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jueves, abril 2, 2026
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Nestlé recorta beneficios un 17%, suprime 16.000 empleos y reestructura su negocio tras la mayor retirada de productos de su historia

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La multinacional suiza registra una caída del 17% en sus ganancias y del 2% en ventas, mientras afronta la crisis de la leche infantil contaminada, recortes de 16.000 empleos y una reorganización estratégica en cuatro divisiones que busca estabilizar una compañía bajo presión sin precedentes.

Un año de pérdidas, escándalos y cambio de mando

Nestlé publicó este jueves sus resultados anuales correspondientes a 2025 en un contexto extraordinariamente adverso: beneficios netos de 9.033 millones de francos suizos (unos 9.900 millones de euros), lo que representa una caída del 17% respecto al ejercicio anterior, y unas ventas totales de 89.490 millones de francos (aproximadamente 98.000 millones de euros), un 2% menos que en 2024. Estos números, por sí solos, ya describen un año difícil para la mayor empresa alimentaria del mundo. Pero el contexto que los rodea los hace aún más significativos.

La presentación de resultados coincidió con la mayor retirada de productos de la historia de la compañía, una reorganización de su cúpula directiva, el anuncio de la eliminación de 16.000 puestos de trabajo y una actualización estratégica largamente esperada por unos inversores que llevan tiempo cuestionando el rumbo de la firma con sede en Vevey. El nuevo consejero delegado, Philipp Navratil, y el presidente del consejo, el español Pablo Isla, llevan menos de medio año al frente de la empresa y ya cargan con el peso de recomponer una narrativa que se ha deteriorado de forma acelerada.

La crisis de la leche infantil: el escándalo que no necesitaban

A finales de 2024, Nestlé comenzó a retirar productos de fórmula infantil en Europa, Asia y América tras detectar posible contaminación con cereulida, una toxina bacteriana capaz de provocar náuseas y vómitos. Lo que en un primer momento parecía un problema acotado se convirtió rápidamente en la mayor retirada de productos de la historia de la compañía, con implicaciones que todavía están siendo evaluadas por analistas, reguladores y consumidores.

La gestión de la crisis fue objeto de críticas tanto de inversores como de las propias autoridades regulatorias. Las autoridades francesas abrieron investigaciones sobre el manejo de las retiradas, y los consumidores cuestionaron la velocidad de la respuesta. Navratil se vio obligado a emitir una disculpa en vídeo, un gesto inusual en una corporación de esta magnitud y que evidenció la gravedad percibida del problema.

Kai Lehmann, gestor de cartera en Flossbach von Storch —firma inversora en Nestlé— fue especialmente crítico con la comunicación de la empresa: «Habría esperado un poco más de proactividad y transparencia. Esto es precisamente lo que prometió Philipp Navratil cuando asumió el cargo». El propio Lehmann cuestionó además la práctica que denominó «tácticas de salami» en la divulgación de información, es decir, la revelación gradual y fragmentada de datos que generó más incertidumbre que confianza. Nestlé, por su parte, afirmó haber actuado de forma rápida y proactiva en todo momento.

El problema no afectó exclusivamente a Nestlé. Sus rivales Danone y el grupo privado Lactalis, así como la suiza Hochdorf Nutritec AG, también se vieron implicados por el mismo problema de contaminación del ingrediente de origen. Sin embargo, dada su dimensión y su posición de liderazgo en el mercado, el impacto reputacional sobre Nestlé ha sido proporcionalmente mayor.

En términos financieros, la compañía ha indicado que el impacto de la retirada no debería superar el 0,5% de las ventas del grupo, con una estimación de efecto de apenas un 0,2% sobre el crecimiento orgánico previsto para 2026. No obstante, el analista de Jefferies, David Hayes, cifra la exposición total de Nestlé en 1.600 millones de euros (alrededor de 1.900 millones de dólares), e inversores como Lehmann advierten de que «los efectos a largo plazo probablemente serán mayores». Los gastos imprevistos en logística, abastecimiento alternativo y campañas de recuperación de la confianza del consumidor podrían golpear los resultados de los próximos dos trimestres con una intensidad mayor a la estimada.

Una cotización en mínimos de ocho años y el contraste con los competidores

El deterioro del valor bursátil de Nestlé es uno de los datos más llamativos del informe de situación de la compañía. Las acciones se encuentran próximas a su nivel más bajo en ocho años y acumulan una caída de cerca del 38% desde el máximo alcanzado en 2022. El contraste con sus principales competidoras es revelador: en el mismo periodo, Danone ha subido un 32% y Unilever un 28%.

Esta divergencia en el desempeño bursátil alimenta las dudas sobre si los problemas de Nestlé responden exclusivamente a factores coyunturales o reflejan dificultades estructurales más profundas. Thomas Kuehne, gestor de cartera en LLB Asset Management AG, accionista de la compañía, apunta a una posible causa de fondo: «Podría ser indicativo de un exceso de concentración en ahorrar costes y alcanzar la cifra trimestral a corto plazo, en lugar de tomar decisiones para el accionista orientadas a más largo plazo».

El crecimiento interno real, métrica clave en Nestlé dada su extensa cartera de más de 2.000 marcas, previsiblemente seguirá siendo lento al menos hasta el segundo trimestre de 2026. Kai Lehmann, analista de Flossbach von Storch, resume el problema central: «Recientemente, el crecimiento se ha visto impulsado únicamente por los precios. La cuestión es cómo volver a aumentar realmente el volumen». Un crecimiento exclusivamente inflacionario no es sostenible en un entorno donde los consumidores migran hacia marcas más baratas y los aranceles estadounidenses añaden presión adicional sobre los costes.

La estrategia del nuevo equipo directivo: cuatro divisiones y recorte de 16.000 empleos

Frente a este panorama, Navratil e Isla han presentado una hoja de ruta que busca simplificar radicalmente la estructura de una empresa que durante años creció en complejidad sin que ello se tradujera en mejores resultados. La reorganización pivota sobre cuatro grandes divisiones: café, cuidado de mascotas, nutrición y salud, y alimentación y aperitivos. Estas cuatro áreas concentran ya el 70% de las ventas del grupo y son las que la dirección considera con mayor potencial de crecimiento sostenible.

La centralización de funciones como el marketing —un área en la que Nestlé no invirtió lo suficiente durante años de expansión de márgenes a corto plazo— es otro de los elementos clave del plan. La compañía también anuncia la integración de Nestlé Health Science dentro de la división de nutrición, tras la salida de Anna Mohl, hasta ahora responsable de esa sección.

En el capítulo del empleo, Nestlé detalló que de los 16.000 puestos que se eliminarán —equivalentes a aproximadamente el 6% de su plantilla global—, unos 12.000 corresponden a personal de oficina. El proceso deberá completarse antes del cierre de 2027. El objetivo declarado es alcanzar un ahorro de costes anuales en torno a los 1.000 millones de francos suizos (cerca de 1.100 millones de euros). La empresa afirmó haber completado ya el 20% del ahorro previsto, antes del calendario establecido, lo que supone una señal de ejecución positiva en medio de un contexto complicado.

Desinversiones en marcha: helados, aguas y el papel de L’Oréal

La racionalización de la cartera también incluye desinversiones concretas. Nestlé anunció formalmente la venta de su negocio global de helados a Froneri, un movimiento que no sorprendió al mercado dado que ambas empresas ya mantenían una relación histórica en ese segmento. La salida del mercado de aguas de «alta gama» está prevista para después de 2027, y el proceso formal de desinversión ya ha comenzado.

Más allá de estas operaciones ya confirmadas, los inversores observan con atención la posibilidad de que Nestlé reduzca su participación de aproximadamente el 20% en L’Oréal, la empresa francesa de cosméticos. Una venta parcial de esa posición proporcionaría liquidez suficiente para aliviar una deuda que se aproxima a tres veces el beneficio de la compañía y permitiría defender con más holgura el dividendo, históricamente uno de los principales atractivos de la acción para los inversores institucionales. La empresa propone para este ejercicio un dividendo de 3,1 francos suizos por acción (aproximadamente 3,4 euros), una subida interanual modesta del 1,6%, que mantiene la tradición de retribución al accionista pero que difícilmente compensa la erosión del valor en bolsa.

El cuarto trimestre y las perspectivas para 2026

En medio del ruido de la crisis y la reestructuración, el cuarto trimestre de 2025 ofreció una nota positiva: Nestlé reportó un crecimiento orgánico del 4%, por encima del consenso de analistas que estimaba un 3,55% según FactSet. El margen operativo del año cerró en el 16,1%.

Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento orgánico de entre el 3% y el 4%, asumiendo que el impacto de la retirada de la leche infantil se limitará a 0,2 puntos porcentuales sobre ese indicador. Se trata de unas perspectivas prudentes, coherentes con un entorno marcado por la presión sobre el consumo, la competencia de las marcas blancas y la incertidumbre regulatoria y arancelaria.

Jean-Philippe Bertschy, analista de Vontobel, sintetizó bien el estado de ánimo del mercado frente a esta publicación: «Los resultados de todo el año se han convertido en algo casi anecdótico, ya que los inversores se centran ahora directamente en la solidez de los controles de calidad en el caso de la nutrición infantil y en la actualización estratégica prometida por el nuevo equipo directivo». Dicho de otro modo, las cifras importan, pero lo que los inversores realmente evalúan ahora es la credibilidad del plan y la capacidad de ejecución del nuevo liderazgo.

La renovación del consejo y la figura de Pablo Isla

Otro elemento de atención es la composición del consejo de administración. Pablo Isla, primer presidente no proveniente del mundo corporativo interno de Nestlé, tiene ante sí la tarea de refundar un órgano que ha perdido varios miembros en un periodo breve. El último episodio significativo fue la destitución en septiembre del exConsejero Delegado Laurent Freixe por una relación romántica no declarada con una empleada subordinada, lo que acarreó un daño reputacional añadido.

Según personas familiarizadas con el asunto, Isla propondrá al menos dos nuevos consejeros en la junta general anual prevista para abril. La configuración de ese consejo será determinante para dotar de credibilidad y continuidad al plan estratégico que ahora se pone en marcha.

¿Ha tocado fondo Nestlé?

Pese al acumulado de malas noticias, algunos analistas consideran que la compañía podría estar cerca de un punto de inflexión. El consenso de recomendación entre analistas se ha vuelto más optimista recientemente: actualmente, la mitad de ellos asigna a la acción una calificación de compra o equivalente. Las acciones han rebotado parcialmente desde la reciente caída provocada por la crisis de la leche infantil, una vez que el mercado percibió que el impacto financiero inmediato podría ser más acotado de lo temido inicialmente.

Maquila paraguaya arranca 2026 con exportaciones de US$ 115 millones y más de 35.000 empleos directos

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El sector registró un crecimiento del 15% interanual en enero, impulsado por la diversificación de rubros, la consolidación del Mercosur como destino principal y la incorporación de 4.664 nuevos puestos de trabajo.

El régimen de maquila paraguayo exhibió un sólido desempeño en el arranque del año. Según datos del Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), las exportaciones bajo este régimen alcanzaron los US$ 115 millones en enero de 2026, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo mes del año anterior, cuando los envíos habían totalizado US$ 100 millones. El resultado consolida al sector como uno de los pilares estratégicos de la economía nacional, sostenido por una balanza comercial positiva, mayor generación de empleo y una creciente diversificación productiva.

Balanza comercial positiva y alto valor agregado

Uno de los indicadores más destacados del informe es el desempeño de la balanza comercial sectorial. Durante enero de 2026, las industrias maquiladoras importaron insumos y bienes intermedios por un valor de US$ 68 millones, mientras que sus exportaciones ascendieron a US$ 115 millones. La diferencia resultó en un superávit del 69% a favor de las ventas al exterior, lo que, según el MIC, refleja un elevado nivel de incorporación de valor agregado y una mayor eficiencia productiva del régimen.

Este dato cobra mayor relevancia si se considera que, al cierre del año 2025, las exportaciones de las industrias maquiladoras representaron el 69% del total de exportaciones de manufacturas de origen industrial del Paraguay, posicionando al sector como el principal motor exportador de la industria nacional.

Autopartes y alimentos lideran la oferta exportable

En cuanto a la composición de los envíos, el 68% de las exportaciones maquiladoras se concentró en una canasta diversificada de rubros. Las autopartes lideraron con el 27% del total, seguidas por los productos alimenticios con el 19%, otros rubros con el 17%, confecciones con el 13%, aluminio con el 9%, plásticos con el 6%, electrónica y electricidad con el 5%, y productos químicos y farmacéuticos con el 4%. La distribución evidencia una oferta exportable con creciente componente industrial y alejada de la dependencia de un único rubro.

Brasil absorbe el 70% de los destinos; Mercosur concentra el 83%

En materia de mercados, el bloque regional continúa siendo el principal destino de los productos maquilados. El 83% de las exportaciones se dirigió a países del Mercosur, con Brasil a la cabeza absorbiendo el 70% del total de los envíos. Le siguieron Argentina con el 12% y Estados Unidos con el 7%. En proporciones menores se registraron exportaciones hacia Chile y Bolivia, con el 3% cada uno, mientras que Uruguay y China representaron el 1% respectivamente, y el resto del mundo acumuló el 3% restante.

Más de 35.000 empleos directos con fuerte participación femenina

El impacto social del sector también resultó significativo. Al cierre de enero de 2026, las industrias maquiladoras generaban 35.354 empleos directos, lo que representa un incremento interanual de 4.664 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo período del año anterior. El 72% de estos empleos se concentra en cuatro segmentos principales: confecciones, que supera los 8.000 trabajadores; autopartes, con 7.865; servicios intangibles, con cerca de 4.000; y los sectores de plásticos y químico-farmacéuticos, con alrededor de 3.000 empleados cada uno.

Un dato que sobresale en el informe es que el 45% de la fuerza laboral vinculada al régimen maquilador está compuesta por mujeres, lo que evidencia el aporte del sector a la inclusión laboral femenina en la industria manufacturera del país.

Alto Paraná y Central concentran el grueso de las empresas

Desde el punto de vista geográfico, el 91% de las empresas con programas de maquila aprobados se encuentra concentrado en cuatro departamentos. Alto Paraná lidera con el 47% de las firmas, seguido por Central con el 29%, Capital con el 9% y Amambay con el 6%. Esta distribución refleja la relevancia de las zonas fronterizas y los grandes centros urbanos como ejes de atracción para las inversiones del sector.

Operaciones autorizadas crecen un 2% interanual

En términos operativos, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, autorizó 4.961 operaciones de comercio exterior durante enero de 2026, lo que implica un incremento del 2% respecto al mismo mes del año anterior. El dato acompaña el dinamismo exportador y sugiere una mayor actividad en la gestión del régimen.

Los resultados de enero configuran un escenario favorable para el sector de cara al resto del año, con indicadores que apuntan hacia una mayor integración productiva, expansión del empleo formal y profundización de los vínculos comerciales con los mercados regionales e internacionales.

La inteligencia artificial redefine los valores terminales en Wall Street en medio de una volatilidad que fragmenta al mercado y sacude a las bolsas globales

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La inteligencia artificial ha cruzado un umbral decisivo en los mercados financieros. Ya no es el motor de un sector ni el argumento de una narrativa de crecimiento de corto plazo: es ahora una variable que obliga a recalcular los fundamentos sobre los que se construye el valor de largo plazo de las empresas cotizadas en Estados Unidos. El debate que domina las mesas de análisis en Wall Street ya no gira en torno a quién lidera la innovación tecnológica, sino a cuánto valdrán las compañías dentro de una década y si los modelos financieros vigentes son capaces de capturar esa incertidumbre.

En las últimas semanas, el foco de los inversionistas se desplazó con claridad desde los indicadores macroeconómicos de corto plazo hacia el impacto potencial de la disrupción tecnológica sobre modelos de negocio consolidados. El movimiento no se refleja con nitidez en los grandes índices, que se mantienen en niveles elevados, pero sí en la rotación interna del mercado y en el incremento de la volatilidad que opera bajo la superficie del S&P 500. Seguros, corredores y logística de transporte se han sumado al software en el punto de mira de los inversionistas que temen una obsolescencia acelerada de sus flujos de ingresos.

La presión sobre los múltiplos terminales, en el corazón del ajuste

Scott Chronert, estratega de renta variable estadounidense de Citi, es uno de los analistas que mejor ha articulado la naturaleza del fenómeno en curso. A su juicio, «la innovación en IA y su disrupción están poniendo en cuestión los múltiplos terminales en varios rincones del mercado, lo que está llevando a los inversionistas a centrarse en riesgos específicos, en lugar de cambios más amplios de exposición». Los múltiplos terminales son supuestos de valoración que estiman a qué múltiplo —ya sea precio sobre utilidad o valor empresa sobre ebitda— cotizará una compañía al final del período proyectado en un modelo financiero. Cuando esos supuestos se someten a revisión, las implicaciones se propagan hacia el presente a través del descuento de flujos de caja.

Chronert advierte que la magnitud del ajuste está condicionada por el punto de partida: «contra el telón de fondo de mercados plenamente valorados, cambios en los supuestos de rentabilidad o crecimiento a largo plazo tienen implicaciones más severas en el valor presente». El problema, precisa Citi, no radica en el ciclo inmediato ni en un deterioro visible de las utilidades actuales, sino en una preocupación de múltiplo terminal basada en mayor competencia y su efecto sobre el crecimiento o la rentabilidad futuros. Esta distinción es crucial: el mercado no está respondiendo a señales de deterioro operativo, sino a una revisión de los supuestos estructurales que sostienen las valoraciones.

UBS apunta al dilema del valor terminal y la paradoja de la destrucción creativa

La firma UBS coincide en que la fuente de incertidumbre es el horizonte final de valoración. Jason Draho, estratega de la entidad, reconoce que «los movimientos tuvieron un aire de vender primero y responder preguntas después, ya que los inversionistas luchan por evaluar cuánto valdrán estas compañías a largo plazo, es decir, sus valores terminales». La presión se amplifica porque el mercado castiga simultáneamente dos riesgos de signo aparentemente opuesto: el riesgo de obsolescencia para las compañías que la IA amenaza, y el riesgo de retornos de inversión insuficientes para las que apuestan masivamente por ella.

Esa doble penalización expone una contradicción de fondo que Chronert resume con precisión: «la promesa de productividad termina manifestándose en presiones sobre los precios de venta a medida que los ahorros de costos se trasladan». Dicho de otro modo, el mismo proceso que promete eficiencia puede erosionar el poder de fijación de precios y elevar la competencia hasta niveles que compriman los márgenes de forma estructural.

El resultado es lo que Draho denomina una paradoja central de este ciclo: «mientras los inversionistas están preocupados de que el valor terminal de algunas compañías en 10 años se acerque a cero, esa misma disrupción de la IA probablemente agregará billones de dólares a la actividad económica en ese mismo momento». La creación de valor agregado y la destrucción de valor corporativo pueden, por tanto, coexistir y amplificarse mutuamente.

El S&P 500 oscila en un rango estrecho mientras la correlación entre títulos cae a mínimos históricos

La consecuencia práctica es una fragmentación interna del mercado que los índices amplios ocultan de forma engañosa. El S&P 500 se mantiene en un rango de entre 6.800 y 7.000 puntos, pero la volatilidad implícita de las acciones individuales aumenta con mayor intensidad que la del índice. La correlación entre títulos se sitúa cerca de mínimos de dos décadas, una señal técnica que confirma que el ajuste ocurre caso por caso y no como una salida generalizada del riesgo. El mercado no huye en bloque: discrimina, castiga a los vulnerables y premia, con cautela, a los beneficiarios netos.

La sesión del 17 de febrero ilustró esa dinámica con claridad. Al cierre, el S&P 500 avanzó apenas 7,05 puntos, un 0,1%, hasta los 6.843,22 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 32,26 puntos, también un 0,1%, hasta los 44.533,19. El Nasdaq Composite ganó 31,71 puntos, un 0,1%, hasta los 22.578,38, mientras que el Russell 2000 cerró prácticamente sin cambios con una caída inferior al 0,1%. Detrás de esos números moderados se ocultó una intensa volatilidad intradía: el S&P 500 llegó a subir un 0,5% antes de caer casi un 1%, trazando un recorrido que refleja el nerviosismo del flujo de capital.

Nvidia concentra las tensiones del sector tecnológico y General Mills advierte sobre el consumidor

En ese entorno, Nvidia siguió siendo el termómetro del sentimiento en torno a la IA. La acción fluctuó de forma considerable durante la sesión, impulsando al mercado al alza en determinados momentos antes de enfrentar presión vendedora, para recuperarse parcialmente al cierre. Su volatilidad condensa la divergencia que atraviesa al sector tecnológico de gran capitalización: el mismo segmento que llevó a los índices a máximos históricos con el argumento de las ganancias de la IA es ahora el epicentro de las dudas sobre la sostenibilidad de esas inversiones.

En sentido contrario, General Mills sorprendió negativamente con una advertencia de resultados que arrastró a sus acciones cerca de un 7% a la baja. La compañía señaló que los consumidores están ajustando su gasto más de lo previsto, forzando una rebaja de perspectivas de beneficios. El episodio es revelador porque el deterioro no se limita al ámbito tecnológico: se extiende al sector de bienes de consumo básico, históricamente considerado un refugio defensivo en períodos de incertidumbre. En el lado positivo de la jornada, Warner Bros. Discovery habilitó a Paramount Skydance para presentar una oferta final de adquisición, lo que impulsó al sector del entretenimiento y contribuyó a sostener el índice general.

Bank of America detecta un récord de gestores que consideran excesiva la inversión en IA

Detrás de la rotación sectorial subyace un cambio de percepción que Bank of America ha cuantificado. Según una encuesta a gestores de fondos globales, un porcentaje récord de ellos considera que las grandes corporaciones están invirtiendo demasiado en inteligencia artificial. Varias compañías han anunciado planes para destinar cientos de miles de millones de dólares este año a centros de datos y chips, generando inquietud por un posible exceso de capacidad si las ganancias de productividad no materializan en los plazos previstos.

Sameer Samana, director de renta variable global y activos reales del Wells Fargo Investment Institute, sostiene que el mercado necesita estabilidad a través de las grandes acciones tecnológicas y anticipa una reducción gradual del comportamiento de «vender ahora, preguntar después». Chris Larkin, de E-Trade (Morgan Stanley), advierte por su parte que, aunque los índices se mantienen cerca de máximos históricos, la confianza de los inversionistas no acompaña ese nivel, dado que las correcciones bruscas suelen producirse precisamente cuando se consolidan las tendencias alcistas. En lo que va de año, el Dow Jones acumula una ganancia de aproximadamente 3,1%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han visto su avance frenado por el peso del sector tecnológico.

El impacto macroeconómico de la IA: entre 50 puntos básicos y más de 3 puntos porcentuales adicionales de crecimiento

El debate bursátil no puede desvincularse de sus implicaciones sobre la economía real. Draho ubica a la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general que equivale a un shock positivo de oferta agregada con capacidad para elevar el crecimiento de la productividad de forma sostenida. Las estimaciones sobre la magnitud de ese impacto varían ampliamente: desde menos de 50 puntos básicos hasta más de 3 puntos porcentuales adicionales de crecimiento anual. En un contexto donde la Reserva Federal sitúa la productividad tendencial en torno a 1,5% y el crecimiento de la fuerza laboral podría caer por debajo de 50 puntos básicos durante el resto de la década, el efecto acumulado adquiere una dimensión estructural difícil de ignorar.

UBS estima que un aumento de productividad impulsado por la IA podría elevar el crecimiento tendencial por encima del 3%, lo que implicaría que el PIB total de Estados Unidos en una década podría ser más de cinco billones de dólares superior al que se proyecta sin ese impulso. Esa expansión potencial del producto contrasta, sin embargo, con el riesgo de destrucción de valor corporativo en sectores específicos, configurando una distribución asimétrica de ganadores y perdedores que el mercado aún no ha terminado de procesar.

El efecto sobre la política monetaria añade otra capa de complejidad. Una mayor productividad puede ser desinflacionaria y abrir espacio para recortes de tasas, pero un crecimiento tendencial más alto elevaría la tasa neutral de largo plazo. La función de reacción de la Reserva Federal se convierte así en una variable endógena del propio ciclo de innovación. En ese marco, Draho concluye que «incluso si la IA no termina siendo particularmente disruptiva para los mercados laborales, el capital, es decir, los inversionistas, todavía es probable que obtenga muchos de los beneficios».

Las bolsas europeas alcanzan máximos históricos y los mercados globales toman un respiro

Mientras Wall Street procesaba esas tensiones, las bolsas europeas ofrecían un panorama más favorable. El índice STOXX 600 avanzó un 0,8% hasta un máximo histórico el miércoles, encadenando su tercer día consecutivo de subidas, con el impulso de valores de defensa y minería. Los futuros de Wall Street acompañaron con ganancias del 0,6%, apuntando a una apertura positiva que ratificaría la moderación de las presiones vendedoras sobre el tecnológico.

El ambiente europeo estuvo marcado por un factor político de primer orden: el Financial Times informó que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, planea abandonar su cargo antes de las elecciones presidenciales francesas previstas para el próximo año. La noticia generó reacción inmediata en los mercados de divisas, con el euro cediendo un 0,2% hasta 1,1833 dólares. El rendimiento del bono alemán a diez años, referencia de la zona euro, se mantuvo sin cambios en 2,74%. Charles-Henry Monchau, director de inversiones del grupo SYZ en Ginebra, interpretó la eventual salida de Lagarde como el fin de una era definida por la gestión de crisis y el inicio de una pugna de alto riesgo por el futuro del euro.

El contexto geopolítico presiona sobre el apetito por el riesgo global

Al escenario financiero se superpone una dimensión geopolítica de creciente peso. Las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania entraron en su segundo día, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski afirmando en una entrevista con Axios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejercía una presión indebida sobre él para alcanzar una resolución. Ryan Sweet, director general de pronósticos macroeconómicos de Oxford Economics, advirtió que «un aumento continuo de las tensiones geopolíticas probablemente reduciría la disposición de los inversores a asumir riesgos».

En paralelo, la diplomacia nuclear entre Irán y Estados Unidos ofreció señales de avance tras conversaciones en Ginebra, con el canciller iraní anunciando un entendimiento sobre los principales principios rectores para resolver la prolongada disputa, lo que alivió parcialmente los temores a un conflicto cerca del estrecho de Ormuz que pudiera interrumpir el suministro mundial de petróleo. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate respondieron con alzas moderadas de entre 0,2% y 0,3%, situándose en 67,62 y 62,47 dólares por barril respectivamente, tras haber cerrado en sus niveles más bajos en más de dos semanas en la sesión anterior.

El mercado de bonos y los activos alternativos reflejan la búsqueda de equilibrio

En el mercado de deuda soberana estadounidense, el rendimiento del bono del Tesoro a diez años subió cerca de dos puntos básicos hasta el 4,07%, alejándose del mínimo de dos meses y medio registrado el martes en el 4,02%. Los datos recientes de inflación han alimentado expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal durante el año, aunque la cautela prevalece. Las actas de la reunión de enero del organismo, publicadas el mismo miércoles, concentraron la atención de los operadores como posible fuente de señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria.

En los activos alternativos, el oro se recuperó de pérdidas iniciales para avanzar un 0,9% hasta situarse en torno a los 4.922 dólares la onza, mientras que la plata ganó un 3,5% hasta aproximadamente los 76,05 dólares. En el mercado de criptoactivos, el bitcóin avanzó un 0,7% tras tres sesiones consecutivas de pérdidas, y el ether subió casi un 1%, encaminándose hacia su racha ganadora más larga desde finales de enero. Thomas Perfumo, economista global de la bolsa de criptomonedas Kraken, señaló que las primeras señales apuntan a una estabilización en el mercado de criptomonedas tras las liquidaciones de principios de febrero.

En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón subió un 1%, rompiendo una racha de tres días de caídas, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,5%. Los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur permanecieron cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar.

Un mercado en transición: el largo plazo como nuevo campo de batalla

La redefinición de los valores terminales se ha consolidado como el eje del análisis estratégico en Wall Street. Mientras los resultados corporativos mantienen un tono sólido y las revisiones de beneficios no muestran deterioro generalizado en el corto plazo, la valoración de largo plazo se somete a una prueba que trasciende el ciclo económico convencional. La inteligencia artificial no obliga simplemente a ajustar proyecciones de flujos de caja: obliga a revisar el marco completo con el que el mercado descuenta el futuro.

La pregunta de fondo no es si la IA ampliará el tamaño de la economía estadounidense, un efecto sobre el que existe un amplio consenso entre los economistas, sino cómo se distribuirá ese incremento entre capital y trabajo, y qué compañías capturarán valor neto frente a las que verán erosionado el suyo. Esa incertidumbre, por su naturaleza estructural y su horizonte de largo plazo, no se resolverá con un solo dato macroeconómico ni con una sola temporada de resultados. El mercado parece haberlo entendido, y esa comprensión es precisamente la que explica la nueva geografía de la volatilidad que se instala en Wall Street.

Déficit fiscal de enero 2026 se triplica en términos nominales y alcanza G. 630.000 millones, presionado por la caída de ingresos binacionales y la apreciación cambiaria

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El MEF presentó el informe financiero del primer mes del año con señales de desaceleración tributaria y mayor gasto estratégico

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el informe de Situación Financiera (Situfin) de la Administración Central correspondiente a enero de 2026, un documento que refleja una combinación de menor dinamismo en los ingresos públicos y una mayor ejecución presupuestaria, resultando en un déficit fiscal mensual que prácticamente se triplicó en términos nominales respecto al mismo período del año anterior.

La presentación estuvo a cargo del Viceministerio de Economía y Planificación (VEP), con la participación de Nathalia Rodríguez, gerente de Economía, y Rolando Sapriza, director de Política Macrofiscal, quienes expusieron en detalle el comportamiento de cada componente de las finanzas públicas.

El déficit mensual se triplica frente a enero de 2025

El dato más llamativo del informe es el del déficit fiscal acumulado al cierre de enero, que ascendió a G. 630.000 millones, equivalentes a USD 94,2 millones, lo que representa el -0,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra contrasta notoriamente con los G. 226.000 millones registrados en enero de 2025, lo que implica un incremento nominal de casi el triple en apenas doce meses.

Las autoridades explicaron que este resultado obedece a una conjunción de factores: por un lado, una moderada contracción en los ingresos totales del 0,5% en variación interanual y, por otro, un crecimiento del gasto total del 10,4%, orientado principalmente a sectores considerados estratégicos por la administración central.

En una perspectiva más amplia, el déficit fiscal anualizado se ubicó en G. 7,8 billones, equivalente al 2,0% del PIB, cifra que aún supera el tope legal establecido por la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal, que fija un límite del 1,5% del PIB. No obstante, las autoridades ratificaron el compromiso del Gobierno de retornar a dicho umbral al cierre del ejercicio fiscal, calificando el resultado actual como parte de un «proceso de convergencia fiscal».

Los ingresos se desaceleran: binacionales e impuestos externos, los más golpeados

Los ingresos totales de la Administración Central mostraron una contracción del 0,5% interanual en enero, impulsada fundamentalmente por dos factores que neutralizaron el leve crecimiento de la recaudación tributaria interna.

El primer factor fue la caída del 31,5% en las transferencias provenientes de las entidades binacionales, que representó una pérdida de aproximadamente G. 100.000 millones respecto a enero de 2025, equivalentes a unos USD 14 millones. Este componente, que históricamente representa un aporte significativo para las arcas del Estado paraguayo, mostró en el primer mes del año su mayor retroceso reciente.

El segundo factor fue la retracción del 11,6% en los impuestos externos, que incluyen el IVA importación con una caída de 5,6 puntos porcentuales, los aranceles con -3,3 puntos y el impuesto selectivo a los combustibles con -0,2 puntos. En su análisis, los técnicos del MEF señalaron que la apreciación del guaraní de aproximadamente un 15% frente al dólar fue el principal determinante de esta merma, ya que redujo la base imponible expresada en moneda local a pesar de que las importaciones en dólares habrían mostrado cierto crecimiento. Esta tendencia de apreciación cambiaria, según indicó Sapriza, viene observándose de manera sostenida desde agosto del año pasado.

En contrapartida, los ingresos no tributarios en su conjunto cayeron un 3,2%, pese al dinamismo mostrado por las contribuciones sociales, que crecieron un 10%, y las donaciones, que se expandieron un 44,9%.

Los impuestos internos sostienen la recaudación con un alza del 10,5%

Frente al deterioro de los ingresos externos, los tributos internos actuaron como amortiguador. En enero, los impuestos internos crecieron un 10,5% en términos interanuales, con el IVA aportando 5,3 puntos porcentuales al crecimiento, el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU) con 4,5 puntos y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) con 1,0 punto. El único componente con incidencia negativa dentro de los tributos internos fue el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que restó 0,3 puntos porcentuales al resultado.

Con todo, el promedio móvil de 12 meses de la recaudación tributaria aún refleja un crecimiento interanual del 8,3%, aunque las autoridades reconocieron abiertamente una desaceleración respecto al ritmo de dos dígitos que caracterizó al año anterior.

El gasto crece un 10,4% con foco en sectores estratégicos y programas sociales

En materia de egresos, el gasto total de la Administración Central creció un 10,4% en enero respecto al mismo mes de 2025. Según el MEF, un 76,2% del gasto total se destinó a lo que la cartera denomina sectores estratégicos, distribuidos de la siguiente manera: Educación absorbió el 21%, Salud el 15,1%, Programas Sociales el 14,6%, Seguridad el 12,5%, Seguridad Social el 11,7% y otros servicios sociales el 1,3%.

En cuanto a la composición del crecimiento del gasto, la administración gubernamental registró un alza del 8,5% y los servicios de deuda un incremento del 12,4%. Asimismo, se destacó un aumento del 55% en el gasto en donaciones respecto a enero del año anterior, con un dato particular que llamó la atención: las transferencias del MEF destinadas al programa «Hambre Cero» crecieron un 120% en comparación al mismo período de 2025.

La inversión pública mantiene un nivel por encima del promedio histórico de enero

A pesar de registrar una variación interanual negativa del 8,5%, la inversión pública ejecutada en enero alcanzó los G. 348.000 millones, equivalentes a USD 52,0 millones, una cifra que se sitúa por encima del promedio histórico registrado para los meses de enero de años recientes. La diferencia respecto al mismo período del año anterior fue de G. 32.000 millones menos, aunque las autoridades resaltaron que el nivel de ejecución se mantiene en un rango favorable considerando la estacionalidad del primer mes del año.

El Gobierno reafirma la meta de convergencia fiscal para el cierre de 2026

En el balance general, el MEF reconoció que el arranque del año fiscal 2026 estuvo marcado por presiones tanto en el frente de los ingresos como en el del gasto, pero reafirmó la trayectoria de ajuste gradual hacia el límite legal del 1,5% del PIB. Las autoridades insistieron en que el resultado de enero es consistente con el proceso de consolidación fiscal trazado por el Gobierno y que la dinámica esperada para los meses subsiguientes debería contribuir a la reducción del déficit en términos anualizados.

Bitcoin en la encrucijada: caída del 48%, pánico inversor histórico y la fractura entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto

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La mayor criptomoneda pierde casi la mitad de su valor desde máximos, mientras El Salvador acumula pérdidas por 144 millones de dólares, Metaplanet registra un quebranto contable de 633 millones y el índice de miedo y codicia toca mínimos sin precedentes

Bitcoin atraviesa uno de sus momentos más turbulentos desde que alcanzó su máximo histórico de 126.199 dólares a comienzos de octubre de 2025. En apenas cuatro meses, la criptomoneda más capitalizada del mundo retrocedió hasta los 60.000 dólares el pasado 5 de febrero, acumulando una caída cercana al 48% desde aquel pico. Lo que en otros contextos podría leerse como una corrección dentro de la volatilidad habitual del activo adquiere, en este caso, una dimensión distinta: ocurre en un entorno que, sobre el papel, debería resultar favorable, con el oro marcando nuevos máximos históricos y con la administración estadounidense emitiendo señales de apertura regulatoria hacia el ecosistema digital. Esa paradoja es el punto de partida para entender qué está ocurriendo en las profundidades de un mercado que, una vez más, desafía las lecturas simples.

La guerra silenciosa entre exchanges y banca tradicional

Detrás de la caída hay fuerzas que no siempre ocupan las primeras páginas pero que tienen un peso determinante sobre la dinámica del mercado. Una de las más relevantes es el conflicto creciente entre los grandes exchanges de criptomonedas y el sistema bancario convencional, particularmente en torno a una práctica que ha ganado terreno en los últimos meses: el pago de recompensas por mantener stablecoins dentro de las plataformas.

Para exchanges como Coinbase, ofrecer rendimientos de entre el 3% y el 4% anual sobre depósitos en monedas estables vinculadas al dólar es una herramienta competitiva lógica en un entorno de alta exigencia de liquidez. Para los bancos, en cambio, el fenómeno representa una amenaza directa a su modelo de negocio: cada dólar que migra hacia una stablecoin remunerada es un dólar menos en depósitos disponibles, con impacto potencial sobre el fondeo institucional y la capacidad de otorgar crédito.

La magnitud del conflicto no es menor si se considera lo que está en juego. Buena parte del sistema bancario estadounidense sostiene un esquema que, aunque poco discutido públicamente, es estructuralmente rentable: captar depósitos del público, invertirlos en bonos del Tesoro de corto plazo y apropiarse de la mayor parte del rendimiento, trasladando apenas una fracción mínima a los ahorristas. Los exchanges cripto cuestionan ese modelo con una propuesta de intermediación diferente, y esa diferencia no es marginal: es conceptualmente disruptiva.

La disputa aún no ha derivado en una prohibición explícita, pero sí se manifiesta como presión regulatoria sostenida, lobby activo y señales contradictorias que elevan la incertidumbre institucional. Y en los mercados financieros, la incertidumbre no necesita materializarse en hechos concretos para afectar los precios: alcanza con alterar las expectativas y reducir el apetito por riesgo. Bitcoin funciona, en ese esquema, como válvula de ajuste. No porque el conflicto bancario lo afecte de manera directa, sino porque se suma a otro factor igualmente pesado: la demora en la aprobación de la Clarity Act, la legislación llamada a ordenar y dar previsibilidad al criptomercado en su conjunto.

El retraso en el avance de esa norma incrementa el riesgo político de que quede virtualmente archivada si el oficialismo pierde las elecciones de medio término de noviembre, lo que obligaría a reiniciar el debate legislativo desde cero. Frente a ese horizonte más difuso, el mercado tiende a reducir exposición en los activos más volátiles, y Bitcoin absorbe buena parte de ese ajuste. La presión bajista resultante no responde a un problema intrínseco de la red, sino a tensiones externas que terminan filtrándose en el precio.

La pregunta de los ciclos: ¿corrección pasajera o depuración pendiente?

Más allá de los factores coyunturales, existe un marco analítico que reaparece con regularidad al estudiar la historia de Bitcoin: la dinámica de ciclos prolongados de suba seguidos por un período de corrección profunda. En su versión más conocida, esta lectura sostiene que BTC tiende a atravesar tres años mayormente alcistas y uno claramente bajista.

Bajo ese prisma, el comportamiento del año pasado resulta, cuando menos, atípico. El ejercicio fue apenas negativo, algo que no se ajusta a lo que el patrón histórico señalaba como el tramo más alcista del ciclo. Esa anomalía abre dos interpretaciones posibles, y ninguna de las dos es reconfortante en términos de certeza.

La lectura más conservadora sugiere que el ajuste no se manifestó todavía en toda su magnitud y que 2026 podría terminar siendo el verdadero año de depuración del ciclo actual. La hipótesis más optimista, en cambio, plantea que ese comportamiento irregular podría estar anticipando un quiebre de la estructura clásica, dando lugar a un ciclo extendido impulsado por la creciente adopción institucional y por un proceso de incorporación al sistema financiero convencional que Bitcoin no había experimentado en etapas anteriores.

Esta segunda posibilidad es conceptualmente atractiva, pero hoy cuenta con un grado de certeza limitado y requiere evidencia adicional para ser validada. Si, en cambio, el esquema histórico de ciclos se mantuviera vigente, la corrección actual podría no haber concluido. En episodios anteriores, las caídas promedio desde los máximos oscilaron entre el 70% y el 80%. Trasladado a los precios recientes, ese rango ubicaría a Bitcoin en niveles cercanos a los 38.000 o 40.000 dólares. No se trata de una proyección ni de una predicción operativa, sino de una referencia estadística que resulta incómoda precisamente porque entra en tensión directa con el optimismo narrativo dominante.

El Salvador: el experimento soberano que pierde 144 millones de dólares

Las consecuencias de la caída no se limitan al mercado privado. El Salvador, el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021 bajo el impulso del presidente Nayib Bukele, acumula hoy pérdidas significativas en sus reservas nacionales denominadas en la criptomoneda.

Según datos de la Oficina de Bitcoin, organismo estatal encargado del seguimiento oficial, el país cerró 2025 con 7.518 BTC valorados en 658,15 millones de dólares. Al 16 de febrero, el volumen había aumentado levemente hasta los 7.564 BTC, pero su valoración cayó a 513,54 millones de dólares. La diferencia representa una pérdida de 144,61 millones de dólares, equivalente a una disminución del 22% en el valor de las reservas en apenas dos meses y medio.

El dato ilustra con crudeza el riesgo que implica gestionar las finanzas públicas con un activo de esta volatilidad. El gobierno salvadoreño continuó acumulando BTC a pesar del retroceso del precio, lo que refleja una convicción estratégica que, sin embargo, no ha logrado generar un consenso interno. Encuestas de universidades locales indicaron que más del 90% de los salvadoreños rechazó el uso cotidiano de la criptomoneda, una brecha entre la narrativa oficial y la realidad de la adopción que el tiempo no ha cerrado.

Cabe recordar que Bitcoin cerró 2025 con un retroceso anual del 6%, superando los 88.000 dólares, aunque muy por debajo de su récord del 6 de octubre, cuando tocó los 126.186 dólares. Desde ese pico, la caída acumulada total ronda el 45%.

Metaplanet y la aritmética contable del riesgo: 633 millones de dólares en pérdidas

El caso de Metaplanet, la firma japonesa que ha adoptado una estrategia de acumulación de Bitcoin comparable a la de MicroStrategy en Estados Unidos, aporta otra dimensión al análisis. La compañía reportó una pérdida neta de 633,6 millones de dólares en su último ejercicio, atribuible casi en su totalidad a la devaluación contable de sus tenencias en BTC.

Las normas contables obligaron a la empresa a registrar una pérdida por valoración de 681,2 millones de dólares sobre sus reservas de Bitcoin, como consecuencia de la caída del precio respecto a los máximos vigentes al momento del cierre del balance. Es importante subrayar que Metaplanet no vendió sus activos, por lo que no hubo una salida real de efectivo por ese importe. La pérdida es contable, no operativa. Sin embargo, esa distinción técnica no atenúa el impacto sobre la percepción de riesgo de los accionistas.

Al mismo tiempo, la situación operativa de la empresa muestra un panorama diferente. Metaplanet registró ingresos récord por 59,3 millones de dólares, un crecimiento del 738% respecto al ejercicio anterior, y obtuvo un beneficio operativo de 41,9 millones de dólares tras descontar gastos. La compañía cerró el año con 35.102 BTC en balance, valorados en más de 3.200 millones de dólares, y reportó un ratio de capital propio del 90,7%, lo que, según su dirección, garantiza que su solvencia no está comprometida.

La empresa no ha dado señales de modificar su estrategia. Su objetivo declarado es acumular 210.000 BTC, equivalente al 1% del suministro total de la criptomoneda, antes de 2027. Para 2026, prevé que sus ingresos operativos casi se duplicarán hasta situarse en torno a los 106 millones de dólares, con independencia del impacto que pueda tener la volatilidad contable de Bitcoin en sus resultados.

El termómetro del miedo: el índice de sentimiento toca mínimos sin precedentes

Si hay un indicador que resume el estado psicológico del mercado en este momento, es el índice de miedo y codicia del bitcoin, un termómetro compuesto que combina señales sobre volatilidad, impulso de mercado, actividad en redes sociales, dominio del activo y tendencias de búsqueda en una escala de 0 a 100. Los valores entre 0 y 25 corresponden a «miedo extremo»; los que superan 75, a «codicia extrema».

El 12 de febrero, ese índice tocó los 5 puntos, una cifra sin precedentes en la serie histórica, que coincidió con una caída de Bitcoin hasta los 65.000 dólares. Cinco días después, el 17 de febrero, la cotización se recuperó levemente hasta los 67.000 dólares, pero el indicador continuó por debajo del umbral de los 10 puntos, a un paso de volver a marcar mínimos históricos.

Para contextualizar la magnitud del cambio, basta recordar que el 15 de enero el índice marcaba 61 puntos, en zona de codicia. Apenas un mes después, el indicador se hundió hasta niveles de pánico absoluto. El detonante de ese vuelco brusco fue la liquidación masiva de derivados cripto del 10 de octubre de 2025, que llevó al índice de la «codicia extrema» al «miedo extremo» en cuestión de días.

Los analistas han señalado históricamente que los extremos de este indicador suelen coincidir con puntos de inflexión relevantes: los máximos de codicia tienden a preceder correcciones, mientras que los mínimos de miedo extremo suelen surgir cerca de zonas de acumulación. Sin embargo, aplicar esa lectura mecánicamente en un entorno de incertidumbre regulatoria y tensión bancaria como el actual exige prudencia adicional.

Un mercado en busca de piso

Bitcoin llega al presente con una acumulación de presiones que no responde a una causa única sino a la convergencia de múltiples vectores: un conflicto no resuelto entre el ecosistema cripto y la banca tradicional, una legislación regulatoria demorada cuyo destino político es incierto, una estructura de ciclos históricos que podría estar señalando que la corrección no ha concluido, un experimento soberano que acumula pérdidas millonarias, una empresa institucional que reporta quebrantos contables de magnitud y un índice de sentimiento que ha tocado el nivel más bajo de su historia.

Ninguno de estos factores invalida por sí solo la tesis de largo plazo sobre Bitcoin, pero en conjunto configuran un escenario en el que la prudencia analítica parece más justificada que el optimismo narrativo. La pregunta de si el mercado encontró su piso o si todavía quedan niveles más bajos por delante no tiene una respuesta inequívoca en este momento. Lo que sí resulta claro es que la caída del 48% desde máximos no es un accidente de mercado ni un simple ajuste técnico: es el reflejo de fricciones profundas que el precio está procesando en tiempo real.

Estados Unidos: Senado cifra en más de 40 millones de dólares el gasto en deportaciones a terceros países y denuncia ausencia de supervisión sobre los fondos

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Un documento de 30 páginas publicado este viernes por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado expone con cifras concretas el coste real de la política de deportaciones a terceros países de la segunda Administración Trump. El informe, titulado ¿A qué costo? Dentro de los acuerdos de deportación secretos de la Administración Trump, es el primero de su tipo producido por el Congreso y calcula que el gasto total supera los 40 millones de dólares para el traslado de apenas unos 300 migrantes, a un coste medio de 130.000 dólares por persona, con casos extremos que alcanzan el millón de dólares por deportado.

El documento se basa en una revisión de los acuerdos firmados hasta enero de 2026, visitas del personal del comité a los países involucrados, y entrevistas con funcionarios estadounidenses en activo, representantes de gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos, deportados y abogados. Su autoría recae en la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango del comité, y está cofirmado por los senadores Chris Coons, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Jacky Rosen y Chris Van Hollen.

El desglose del gasto: cinco países, 32 millones de dólares y pagos sin auditoría

La práctica de deportar personas a países distintos al de su ciudadanía ya existía antes de esta administración, pero se aplicaba de forma esporádica y en casos muy concretos. Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, sin embargo, se ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático por ampliarla. Los primeros acuerdos se firmaron con Costa Rica y Panamá, aunque ambos países centroamericanos se retiraron tras un primer vuelo y no han vuelto a recibir migrantes de terceras nacionalidades desde entonces. El caso de mayor repercusión llegó poco después, cuando el Departamento de Seguridad Nacional trasladó a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, donde permanecieron cuatro meses. Los supuestos vínculos con la banda han sido refutados por familiares de los deportados y en litigios judiciales.

Cinco países concentran la mayor parte del gasto documentado: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Palau y Eswatini, que en conjunto recibieron más de 32 millones de dólares. Los fondos fueron transferidos directamente a los gobiernos extranjeros, sin pasar por socios externos de implementación, y el Departamento de Estado no emplea auditores independientes para verificar su uso. Según el informe, gran parte de esa financiación se entregó en pagos únicos, a menudo antes de que llegara ningún migrante.

El caso de Ruanda ilustra con claridad los desequilibrios del programa: el gobierno africano recibió 7,5 millones de dólares más aproximadamente 600.000 dólares en costes de vuelo para acoger únicamente a siete personas, lo que equivale a un gasto de alrededor de 1,1 millones de dólares por cada deportado. Palau recibió otros 7,5 millones de dólares pese a que el informe no documenta ningún vuelo de deportación ejecutado hacia ese país. El gobierno de la nación insular del Pacífico se encontró además con una fuerte oposición interna cuando se intentó presionarlo para que aceptara migrantes. El Salvador fue el destino con mayor número de deportados, con alrededor de 250 personas, y recibió una subvención de 4,76 millones de dólares destinada a cubrir los costes de detención en la prisión de Bukele. Guinea Ecuatorial, por su parte, cobró 7,5 millones de dólares a cambio de aceptar a 29 personas, una cifra que supera la ayuda exterior total que Estados Unidos había proporcionado a ese país en los ocho años anteriores. En total, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países distintos a El Salvador.

La administración también recurrió de forma habitual a aeronaves militares para los traslados, con un coste estimado de 32.000 dólares por hora de vuelo. El gasto total en transporte aéreo hacia terceros países superó los 7,2 millones de dólares hasta enero de 2026, aunque el informe advierte de que los costes reales probablemente sean superiores.

La justificación oficial y lo que revelan los propios funcionarios

La Casa Blanca ha defendido estos acuerdos argumentando que son necesarios para expulsar a inmigrantes que son, en palabras del Departamento de Seguridad Nacional recogidas en un comunicado de junio, «tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de vuelta». Sin embargo, el informe señala que esta justificación no se corresponde con la mayoría de los casos documentados. En numerosas ocasiones, los países de origen de los deportados sí estaban dispuestos a recibirlos, pero las restricciones legales vigentes en Estados Unidos impedían la deportación directa por temores fundados a la seguridad de esas personas. El paso previo por un tercer país actuaba, según el documento, como un mecanismo para sortear esas protecciones legales.

Los testimonios de funcionarios estadounidenses en activo recogidos en el informe apuntan en una dirección distinta a la narrativa oficial. Uno de ellos afirmó en privado ante el personal del comité que el programa fue concebido como una estrategia de intimidación destinada a presionar a los migrantes para que retiraran sus solicitudes de asilo. «Con países como Palau o Eswatini, la cuestión es que la administración puede amenazar a las personas con que, literalmente, serán abandonadas en medio de la nada. El objetivo es asustar a la gente», declaró esa fuente. La elección de destinos geográficamente remotos, sin ninguna vinculación con los países de origen de los deportados, respondería precisamente a esa lógica.

El fenómeno de la doble deportación y el regreso masivo a los países de origen

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la constatación de que más del 80% de los migrantes enviados a terceros países a los que Washington pagó para que los acogieran ya habían regresado a sus países de origen o estaban en proceso de hacerlo a partir de enero de 2026, en ocasiones también con cargo al erario estadounidense. Un funcionario en activo lo describió con estas palabras ante el comité: «La Administración Trump a veces paga al país para que acoja a personas, las traslada allí en avión y luego paga para llevarlas a su país de origen. No tiene sentido.»

Los casos concretos documentados refuerzan ese patrón. Un ciudadano mexicano fue transportado más de 8.000 millas hasta Sudán del Sur, con escala en una base militar estadounidense en Yibuti, a un coste estimado de 91.000 dólares por persona. Pocas semanas después fue devuelto a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no había sido informado de la deportación inicial. En otro caso, un ciudadano jamaicano con órdenes de deportación a Jamaica fue enviado a Eswatini por un coste estimado superior a los 181.000 dólares, pese a que las autoridades jamaicanas nunca se habían negado a recibirlo. Semanas más tarde, Estados Unidos volvió a sufragar su vuelo de regreso a la isla caribeña.

Socios con historial de corrupción y ausencia de supervisión

El informe también pone el foco en la naturaleza de los socios elegidos por la administración para este programa. Varios de los países beneficiarios tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos, lo que multiplica las dudas sobre el destino final de los fondos y las condiciones en que han permanecido los deportados. Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 172 de 182 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Sudán del Sur, con quien también se llegó a un acuerdo, figura como el segundo país más corrupto del mundo según ese mismo ranking.

El informe subraya que no existe ningún mecanismo claro y sistemático de supervisión para verificar cómo se han empleado los fondos transferidos ni si los gobiernos receptores han cumplido las garantías diplomáticas ofrecidas. La ausencia de auditorías externas y la modalidad de pago directo a ejecutivos extranjeros convierten la rendición de cuentas en una cuestión sin respuesta documentada. Además, la administración está buscando acuerdos similares con entre 70 y 80 países adicionales, según recoge el informe, lo que proyecta el alcance potencial del programa a una escala considerablemente mayor.

El coste diplomático y el debate que busca abrir el Congreso

Más allá del gasto fiscal, el informe advierte sobre las implicaciones para la política exterior estadounidense. Los senadores denuncian que la administración ha empleado la amenaza de aranceles, restricciones de visado o recortes en la ayuda como instrumentos de presión para que países reacios firmen estos acuerdos, subordinando así la agenda diplomática a los objetivos de la política migratoria. «La deportación se está utilizando como moneda de cambio. La diplomacia estadounidense se está llevando a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones discretas. […] En un momento en que la administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses comunes u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos», recoge el documento.

La senadora Shaheen fue directa en su valoración pública: «A través de sus acuerdos de deportación a terceros países, la Administración Trump está poniendo millones de dólares de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros, mientras hace la vista gorda ante los costes humanos y socava potencialmente nuestras relaciones diplomáticas. Para una administración que afirma estar luchando contra el fraude, el despilfarro y el abuso, esta política es el epítome de los tres.»

En el plano judicial, un juez federal ordenó el jueves a la administración Trump que comience a dar a los venezolanos deportados ilegalmente a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros la oportunidad de impugnar su expulsión, lo que incluye la posibilidad de traer a algunos de ellos de vuelta a Estados Unidos para procedimientos judiciales. Los senadores esperan que el informe abra un debate que, de ser necesario, pueda traducirse en nuevos procesos legales que obliguen a la administración a reconsiderar una política que, según sus cifras, ha costado más de 40 millones de dólares para mover a 300 personas, la gran mayoría de las cuales ha terminado regresando a donde empezó.

El guaraní acumula una apreciación del 18% frente al dólar en un año: de G. 7.990 a G. 6.500, con proyecciones del BCP de G. 7.000 para finales de 2026

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En el transcurso de doce meses, el dólar cayó G. 1.490 en su cotización en Paraguay —de G. 7.990 a G. 6.500— en una tendencia marcada por factores externos e internos que ha transformado el panorama cambiario del país. Aunque la apreciación del guaraní abarata importaciones y beneficia a los consumidores, representa un desafío creciente para los sectores exportadores. El presidente de la Asociación de Casas de Cambio advierte que el comportamiento actual es atípico e impredecible, mientras que el Banco Central del Paraguay proyecta una recuperación gradual del dólar hacia G. 7.000 al cierre del año.

Una caída histórica: G. 1.490 menos en doce meses

La divisa estadounidense atraviesa en Paraguay su ciclo bajista más pronunciado de los últimos años. Al 13 de febrero de 2026, el tipo de cambio del dólar a la venta se ubicó en G. 6.550, frente a los G. 7.850 registrados en igual fecha de 2025, lo que representa una reducción nominal de G. 1.300 y una variación interanual negativa de aproximadamente 16,6%. Sin embargo, la caída es aún más acentuada si se compara con los niveles del mismo período de 2024: en ese entonces, el dólar efectivo llegaba a G. 7.990, lo que implica una diferencia de G. 1.490 —equivalente a una depreciación del 18%— en tan solo un año.

En la jornada del lunes, la moneda norteamericana cerró en G. 6.500 en la compra y G. 6.600 en la venta en las principales casas de cambio del país, mientras que el dólar interbancario se situó en G. 6.453. Respecto al jueves de la semana anterior, la cotización registró una baja de 20 puntos al pasar de G. 6.570 a G. 6.550, según los tableros de las casas de cambio. En lo que va de febrero, el dólar acumula una depreciación del 2% frente al guaraní, equivalente a entre G. 130 y G. 140 menos, tomando como referencia los G. 6.650 con los que cerró al inicio del año.

Un comportamiento atípico: la previsibilidad cambiaria que se perdió desde 2024

Para el presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, Gregorio Mayor, el dólar atraviesa una etapa de fuerte volatilidad sin precedentes recientes. El referente explicó que hasta hace año y medio o dos años, la cotización seguía patrones estacionales predecibles, con tendencias identificables según la época del año. Sin embargo, esa previsibilidad desapareció.

«El dólar hasta hace un año y medio, dos años atrás, tenía una tendencia por la cual podíamos predecir en qué época subía y en qué época bajaba. Pero desde el 2024, con factores externos y la política monetaria de Estados Unidos, la tendencia fue totalmente atípica y acíclica.»

Mayor atribuyó la actual tendencia a la baja a tensiones en los mercados internacionales y a las expectativas de posibles reducciones en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que reduce el atractivo de la inversión en dólares a nivel global. A pesar de ello, el referente descartó que la divisa pueda llegar a los niveles de G. 3.800 o G. 4.000 que se registraron en períodos anteriores, señalando que la tendencia descendente tiene límites.

Las proyecciones del BCP: el dólar en G. 7.000 para fin de año y G. 7.300 en 2027

Pese a la actual tendencia bajista, las expectativas del mercado anticipan una reversión gradual de la cotización. Según la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas del Banco Central del Paraguay (BCP), para febrero de 2026 la mediana de las proyecciones de los agentes económicos se situó en G. 6.676 por dólar. Sin embargo, las perspectivas para el cierre del año son sustancialmente más altas: los agentes estiman un tipo de cambio nominal de G. 7.000 para diciembre de 2026, y de G. 7.300 para el cierre de 2027.

Estas proyecciones sugieren que el mercado interpreta la actual apreciación del guaraní como un fenómeno temporal, influenciado por condiciones externas y estacionales, y prevé una corrección al alza del dólar en el mediano plazo. La tendencia actual, en coincidencia con el análisis del sector cambiario privado, estaría sujeta a la evolución de la política monetaria norteamericana y a las condiciones de los mercados financieros internacionales.

Ganadores y perdedores: consumidores favorecidos, exportadores bajo presión

La apreciación del guaraní frente al dólar genera efectos asimétricos sobre los distintos actores de la economía paraguaya. Para los consumidores, el fenómeno opera como un factor de abaratamiento de los bienes importados: celulares, productos electrónicos, ropa, perfumes y otros artículos sensibles al tipo de cambio tienden a reflejar gradualmente precios más bajos en el mercado interno, aunque esta transmisión no es inmediata.

Uno de los rubros que reflejó con mayor velocidad esta corrección fue el de los combustibles. Además de la tendencia descendente en los precios internacionales del petróleo, en Paraguay el abaratamiento recibió un impulso adicional por la apreciación de la moneda local. En el plano macroeconómico, la caída del tipo de cambio introduce una presión a la baja sobre algunos precios internos vinculados a bienes transables, lo que contribuye a moderar las presiones inflacionarias.

En la vereda opuesta se encuentran los sectores exportadores, que reciben menores ingresos en guaraníes por cada dólar generado en el exterior. Los rubros más afectados son el sector cárnico y los productos agrícolas, pilares fundamentales de las exportaciones paraguayas, cuyos márgenes en moneda local se comprimen a medida que el tipo de cambio retrocede.

El Índice de Confianza del Consumidor repunta a 55,34 puntos en enero de 2026

La dinámica cambiaria también se refleja en el estado de ánimo económico de los hogares paraguayos. En enero de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el BCP alcanzó 55,34 puntos, superando el umbral neutral de 50 puntos que distingue el optimismo del pesimismo. El indicador mejoró respecto al mes anterior, impulsado por el avance de todos sus subcomponentes: el Índice de Situación Económica (ISE) subió a 41,75 puntos —con un incremento de 2,66 puntos frente a diciembre— y el Índice de Expectativas Económicas (IEE) llegó a 68,92 puntos, 4,63 puntos por encima del registro previo.

El BCP atribuye este repunte a una combinación de factores. Por un lado, reconoce el efecto estacional típico de los primeros meses del año, vinculado al impacto rezagado del aguinaldo y a los patrones históricos del indicador, que entre noviembre, diciembre y enero suele evidenciar repuntes. Por otro lado, destaca el papel de la estabilidad del tipo de cambio y la reducción de las tasas de interés, que fomentan un entorno más favorable para el consumo al reducir los costos de financiamiento e impulsar las expectativas de gasto de los hogares.

Del pesimismo al optimismo: el cambio de ciclo desde noviembre de 2025

El recorrido del ICC durante 2025 traza con claridad el vínculo entre el tipo de cambio y la percepción económica de los hogares. Desde mediados del año pasado, cuando el dólar inició una trayectoria descendente más marcada, el indicador de confianza se encontraba en zona de pesimismo —por debajo de los 50 puntos— y permaneció en ese umbral hasta octubre. Recién en noviembre el BCP reportó que la confianza volvió a ubicarse en terreno de optimismo, en coincidencia con la aceleración de la caída del tipo de cambio.

Si bien en enero de 2026 el ICC se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, el dato evidencia una mejora sostenida respecto a los últimos meses de 2025, período en que las expectativas permanecieron deprimidas por la incertidumbre en torno a la cotización del dólar. Ahora, con la apreciación del guaraní cotizando en torno a G. 6.500, el BCP señala que en la medida en que la baja del tipo de cambio se traslade a menores precios en el mercado interno, el impacto positivo sobre el ICC del hogar —y en consecuencia sobre el indicador agregado— podría consolidarse.

Desde la banca matriz también se informó que el informe de Expectativas de Variables Económicas (EBE) presentará próximamente las proyecciones de los agentes respecto a tasas de interés, tipo de cambio e inflación, tres variables que inciden directamente en las decisiones de consumo futuro de los hogares paraguayos. La evolución de estas proyecciones será clave para determinar si el actual ciclo de optimismo tiene bases sólidas para consolidarse a lo largo de 2026.

China extiende el acceso sin visa a Reino Unido y Canadá, elevando a 79 los países beneficiados en su estrategia de apertura comercial y turística

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La República Popular China amplió el lunes 16 de febrero de 2026 su política de exención de visado a los titulares de pasaportes ordinarios de Reino Unido y Canadá, medida que entró en vigor el martes 17 de febrero y que sitúa en 79 el número total de países con acceso sin visa al gigante asiático. La decisión, anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, permite a los ciudadanos de ambas naciones permanecer en territorio chino hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito, sin necesidad de tramitar un visado previo. La vigencia de la medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un programa que se consolida como herramienta de apertura estratégica

La política de exención de visados no es nueva para China, pero su expansión acelerada en los últimos dos años refleja un giro deliberado en la estrategia de proyección exterior del país. Desde el levantamiento de las restrictivas medidas anticovid-19, Beijing ha apostado por la apertura migratoria como mecanismo para reactivar el turismo internacional, facilitar intercambios académicos y empresariales, y atraer inversión extranjera directa.

Los resultados han sido significativos: en 2025, la política atrajo a 30 millones de visitantes extranjeros, una cifra que ilustra la capacidad de tracción de este tipo de instrumentos cuando se aplican de forma sostenida. El programa abarca actualmente dos modalidades: acuerdos bilaterales de exención recíproca con 29 países y una política unilateral que concede acceso libre de visa a ciudadanos de 48 naciones, entre las cuales se incorporan ahora Reino Unido y Canadá.

Los beneficios prácticos de la medida no son menores. El proceso de solicitud de visado para China ha sido históricamente considerado como uno de los más exigentes entre las grandes potencias, con requisitos documentales extensos, tiempos de espera variables y costos asociados que desincentivaban tanto el turismo individual como los desplazamientos de corta duración por negocios. La eliminación de esa barrera administrativa representa, en términos prácticos, una reducción directa de los costos de transacción para empresas y viajeros de los países beneficiados.

La geografía del acceso: quién entra y en qué condiciones

Con la incorporación de Reino Unido y Canadá, son ya 47 los países y territorios que se benefician de la extensión completa de 30 días sin visado dentro del marco unilateral chino. La lista abarca una amplísima representación europea: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza, entre otros.

En América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay forman parte del programa, al igual que Japón, Corea del Sur y Australia en la región Asia-Pacífico. En el Golfo Pérsico, los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo —Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos— disfrutan también de esta facilidad.

Para el Sudeste Asiático existe una lógica diferenciada: Tailandia, Malasia, Brunei y Singapur cuentan con acuerdos recíprocos de exención, mientras que Indonesia accede a través de una visa de tránsito gratuita de 10 días vigente desde el 12 de junio de 2025. Esta misma modalidad de tránsito de 10 días aplica también para ciudadanos estadounidenses, siempre que dispongan de un billete de salida hacia un tercer país distinto del de procedencia, una condición que restringe considerablemente la utilidad práctica del beneficio.

El trasfondo diplomático: visitas de Estado y reposicionamiento geopolítico

La decisión de extender el acceso sin visa a Reino Unido y Canadá no puede leerse al margen de su contexto diplomático. Ambas medidas se produjeron tras visitas oficiales de sus respectivos primeros ministros a Beijing. Keir Starmer, primer ministro británico, visitó China entre el 28 y el 31 de enero de 2026, reuniéndose con el presidente Xi Jinping, durante cuya visita se anunció la política de exención, aunque sin precisar la fecha de entrada en vigor. En el caso canadiense, Mark Carney realizó su propia visita a Beijing en enero, en el transcurso de la cual Xi Jinping se comprometió públicamente con la extensión del beneficio a los ciudadanos canadienses.

Ambos líderes comparten un perfil similar: son mandatarios relativamente recientes que han heredado relaciones bilaterales deterioradas con China y que buscan reencauzarlas sobre bases más pragmáticas. El gesto migratorio de Beijing funciona en este contexto como una señal de voluntad política, un incentivo concreto y simbólicamente relevante para consolidar el acercamiento.

El acuerdo comercial con Canadá y la presión de Washington

Más allá de la exención de visados, la visita de Carney a Beijing generó compromisos comerciales de calado. Ambas partes acordaron que 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China ingresarán anualmente a Canadá con un arancel preferencial del 6,1 por ciento. A cambio, Beijing se comprometió a reducir los aranceles sobre las exportaciones agrícolas canadienses, incluyendo el aceite de semilla de canola, del 85 por ciento al 15 por ciento, una rebaja arancelaria de notable magnitud que beneficiaría directamente al sector agropecuario canadiense.

Este acercamiento generó una reacción inmediata de la administración de Donald Trump, que advirtió públicamente a Ottawa que podría imponer aranceles de hasta el 100 por ciento sobre productos canadienses si Canadá formalizaba un tratado comercial con China. Ante la presión, Carney fue explícito en señalar que la relación con Estados Unidos seguía siendo prioritaria para Canadá, aunque sin renunciar al vínculo con Beijing. La tensión ilustra con nitidez el dilema geopolítico en el que se mueven varios aliados occidentales: la necesidad de diversificar socios comerciales frente a la dependencia del mercado estadounidense, en un momento en que la política arancelaria de Washington genera incertidumbre creciente.

El caso británico: aranceles de Trump como telón de fondo

En el caso del Reino Unido, Washington no formuló advertencias explícitas similares a las dirigidas a Ottawa, pero el contexto no es menos relevante. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, la administración republicana incluyó a Reino Unido en el grupo de países sujetos a nuevos aranceles, particularmente en sectores sensibles como la industria automotriz y la producción de acero y aluminio. Esta presión sobre las exportaciones británicas pudo haber reforzado la disposición del gobierno de Starmer a diversificar sus vínculos comerciales y explorar nuevas vías de acceso al mercado chino, uno de los mayores del mundo.

La coincidencia entre las visitas de ambos líderes a Beijing y la posterior extensión del beneficio migratorio sugiere que China ha convertido la política de visados en un instrumento de diplomacia económica activa, utilizando la facilidad de acceso como palanca de negociación y como señal de apertura selectiva hacia interlocutores con los que busca estrechar lazos.

Vigencia, precedentes y escenario geopolítico

La política sin visa vigente para la mayoría de los países tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026, lo que introduce un elemento de incertidumbre sobre su continuidad. Sin embargo, los antecedentes son alentadores: en ocasiones anteriores, Beijing ha prorrogado estos programas una vez vencidos, lo que sugiere que la lógica que los sustenta —estimular el turismo, facilitar los negocios y proyectar una imagen de apertura— prevalece sobre consideraciones de reciprocidad estricta o de control migratorio.

La expansión del programa a 79 países representa ya una masa crítica suficiente para posicionarlo como un elemento estructural de la política exterior económica china, y no como una medida coyuntural. A medida que la tensión comercial global se reconfigura en torno a los aranceles de la administración Trump y la competencia estratégica entre bloques, la diplomacia migratoria de China emerge como un instrumento de bajo costo y alto impacto para tejer redes de influencia y facilitar el acceso de empresas y capitales al mercado interior.

Para empresarios, inversores y viajeros del mundo anglosajón, la entrada en vigor de esta medida representa una oportunidad práctica y concreta. Para los analistas de política exterior, representa la confirmación de que Beijing entiende la movilidad humana no como una concesión, sino como un activo estratégico.

El Pentágono publica y retira una lista negra de gigantes tecnológicos chinos que desata volatilidad en los mercados y reaviva la tensión geopolítica con Pekín

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En lo que podría interpretarse como un error administrativo o como una advertencia deliberada con marcha atrás táctica, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó brevemente en el Registro Federal una lista actualizada de empresas chinas supuestamente vinculadas al Ejército Popular de Liberación, para retirarla minutos después sin ofrecer ninguna explicación. El episodio, fugaz en su duración pero inmediato en sus consecuencias, fue suficiente para desencadenar una oleada de ventas en los mercados asiáticos y colocar en el centro del debate a cuatro de los nombres más relevantes del ecosistema tecnológico y empresarial chino: Alibaba, Baidu, BYD y Tencent.

Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. llegaron a caer más de un 3% en la bolsa de Hong Kong, mientras que BYD Co. y Baidu Inc. retrocedieron alrededor de un 1%. La mera aparición temporal de estas compañías en el documento bastó para activar las alarmas entre los inversores internacionales y poner en evidencia la fragilidad del entorno regulatorio en el que operan estos gigantes.

La designación 1260H: mucho más que una lista

Lejos de ser un trámite burocrático sin consecuencias, la denominada designación 1260H —publicada por primera vez en 2021— constituye un mecanismo con un poder creciente en la arquitectura de restricciones comerciales y tecnológicas que Washington ha venido construyendo frente a China. En la actualidad, la lista incluye a más de 130 entidades acusadas de colaborar con el aparato militar chino, entre las que figuran aerolíneas, fabricantes de equipos informáticos, empresas de construcción, transporte marítimo y comunicaciones.

Si bien la designación no implica de forma inmediata sanciones legales directas, el Pentágono la utiliza con una finalidad estratégica cada vez más explícita: limitar la capacidad de las empresas señaladas para contratar con el ejército estadounidense u obtener financiación para investigación. Además, funciona como señal de alarma para los inversores norteamericanos y, en la práctica, puede ser el primer eslabón de una cadena que derive en restricciones comerciales mucho más severas. El caso de TikTok, que terminó obligado a reestructurar su arquitectura operativa para continuar funcionando en suelo estadounidense, ilustra con claridad hacia dónde puede conducir este tipo de escalada regulatoria.

La gran incógnita en este momento es si el Pentágono publicará una versión definitiva y oficial de la lista, y si esta incluirá a las mismas compañías que aparecieron brevemente en el documento retirado.

Las empresas rechazan los señalamientos

Las tres compañías que han emitido respuestas públicas han sido contundentes en su rechazo. Alibaba afirmó en un comunicado que «no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil», y anunció que «tomará todas las medidas legales disponibles contra los intentos de tergiversar» su actividad. Un portavoz de Baidu, por su parte, rechazó «categóricamente la inclusión», calificándola de carente de «ninguna base creíble» y señalando que «la sugerencia de que Baidu es una empresa militar carece de todo fundamento y no se ha aportado ninguna prueba que demuestre lo contrario». BYD, con sede en Shenzhen, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La firmeza de estas declaraciones contrasta con la incertidumbre que persiste sobre las intenciones reales del Pentágono. ¿Se trató de un ensayo general antes de una publicación oficial? ¿De una filtración controlada para medir la reacción de los mercados y de Pekín? ¿O simplemente de un error en la gestión documental? La ausencia de explicaciones por parte del Departamento de Defensa alimenta todas las hipótesis.

La respuesta de los mercados: nerviosa pero contenida

La reacción de los mercados, aunque inmediata, no llegó a convertirse en una crisis bursátil de gran escala. Los índices de referencia acusaron el golpe: los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,4% cada uno, mientras que el índice Stoxx 600 europeo acompañó esas bajas con una caída de igual magnitud. En China continental y Hong Kong, los inversores adoptaron una postura más cautelosa también por la proximidad de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El oro y la plata, activos refugio por excelencia, registraron leves recuperaciones.

El comportamiento mixto de las grandes tecnológicas reflejó un mercado que intenta procesar múltiples señales de forma simultánea: las tensiones geopolíticas con China, las declaraciones del presidente Trump sobre Irán —que aportaron cierta calma puntual, aunque sin disipar la incertidumbre de fondo—, y los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que llegaron con un tono moderado y avivaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

La Fed y la inflación: otra variable en el tablero

Los datos del Índice de Precios al Consumidor publicados en la jornada reforzaron las expectativas de que la Fed podría ejecutar hasta tres recortes de tasas de interés a lo largo del año. Sin embargo, con un mercado laboral que aún muestra señales de solidez, los analistas no anticipan que el presidente Jerome Powell avale una reducción en las próximas dos reuniones del organismo.

En este contexto, la figura de Kevin Warsh cobra relevancia. El exfuncionario de la Reserva Federal, mencionado como posible sucesor de Powell al frente del organismo, podría, según fuentes del mercado, suavizar su históricamente restrictiva postura en materia de política monetaria. Recientes filtraciones sugieren que, de ser designado, Warsh podría incluso contemplar una primera reducción de tasas en junio, y diferir la aplicación de medidas de flexibilización cuantitativa. Este escenario, de confirmarse, podría representar un alivio adicional para unos mercados que llevan meses aguardando una señal clara de relajamiento monetario.

El impacto empresa por empresa

Alibaba ha sido, sin duda, el nombre más golpeado por el episodio. La compañía lleva meses reorientando su estrategia hacia la inteligencia artificial y el código abierto, con su familia de modelos Qwen como eje de su apuesta tecnológica. Esa reconversión le había permitido recuperar la confianza del mercado, con subidas superiores al 35% en los últimos doce meses. Sin embargo, la acción acumula tres semanas consecutivas de corrección, y la aparición en la lista del Pentágono añade un riesgo adicional. Los analistas mantienen una visión positiva a largo plazo, con un precio objetivo cercano a los 200 dólares frente a los 155 actuales, pero una confirmación oficial de la designación podría intensificar las caídas a corto plazo.

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China y uno de los más relevantes del mundo, atraviesa un momento especialmente delicado. Su cotización ya acumula una caída del 20% en los últimos doce meses, presionada por la reducción de subvenciones al sector, la caída de la demanda y el incremento de la competencia. La acusación de vínculos militares añade otra capa de incertidumbre a un panorama de por sí complicado, y eleva el riesgo de restricciones a su expansión internacional, precisamente en el momento en que la compañía más necesita consolidar mercados fuera de China.

Tencent ha apostado con fuerza por la inteligencia artificial y los servicios en la nube como pilares de su nueva etapa, pero la volatilidad generada por la lista del Pentágono se suma a un desempeño bursátil ya deteriorado: caídas del 12% desde comienzos de año y del 10% en los últimos seis meses. El consenso analista sigue siendo constructivo a medio plazo, pero una confirmación oficial de la blacklist podría presionar adicionalmente al valor, especialmente si deriva en restricciones de acceso a tecnología de origen estadounidense.

Baidu avanza en inteligencia artificial generativa a través de su modelo Ernie y ha logrado estabilizar tanto su negocio publicitario como sus márgenes operativos. No obstante, su inclusión en la lista negra añade incertidumbre en un momento crítico para su expansión en la nube y en el segmento de la conducción autónoma, dos áreas en las que la dependencia de componentes y software de origen occidental es significativa. Los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo, pero reconocen que el valor podría enfrentar mayor volatilidad si se intensifican las restricciones tecnológicas.

Una señal en medio de la guerra digital

El episodio de la lista del Pentágono no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un patrón más amplio de fricciones entre Washington y Pekín que van mucho más allá de los aranceles o las restricciones a la exportación de chips. En la nueva era digital, la información, la infraestructura tecnológica y el control de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores o los vehículos eléctricos se han convertido en activos de poder nacional de primer orden.

En ese marco, la designación 1260H opera como una herramienta de presión gradual: no destruye a las empresas de forma inmediata, pero erosiona su reputación ante inversores internacionales, complica sus relaciones comerciales con contrapartes estadounidenses y puede anticipar sanciones mucho más contundentes. La historia reciente —con casos como el de Huawei, SMIC o el propio TikTok— sugiere que la escalada es posible y que los precedentes están bien establecidos.

Por el momento, ambas potencias han mantenido cierta estabilidad en su relación bilateral. Se habla de posibles visitas recíprocas entre Trump y el presidente Xi Jinping en los próximos meses, aunque ningún encuentro está aún confirmado. Si Pekín decide mantener bajo presión pública el asunto de las empresas chinas bajo escrutinio estadounidense, podría desencadenar una nueva escalada. La retirada inexplicada de la lista por parte del Pentágono ha evitado, por ahora, el choque frontal, pero el mensaje ha sido enviado y recibido.

Washington también evalúa, según informes circulantes al cierre de esta edición, nuevas restricciones sobre determinados semiconductores importados desde China. Pekín, por su parte, ha respondido con recortes selectivos a los impuestos de importación. El tablero sigue moviéndose, aunque con movimientos aún contenidos.

Volatilidad estructural, no coyuntural

Lo ocurrido con la lista del Pentágono pone de relieve algo que los inversores en activos chinos ya saben, pero que este episodio vuelve a confirmar con crudeza: el riesgo regulatorio y geopolítico no es una anomalía puntual, sino una variable estructural del escenario de inversión en el sector tecnológico chino. Las compañías de este segmento operan en un entorno en el que una lista publicada durante unos minutos puede borrar en horas semanas de ganancias acumuladas.

La pregunta que queda en el aire no es si habrá nuevas fricciones, sino cuándo y con qué intensidad. Y, sobre todo, si la próxima vez el Pentágono decidirá dejar la lista publicada.

La Bolsa de Valores de Asunción arranca 2026 con Telecel a la cabeza y tres nuevas emisiones de bonos por más de USD 26,5 millones

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Telecel lideró el volumen negociado en enero con Gs. 827.187.850.697, mientras G.P.S.A.E., Banco Itaú Paraguay y Proberis S.A.E. lanzaron cinco series de bonos en la primera quincena de febrero con tasas de entre 5,50% y 12,50% anual.

Telecel, el emisor más negociado de enero

Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. (Telecel SAE) cerró enero de 2026 como el emisor con mayor volumen negociado en el mercado secundario de la BVA, con Gs. 827.187.850.697. Le siguió Sudameris Bank S.A.E.C.A. con Gs. 539.788.400.823, Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. —instrumentos del mismo grupo que cotizan por separado— con Gs. 320.042.804.990, el Ministerio de Economía y Finanzas con Gs. 319.236.084.075 y Banco Atlas S.A. con Gs. 280.298.182.455, completando el Top 5 del mes.

La actividad sostenida en el mercado secundario confirma que la dinámica bursátil local va más allá de las nuevas colocaciones: los inversores compran y venden títulos ya emitidos con regularidad, una señal concreta de madurez del mercado de capitales paraguayo.

Dameris Securities CBSA, la casa de bolsa que más intermedió

En enero, Dameris Securities CBSA lideró el ranking de intermediarios con Gs. 814.569.651.954 negociados en el mercado secundario. Le siguieron Basa CBSA con Gs. 720.776.181.613, Cadiem CBSA con Gs. 677.301.668.140, Atlas CBSA con Gs. 589.947.054.206 e Investor CBSA con Gs. 265.262.281.094.

En el mercado primario del mismo mes, Itaú Invest CBSA encabezó con Gs. 160.000.000.000, seguida por Investor CBSA con Gs. 68.088.586.000, Cadiem CBSA con Gs. 43.582.126.120 y Atlas CBSA con Gs. 13.930.310.892.

En lo que va de febrero, Dameris Securities CBSA se mantuvo en la cima del mercado secundario con Gs. 624.199.288.750, seguida por Atlas CBSA con Gs. 314.363.017.996, Cadiem CBSA con Gs. 290.415.452.507, Basa CBSA con Gs. 217.016.131.661 e Itaú Invest CBSA con Gs. 151.530.082.182, esta última impulsada por su rol como colocador de las nuevas emisiones de Banco Itaú Paraguay.

G.P.S.A.E.: USD 1.000.000 al 8,50% con vencimiento en marzo de 2027

El 10 de febrero, G.P.S.A.E. abrió la colocación de la Serie 7 de su Programa de Emisión Global de Bonos USD2. El bono, con código ISIN PYGPE07F0004, es por USD 1.000.000 a una tasa anual del 8,50%, con pago trimestral de intereses y capital al vencimiento. Su plazo es de 413 días y vence el 30 de marzo de 2027. Agente organizador y colocador: Puente Casa de Bolsa S.A. Calificación de riesgo: BBB-py.

Banco Itaú Paraguay: USD 25,5 millones en dos series con plazos de hasta 2030

El 11 de febrero, Banco Itaú Paraguay S.A. lanzó las Series 3 y 4 de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD5, la colocación más grande de la quincena. La entidad cuenta con la máxima calificación del mercado local: AAApy Estable.

La Serie 3, código ISIN PYTAU03F0000, es por USD 22.000.000 al 5,50% anual, con pago trimestral de intereses, capital al vencimiento y plazo de 1.013 días, con fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2028. La Serie 4, código ISIN PYTAU04F0009, suma USD 3.500.000 al 5,75% anual, mismo esquema de pagos y vencimiento el 18 de noviembre de 2030 a 1.741 días plazo, el más largo de todas las emisiones de la semana. Intermediario colocador de ambas series: Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.

Los 25 puntos básicos de diferencia entre ambas series responden a la prima por plazo, compensación habitual en renta fija por inmovilizar capital durante más tiempo.

Proberis S.A.E.: Gs. 3.000 millones en guaraníes con tasas del 12% y 12,50%

El 13 de febrero, Proberis S.A.E. cerró la semana de colocaciones con las Series 4 y 5 de su Programa de Emisión Global de Bonos G2, ambas en guaraníes. Calificación de riesgo: BBB-py Estable.

La Serie 4, código ISIN PYPBE04F0002, es por Gs. 1.500.000.000 al 12% anual, con pago trimestral de intereses, capital al vencimiento y plazo de 424 días, con fecha de vencimiento el 13 de abril de 2027. La Serie 5, código ISIN PYPBE05F0001, también por Gs. 1.500.000.000, ofrece el 12,50% anual a 638 días plazo, con vencimiento el 13 de noviembre de 2027. Agente organizador y colocador de ambas series: Valores Casa de Bolsa S.A., con la participación de las casas de bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores, la BVA y la Caja de Valores del Paraguay S.A.

Un mercado que crece en volumen y variedad

Las cinco series emitidas en la primera quincena de febrero suman más de USD 26,5 millones y Gs. 3.000 millones, con instrumentos en dos monedas, plazos de entre 413 y 1.741 días y tasas que van del 5,50% al 12,50% según el perfil crediticio y el horizonte de cada emisor.

Banco Itaú Paraguay, con calificación AAApy, concentra el mayor volumen en dólares a las tasas más competitivas. G.P.S.A.E. y Proberis S.A.E., ambas con BBB-py, ofrecen rendimientos más altos como reflejo del mayor riesgo relativo, un diferencial que en los mercados financieros se conoce como spread crediticio y que es propio de un mercado de renta fija que funciona con rigor.

El arranque de 2026 en la BVA combina un mercado secundario robusto —con Telecel superando los Gs. 827.000 millones negociados en enero— y una agenda de nuevas colocaciones activa desde la primera semana de febrero, señales que apuntan a un año de consolidación para el mercado de capitales paraguayo.