A dos meses de concluir 2025, la administración de Santiago Peña enfrenta una doble problemática fiscal: la ejecución presupuestaria continúa su tendencia a la baja, alcanzando apenas el 68,4% del Presupuesto General de la Nación, mientras el pago de intereses de la deuda pública se incrementó en más de USD 77 millones respecto al año anterior, evidenciando una presión creciente sobre los recursos del Tesoro.
La ejecución presupuestaria profundiza su caída anual
Según el informe de principales indicaciones financieras correspondiente a octubre divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución financiera de la Administración Central alcanzó G. 54 billones, equivalentes a aproximadamente USD 7.134,3 millones al tipo de cambio previsto para este ejercicio fiscal. Esta cifra representa únicamente el 68,4% del presupuesto vigente de G. 78,9 billones (USD 10.424 millones).
La tendencia descendente en la capacidad de ejecución del gobierno resulta preocupante desde una perspectiva de eficiencia administrativa. En el periodo enero-octubre de 2023, cuando recién había asumido el presidente Peña, la ejecución se ubicaba en 71,2% del presupuesto vigente. Un año después, en el mismo periodo de 2024, esta proporción ya había disminuido a 70,1%, y ahora, en 2025, la caída se profundiza hasta el 68,4%.
Concentración presupuestaria: seis entidades absorben el 83% de los recursos ejecutados
Del total ejecutado hasta octubre, aproximadamente G. 45 billones (USD 5.945,3 millones), equivalentes al 83% del gasto realizado, se concentró nuevamente en seis entidades públicas que mes a mes representan los principales ejecutores del PGN.
El MEF encabeza esta lista con el 35,7% del total ejecutado, alcanzando un gasto de G. 19,3 billones (USD 2.549,8 millones). De este monto, resulta particularmente relevante que G. 14,3 billones (USD 1.889,2 millones), equivalentes al 74%, se destinaron exclusivamente a pagos de la Caja Fiscal para cubrir jubilaciones y pensiones del sector público, además del servicio de la deuda pública.
En segundo lugar se ubica el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con una ejecución de G. 8,6 billones (USD 1.136,2 millones). De este total, aproximadamente G. 5,6 billones (USD 739,8 millones) o el 65% se utilizó para financiar servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo, la educación media, así como programas de formación para jóvenes y adultos de 15 años y más.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ocupa el tercer lugar con una ejecución de G. 6,5 billones (USD 858,7 millones), de los cuales G. 4,1 billones (USD 541,6 millones) se destinaron a servicios de apoyo, diagnóstico y atención integral a la población con patologías especializadas y atención materno infantil, entre otros servicios médicos.
Las otras tres instituciones que representaron una porción significativa de la ejecución financiera fueron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, este último principalmente para el pago de salarios policiales.
El servicio de deuda incrementa su peso sobre el Tesoro
Uno de los aspectos más preocupantes del panorama fiscal paraguayo es el crecimiento acelerado del pago de intereses de la deuda pública. Hasta octubre, el MEF desembolsó G. 5,9 billones (USD 845,4 millones) para estar al día con los acreedores, lo que representa un aumento de G. 546.000 millones (USD 77,6 millones) respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a un incremento del 10,1%.
El informe de «Situación Financiera» de la Administración Central señala que este aumento en términos acumulados se explica principalmente por los pagos de intereses de la emisión de bonos soberanos. Según los datos oficiales, el 89,4% de los pagos corresponde a deuda externa y el 10,6% a deuda interna.
La evolución mensual de estos pagos muestra variaciones significativas. En agosto se alcanzó el mayor monto con más de G. 1 billón, mientras que en octubre se abonó G. 423.300 millones (USD 60,1 millones), inferior a los G. 837.400 millones (USD 118,9 millones) de septiembre. Los montos mensuales del resto del año fueron: enero G. 556.200 millones, febrero G. 366.800 millones, marzo G. 945.500 millones, abril G. 448.600 millones, mayo G. 674.000 millones, junio G. 430.800 millones y julio G. 227.200 millones.
Un aspecto crítico de esta situación radica en que los intereses de la deuda deben pagarse exclusivamente con recursos genuinos del Tesoro, dado que la ley de administración financiera prohíbe que los gastos corrientes sean financiados con endeudamiento. Esta medida presiona cada vez más las finanzas públicas, requiriendo mayores recursos del Tesoro para cumplir con compromisos que crecen en forma acelerada.
El stock de deuda pública acelera su crecimiento
El último informe sobre deuda pública del MEF, correspondiente al acumulado de septiembre, revela que el saldo ascendió a USD 19.919,8 millones, monto que representa el 41,1% del PIB. Considerando que el ejercicio fiscal 2024 había cerrado con una deuda acumulada de USD 18.083,2 millones, equivalente al 40,2% del PIB, esto implica un incremento de USD 1.836,6 millones en solo nueve meses, lo que representa un aumento del 10,1%.
Este saldo incluye compromisos asumidos por el gobierno central y las entidades descentralizadas mediante la contratación de préstamos de organismos financieros internacionales, la emisión de bonos y la ejecución de obras públicas bajo ley llave en mano.
Del total, la deuda del gobierno central asciende a USD 17.677,8 millones, representando el 88,7% de la deuda total y el 36,5% del PIB. Por su parte, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana suma USD 2.242,0 millones, equivalentes al 11,3% de la deuda total y al 4,6% del PIB.
El «bicicleteo» de deudas y su impacto en la inversión pública
A diferencia de los intereses, la amortización del capital puede pagarse con fondos provenientes de nueva deuda, operación conocida comúnmente como «bicicleteo» de deudas. Sin embargo, esta práctica lleva al Tesoro a destinar cada vez más recursos de la emisión de bonos para esta finalidad, dejando la inversión en infraestructura rezagada.
Esta estrategia de refinanciamiento continuo compromete la capacidad del Estado para ejecutar proyectos de inversión pública, afectando potencialmente el desarrollo económico de mediano y largo plazo del país.
El FMI advierte sobre la necesidad de consolidación fiscal
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe emitido tras evaluar los acuerdos que ejecuta con el gobierno paraguayo, sostiene que resulta fundamental completar el plan de consolidación fiscal consistente en reducir el déficit fiscal a 1,9% del PIB este año y a 1,5% del PIB en 2026 para preservar la estabilidad macroeconómica y situar la relación deuda pública/PIB en una trayectoria descendente a mediano plazo.
La cartera de Economía cumplirá este año con la meta de déficit fiscal de 1,9% del PIB, pero pagando solamente una parte de la deuda superior a USD 1.000 millones que mantiene con empresas constructoras, farmacéuticas y proveedoras del programa Hambre Cero; el resto quedará diferido para el próximo año.
La contradicción entre el discurso y la práctica fiscal
Esta práctica de diferir deudas fue duramente cuestionada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, poco después de asumir el cargo en 2023, cuando criticó al gobierno de Mario Abdo Benítez por dejar como «herencia» una deuda de USD 600 millones, que requirió la emisión de bonos para «sanear» las cuentas públicas.
Sin embargo, utilizando este mismo mecanismo que públicamente criticó, el gobierno de Santiago Peña ya casi duplica la deuda impaga, evidenciando una contradicción entre el discurso de austeridad fiscal y la práctica presupuestaria efectiva. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la política fiscal paraguaya y su capacidad para cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer la inversión pública ni acumular pasivos que presionen las finanzas de futuras administraciones.
