La guerra contra Irán ya costó 11.300 millones en seis días y Washington prepara una solicitud de 50.000 millones al Congreso

marzo 12, 2026

El conflicto armado iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán está revelando una dimensión fiscal sin precedentes en la historia militar reciente de Washington. Funcionarios del Pentágono informaron esta semana, durante una sesión a puerta cerrada ante senadores estadounidenses, que solo los primeros seis días de operaciones militares le costaron al país al menos 11.300 millones de dólares. La cifra, adelantada por el diario The New York Times con base en tres fuentes familiarizadas con el encuentro, es todavía incompleta: no incorpora la totalidad de los costos operativos del inicio del conflicto, como el aumento de personal, municiones y recursos logísticos desplegados junto a Israel desde el primer día.

La magnitud del dato cobra mayor relieve al compararlo con estimaciones anteriores. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), institución independiente con sede en Washington, había calculado la semana pasada que el gasto estadounidense en las primeras 100 horas de guerra —equivalentes a los primeros cuatro días— ascendía a al menos 3.700 millones de dólares, lo que implicaba un ritmo de desembolso de aproximadamente 900 millones por día. La nueva cifra del Pentágono eleva ese ritmo a casi 1.900 millones de dólares diarios durante las seis jornadas iniciales, más del doble de lo que el CSIS había proyectado.

El arsenal consumido y el giro hacia municiones más baratas

Parte de ese gasto extraordinario se explica por el tipo de armamento utilizado. En la primera ronda de bombardeos, que incluyó ataques directos contra la cúpula de poder iraní, The New York Times y The Washington Post señalan que solo en los primeros dos días se gastaron 5.600 millones de dólares en municiones. Entre los sistemas empleados se destacó la bomba planeadora de precisión AGM-154, cuyo costo unitario supera los 836.000 dólares.

Ante ese ritmo de consumo insostenible, el Pentágono ha comunicado que planea migrar hacia municiones de menor costo en las operaciones subsiguientes. La decisión no es únicamente financiera: según informó el Washington Post citando a tres fuentes del sector defensa, Estados Unidos ha venido agotando con rapidez su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que seleccionar con mayor cautela sus objetivos. Se trata de una señal de alerta sobre las limitaciones operativas reales de una campaña que el propio presidente Donald Trump describió esta semana, durante un acto en Kentucky, como un conflicto que «ganamos», aunque aclaró que las fuerzas del país seguirán combatiendo para «terminar el trabajo».

La solicitud al Congreso: hasta 50.000 millones en juego

Más allá del gasto ya ejecutado, el panorama fiscal proyectado es significativamente más amplio. Diversas fuentes legislativas citadas por medios estadounidenses señalan que la Casa Blanca prepara una solicitud formal de fondos adicionales al Congreso. Las estimaciones de algunos funcionarios ubican esa petición en torno a los 50.000 millones de dólares, aunque otras fuentes advierten que esa cifra podría resultar incluso conservadora. El Gobierno de Trump no ha ofrecido hasta ahora ninguna evaluación pública del costo total del conflicto ni una estimación sobre su duración, lo que ha generado tensión con legisladores que reclaman mayor transparencia sobre el alcance financiero de la operación.

Un contador en tiempo real y la dimensión del gasto por segundo

Para dimensionar el ritmo del desembolso, herramientas de seguimiento civil del gasto militar —basadas en el costo operativo diario estimado por el propio Departamento de Defensa en alrededor de 1.000 millones de dólares— han comenzado a proyectar en tiempo real la evolución de la factura. Según ese cálculo, el costo acumulado tras casi doce días de operaciones roza los 11.870 millones de dólares, con un ritmo de gasto de aproximadamente 11.574 dólares por segundo, 41,6 millones por hora y 1.000 millones por día. A una semana, el acumulado proyectado alcanza los 7.000 millones; a doce días, cerca de 12.000 millones.

Estas herramientas no constituyen contabilidad oficial, sino estimaciones basadas en costos operativos preliminares. El gasto real solo podrá determinarse cuando el Ejecutivo presente ante el Congreso los informes presupuestarios completos, que incluirán reportes de gasto operativo, solicitudes suplementarias, auditorías internas y fondos de contingencia para operaciones en el extranjero.

El balance humano: bajas que agravan el debate sobre los costos reales

El conflicto no se mide únicamente en cifras presupuestarias. Las estimaciones preliminares sobre las consecuencias humanas del conflicto revelan un balance desigual pero gravoso. Del lado estadounidense, se reportan hasta ahora 7 integrantes de las fuerzas militares fallecidos y 140 heridos. En el bando iraní, las cifras son considerablemente mayores: más de 2.094 miembros de las fuerzas armadas muertos, entre ellos mandos y altos responsables militares, junto a 1.255 civiles fallecidos y más de 12.000 personas heridas. El conflicto, que se ha extendido al Líbano, ha causado la muerte de unas 2.000 personas en total, en su mayoría iraníes y libaneses.

Estos datos, recopilados a partir de fuentes militares y registros abiertos, son susceptibles de revisión a medida que avancen las verificaciones oficiales. En cualquier caso, la dimensión humana del conflicto suma presión política al debate ya encendido sobre los costos fiscales, especialmente entre miembros del Congreso preocupados por el agotamiento de las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya acusaba dificultades para satisfacer la demanda.

Un esfuerzo bélico sin hoja de ruta presupuestaria clara

Lo que el conjunto de datos revela es la ausencia de una hoja de ruta financiera transparente para un conflicto de consecuencias globales. Los mercados energéticos y el transporte a nivel mundial han acusado ya el impacto del caos generado por la extensión de las hostilidades. La falta de información oficial sobre la duración prevista de las operaciones y sobre el volumen total de gasto proyectado contrasta con la magnitud de los números que, gota a gota, se filtran desde las sesiones cerradas del Congreso. A un ritmo de casi 1.900 millones de dólares por día, cada jornada adicional de combate profundiza una ecuación fiscal que Washington aún no ha explicado con claridad ni a sus legisladores ni a la opinión pública.

Deuda impaga del Estado supera los US$ 360 millones en el MOPC y lleva al sector de la construcción al borde del colapso

marzo 12, 2026

Los principales gremios del sector de la construcción emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el incumplimiento del Estado pone en riesgo la inversión, el empleo formal y la credibilidad institucional del país, mientras el Gobierno descarta flexibilizar el tope de déficit fiscal y apuesta al factoraje como solución

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPCPYA) hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que califican de «grave e insostenible» la situación generada por la deuda impaga del Estado por obras públicas ejecutadas, certificadas, aprobadas e incluso concluidas hace años. El documento, que cuenta con el respaldo de decenas de empresas del sector, advierte que Paraguay está incurriendo en una suerte de «default selectivo» sobre sus obligaciones internas y que esa conducta amenaza la credibilidad del país ante inversores nacionales e internacionales.

Una deuda que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del MOPC

Las cifras expuestas por los gremios revelan una brecha estructural de proporciones alarmantes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El presupuesto aprobado para el sector infraestructura en 2026 asciende a US$ 570 millones, una cifra que resulta insuficiente incluso antes de considerar los compromisos heredados. La deuda acumulada, incluyendo capital e intereses, llega a US$ 360 millones, mientras que las obras ya comprometidas para este mismo año están valuadas en US$ 800 millones. El resultado es un déficit real estimado de US$ 590 millones solamente en los proyectos del MOPC, lo que deja en evidencia que la cartera opera con un agujero financiero que no puede cubrirse con el presupuesto vigente bajo ningún escenario de gestión ordinaria.

La situación se agrava si se toman en cuenta las deudas pendientes de pago en otras instituciones públicas, entre las que se cuentan el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), entre otras. Solo en el sector salud, la deuda acumulada al cierre de 2025 con proveedores alcanzaba los US$ 800 millones. En total, el Estado adeuda unos US$ 400 millones únicamente a las empresas de la construcción.

El sector denuncia que los pagos parciales no alcanzan para sostener las operaciones

Según el comunicado de los gremios, los pagos parciales e insuficientes que realiza el Estado ya no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros que las empresas deben asumir para mantener sus operaciones en marcha. Esto ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, con consecuencias que se extienden a toda la cadena de valor: proveedores afectados, destrucción de empleo formal, deterioro de la cadena de pagos y compromiso de la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.

Las constructoras que suscriben el pronunciamiento destacan que las cifras de ingresos mensuales que el Gobierno cita como evidencia de normalidad no reflejan la realidad financiera del sector. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que mensualmente ingresan alrededor de US$ 40 millones en facturas del sector, y sostuvo que ese ritmo indica que las obras continúan su curso. Sin embargo, para los gremios esa cifra es a todas luces insuficiente frente a la magnitud de los compromisos acumulados.

El MOPC, epicentro de una gestión que acumuló compromisos sin respaldo financiero

La crítica de fondo que subyace en el pronunciamiento gremial apunta a la gestión del MOPC como el epicentro del problema. La cartera acumuló durante años compromisos de obras por montos que exceden con creces su capacidad presupuestaria, generando una deuda que hoy se torna impagable dentro del marco fiscal vigente. El comunicado señala que los pagos parciales funcionaron durante un tiempo como mecanismo de sostenimiento artificial, trasladando implícitamente el costo de financiamiento de la infraestructura pública a las empresas privadas del sector, que debieron endeudarse a tasas cada vez más gravosas para poder continuar ejecutando obras del Estado.

Esta dinámica convirtió a las constructoras en financistas involuntarios del Estado, una situación que los gremios califican como inaceptable y que, según advierten, no puede extenderse más sin consecuencias estructurales para el sector.

El Gobierno descarta flexibilizar el tope fiscal y apuesta al factoraje

Frente a la presión del sector, el ministro Fernández Valdovinos fue categórico en descartar la propuesta de elevar el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB para hacer frente a las obligaciones acumuladas. El funcionario argumentó que flexibilizar ese límite destruiría la credibilidad fiscal del país, uno de los pilares sobre los que se sostiene el grado de inversión obtenido por Paraguay. En su lugar, el Gobierno reiteró su apuesta por el mecanismo de factoraje, cuya reglamentación estaba prevista para ser finalizada en los días posteriores al pronunciamiento gremial.

El ministro describió el instrumento como una cesión de deudas respaldada por la ley aprobada por el Congreso en el marco del Presupuesto General de Gastos de la Nación, diferenciándolo de iniciativas anteriores que calificó como medidas improvisadas. Sin embargo, los gremios no se mostraron conformes con esa alternativa, ya que el factoraje implica que las empresas cedan sus acreencias a terceros —generalmente entidades financieras— con un descuento, lo que en la práctica significa cobrar menos de lo que el Estado les debe.

La credibilidad institucional en juego

El núcleo del mensaje de los gremios va más allá de los números. El comunicado plantea una advertencia política y económica de fondo: los inversores no evalúan un país únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de su infraestructura. Un Estado que incumple sistemáticamente sus contratos con las empresas que construyen esa infraestructura deteriora, al mismo tiempo, las condiciones reales que hacen posible el crecimiento económico.

En ese sentido, los gremios señalaron que resulta igualmente inadmisible que fondos provenientes de convenios internacionales, disponibles para utilización inmediata, permanezcan inmovilizados mientras las empresas se endeudan a tasas cada vez más gravosas para sostener obras públicas. Reclamaron que esos recursos sean inyectados de manera inmediata a los proyectos correspondientes y que el Presupuesto General de la Nación 2026 sea adecuado a las verdaderas necesidades financieras del sector infraestructura, a fin de que el Estado cumpla los compromisos asumidos con independencia del origen de los fondos.

La coincidencia entre decenas de empresas que respaldaron el comunicado y la contundencia de las cifras expuestas instalan una señal de alerta que el Gobierno no podrá ignorar por mucho tiempo: la deuda interna del Estado con quienes construyen el país ya alcanzó un punto de quiebre.

La industria argentina en dos años de gobierno de Milei: desindustrialización récord, 100.000 empleos perdidos y conflicto abierto con el sector empresarial

marzo 11, 2026

La industria manufacturera argentina cerró 2024 con una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, según un informe elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese retroceso superó al registrado durante la pandemia de 2020 (−7,7%) y el de la crisis financiera internacional de 2009 (−7,3%), consolidando al bienio 2023-2024 como uno de los períodos más destructivos para el sector en su historia reciente. La caída industrial fue, además, 7,5 puntos porcentuales mayor a la de la economía nacional, que se contrajo 1,3% en el mismo período. Solo la construcción, con un desplome del 17,5%, exhibió un desempeño más grave.

En perspectiva histórica, en 2024 el nivel de actividad industrial se situó un 18,5% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2011 y, pese a una recuperación parcial posterior, todavía permanecía un 8,2% por encima del piso registrado durante la pandemia. El deterioro acumulado entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 equivale a una caída de 8 puntos porcentuales en el producto manufacturero, en un contexto en el que la economía argentina en su conjunto apenas creció un 1,3% en esos dos años.

El peso industrial cae al nivel más bajo en casi 90 años

El dato quizás más significativo del informe de la UBA es el referido a la participación de la industria en el Producto Interno Bruto. Ese indicador retrocedió del 16,5% registrado en 2023 al 13,7% en 2025, convirtiendo al sector manufacturero en el que mayor participación perdió dentro de toda la estructura económica. El documento señala que ese nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a hace casi 90 años. La magnitud de esa pérdida de relevancia estructural no tiene precedente en el período democrático reciente y plantea interrogantes de largo plazo sobre la capacidad del país para sostener un entramado productivo diversificado.

El informe identificó que 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025. Los más afectados, con pérdidas de entre el 20% y el 25%, fueron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción. Los sectores más resilientes resultaron ser la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte, aunque ninguno logró compensar la tendencia general de contracción.

100.000 empleos destruidos a razón de 160 por día

El impacto del deterioro industrial sobre el empleo se tradujo en la pérdida de 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, días antes de la asunción de Javier Milei, hasta 2025, lo que equivale a 160 empleos diarios. El informe de la UBA califica ese proceso como una «destrucción de empleo industrial» de carácter masivo, producida en paralelo a la contracción de la actividad y al aumento de la capacidad ociosa.

Este deterioro del mercado laboral fabril se inscribe en una dinámica más amplia que el propio documento caracteriza como «crisis industrial masiva», con consecuencias directas sobre la calidad del empleo, el nivel de ingresos de los trabajadores afectados y el tejido productivo regional de economías provinciales con fuerte dependencia manufacturera.

Capacidad ociosa y bienes de capital: señales de presión estructural

El promedio de uso de la capacidad instalada durante el período 2024-2025 se ubicó en el 58%, apenas dos puntos por encima del nivel de 2020 y uno por debajo del de 2019, configurando uno de los registros más bajos del último decenio. La evolución de ese indicador fue oscilante: cayó al 53% entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, repuntó al 63% en octubre de 2024, volvió a descender al 54% en marzo de 2025 y se recuperó hasta el 61% en septiembre del mismo año. En promedio, cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva instalada permanecieron sin uso a lo largo del período.

La situación de la industria de bienes de capital agrava ese cuadro. Entre 2023 y 2025, la producción local de bienes durables destinados al proceso productivo cayó casi un 25%, mientras que las importaciones de esos mismos bienes se dispararon un 77%. El informe también documenta un incremento exponencial en la importación de maquinaria agrícola usada a partir del Decreto 273/2025: entre mayo y octubre de 2025 el promedio mensual se multiplicó por ocho, con efectos negativos directos sobre los fabricantes nacionales del sector.

Una economía a dos velocidades: finanzas y minería versus manufactura

El informe de la UBA pone en evidencia una profunda heterogeneidad en el desempeño sectorial de la economía argentina bajo la gestión de Milei. Mientras la industria manufacturera se ubicaba entre los sectores más perjudicados, la intermediación financiera creció un 25%, casi veinte veces el incremento de la economía en su conjunto. Otros sectores que superaron por más de diez veces el promedio nacional fueron la minería, la hotelería y gastronomía, y el agro.

Esa asimetría refleja un modelo de crecimiento concentrado en sectores vinculados a recursos naturales y servicios financieros, en tanto el entramado manufacturero acumula pérdidas. El PBI industrial per cápita retrocedió 40 años y se ubica actualmente en niveles similares a los de 1985, según el mismo informe.

Primarización exportadora y retroceso de las manufacturas industriales

El deterioro estructural también se manifiesta en la composición de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial (MOI), que representaban el 35% del total exportado en 2011, cayeron al 28% en 2024, con una pérdida de más de 6.000 millones de dólares en valor exportado. Las exportaciones vinculadas al complejo agropecuario mostraron, en cambio, un rendimiento relativo más sólido, lo que el informe describe como una primarización de la canasta exportadora: el sector vende al exterior cada vez más alimentos y commodities y cada vez menos productos con contenido tecnológico y valor agregado.

No obstante, en 2025 comenzó una reversión parcial de esa tendencia. Hasta octubre, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) acumularon un incremento del 3,3% y las MOI del 6,3% respecto del año anterior, aunque sin alcanzar a compensar el deterioro acumulado en el período.

La recuperación que no se sostuvo

En el primer semestre de 2025, la industria manufacturera exhibió una recuperación del 6,1% respecto del mismo período de 2024. Sin embargo, el nivel de actividad seguía siendo un 10,2% inferior al observado en la primera mitad de 2023. A mediados de año, en un contexto de tensiones cambiarias y reservas declinantes, esa recuperación —que llevaba nueve meses— se interrumpió. En el tercer trimestre de 2025, la actividad industrial volvió a contraerse un 2,4% en términos interanuales, retomando la dinámica negativa del bienio anterior.

Desfinanciamiento público: recorte del 40% en el presupuesto industrial

El informe de la UBA señala que en el Presupuesto 2026 la industria sufrió un recorte del 40% en sus recursos y exenciones, mientras que el apoyo público se concentró en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases, orientado al gran capital extranjero en los sectores de energía, minería y siderurgia. Esa reorientación del gasto público es calificada en el informe como un «desfinanciamiento público del sector» que contribuye a explicar la divergencia de trayectorias entre la manufactura y otros sectores de la economía.

El conflicto abierto entre el gobierno y el sector industrial

Sobre ese trasfondo de datos adversos para la manufactura se desarrolló, en paralelo, una confrontación pública de inusual intensidad entre el presidente Milei y referentes del empresariado industrial. Las descalificaciones comenzaron en el país con los apodos que el mandatario dirigió al titular de Techint, Paolo Rocca, a quien llamó «Don Chatarrín de los caños caros», y al titular de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, denominado «Gomita». La tensión se acentuó en el discurso de apertura de sesiones del Congreso, donde Milei defendió la apertura de importaciones y cuestionó lo que llamó el «fetiche industrialista».

La disputa alcanzó su expresión más explícita durante la Argentina Week celebrada en Nueva York, donde el presidente expuso ante inversores internacionales en la sede del JP Morgan. Allí acusó a Rocca y a Madanes Quintanilla de haber actuado «en connivencia con políticos ladrones» y los caracterizó como «empresarios prebendarios» que se habrían beneficiado durante años de protecciones estatales. Sobre Madanes en particular, denunció que el empresario habría condicionado el mantenimiento de las protecciones a Aluar amenazando con despedir a 920 trabajadores en vísperas del tratamiento de la reforma laboral. «Nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños», afirmó.

Frente a las lecturas que interpretaron su postura como antiempresarial, Milei rechazó esa caracterización: «Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal». La UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) respondieron reclamando «respeto» y «diálogo constructivo», en medio de advertencias sobre la crisis del sector y la caída del empleo.

El argumento oficial: apertura comercial y beneficio al consumidor

Milei fundamenta su postura en una crítica al proteccionismo arancelario. En Nueva York argumentó que las barreras que encarecen productos importados —ilustrado con el ejemplo de neumáticos que cuestan 100 dólares en el mercado internacional pero se venden a 400 bajo protección— representan un costo que recae sobre el conjunto de los consumidores para beneficiar a productores específicos. Según su razonamiento, eliminar esas barreras libera recursos que los consumidores redirigen hacia otros sectores de la economía. Enunció lo que denominó el «principio de revelación» para concluir que quienes defienden la industria nacional son, en su visión, agentes de un sistema corrupto, y vinculó esa dinámica también con el kirchnerismo, al afirmar que «los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo insultaban porque lo odiaran, sino porque estaban negociando la coima».

Las proyecciones del presidente y el factor político

En el plano macroeconómico, Milei proyectó ante los inversores reunidos en Nueva York que, si el riesgo país se mantiene en torno a los 550 puntos básicos, la economía podría crecer entre el 4% y el 5% anual. Si ese indicador se redujera a 220 puntos, el crecimiento podría alcanzar entre el 7% y el 8%, lo que —según afirmó— permitiría duplicar el PBI en nueve o diez años. El presidente situó como principal obstáculo para esa reducción del riesgo lo que denominó el «riesgo kuka», en referencia al eventual retorno del kirchnerismo al poder, factor que según dijo sigue incidiendo en el costo del financiamiento internacional para la Argentina más allá de 2027. «Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo», afirmó.

El contraste entre esas proyecciones optimistas y los datos documentados por la UBA sobre el sector manufacturero —100.000 empleos perdidos, capacidad ociosa al 40%, exportaciones industriales de mayor valor agregado caídas al 28% del total y un peso en el PIB que no se registraba desde antes de la Segunda Guerra Mundial— define el núcleo del debate económico que atraviesa a la Argentina a dos años del inicio de la gestión libertaria.

Concesionaria de la Carretera Central demanda a Perú en Washington para ejecutar laudo de US$ 99,4 millones por incumplimientos del Estado

marzo 11, 2026

Deviandes demanda ante tribunal federal de Washington el reconocimiento del fallo del CIADI tras incumplimientos del Estado en el peaje de Ticlio; el país acumula una cadena de arbitrajes internacionales impagos que amenazan sus activos en el exterior

La empresa colombiana Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), concesionaria del tramo de la Carretera Central que conecta Lima con el centro de Perú en el marco del proyecto IIRSA Centro, presentó el 3 de marzo de 2026 una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, para obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral de US$ 99,4 millones emitido en noviembre de 2024 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La acción quedó registrada bajo el expediente 1:26-cv-00745 y se produce ante el incumplimiento del Estado peruano en el pago de la suma reconocida por el tribunal arbitral internacional.

El origen del conflicto: protestas, peajes bloqueados e incumplimientos contractuales

El laudo del CIADI tiene su origen en una serie de eventos ocurridos a partir de 2018, cuando la instalación de la garita de peaje en Ticlio —ubicada a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, el punto de mayor altitud de la vía— desencadenó protestas de transportistas de carga que transitaban el corredor. Los manifestantes bloquearon la carretera y exigieron al gobierno de entonces la anulación del contrato de concesión, al que calificaban de abusivo.

El tribunal arbitral determinó que el Estado peruano incurrió en graves incumplimientos contractuales al no adoptar las medidas suficientes para restablecer el orden social frente a esas protestas, lo que impidió la apertura efectiva del peaje de Ticlio. A ello se sumaron dos infracciones adicionales: la omisión del procedimiento formal para la aceptación de obras terminadas y la imposibilidad resultante para Deviandes de operar la estación de peaje y recaudar los ingresos previstos en el contrato. El fallo concluyó que estos hechos constituyeron violaciones tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía suscritos por el Estado peruano, y fijó en US$ 99,4 millones el monto de los daños y perjuicios derivados de esa situación.

La estrategia judicial: de Washington al embargo de activos

La demanda ante la Corte del Distrito de Columbia persigue que la justicia estadounidense reconozca el laudo del CIADI y autorice su ejecución en territorio norteamericano. Deviandes advirtió que, de persistir el incumplimiento del pago por parte del Estado peruano, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución forzosa contra activos e cuentas del país en el exterior, incluidos embargos. La empresa señaló que este proceso se ampara en los mecanismos internacionales previstos para la ejecución de laudos arbitrales contra Estados soberanos cuando las resoluciones no se cumplen de manera voluntaria.

El Ministerio de Finanzas del Perú, organismo que ha representado al país en este tipo de disputas, no respondió a las solicitudes de comentarios formuladas por los medios de prensa al momento de publicarse la información.

El precedente Kuntur Wasi y una cadena de arbitrajes que se acumula

La acción de Deviandes no es un hecho aislado. La empresa recordó explícitamente el caso Kuntur Wasi, conglomerado de construcción de aeropuertos que logró el cobro de US$ 91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor en diciembre de 2024. En aquel proceso, la falta de pago del laudo derivó en una declaración de default del Estado peruano ante esa misma corte.

Siguiendo una lógica similar, la minera canadiense Lupaka Gold Corp. también presentó recientemente una demanda para hacer ejecutar un laudo arbitral de US$ 69 millones contra Perú, alegando igualmente que el gobierno no actuó para detener las protestas que paralizaron sus operaciones en el país. Tanto Deviandes como Lupaka parecen seguir el mismo camino trazado por Kuntur Wasi, buscando la vía judicial en Estados Unidos como mecanismo de presión y cobro efectivo frente a la inacción del Estado peruano.

La disputa con Brookfield y la magnitud de la exposición fiscal peruana

El cuadro de vulnerabilidad arbitral del Perú se amplía aún más con la disputa que mantiene con Brookfield Asset Management, gestora de activos canadiense que reclama US$ 2.700 millones alegando que la Municipalidad de Lima expropió indebidamente una red de autopistas de peaje que administraba bajo régimen de concesión. Ese caso sigue pendiente de resolución, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido arbitrajes relacionados con el mismo asunto por un total acumulado de aproximadamente US$ 200 millones.

La suma de los laudos en disputa y los procesos activos configura una exposición fiscal de magnitud considerable para el Estado peruano. La reiteración de fallos adversos en instancias internacionales, combinada con la incapacidad o reticencia del gobierno para honrar los pagos ordenados, empieza a delinear un patrón que deteriora la imagen del país como destino de inversión en infraestructura concesionada y eleva el riesgo de que activos soberanos en el exterior queden sujetos a medidas cautelares o embargos decretados por tribunales extranjeros.

Infraestructura regional en el centro de la controversia

Más allá de la dimensión financiera y jurídica, el caso pone en evidencia las tensiones estructurales que rodean la gestión de infraestructura concesionada en Perú. El tramo operado por Deviandes constituye un eje estratégico para la integración regional, al articular Lima con el interior del país a través de uno de los corredores de mayor tráfico de carga. La imposibilidad de operar el peaje de Ticlio durante años no solo generó el daño económico cuantificado por el CIADI, sino que también planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas de operación a los concesionarios privados que participan en proyectos de infraestructura pública.

El proceso judicial continuará su curso en la Corte del Distrito de Columbia, donde se definirá la ejecución forzosa del laudo y la posible adopción de medidas sobre activos estatales peruanos en el extranjero, en caso de que el gobierno persista en el incumplimiento del pago de los US$ 99,4 millones ordenados por el tribunal arbitral internacional.

Itaipú superó metas de generación en el primer bimestre de 2026 y la ANDE avanza en minería estatal de bitcoin con equipos confiscados

marzo 11, 2026

La Central Hidroeléctrica Itaipú cerró el primer bimestre de 2026 con resultados que consolidan su posición como pilar de la matriz energética regional. Durante enero y febrero, la entidad binacional entregó a Paraguay, a través de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), un total de 5.095 GWh de energía eléctrica, lo que representa un incremento del 13,2% frente a los 4.498 GWh suministrados en el mismo periodo de 2025.

Solo en febrero, la generación total de la central alcanzó los 5.791 GWh. De ese volumen, el sistema de 50 Hz produjo 3.030 GWh, de los cuales 2.476 GWh fueron entregados directamente a la ANDE para su distribución en territorio nacional. El acumulado de los dos primeros meses del año, 12.306 GWh, equivale a la energía necesaria para abastecer la demanda eléctrica completa del país durante aproximadamente cinco meses.

Disponibilidad técnica por encima de la meta empresarial

Uno de los indicadores más relevantes del informe mensual emitido por la Dirección Técnica de la Margen Derecha es el índice de disponibilidad de las unidades generadoras, que en febrero se ubicó en 96,18%, superando en 2,18 puntos porcentuales la meta empresarial fijada en 94%. Este desempeño refleja la eficiencia operativa del personal técnico y la coordinación entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil, que optimizan el uso de los recursos para cubrir la demanda del sistema interconectado. Desde su puesta en operación en 1984, Itaipú Binacional acumula una producción histórica que supera los 3.136.985 GWh.

Consumo nacional sube 13,1% en el bimestre

En paralelo, la ANDE reportó que la demanda eléctrica nacional registró un crecimiento del 13,1% durante enero y febrero de 2026 en relación con el mismo período del año anterior, consolidando la tendencia ascendente observada desde el inicio del ejercicio. En enero, la demanda ya había crecido un 13,3% interanual, impulsada por las altas temperaturas estacionales y la actividad de los sectores comercial e industrial.

Solo en febrero, el consumo nacional totalizó 3.087.119 MWh, con un alza del 12,9% respecto a febrero de 2025. Para cubrir esa demanda, el sistema eléctrico dependió principalmente de las binacionales y la producción local: Itaipú aportó 2.476.926 MWh; Yacyretá, 533.159 MWh; la Central Acaray, 78.025 MWh; y la Planta Fotovoltaica Puerto Esperanza, 8,5 MWh.

La contribución de esta última, aunque reducida en volumen comparada con las hidroeléctricas, mantiene presencia constante en los reportes mensuales —10 MWh en enero y 8,5 MWh en febrero— y se inscribe en el proceso gradual de diversificación de la matriz energética. Cabe recordar que el 26 de enero se alcanzó el récord histórico de demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con un pico de 5.752 MW, cifra que superó en 816 MW el registro de igual mes de 2025.

La ANDE avanza hacia la minería estatal de bitcoin

En un movimiento sin precedentes en América del Sur, Paraguay se encamina a convertirse en el primer país de la región en operar una estructura de minería de bitcoin bajo gestión estatal. La iniciativa, liderada por la ANDE, consiste en reutilizar unas 30.000 unidades de procesamiento decomisadas en operativos contra granjas clandestinas que operaban de manera ilegal o mediante el robo de energía eléctrica.

Para ello, la estatal suscribió un memorando de entendimiento (MOU) con la firma de infraestructura Morphware, con el objetivo de dar destino productivo a los equipos que se encontraban inactivos en depósitos gubernamentales. La estrategia se apoya en la ventaja competitiva más consolidada del país: la abundancia de energía hidroeléctrica económica proveniente de Itaipú, cuyos excedentes han sido históricamente exportados a precios reducidos.

Un piloto de 1.500 unidades como punto de partida

El programa contempla una fase inicial con la instalación de 1.500 unidades en sitios controlados por la ANDE, próximos a subestaciones eléctricas. La infraestructura requerirá la adecuación de edificios con sistemas de ventilación, transformadores y equipos de medición de alta precisión. La ANDE mantendrá la propiedad y fiscalización de las plantas, mientras que Morphware aportará asesoría técnica y capacitación del personal.

Kenso Trabing, CEO de Morphware, calificó el acuerdo como una oportunidad transformadora para el país, señalando que el despliegue de equipos en sitios regulados convierte un problema de seguridad —el robo de energía por mineros ilegales— en un motor de ingresos genuinos. «La electricidad no utilizada se transforma en un ingreso para Paraguay, sirviendo tanto a la red de bitcoin como a la economía global de inteligencia artificial», afirmó el ejecutivo. El éxito del piloto podría abrir la puerta a expansiones futuras financiadas mediante productos vinculados a la producción de bitcoin o aplicaciones de inteligencia artificial.

El debate sobre el destino de los activos digitales

Si bien los plazos exactos para el inicio de las operaciones aún no han sido definidos, el debate al interior del gobierno paraguayo se centra en el manejo de los beneficios generados. Las opciones que se evalúan son dos: la venta directa de los bitcoins minados para financiar gastos públicos, o la constitución de una reserva estratégica que permita diversificar las reservas nacionales y mitigar riesgos financieros. La resolución de este punto definirá en buena medida el alcance y la sostenibilidad del modelo en el largo plazo.

Quiebras en Japón marcan récord histórico por costos laborales, escasez de mano de obra y presión inflacionaria

marzo 10, 2026

El tejido productivo japonés atraviesa su peor momento en más de una década. En febrero de 2025, el número de quiebras corporativas con pasivos de al menos 10 millones de yenes (unos 63.000 dólares) alcanzó las 851 incidencias, según datos publicados el 9 de marzo por Tokyo Shoko Research. Es la primera vez desde febrero de 2013 —cuando se registraron 916 casos— que la cifra mensual supera las 800 quiebras, y representa un incremento interanual del 11,3%, encadenando así tres meses consecutivos de crecimiento.

El sector servicios fue el más golpeado, con un aumento del 30,9% hasta los 309 casos. La construcción y el transporte también acusaron incrementos respecto al mismo período del año anterior, consolidando una tendencia que no distingue entre industrias. La causa principal: las malas ventas, que aparecen como detonante en 625 de los 851 expedientes, equivalente al 73,4% del total. A este factor se suman los efectos de una economía que opera con escasez estructural de fuerza laboral, cuyos costos han dejado de ser asumibles para una parte significativa del empresariado japonés.

La escasez de mano de obra se impone como causa sistémica

Lo que hasta hace poco era una variable secundaria en los balances empresariales se ha convertido en un factor de quiebra por derecho propio. En febrero, 47 empresas declararon la bancarrota citando directamente la escasez de mano de obra —por aumento de costos laborales, jubilaciones u otros factores—, una cifra que representa aproximadamente 2,4 veces las 19 reportadas un año antes. En enero, 19 empresas habían atribuido su cierre al alza de costos salariales, triplicando el registro del año anterior, mientras que 36 adicionales mencionaron la escasez de personal, marcando el primer repunte en ocho meses.

Los datos de Teikoku Databank confirman que esta dinámica es estructural y no coyuntural. En 2025, las quiebras provocadas exclusivamente por la escasez de mano de obra alcanzaron las 427 incidencias a nivel nacional, superando por primera vez la barrera de los 400 casos anuales y marcando el tercer año consecutivo de récords. El incremento fue del 24,9% respecto al año anterior. La construcción registró 113 quiebras por este motivo —sobrepasando el centenar por primera vez en la historia—, mientras que la logística acumuló 52 cierres, agravados por las restricciones a las horas extras vigentes desde abril de 2024. Sectores intensivos en mano de obra como el cuidado de personas mayores, la seguridad y la industria de la belleza también mostraron deterioro sostenido.

El impacto recae de manera desproporcionada sobre las empresas más pequeñas. El 77% de las quiebras totales corresponden a microempresas con menos de diez empleados, estructuras donde la salida de un único trabajador puede desencadenar el cese definitivo de actividades. Asimismo, casi el 80% de los casos del mes de febrero registraron pasivos inferiores a los 100 millones de yenes, lo que evidencia que son las pequeñas y microempresas las que absorben el mayor impacto de la crisis.

Salarios al alza, pero insuficientes frente a la inflación

El aumento salarial negociado en el marco del Shunto de 2025 —las rondas anuales de negociación colectiva— alcanzó el 5,52% en las grandes empresas, un nivel históricamente elevado que se espera se mantenga en 2026 ante la persistencia inflacionaria. Sin embargo, esta dinámica genera una paradoja letal para el segmento empresarial más vulnerable: las pequeñas empresas que no puedan igualar esos incrementos enfrentan el riesgo de perder a su plantilla ante competidores con mayor músculo financiero, lo que Tokyo Shoko Research denomina quiebras por «incapacidad de pago».

La presión sobre los salarios reales complica aún más el cuadro. En diciembre, los salarios reales cayeron un 0,1% interanual, una contracción sensiblemente menor a la caída del 1,6% registrada en noviembre, gracias a la moderación de la inflación y al repunte de las bonificaciones. Yoshiki Shinke, economista principal del Dai-ichi Life Research Institute, estima que los salarios reales podrían registrar variaciones positivas en enero y mantenerse en terreno positivo al menos hasta marzo. No obstante, advierte que la debilidad del yen representa un riesgo latente: si la moneda se deprecia nuevamente, las empresas podrían trasladar los costos al consumidor, reavivando la inflación y empujando otra vez los salarios reales hacia terreno negativo a partir de abril.

La inflación subyacente en Japón supera el objetivo del 2% del banco central desde hace casi cuatro años, sostenida por el traslado sistemático del encarecimiento de materias primas a los precios finales. Aunque los analistas anticipan cierta moderación en los próximos meses por efecto base y por los subsidios a los combustibles implementados desde febrero, el escenario de fondo permanece frágil.

El Banco de Japón ante la disyuntiva de los tipos de interés

La trayectoria de los salarios reales es determinante para la política monetaria del Banco de Japón. Tras elevar las tasas de interés hasta el 0,75% en diciembre —su nivel más alto en treinta años—, el gobernador Kazuo Ueda ha condicionado nuevas subidas a la convicción de que la inflación subyacente se estabilice de forma sostenible en torno al 2%. La paradoja que enfrenta la institución es de envergadura: una política monetaria más restrictiva podría ahogar aún más a las empresas endeudadas, mientras que mantener tasas bajas alimenta la depreciación del yen y, con ello, la presión inflacionaria importada.

El gobierno, por su parte, ha intentado responder a la crisis con medidas fiscales. La reforma aprobada contempla elevar el umbral de ingresos exentos de impuestos para cónyuges de 1,03 a 1,60 millones de yenes en 2025, con una proyección de 1,78 millones de yenes para 2026, con el objetivo de incentivar a los trabajadores a tiempo parcial a ampliar su jornada laboral sin incurrir en penalizaciones tributarias. La medida busca aliviar la escasez de oferta laboral, aunque su impacto real sobre las quiebras de microempresas sigue siendo incierto.

Un país partido entre grandes corporaciones y pequeños negocios

La dimensión política del fenómeno es insoslayable. La primera ministra Sanae Takaichi, quien obtuvo una victoria contundente en las elecciones generales del domingo, ha comprometido apoyo específico a las pequeñas empresas que enfrentan dificultades para absorber el alza salarial, integrando este objetivo en su agenda de reactivación de las remuneraciones. La promesa refleja la presión electoral que genera un problema que afecta al corazón del tejido productivo japonés.

Una encuesta sobre las perspectivas económicas para 2026 revela la magnitud de la preocupación: el 44,5% de las compañías identificó la falta de personal como su mayor amenaza, y el 37% señaló que resolver este déficit es la política económica más urgente para la recuperación del país. La escasez de mano de obra ha dejado de ser un problema operativo puntual para consolidarse como el segundo obstáculo más importante para el crecimiento económico nacional, según los propios directivos empresariales.

A ello se suma el deterioro de las condiciones externas. Tokyo Shoko Research advierte que la escalada de tensiones militares en Oriente Medio está impulsando los precios del petróleo al alza, lo que elevará los costos energéticos de las empresas y añadirá presión adicional sobre negocios cuya rentabilidad ya se encuentra en niveles críticos. La brecha entre las grandes corporaciones, con capacidad para absorber costos crecientes y ofrecer salarios competitivos, y los pequeños comercios locales, atrapados entre la inflación, la escasez de personal y la contracción de ventas, se ensancha a un ritmo que las políticas actuales no parecen poder contener.

La guerra de Medio Oriente sigue generando efectos en cadena en el mercado, suministros globales y la inflación mundial

marzo 10, 2026

El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenó una crisis económica de alcance planetario cuyas consecuencias se profundizan a medida que avanza el undécimo día de guerra. El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y del comercio de gas natural licuado, se encuentra prácticamente cerrado. Cerca de 2.000 buques comerciales, incluidos 178 petroleros, permanecen inmovilizados en el Golfo Pérsico desde el 5 de marzo, según el regulador del transporte marítimo de las Naciones Unidas, mientras unos 400 petroleros aguardan en las inmediaciones del estrecho sin poder cruzar. Solo dos buques con bandera iraní navegaban en la zona al cierre de esta edición, en el nivel de tráfico más bajo registrado desde el inicio del conflicto.

«La pesadilla que disuadía a Estados Unidos de atacar a Irán era el temor a que los iraníes cerraran el estrecho de Ormuz. Ahora estamos en ese escenario», afirmó Maurice Obstfeld, investigador del Peterson Institute for International Economics y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Simon Johnson, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, advirtió sobre la imposibilidad de compensar a corto plazo los 20 millones de barriles diarios que habitualmente atraviesan el estrecho: no existe capacidad excedente en otras regiones del mundo que pueda absorber esa pérdida. Se estima una pérdida de producción cercana a los 5 millones de barriles diarios como consecuencia directa del bloqueo y la reducción de capacidad operativa en los países del Golfo.

El petróleo escala y retrocede, pero la incertidumbre persiste

El cierre virtual de Ormuz precipitó una escalada de precios sin precedentes desde mediados de 2022. El petróleo Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril al inicio de la semana, partiendo de un precio previo al conflicto de aproximadamente 72 dólares, impulsado además por los recortes de producción implementados por Arabia Saudita y otros países exportadores. Las cotizaciones retrocedieron el martes tras declaraciones del presidente Donald Trump sugiriendo una pronta resolución del conflicto, reforzadas por una conversación entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, quien presentó propuestas para una solución inmediata. Los futuros del Brent descendieron 6,28 dólares, o un 6,3%, hasta 92,68 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó 6,19 dólares, o un 6,5%, hasta 88,58 dólares. Ambos contratos llegaron a retroceder hasta un 11% antes de recortar algunas pérdidas.

En una entrevista con CBS News, Trump afirmó que «la guerra está prácticamente terminada» y describió la ofensiva como una «excursión de corto plazo», aunque condicionó su fin a la derrota «total y decisiva» del adversario. Sus declaraciones impulsaron una recuperación en los mercados asiáticos: el índice Nikkei 225 de Japón avanzó un 2,9%, cerrando en 54.248,39 puntos. Sin embargo, el plazo real para resolver la crisis y restaurar el suministro de energía sigue siendo profundamente incierto, y los mercados financieros lo reflejan en la volatilidad de acciones, bonos y activos refugio como el dólar estadounidense.

El FMI alerta: inflación, deuda y resistencia limitada

En este contexto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó durante una conferencia celebrada en Tokio una advertencia que resume la gravedad del momento: «Piensen en lo impensable y prepárense para ello». La economista búlgara subrayó que el nuevo conflicto irrumpe cuando la economía global todavía carga con las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y el ciclo de encarecimiento del coste de la vida. «Cada choque que se suma al anterior, el mundo lo afronta en una posición más difícil», señaló. «Los shocks seguirán llegando», advirtió, recordando que incluso si este conflicto termina pronto, antes o después llegará una nueva perturbación.

El FMI estima que un aumento sostenido del 10% en los precios del petróleo podría elevar la inflación global en torno a 0,4 puntos porcentuales y reducir la producción económica mundial en un 0,2%. Pese a la gravedad del cuadro, el organismo mantiene por ahora sus proyecciones de crecimiento global en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027, aunque con la advertencia explícita de que la volatilidad geopolítica y energética continuará condicionando el escenario. El organismo está recopilando datos sobre el impacto del conflicto para publicarlos en las próximas Perspectivas de la Economía Mundial. Entre sus recomendaciones de política pública, Georgieva destacó la necesidad de reforzar instituciones económicas, preservar margen fiscal para emergencias y mantener capacidad de respuesta ágil. Para los bancos centrales, el mensaje fue igualmente exigente: mayor vigilancia y extrema precaución al desplegar estímulos, dada la carga de deuda acumulada en muchos países.

Cadenas de suministro al límite

El impacto del conflicto desborda con amplitud el mercado petrolero. Bloomberg Economics calcula que cerca del 7% de las exportaciones mundiales de fertilizantes, aproximadamente el 6% de los metales preciosos, el 5,3% del aluminio y sus productos, y el 4,4% del cemento y otros minerales no metálicos provienen de puertos del Golfo Pérsico y se encuentran en riesgo de interrupción. A ello se suma el encarecimiento del gas natural licuado, el combustible para aviones y otros bienes esenciales, con efectos directos sobre la producción industrial y los costos agrícolas. El Índice Global de Estrés de la Cadena de Suministro del Banco Mundial ya se encontraba en su nivel más alto desde la pandemia incluso antes de los ataques del 28 de febrero.

Las grandes navieras mundiales —MSC Mediterranean Shipping Co., A.P. Moller-Maersk y varias otras— han suspendido las reservas para rutas que conectan Asia con Oriente Medio y Europa. Las reservas diarias de cargueros con destino a puertos al este de Ormuz se desplomaron un 81% en apenas dos días, según datos de la firma Vizion. Cerca de 100 buques portacontenedores permanecen atrapados dentro del Golfo, incapaces de salir pese a la promesa de Trump de garantizar un paso seguro mediante convoyes de la armada. La congestión se irradia hacia el resto de Asia: el puerto indio de Nhava Sheva escaló al 64% de congestión el viernes desde apenas el 10% registrado el 1 de marzo, mientras que Singapur y Colombo ya superan el 40%.

Jan Rindbo, CEO de la naviera danesa D/S Norden A/S, uno de los mayores transportistas de materias primas del mundo, describió con precisión la lógica de la parálisis: «Estamos viendo que la gente da un paso atrás. Puede que no estén comprando tantas materias primas como lo harían en otras circunstancias, mientras esperan a ver cómo evoluciona la situación». Uno de sus buques, que acababa de descargar grano en Arabia Saudí, recibió una orden iraní para dar la vuelta cuando se disponía a abandonar el Golfo. «Cuanto más dure este conflicto, mayor será la preocupación por lo que significa para el mundo», añadió Rindbo. Las consecuencias alcanzan también la infraestructura digital: ataques con drones dañaron tres instalaciones operadas por Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, extendiendo el radio del conflicto más allá del comercio físico de mercancías.

Gobiernos en modo de emergencia

Los gobiernos de todo el mundo han comenzado a diseñar estrategias de contención con herramientas y alcances muy distintos. Corea del Sur evalúa limitar los precios del combustible. El Reino Unido explora medidas de apoyo a los hogares. Filipinas adoptó la semana laboral de cuatro días en las oficinas gubernamentales. India debate la implementación de mecanismos para compensar el alza de costos energéticos. Varios países consideran liberar reservas estratégicas de petróleo, aplicar topes de precios e instrumentar subsidios y alivio fiscal para empresas y agricultores.

En Estados Unidos, el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller advirtió que los consumidores enfrentarán un «sticker shock» por el alza en los precios de la gasolina, que subió a un promedio de 3,48 dólares por galón desde menos de 3 dólares antes del conflicto, el nivel más alto registrado bajo cualquiera de los mandatos de Trump como presidente. La advertencia coincidió con un informe del Departamento de Trabajo que reveló una caída inesperada en la creación de empleo durante febrero y un aumento de la tasa de desempleo, señales que apuntan a una fragilidad creciente del mercado laboral. La Reserva Federal enfrenta divisiones internas sobre si priorizar el control inflacionario o el sostenimiento del crecimiento. La administración Trump intentó aliviar las presiones autorizando a India a incrementar temporalmente sus compras de petróleo ruso, un giro de política que refleja la urgencia de encontrar fuentes alternativas de suministro. Los funcionarios del Banco Central Europeo indicaron que se mantienen vigilantes ante cualquier brote inflacionario.

Teherán endurece su posición y escala las represalias

La respuesta iraní al optimismo de Washington fue inmediata. La Guardia Revolucionaria, a través de su portavoz Ali Mohammad Naeini, rechazó la narrativa de Trump: «Nosotros decidiremos cuándo termina la guerra, no Estados Unidos». Naeini acusó al mandatario de atribuirse logros militares con «mentiras» y reiteró la amenaza de mantener bloqueado el tráfico de petroleros por Ormuz: «Ni un litro de petróleo saldrá de Oriente Próximo si continúan los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel».

El canciller iraní Abbas Araghchi, en declaraciones a la emisora estadounidense PBS Hour, negó que Irán haya «cerrado el estrecho» y atribuyó la situación a «la agresión israelí y estadounidense», lanzando una advertencia de fondo económico que resume la postura de Teherán: «Si pueden tolerar un precio de petróleo superior a 200 dólares por barril, continúen con este juego». Araghchi cerró además la puerta a reanudar negociaciones con Washington, calificando como una «experiencia muy amarga» el proceso diplomático de febrero, durante el cual, afirmó, se prometió a Irán que no habría ataques.

La noche del lunes fue la más intensa en bombardeos sobre Teherán desde el inicio del conflicto. Los ataques aéreos afectaron zonas densamente pobladas, interrumpieron el suministro eléctrico en gran parte de la capital y destruyeron cinco depósitos de petróleo que tres días después seguían ardiendo, liberando partículas tóxicas que han generado síntomas respiratorios entre la población: dolores de cabeza, dolor de cuello y dificultades para respirar. La Media Luna Roja iraní alertó sobre el riesgo de lluvia ácida con efectos sobre la piel y los pulmones y potencial cancerígeno a largo plazo. Paralelamente, Irán continuó sus represalias con el lanzamiento de misiles contra Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Baréin. La refinería estatal saudí Aramco advirtió que si el conflicto regional se prolonga tendrá «consecuencias catastróficas» para los mercados petroleros mundiales. Riad informó haber interceptado dos drones cerca de sus infraestructuras petroleras y un tercero en Al Kharj, en el centro del país.

Ganadores, perdedores y el peso desigual de la crisis

El impacto económico del conflicto no es simétrico. Los países importadores netos de energía —la mayor parte de Europa, Corea del Sur, Taiwán, Japón, India y China— cargan con el mayor peso del ajuste. El economista jefe de Capital Economics, Neil Shearing, señaló que Asia, la zona euro y el Reino Unido están más expuestos que Estados Unidos. Oxford Economics ya recortó su previsión de crecimiento para el Reino Unido en 2026, anticipando que el conflicto elevará la inflación y las facturas energéticas de los hogares británicos. Pakistán, que importa el 40% de su energía, se encuentra en una situación especialmente crítica ante su dependencia del gas natural licuado y el alza de precios. La interrupción de las exportaciones de fertilizantes agrava el riesgo de escasez alimentaria, particularmente en países de bajos ingresos, y amenaza con desestabilizar Estados frágiles.

En el otro extremo, los productores de petróleo ajenos al conflicto —Noruega, Rusia y Canadá, entre otros— se benefician de los precios elevados sin exposición directa a los riesgos bélicos. En Estados Unidos, aunque el país es exportador neto de energía, los hogares ya resienten el impacto en el costo de vida, con previsiones de que el alza de la gasolina llevará a muchas familias a reducir otros gastos.

La mayoría de los economistas coincide en que el impacto sobre el PIB mundial será por ahora modesto y desigual, pero ese cálculo es sensible al tiempo: cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será el daño acumulado. Shearing apuntó que si los precios del petróleo logran estabilizarse en el rango de 70 a 80 dólares por barril, la economía global podría absorber el impacto con menos disrupciones de lo previsto. Esa estabilización, sin embargo, depende de variables que escapan al control de los mercados: la duración real de los combates, la posición final de Teherán sobre el estrecho y la coherencia de la política arancelaria de Washington, que suma su propia cuota de incertidumbre a un escenario ya suficientemente complejo. «La economía mundial se ha mostrado notablemente resistente, choque tras choque», reconoció Georgieva, pero advirtió que esa resistencia tiene límites y que cada nueva crisis la somete a una prueba más exigente que la anterior.

Paraguay acoge la asamblea anual del BID con US$ 1.357 millones en cartera de financiamiento externo y foco en innovación, infraestructura y competitividad

marzo 10, 2026

El país se convierte esta semana en epicentro del debate económico regional al albergar las reuniones anuales del grupo multilateral, mientras gestiona una significativa agenda de préstamos orientados a infraestructura vial, energía, agua y productividad

El BID aprueba US$ 10 millones para innovación empresarial

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$ 10 millones destinado a fortalecer la capacidad innovadora de empresas y emprendedores paraguayos. La operación respaldará el Programa de Innovación Empresarial II (PROINNOVA II), cuya ejecución estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

El programa apunta a incrementar la inversión privada en innovación, impulsar emprendimientos de base tecnológica y promover la formación de talento especializado en gestión de innovación y transferencia tecnológica. En términos concretos, financiará proyectos de desarrollo tecnológico, la incorporación de gestores de innovación, el fortalecimiento de centros de servicios tecnológicos y recursos para que empresas jóvenes validen prototipos y modelos de negocio.

En materia de formación de capital humano, el programa contempla la capacitación de más de 600 profesionales del sector privado en áreas como gestión de la innovación, transferencia tecnológica, innovación verde, propiedad intelectual e innovación abierta. A esto se suma el desarrollo de capacidades en 500 funcionarios públicos. El préstamo fue estructurado con un plazo de amortización de 24,5 años, un período de gracia de seis años y una tasa de interés basada en SOFR.

La iniciativa está alineada con las prioridades nacionales de productividad, diversificación económica y desarrollo sostenible, así como con la Estrategia del Grupo BID con Paraguay para el período 2025-2029.

Una cartera de préstamos en gestión que supera los US$ 1.357 millones

Más allá de la aprobación del PROINNOVA II, Paraguay mantiene en agenda un conjunto de financiamientos externos de considerable magnitud. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cartera total de préstamos orientados a proyectos de inversión —entre contratos pendientes de aprobación legislativa y operaciones en gestión— alcanza US$ 1.357.392.114.

De ese total, US$ 454 millones se encuentran en etapa de tratamiento legislativo. El componente de mayor peso es una línea de crédito contingente no comprometida de liquidez con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por US$ 300 millones, actualmente en análisis en el Senado. Este instrumento busca reforzar la capacidad de respuesta del Tesoro ante posibles tensiones de liquidez en un entorno internacional todavía marcado por volatilidad financiera.

En la misma instancia legislativa se tramita el financiamiento del BID por US$ 154 millones para el saneamiento de la Cuenca del Lago Ypacaraí, una intervención con implicancias ambientales, turísticas e inmobiliarias de alcance regional.

Infraestructura vial como eje de la cartera en gestión

Los préstamos en gestión suman US$ 903.392.114 y revelan una concentración significativa en infraestructura vial, energía, agua y competitividad productiva. Entre los contratos ya suscritos figura el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, financiado por el BID por US$ 75 millones, orientado a reducir costos logísticos en zonas productivas y facilitar el acceso a mercados.

Destaca asimismo el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) por US$ 234.392.114, destinado al mejoramiento y mantenimiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico en los departamentos de Ñeembucú y Misiones. La intervención abarca 154 kilómetros de corredor y mejoras en 25,37 kilómetros de travesías urbanas, con el objetivo de articular territorialmente regiones históricamente rezagadas.

Otro proyecto de envergadura estratégica es la pavimentación de la Ruta Nacional PY-15, tramo Cruce Centinela–Mariscal Estigarribia, en el Departamento de Boquerón, por US$ 200 millones. Esta obra integra el esquema del Corredor Bioceánico y resulta clave para la conectividad del Chaco paraguayo y la logística del comercio exterior.

Energía, agua y competitividad completan el esquema

En materia de agua y saneamiento, la CAF impulsa un programa por US$ 100 millones para cuatro ciudades intermedias de la Región Oriental, en su fase II. La ampliación de estos servicios incidiría en indicadores sociales y en la productividad urbana, generando condiciones más favorables para la inversión privada.

El frente energético concentra otra porción relevante de la cartera. Se gestionan operaciones por US$ 70 millones con el BID y US$ 70 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción de la Subestación Emboscada 500/220 kV y su interconexión a la red de 220 kV en Asunción y los departamentos de Central, Cordillera y Presidente Hayes. A esto se añaden US$ 25 millones del BID para la rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray, obras orientadas a fortalecer la red eléctrica y acompañar el crecimiento de la demanda industrial y urbana.

La cartera se completa con US$ 19 millones del BID para el Programa de Apoyo a la Inserción Internacional, Promoción y Facilitación Comercial, y US$ 100 millones del Banco Mundial, canalizados a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para el Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Agroforestal.

Paraguay como sede de las asambleas anuales del grupo BID

En este contexto, Paraguay se prepara para recibir uno de los encuentros económicos más relevantes de la región. Del 11 al 14 de marzo se llevarán a cabo la Sexagésima Sexta Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la Cuadragésima Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest en el Distrito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque. Según cifras preliminares de la organización, ya se han inscripto alrededor de 4.000 personas provenientes de los 48 países miembros, además de los principales inversionistas de la región y del mundo.

El eje central del encuentro desde la perspectiva del sector privado será el Foro Empresarial, programado para el jueves 12. El evento reunirá a líderes empresariales, inversionistas y autoridades económicas bajo el lema «Aprovechar las oportunidades, estimular el crecimiento», con el objetivo de analizar cómo la innovación, la inversión y las alianzas público-privadas pueden fortalecer la productividad regional. Las palabras de apertura estarán a cargo del presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn; el CEO de BID Invest, James Scriven; y el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos.

La agenda contempla paneles sobre inversión en innovación, infraestructura estratégica y agronegocios. El viernes 13, Nigel Clarke, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, presentará el discurso principal titulado «Minerales críticos y energía: impulsando el desarrollo económico». El encuentro también habilitará un espacio de networking que permitirá al sector privado paraguayo interactuar con empresarios y líderes de los 48 países miembros del Grupo BID.

La trampa de la renta media y el desafío de la ejecución

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, abordó en el marco de la visita la tensión entre los favorables indicadores macroeconómicos de Paraguay —que registró un crecimiento del 6% en 2024— y las dificultades que persisten en la vida cotidiana de la ciudadanía. El alto ejecutivo encuadró esta problemática en un fenómeno regional: la llamada «trampa de la renta media», que afecta a economías que han superado los umbrales de pobreza pero aún no consolidan niveles de ingreso elevados.

Para salir de esa trampa, Goldfajn señaló que se requieren tasas de crecimiento sostenidas durante varios años, lo cual a su vez exige remover los cuellos de botella que frenan la inversión: costos logísticos elevados, trabas regulatorias, debilidades institucionales y barreras a la entrada de capital. «Hay que conectar, hay que invertir en infraestructura y mirar cómo podemos combinar un sector público que pone las condiciones necesarias para el crecimiento y un sector privado que lo aprovecha y invierte más», afirmó.

El directivo también destacó que la apuesta del Grupo BID por Paraguay como sede de estas reuniones responde al alineamiento del país con una visión de desarrollo impulsada por el sector privado, lo que calificó como un eje principal de la estrategia del organismo. La cartera de financiamientos en gestión al cierre de febrero de 2026 refleja, en ese sentido, una estrategia orientada a infraestructura estratégica, energía, servicios básicos y competitividad productiva, cuyo éxito dependerá, en última instancia, de la eficiencia en la ejecución y la prudencia en la gestión fiscal.

Quiebra de Garbarino y colapso industrial en Argentina: 100.000 puestos perdidos bajo el gobierno de Milei

marzo 9, 2026

La Justicia decretó la liquidación de la histórica cadena de electrodomésticos tras el fracaso de cuatro años de intentos de rescate

La larga agonía de Garbarino llegó a su fin. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos fundada en 1951, poniendo punto final a uno de los procesos concursales más prolongados y emblemáticos del comercio minorista argentino. La resolución judicial ordena la liquidación de los activos de la empresa para hacer frente a una deuda que se acumuló durante años, y llega en un momento en que el tejido industrial y comercial del país atraviesa una de sus peores crisis en décadas.

La empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo, y tampoco prosperó la instancia de salvataje —conocida como cramdown— que habilitaba a terceros interesados a presentar propuestas para quedarse con la compañía. El único candidato inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una oferta formal de reestructuración. Sin inversores y sin consenso entre los acreedores, el tribunal no encontró alternativa y avanzó con la declaración de quiebra.

A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el juzgado, que deberá identificar y liquidar activos —entre ellos propiedades, mercadería, participaciones societarias y las marcas Garbarino y Compumundo— para conformar el fondo destinado al pago de los acreedores. Los proveedores, bancos y exempleados tendrán plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos. El fallo también dispuso la inhibición general de bienes de la sociedad, el cierre de sus cuentas bancarias y la prohibición de salida del país para los principales directivos hasta que se complete el informe general de la sindicatura.

De emblema del consumo masivo a cáscara vacía

Fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar en Argentina. En su época de mayor esplendor, contaba con más de 300 sucursales distribuidas en todo el país y empleaba a más de 5.000 trabajadores, consolidándose como uno de los nombres más reconocidos del comercio minorista nacional. La red de negocios del grupo incluía también la marca Compumundo, la financiera Fiden y la unidad de turismo Garbarino Viajes.

El deterioro fue paulatino pero sostenido. Ya en 2020, cuando el empresario Carlos Rosales —vinculado a la aseguradora Prof y al club San Lorenzo de Almagro— adquirió la empresa, esta acumulaba deudas por 4.000 millones de pesos con bancos acreedores y otros 7.000 millones con proveedores. La pandemia agravó la situación de forma brutal: las ventas cayeron hasta un 75% durante los meses más duros, lo que comprometió severamente el flujo de caja.

Los intentos de reactivación no prosperaron. En abril de 2021 fracasó el único intento formal de venta —presentado por Facundo Prado, presidente de Supercanal Arlink y CEO de Centrocard—, y en noviembre de ese año la empresa se presentó a concurso preventivo luego de emitir 1.800 telegramas de despido. Cuatro años después, cuando el expediente llegó a su tramo final, la compañía había reducido su operación a una escala casi simbólica: tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad, frente a los más de 200 locales y 4.500 empleados que llegó a tener en su apogeo.

La quiebra alcanza también a Tecnosur y Digital Fueguina, dos plantas de ensamblaje ubicadas en Tierra del Fuego que forman parte del holding y que actualmente permanecen completamente inactivas. Su liquidación representa uno de los mayores desafíos del proceso judicial dada su localización y la infraestructura tecnológica involucrada.

Una crisis que no es aislada: el sector industrial y comercial en derrumbe

La caída de Garbarino no constituye un episodio aislado, sino la expresión más visible de una crisis más profunda que sacude al sector industrial y comercial argentino desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. En los últimos meses, una sucesión de cierres, quiebras, concursos de acreedores y despidos masivos se extendió por ramas enteras de la economía, desde la industria alimentaria hasta el sector textil, pasando por la metalurgia y el comercio minorista.

En el universo de los electrodomésticos, el panorama es particularmente sombrío. En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores, atribuyendo la decisión a la caída de las ventas y a la competencia creciente de productos importados. La empresa Goldmund, responsable de la marca Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto y la metalúrgica Cramaco —que dejó de fabricar generadores y alternadores— también efectuaron despidos significativos en los últimos meses.

En el comercio minorista, la cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el incremento del endeudamiento. La cadena de supermercados La Anónima admitió públicamente que le está costando «ser rentable o tener buena relatividad», en palabras de su gerente general, Nicolás Braun, quien también señaló que corporaciones como Walmart y Carrefour «se fueron o se están yendo» del mercado argentino.

La crisis golpeó también a sectores históricamente sólidos de la industria nacional. La cervecera Quilmes redujo más del 50% de su planta de Zárate —inaugurada apenas en 2020—, pasando de 260 a 80 empleados. La empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que producía yogures y postres de la marca SanCor, fue declarada en quiebra y dejó sin trabajo a alrededor de 400 empleados en sus plantas de Lincoln, Buenos Aires, y Monte Cristo, Córdoba. El fabricante de neumáticos FATE —un emblema de la industria argentina— cerró su planta en San Fernando a mediados de febrero y despidió a 920 trabajadores, argumentando que la apertura indiscriminada de importaciones hizo insostenible su operación.

La lista continúa: Lácteos Verónica en Santa Fe, la empresa avícola Granja Tres Arroyos, la bodega Casa Montes en San Juan, los grupos textiles Dass en Misiones y Emilio Alal en Corrientes y Chaco, el fabricante de acero Acindar, el frigorífico San Roque y la distribuidora Beer Market cerraron o realizaron drásticas reducciones de personal, en lo que configura un proceso de desindustrialización de alcance nacional.

El impacto macroeconómico: una pérdida histórica de empleo y participación industrial

Los números que cuantifican este proceso son contundentes y preocupantes. Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), basado en datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), estimó que desde el tercer trimestre de 2023 hasta mediados de 2025 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día, o 5.000 puestos mensuales de manera sostenida.

El mismo estudio revela que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante la gestión de Milei y que la participación de la industria dentro del producto bruto interno se redujo del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025. Ese nivel es comparable al registrado antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso de casi noventa años que refleja la magnitud del proceso en curso. La capacidad instalada de las fábricas operó con un 40% de ociosidad, mientras las importaciones de bienes industriales desplazaron producción local en múltiples segmentos.

El trasfondo de este deterioro es una combinación de factores que se retroalimentan: la caída de los salarios reales, el desplome del poder adquisitivo de las jubilaciones, el endeudamiento de las familias y el aumento del desempleo forman un círculo vicioso que derrumba el consumo interno. Esa contracción de la demanda golpea directamente a la producción nacional, que además compite en condiciones desfavorables con una apertura de importaciones que el gobierno impulsó como parte de su programa económico. El ejecutivo, sin embargo, ha optado por minimizar públicamente la magnitud de este fenómeno, priorizando la narrativa del equilibrio fiscal y la baja de la inflación por sobre el reconocimiento del costo social del ajuste.

La quiebra de Garbarino es, en ese contexto, mucho más que el cierre de una empresa. Es el símbolo de una crisis industrial y comercial que el gobierno de Milei aún no ha reconocido en su verdadera dimensión.

La guerra en Medio Oriente paraliza el estrecho de Ormuz y desata el mayor shock petrolero en décadas

marzo 9, 2026

El Brent llega a 119,50 dólares, las bolsas asiáticas se hunden hasta 8% y el mundo enfrenta riesgos simultáneos de inflación acelerada y freno al crecimiento global

El conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero, escaló de forma dramática durante el fin de semana y desencadenó este lunes una de las sacudidas más violentas que han experimentado los mercados financieros internacionales en años. El precio del petróleo se disparó a niveles no vistos desde mediados de 2022 y los principales parqués asiáticos registraron desplomes que, en algunos casos, superaron el 8%. El epicentro de la crisis es el estrecho de Ormuz, la vía marítima más estratégica del planeta para el transporte de hidrocarburos, cuyo tráfico se encuentra prácticamente paralizado.

El petróleo, en niveles históricos

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) llegó a subir más de 30% durante las primeras operaciones de la jornada, rozando los 119,48 dólares, su cotización más elevada desde julio de 2022, antes de estabilizarse temporalmente alrededor de los 102 dólares. El contrato ya había acumulado un alza del 12% el viernes previo, lo que eleva el incremento semanal a casi 36% y el avance desde comienzos de año a más del 80%, configurando el mayor shock de precios del período.

El petróleo Brent, referencia internacional, siguió una trayectoria similar: trepó hasta los 119,50 dólares por barril, equivalente a un salto del 27,54% en la jornada, aunque luego retrocedió hacia los 105 dólares. En términos mensuales, el Brent acumula una suba superior al 53%, dado que toda la escalada asociada al conflicto se produjo dentro del mes de marzo. De sostenerse los niveles actuales hasta el cierre del mercado, se trataría del mayor incremento diario registrado en la historia del comercio de futuros de petróleo, mercado que opera desde la década de 1980.

Ormuz, el cuello de botella del mundo

Los temores de los inversores se concentran en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo angosto que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y por el que habitualmente transita cerca del 20% del petróleo consumido a nivel global. Según la firma de investigación energética Rystad Energy, aproximadamente 15 millones de barriles cruzan ese corredor cada día en condiciones normales.

Desde el inicio de las operaciones militares, varios petroleros fueron atacados con misiles y drones iraníes, lo que llevó a la mayoría de las compañías navieras a suspender temporalmente el tránsito por la zona. La consecuencia fue inmediata: países productores como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a reducir su producción ante la imposibilidad de exportar y el rápido llenado de sus depósitos de almacenamiento. Kuwait confirmó recortes en su producción sin precisar la escala, mientras que en Irak la caída productiva fue de alrededor del 70% en apenas unos pocos días.

El historiador energético Daniel Yergin advirtió que «estamos ante lo que es, con diferencia, la mayor perturbación en la historia mundial en términos de producción diaria de petróleo», y sostuvo que si la situación se prolonga durante semanas «repercutirá en toda la economía mundial». El diario The Wall Street Journal tituló el domingo que el tráfico a través del estrecho de Ormuz «se ha paralizado prácticamente, desatando la crisis energética más grave desde la década de 1970».

Una escalada militar que se extiende a la infraestructura energética

La intensificación del conflicto durante el fin de semana incluyó ataques israelíes contra instalaciones petroleras iraníes en las cercanías de Teherán: al menos cuatro depósitos de combustible y un centro de transferencia de petróleo fueron alcanzados, desatando grandes incendios e interrupciones en el suministro de la capital. Irán respondió con misiles y drones dirigidos contra posiciones israelíes y contra infraestructura energética en el Golfo, incluyendo intentos de atacar instalaciones petroleras y plantas de desalinización en países vecinos.

Ante ese panorama, el precio del Brent abrió el lunes con un salto inicial del 15% y continuó escalando hasta los 119 dólares, marcando un incremento del 29% en la jornada. El gas europeo también registró una suba del 17% en el día, que se suma a la revalorización del 67% de la semana anterior, colocando el precio por encima de los 62 euros por megavatio-hora. El combustible de aviación, el oro, la plata y las criptomonedas también mostraron movimientos pronunciados en un contexto de aversión generalizada al riesgo.

El derrumbe bursátil asiático y europeo

Las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas severas. El índice Kospi de Corea del Sur, que había registrado un rendimiento sólido este año impulsado por sus empresas tecnológicas, cedió más del 8%. El Nikkei japonés se desplomó un 7,6%, y la Bolsa de Taipéi retrocedió más del 5%. Caídas adicionales se registraron en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Wellington, aunque en los mercados chinos las bajas fueron más moderadas: el índice de Hong Kong perdió un 1,7% y el de Shanghái menos del 1%.

En Europa, las bolsas abrieron con desplomes abultados que se fueron atenuando durante la sesión. El Ibex 35 español inauguró la jornada con una caída del 3% —la mayor del continente— y a media sesión mantenía una corrección del 2%, situándose alrededor de los 16.700 puntos. La bolsa parisina perdió cerca de un 2%, también afectada por las empresas de lujo de fuerte peso en su índice, vulnerables a las disrupciones globales de suministro. El EuroStoxx 50 cedió un 2% y el Dax alemán un 1,8%.

El índice VIX, conocido como el «índice del miedo» de Wall Street, trepó un 36% solo durante esa jornada, superando los 32 puntos, su nivel más elevado desde la crisis arancelaria desatada por Donald Trump a comienzos de abril del año pasado. Los futuros de Wall Street anticipaban asimismo una destrucción significativa de riqueza bursátil.

Amenaza inflacionaria y freno al crecimiento

El encarecimiento del petróleo plantea un dilema severo para las economías desarrolladas. Según modelos de la firma Kobeissi, si los precios se mantienen en torno a los 120 dólares por barril durante tres meses, la inflación en Estados Unidos podría trepar hasta el 3,7%, su nivel más alto desde septiembre de 2023, lo que obligaría a la Reserva Federal —que cambia de presidente en mayo— a revertir el ciclo de recortes de tasas que venía implementando.

Goldman Sachs, en una nota dirigida a inversores, estimó que si los precios del crudo se ubican 10 dólares por encima de los niveles actuales durante tres meses, la inflación interanual del índice de precios al consumidor en Estados Unidos subiría del 2,4% registrado en enero al 3% hacia mayo. En términos prácticos, la gasolina en el mercado estadounidense ya costaba 46 centavos más por galón respecto de la semana anterior, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), mientras que el diésel se había encarecido 83 centavos.

JPMorgan advirtió en sus análisis que «cada aumento del 10% en los precios del petróleo debería traducirse en un incremento de 10 puntos básicos en la inflación general y un lastre de entre 15 y 20 puntos básicos en el crecimiento del PIB». Bruce Kasman, economista jefe de la misma entidad, señaló que en el corto plazo el precio del crudo podría aproximarse a los 120 dólares por barril antes de moderarse si el conflicto cede, pero advirtió que una solución política tardía mantendría la presión alcista sobre el Brent durante los próximos meses, con consecuencias directas sobre el crecimiento global y la inflación.

El informe de inflación del índice de precios al consumidor (CPI) que se publicará el miércoles aún no reflejará los efectos de este shock energético, dado que toda la escalada se produjo dentro de marzo. Eso significa que el impacto real en los datos oficiales solo comenzará a revelarse en las próximas publicaciones.

La respuesta del G7 y las reservas estratégicas

Los precios retrocedieron parcialmente durante la jornada tras trascender que los países del Grupo de los Siete (G7) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estudian una liberación coordinada de reservas estratégicas de emergencia. Los ministros de finanzas del G7 preparaban para ese mediodía una reunión de urgencia para analizar las consecuencias económicas del conflicto y discutir una eventual intervención conjunta.

Los trascendidos preliminares indicaban que se evaluaría liberar entre 300 y 400 millones de barriles, equivalente a entre el 25% y el 30% de las reservas estratégicas globales, que totalizan aproximadamente 1.200 millones de barriles. A modo de referencia, la liberación coordinada realizada durante la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022 fue de unos 240 millones de barriles, de los cuales aproximadamente la mitad fue aportada por Estados Unidos. Los analistas, sin embargo, advierten que históricamente estas intervenciones funcionan como un amortiguador temporal que reduce los precios entre 10 y 20 dólares, sin alterar de forma permanente el equilibrio entre oferta y demanda. Japón ya había liberado parte de sus propias reservas con carácter previo al anuncio grupal.

Trump minimiza el impacto y endurece su posición

El presidente Donald Trump descartó la preocupación por el encarecimiento del petróleo en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que calificó el alza del crudo como un «pequeño precio a pagar» frente al objetivo de eliminar la amenaza del programa nuclear iraní. El mandatario sostuvo que las cotizaciones caerán rápidamente una vez que esa amenaza sea neutralizada, y afirmó que «solo los tontos pensarían lo contrario».

En paralelo, Trump amenazó con arrasar Irán, no descartó el despliegue de tropas sobre el terreno y exigió «rendición absoluta». Irán, por su parte, desafió las advertencias del gobierno estadounidense al designar como nuevo líder al hijo del ayatola Alí Jamenei. La Casa Blanca también relajó la semana pasada algunas de las prohibiciones vigentes sobre el crudo ruso, lo que llevó a los mercados a especular con que más flexibilizaciones podrían seguir como parte de una eventual reconfiguración de alianzas energéticas.

Una crisis con potencial de reescribir el mapa geopolítico

El shock energético en curso es el más intenso registrado desde la crisis de la década de 1970 según múltiples analistas, y su duración determinará la magnitud del daño. La energía es un insumo transversal a la industria, el transporte y la producción de alimentos, por lo que un encarecimiento sostenido tiene efectos en cascada sobre el costo de vida, la rentabilidad empresarial y las decisiones de política monetaria en todo el mundo.

La situación es especialmente sensible en un año electoral en Estados Unidos, donde la inflación ya había sido uno de los principales factores de desgaste político en administraciones anteriores. Bajo la confluencia de aranceles que castigan el comercio, una escalada bélica que abre nuevos frentes y un dólar que se fortalece como activo refugio, el escenario que enfrentan las economías globales combina, en simultaneo, los riesgos de mayor inflación, desaceleración del crecimiento y endurecimiento de las condiciones financieras. Una combinación que los mercados llevan días tratando de cuantificar y que los gobiernos, hasta ahora, no han logrado detener.

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