Senadores de varias bancadas presentaron el proyecto de Ley “De responsabilidad fiscal de emergencia y mejora del gasto público”, que propone líneas de acción concretas para enmarcar el sobreendeudamiento y direccionar los fondos a iniciativas que permitan una verdadera transformación en el manejo de la administración pública.
El senador Stephan Rasmussen, uno de los proyectistas, explicó en una conferencia de prensa, que la presente normativa tiene por objeto establecer reglas específicas y condicionadas de ejecución presupuestaria para los años 2021, 2022 y 2023, debido a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas ocasionadas por la pandemia declarada por el COVID-19, orientadas a la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas basadas en reformas necesarias y urgentes para la mejora de la calidad del gasto público.
Asimismo, pretende limitar el déficit fiscal anual ejecutado de la Administración Central, incluidas las transferencias, respetando la Ley de responsabilidad fiscal vigente hasta un máximo de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año fiscal 2021 y 1,5% del PIB estimado para los años fiscales 2022 y 2023. Sin embargo, los límites del déficit fiscal anual podrán ser modificados a condición de la aprobación de las iniciativas legislativas que se proponen en el documento, que se detallan a continuación:
Estas iniciativas son la promulgación de la Ley de la Función Pública y el Servicio Civil; la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, un Plan para la Eliminación de la Pobreza y el fondeo del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS). Los proyectistas proponen que estas iniciativas deberán sancionarse durante el año 2021.
En tanto que, para el 2022 -con la consecuente modificación del límite del déficit- se deberán promulgar las leyes de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la de Autonomía de la Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda y la de Reestructuración de la Administración Pública, mientras que en el 2023 tendrá que sancionarse un nuevo Estatuto Docente y establecer la Reforma del Sistema de Salud, integrando el sistema público, el Instituto de Previsión Social (IPS) y los prestadores privados.
Los proyectistas, manifestaron que la recesión económica desencadenada por el COVID-19 se extenderá en el tiempo y generará consecuencias negativas inconmensurables para nuestro país y el mundo, por lo que, consideran que es el momento histórico y oportuno para debatir e implementar propuestas legislativas, que logren verdaderos cambios estructurales en el área social y financiera de nuestro país.
