácteo bajo presión creciente
La caída de ARSA no es un episodio aislado. Se inscribe en un panorama más amplio de tensión en la industria láctea argentina, que en el contexto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta una combinación de baja del consumo real, presión sobre los costos de producción y dificultades para acceder a mercados externos. Otra empresa emblemática del sector, Lácteos Verónica, atraviesa una situación igualmente crítica: trabajadores de sus plantas en Clason, Suardi y Lehmann, en la provincia de Santa Fe, reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo.
La situación compromete especialmente a comunidades con fuerte dependencia de la actividad láctea. Lincoln y Sunchales expresaron preocupación ante la falta de respuestas por parte de los directivos de ARSA, mientras que en Monte Cristo el cierre de la planta repercute directamente sobre una localidad cordobesa cuya dinámica económica estaba ligada a esa fuente de empleo.
El caso de ARSA pone en evidencia las tensiones estructurales que atraviesa la cadena láctea argentina: una industria que enfrenta costos crecientes, consumo retraído y un marco regulatorio que históricamente osciló entre el control de precios y la desregulación abrupta, sin que ninguno de los dos extremos haya logrado garantizar condiciones de sustentabilidad para sus actores más vulnerables. El costo de esa inestabilidad, una vez más, lo pagan los trabajadores.
