Estados Unidos: Senado cifra en más de 40 millones de dólares el gasto en deportaciones a terceros países y denuncia ausencia de supervisión sobre los fondos

febrero 17, 2026

Un documento de 30 páginas publicado este viernes por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado expone con cifras concretas el coste real de la política de deportaciones a terceros países de la segunda Administración Trump. El informe, titulado ¿A qué costo? Dentro de los acuerdos de deportación secretos de la Administración Trump, es el primero de su tipo producido por el Congreso y calcula que el gasto total supera los 40 millones de dólares para el traslado de apenas unos 300 migrantes, a un coste medio de 130.000 dólares por persona, con casos extremos que alcanzan el millón de dólares por deportado.

El documento se basa en una revisión de los acuerdos firmados hasta enero de 2026, visitas del personal del comité a los países involucrados, y entrevistas con funcionarios estadounidenses en activo, representantes de gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos, deportados y abogados. Su autoría recae en la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango del comité, y está cofirmado por los senadores Chris Coons, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Jacky Rosen y Chris Van Hollen.

El desglose del gasto: cinco países, 32 millones de dólares y pagos sin auditoría

La práctica de deportar personas a países distintos al de su ciudadanía ya existía antes de esta administración, pero se aplicaba de forma esporádica y en casos muy concretos. Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, sin embargo, se ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático por ampliarla. Los primeros acuerdos se firmaron con Costa Rica y Panamá, aunque ambos países centroamericanos se retiraron tras un primer vuelo y no han vuelto a recibir migrantes de terceras nacionalidades desde entonces. El caso de mayor repercusión llegó poco después, cuando el Departamento de Seguridad Nacional trasladó a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, donde permanecieron cuatro meses. Los supuestos vínculos con la banda han sido refutados por familiares de los deportados y en litigios judiciales.

Cinco países concentran la mayor parte del gasto documentado: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Palau y Eswatini, que en conjunto recibieron más de 32 millones de dólares. Los fondos fueron transferidos directamente a los gobiernos extranjeros, sin pasar por socios externos de implementación, y el Departamento de Estado no emplea auditores independientes para verificar su uso. Según el informe, gran parte de esa financiación se entregó en pagos únicos, a menudo antes de que llegara ningún migrante.

El caso de Ruanda ilustra con claridad los desequilibrios del programa: el gobierno africano recibió 7,5 millones de dólares más aproximadamente 600.000 dólares en costes de vuelo para acoger únicamente a siete personas, lo que equivale a un gasto de alrededor de 1,1 millones de dólares por cada deportado. Palau recibió otros 7,5 millones de dólares pese a que el informe no documenta ningún vuelo de deportación ejecutado hacia ese país. El gobierno de la nación insular del Pacífico se encontró además con una fuerte oposición interna cuando se intentó presionarlo para que aceptara migrantes. El Salvador fue el destino con mayor número de deportados, con alrededor de 250 personas, y recibió una subvención de 4,76 millones de dólares destinada a cubrir los costes de detención en la prisión de Bukele. Guinea Ecuatorial, por su parte, cobró 7,5 millones de dólares a cambio de aceptar a 29 personas, una cifra que supera la ayuda exterior total que Estados Unidos había proporcionado a ese país en los ocho años anteriores. En total, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países distintos a El Salvador.

La administración también recurrió de forma habitual a aeronaves militares para los traslados, con un coste estimado de 32.000 dólares por hora de vuelo. El gasto total en transporte aéreo hacia terceros países superó los 7,2 millones de dólares hasta enero de 2026, aunque el informe advierte de que los costes reales probablemente sean superiores.

La justificación oficial y lo que revelan los propios funcionarios

La Casa Blanca ha defendido estos acuerdos argumentando que son necesarios para expulsar a inmigrantes que son, en palabras del Departamento de Seguridad Nacional recogidas en un comunicado de junio, «tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de vuelta». Sin embargo, el informe señala que esta justificación no se corresponde con la mayoría de los casos documentados. En numerosas ocasiones, los países de origen de los deportados sí estaban dispuestos a recibirlos, pero las restricciones legales vigentes en Estados Unidos impedían la deportación directa por temores fundados a la seguridad de esas personas. El paso previo por un tercer país actuaba, según el documento, como un mecanismo para sortear esas protecciones legales.

Los testimonios de funcionarios estadounidenses en activo recogidos en el informe apuntan en una dirección distinta a la narrativa oficial. Uno de ellos afirmó en privado ante el personal del comité que el programa fue concebido como una estrategia de intimidación destinada a presionar a los migrantes para que retiraran sus solicitudes de asilo. «Con países como Palau o Eswatini, la cuestión es que la administración puede amenazar a las personas con que, literalmente, serán abandonadas en medio de la nada. El objetivo es asustar a la gente», declaró esa fuente. La elección de destinos geográficamente remotos, sin ninguna vinculación con los países de origen de los deportados, respondería precisamente a esa lógica.

El fenómeno de la doble deportación y el regreso masivo a los países de origen

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la constatación de que más del 80% de los migrantes enviados a terceros países a los que Washington pagó para que los acogieran ya habían regresado a sus países de origen o estaban en proceso de hacerlo a partir de enero de 2026, en ocasiones también con cargo al erario estadounidense. Un funcionario en activo lo describió con estas palabras ante el comité: «La Administración Trump a veces paga al país para que acoja a personas, las traslada allí en avión y luego paga para llevarlas a su país de origen. No tiene sentido.»

Los casos concretos documentados refuerzan ese patrón. Un ciudadano mexicano fue transportado más de 8.000 millas hasta Sudán del Sur, con escala en una base militar estadounidense en Yibuti, a un coste estimado de 91.000 dólares por persona. Pocas semanas después fue devuelto a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no había sido informado de la deportación inicial. En otro caso, un ciudadano jamaicano con órdenes de deportación a Jamaica fue enviado a Eswatini por un coste estimado superior a los 181.000 dólares, pese a que las autoridades jamaicanas nunca se habían negado a recibirlo. Semanas más tarde, Estados Unidos volvió a sufragar su vuelo de regreso a la isla caribeña.

Socios con historial de corrupción y ausencia de supervisión

El informe también pone el foco en la naturaleza de los socios elegidos por la administración para este programa. Varios de los países beneficiarios tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos, lo que multiplica las dudas sobre el destino final de los fondos y las condiciones en que han permanecido los deportados. Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 172 de 182 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Sudán del Sur, con quien también se llegó a un acuerdo, figura como el segundo país más corrupto del mundo según ese mismo ranking.

El informe subraya que no existe ningún mecanismo claro y sistemático de supervisión para verificar cómo se han empleado los fondos transferidos ni si los gobiernos receptores han cumplido las garantías diplomáticas ofrecidas. La ausencia de auditorías externas y la modalidad de pago directo a ejecutivos extranjeros convierten la rendición de cuentas en una cuestión sin respuesta documentada. Además, la administración está buscando acuerdos similares con entre 70 y 80 países adicionales, según recoge el informe, lo que proyecta el alcance potencial del programa a una escala considerablemente mayor.

El coste diplomático y el debate que busca abrir el Congreso

Más allá del gasto fiscal, el informe advierte sobre las implicaciones para la política exterior estadounidense. Los senadores denuncian que la administración ha empleado la amenaza de aranceles, restricciones de visado o recortes en la ayuda como instrumentos de presión para que países reacios firmen estos acuerdos, subordinando así la agenda diplomática a los objetivos de la política migratoria. «La deportación se está utilizando como moneda de cambio. La diplomacia estadounidense se está llevando a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones discretas. […] En un momento en que la administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses comunes u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos», recoge el documento.

La senadora Shaheen fue directa en su valoración pública: «A través de sus acuerdos de deportación a terceros países, la Administración Trump está poniendo millones de dólares de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros, mientras hace la vista gorda ante los costes humanos y socava potencialmente nuestras relaciones diplomáticas. Para una administración que afirma estar luchando contra el fraude, el despilfarro y el abuso, esta política es el epítome de los tres.»

En el plano judicial, un juez federal ordenó el jueves a la administración Trump que comience a dar a los venezolanos deportados ilegalmente a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros la oportunidad de impugnar su expulsión, lo que incluye la posibilidad de traer a algunos de ellos de vuelta a Estados Unidos para procedimientos judiciales. Los senadores esperan que el informe abra un debate que, de ser necesario, pueda traducirse en nuevos procesos legales que obliguen a la administración a reconsiderar una política que, según sus cifras, ha costado más de 40 millones de dólares para mover a 300 personas, la gran mayoría de las cuales ha terminado regresando a donde empezó.

El guaraní acumula una apreciación del 18% frente al dólar en un año: de G. 7.990 a G. 6.500, con proyecciones del BCP de G. 7.000 para finales de 2026

febrero 17, 2026

En el transcurso de doce meses, el dólar cayó G. 1.490 en su cotización en Paraguay —de G. 7.990 a G. 6.500— en una tendencia marcada por factores externos e internos que ha transformado el panorama cambiario del país. Aunque la apreciación del guaraní abarata importaciones y beneficia a los consumidores, representa un desafío creciente para los sectores exportadores. El presidente de la Asociación de Casas de Cambio advierte que el comportamiento actual es atípico e impredecible, mientras que el Banco Central del Paraguay proyecta una recuperación gradual del dólar hacia G. 7.000 al cierre del año.

Una caída histórica: G. 1.490 menos en doce meses

La divisa estadounidense atraviesa en Paraguay su ciclo bajista más pronunciado de los últimos años. Al 13 de febrero de 2026, el tipo de cambio del dólar a la venta se ubicó en G. 6.550, frente a los G. 7.850 registrados en igual fecha de 2025, lo que representa una reducción nominal de G. 1.300 y una variación interanual negativa de aproximadamente 16,6%. Sin embargo, la caída es aún más acentuada si se compara con los niveles del mismo período de 2024: en ese entonces, el dólar efectivo llegaba a G. 7.990, lo que implica una diferencia de G. 1.490 —equivalente a una depreciación del 18%— en tan solo un año.

En la jornada del lunes, la moneda norteamericana cerró en G. 6.500 en la compra y G. 6.600 en la venta en las principales casas de cambio del país, mientras que el dólar interbancario se situó en G. 6.453. Respecto al jueves de la semana anterior, la cotización registró una baja de 20 puntos al pasar de G. 6.570 a G. 6.550, según los tableros de las casas de cambio. En lo que va de febrero, el dólar acumula una depreciación del 2% frente al guaraní, equivalente a entre G. 130 y G. 140 menos, tomando como referencia los G. 6.650 con los que cerró al inicio del año.

Un comportamiento atípico: la previsibilidad cambiaria que se perdió desde 2024

Para el presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, Gregorio Mayor, el dólar atraviesa una etapa de fuerte volatilidad sin precedentes recientes. El referente explicó que hasta hace año y medio o dos años, la cotización seguía patrones estacionales predecibles, con tendencias identificables según la época del año. Sin embargo, esa previsibilidad desapareció.

«El dólar hasta hace un año y medio, dos años atrás, tenía una tendencia por la cual podíamos predecir en qué época subía y en qué época bajaba. Pero desde el 2024, con factores externos y la política monetaria de Estados Unidos, la tendencia fue totalmente atípica y acíclica.»

Mayor atribuyó la actual tendencia a la baja a tensiones en los mercados internacionales y a las expectativas de posibles reducciones en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que reduce el atractivo de la inversión en dólares a nivel global. A pesar de ello, el referente descartó que la divisa pueda llegar a los niveles de G. 3.800 o G. 4.000 que se registraron en períodos anteriores, señalando que la tendencia descendente tiene límites.

Las proyecciones del BCP: el dólar en G. 7.000 para fin de año y G. 7.300 en 2027

Pese a la actual tendencia bajista, las expectativas del mercado anticipan una reversión gradual de la cotización. Según la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas del Banco Central del Paraguay (BCP), para febrero de 2026 la mediana de las proyecciones de los agentes económicos se situó en G. 6.676 por dólar. Sin embargo, las perspectivas para el cierre del año son sustancialmente más altas: los agentes estiman un tipo de cambio nominal de G. 7.000 para diciembre de 2026, y de G. 7.300 para el cierre de 2027.

Estas proyecciones sugieren que el mercado interpreta la actual apreciación del guaraní como un fenómeno temporal, influenciado por condiciones externas y estacionales, y prevé una corrección al alza del dólar en el mediano plazo. La tendencia actual, en coincidencia con el análisis del sector cambiario privado, estaría sujeta a la evolución de la política monetaria norteamericana y a las condiciones de los mercados financieros internacionales.

Ganadores y perdedores: consumidores favorecidos, exportadores bajo presión

La apreciación del guaraní frente al dólar genera efectos asimétricos sobre los distintos actores de la economía paraguaya. Para los consumidores, el fenómeno opera como un factor de abaratamiento de los bienes importados: celulares, productos electrónicos, ropa, perfumes y otros artículos sensibles al tipo de cambio tienden a reflejar gradualmente precios más bajos en el mercado interno, aunque esta transmisión no es inmediata.

Uno de los rubros que reflejó con mayor velocidad esta corrección fue el de los combustibles. Además de la tendencia descendente en los precios internacionales del petróleo, en Paraguay el abaratamiento recibió un impulso adicional por la apreciación de la moneda local. En el plano macroeconómico, la caída del tipo de cambio introduce una presión a la baja sobre algunos precios internos vinculados a bienes transables, lo que contribuye a moderar las presiones inflacionarias.

En la vereda opuesta se encuentran los sectores exportadores, que reciben menores ingresos en guaraníes por cada dólar generado en el exterior. Los rubros más afectados son el sector cárnico y los productos agrícolas, pilares fundamentales de las exportaciones paraguayas, cuyos márgenes en moneda local se comprimen a medida que el tipo de cambio retrocede.

El Índice de Confianza del Consumidor repunta a 55,34 puntos en enero de 2026

La dinámica cambiaria también se refleja en el estado de ánimo económico de los hogares paraguayos. En enero de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el BCP alcanzó 55,34 puntos, superando el umbral neutral de 50 puntos que distingue el optimismo del pesimismo. El indicador mejoró respecto al mes anterior, impulsado por el avance de todos sus subcomponentes: el Índice de Situación Económica (ISE) subió a 41,75 puntos —con un incremento de 2,66 puntos frente a diciembre— y el Índice de Expectativas Económicas (IEE) llegó a 68,92 puntos, 4,63 puntos por encima del registro previo.

El BCP atribuye este repunte a una combinación de factores. Por un lado, reconoce el efecto estacional típico de los primeros meses del año, vinculado al impacto rezagado del aguinaldo y a los patrones históricos del indicador, que entre noviembre, diciembre y enero suele evidenciar repuntes. Por otro lado, destaca el papel de la estabilidad del tipo de cambio y la reducción de las tasas de interés, que fomentan un entorno más favorable para el consumo al reducir los costos de financiamiento e impulsar las expectativas de gasto de los hogares.

Del pesimismo al optimismo: el cambio de ciclo desde noviembre de 2025

El recorrido del ICC durante 2025 traza con claridad el vínculo entre el tipo de cambio y la percepción económica de los hogares. Desde mediados del año pasado, cuando el dólar inició una trayectoria descendente más marcada, el indicador de confianza se encontraba en zona de pesimismo —por debajo de los 50 puntos— y permaneció en ese umbral hasta octubre. Recién en noviembre el BCP reportó que la confianza volvió a ubicarse en terreno de optimismo, en coincidencia con la aceleración de la caída del tipo de cambio.

Si bien en enero de 2026 el ICC se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes del año anterior, el dato evidencia una mejora sostenida respecto a los últimos meses de 2025, período en que las expectativas permanecieron deprimidas por la incertidumbre en torno a la cotización del dólar. Ahora, con la apreciación del guaraní cotizando en torno a G. 6.500, el BCP señala que en la medida en que la baja del tipo de cambio se traslade a menores precios en el mercado interno, el impacto positivo sobre el ICC del hogar —y en consecuencia sobre el indicador agregado— podría consolidarse.

Desde la banca matriz también se informó que el informe de Expectativas de Variables Económicas (EBE) presentará próximamente las proyecciones de los agentes respecto a tasas de interés, tipo de cambio e inflación, tres variables que inciden directamente en las decisiones de consumo futuro de los hogares paraguayos. La evolución de estas proyecciones será clave para determinar si el actual ciclo de optimismo tiene bases sólidas para consolidarse a lo largo de 2026.

China extiende el acceso sin visa a Reino Unido y Canadá, elevando a 79 los países beneficiados en su estrategia de apertura comercial y turística

febrero 16, 2026

La República Popular China amplió el lunes 16 de febrero de 2026 su política de exención de visado a los titulares de pasaportes ordinarios de Reino Unido y Canadá, medida que entró en vigor el martes 17 de febrero y que sitúa en 79 el número total de países con acceso sin visa al gigante asiático. La decisión, anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, permite a los ciudadanos de ambas naciones permanecer en territorio chino hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios culturales o tránsito, sin necesidad de tramitar un visado previo. La vigencia de la medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Un programa que se consolida como herramienta de apertura estratégica

La política de exención de visados no es nueva para China, pero su expansión acelerada en los últimos dos años refleja un giro deliberado en la estrategia de proyección exterior del país. Desde el levantamiento de las restrictivas medidas anticovid-19, Beijing ha apostado por la apertura migratoria como mecanismo para reactivar el turismo internacional, facilitar intercambios académicos y empresariales, y atraer inversión extranjera directa.

Los resultados han sido significativos: en 2025, la política atrajo a 30 millones de visitantes extranjeros, una cifra que ilustra la capacidad de tracción de este tipo de instrumentos cuando se aplican de forma sostenida. El programa abarca actualmente dos modalidades: acuerdos bilaterales de exención recíproca con 29 países y una política unilateral que concede acceso libre de visa a ciudadanos de 48 naciones, entre las cuales se incorporan ahora Reino Unido y Canadá.

Los beneficios prácticos de la medida no son menores. El proceso de solicitud de visado para China ha sido históricamente considerado como uno de los más exigentes entre las grandes potencias, con requisitos documentales extensos, tiempos de espera variables y costos asociados que desincentivaban tanto el turismo individual como los desplazamientos de corta duración por negocios. La eliminación de esa barrera administrativa representa, en términos prácticos, una reducción directa de los costos de transacción para empresas y viajeros de los países beneficiados.

La geografía del acceso: quién entra y en qué condiciones

Con la incorporación de Reino Unido y Canadá, son ya 47 los países y territorios que se benefician de la extensión completa de 30 días sin visado dentro del marco unilateral chino. La lista abarca una amplísima representación europea: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza, entre otros.

En América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay forman parte del programa, al igual que Japón, Corea del Sur y Australia en la región Asia-Pacífico. En el Golfo Pérsico, los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo —Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos— disfrutan también de esta facilidad.

Para el Sudeste Asiático existe una lógica diferenciada: Tailandia, Malasia, Brunei y Singapur cuentan con acuerdos recíprocos de exención, mientras que Indonesia accede a través de una visa de tránsito gratuita de 10 días vigente desde el 12 de junio de 2025. Esta misma modalidad de tránsito de 10 días aplica también para ciudadanos estadounidenses, siempre que dispongan de un billete de salida hacia un tercer país distinto del de procedencia, una condición que restringe considerablemente la utilidad práctica del beneficio.

El trasfondo diplomático: visitas de Estado y reposicionamiento geopolítico

La decisión de extender el acceso sin visa a Reino Unido y Canadá no puede leerse al margen de su contexto diplomático. Ambas medidas se produjeron tras visitas oficiales de sus respectivos primeros ministros a Beijing. Keir Starmer, primer ministro británico, visitó China entre el 28 y el 31 de enero de 2026, reuniéndose con el presidente Xi Jinping, durante cuya visita se anunció la política de exención, aunque sin precisar la fecha de entrada en vigor. En el caso canadiense, Mark Carney realizó su propia visita a Beijing en enero, en el transcurso de la cual Xi Jinping se comprometió públicamente con la extensión del beneficio a los ciudadanos canadienses.

Ambos líderes comparten un perfil similar: son mandatarios relativamente recientes que han heredado relaciones bilaterales deterioradas con China y que buscan reencauzarlas sobre bases más pragmáticas. El gesto migratorio de Beijing funciona en este contexto como una señal de voluntad política, un incentivo concreto y simbólicamente relevante para consolidar el acercamiento.

El acuerdo comercial con Canadá y la presión de Washington

Más allá de la exención de visados, la visita de Carney a Beijing generó compromisos comerciales de calado. Ambas partes acordaron que 49.000 vehículos eléctricos fabricados en China ingresarán anualmente a Canadá con un arancel preferencial del 6,1 por ciento. A cambio, Beijing se comprometió a reducir los aranceles sobre las exportaciones agrícolas canadienses, incluyendo el aceite de semilla de canola, del 85 por ciento al 15 por ciento, una rebaja arancelaria de notable magnitud que beneficiaría directamente al sector agropecuario canadiense.

Este acercamiento generó una reacción inmediata de la administración de Donald Trump, que advirtió públicamente a Ottawa que podría imponer aranceles de hasta el 100 por ciento sobre productos canadienses si Canadá formalizaba un tratado comercial con China. Ante la presión, Carney fue explícito en señalar que la relación con Estados Unidos seguía siendo prioritaria para Canadá, aunque sin renunciar al vínculo con Beijing. La tensión ilustra con nitidez el dilema geopolítico en el que se mueven varios aliados occidentales: la necesidad de diversificar socios comerciales frente a la dependencia del mercado estadounidense, en un momento en que la política arancelaria de Washington genera incertidumbre creciente.

El caso británico: aranceles de Trump como telón de fondo

En el caso del Reino Unido, Washington no formuló advertencias explícitas similares a las dirigidas a Ottawa, pero el contexto no es menos relevante. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, la administración republicana incluyó a Reino Unido en el grupo de países sujetos a nuevos aranceles, particularmente en sectores sensibles como la industria automotriz y la producción de acero y aluminio. Esta presión sobre las exportaciones británicas pudo haber reforzado la disposición del gobierno de Starmer a diversificar sus vínculos comerciales y explorar nuevas vías de acceso al mercado chino, uno de los mayores del mundo.

La coincidencia entre las visitas de ambos líderes a Beijing y la posterior extensión del beneficio migratorio sugiere que China ha convertido la política de visados en un instrumento de diplomacia económica activa, utilizando la facilidad de acceso como palanca de negociación y como señal de apertura selectiva hacia interlocutores con los que busca estrechar lazos.

Vigencia, precedentes y escenario geopolítico

La política sin visa vigente para la mayoría de los países tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026, lo que introduce un elemento de incertidumbre sobre su continuidad. Sin embargo, los antecedentes son alentadores: en ocasiones anteriores, Beijing ha prorrogado estos programas una vez vencidos, lo que sugiere que la lógica que los sustenta —estimular el turismo, facilitar los negocios y proyectar una imagen de apertura— prevalece sobre consideraciones de reciprocidad estricta o de control migratorio.

La expansión del programa a 79 países representa ya una masa crítica suficiente para posicionarlo como un elemento estructural de la política exterior económica china, y no como una medida coyuntural. A medida que la tensión comercial global se reconfigura en torno a los aranceles de la administración Trump y la competencia estratégica entre bloques, la diplomacia migratoria de China emerge como un instrumento de bajo costo y alto impacto para tejer redes de influencia y facilitar el acceso de empresas y capitales al mercado interior.

Para empresarios, inversores y viajeros del mundo anglosajón, la entrada en vigor de esta medida representa una oportunidad práctica y concreta. Para los analistas de política exterior, representa la confirmación de que Beijing entiende la movilidad humana no como una concesión, sino como un activo estratégico.

El Pentágono publica y retira una lista negra de gigantes tecnológicos chinos que desata volatilidad en los mercados y reaviva la tensión geopolítica con Pekín

febrero 16, 2026

En lo que podría interpretarse como un error administrativo o como una advertencia deliberada con marcha atrás táctica, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó brevemente en el Registro Federal una lista actualizada de empresas chinas supuestamente vinculadas al Ejército Popular de Liberación, para retirarla minutos después sin ofrecer ninguna explicación. El episodio, fugaz en su duración pero inmediato en sus consecuencias, fue suficiente para desencadenar una oleada de ventas en los mercados asiáticos y colocar en el centro del debate a cuatro de los nombres más relevantes del ecosistema tecnológico y empresarial chino: Alibaba, Baidu, BYD y Tencent.

Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. llegaron a caer más de un 3% en la bolsa de Hong Kong, mientras que BYD Co. y Baidu Inc. retrocedieron alrededor de un 1%. La mera aparición temporal de estas compañías en el documento bastó para activar las alarmas entre los inversores internacionales y poner en evidencia la fragilidad del entorno regulatorio en el que operan estos gigantes.

La designación 1260H: mucho más que una lista

Lejos de ser un trámite burocrático sin consecuencias, la denominada designación 1260H —publicada por primera vez en 2021— constituye un mecanismo con un poder creciente en la arquitectura de restricciones comerciales y tecnológicas que Washington ha venido construyendo frente a China. En la actualidad, la lista incluye a más de 130 entidades acusadas de colaborar con el aparato militar chino, entre las que figuran aerolíneas, fabricantes de equipos informáticos, empresas de construcción, transporte marítimo y comunicaciones.

Si bien la designación no implica de forma inmediata sanciones legales directas, el Pentágono la utiliza con una finalidad estratégica cada vez más explícita: limitar la capacidad de las empresas señaladas para contratar con el ejército estadounidense u obtener financiación para investigación. Además, funciona como señal de alarma para los inversores norteamericanos y, en la práctica, puede ser el primer eslabón de una cadena que derive en restricciones comerciales mucho más severas. El caso de TikTok, que terminó obligado a reestructurar su arquitectura operativa para continuar funcionando en suelo estadounidense, ilustra con claridad hacia dónde puede conducir este tipo de escalada regulatoria.

La gran incógnita en este momento es si el Pentágono publicará una versión definitiva y oficial de la lista, y si esta incluirá a las mismas compañías que aparecieron brevemente en el documento retirado.

Las empresas rechazan los señalamientos

Las tres compañías que han emitido respuestas públicas han sido contundentes en su rechazo. Alibaba afirmó en un comunicado que «no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil», y anunció que «tomará todas las medidas legales disponibles contra los intentos de tergiversar» su actividad. Un portavoz de Baidu, por su parte, rechazó «categóricamente la inclusión», calificándola de carente de «ninguna base creíble» y señalando que «la sugerencia de que Baidu es una empresa militar carece de todo fundamento y no se ha aportado ninguna prueba que demuestre lo contrario». BYD, con sede en Shenzhen, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La firmeza de estas declaraciones contrasta con la incertidumbre que persiste sobre las intenciones reales del Pentágono. ¿Se trató de un ensayo general antes de una publicación oficial? ¿De una filtración controlada para medir la reacción de los mercados y de Pekín? ¿O simplemente de un error en la gestión documental? La ausencia de explicaciones por parte del Departamento de Defensa alimenta todas las hipótesis.

La respuesta de los mercados: nerviosa pero contenida

La reacción de los mercados, aunque inmediata, no llegó a convertirse en una crisis bursátil de gran escala. Los índices de referencia acusaron el golpe: los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,4% cada uno, mientras que el índice Stoxx 600 europeo acompañó esas bajas con una caída de igual magnitud. En China continental y Hong Kong, los inversores adoptaron una postura más cautelosa también por la proximidad de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El oro y la plata, activos refugio por excelencia, registraron leves recuperaciones.

El comportamiento mixto de las grandes tecnológicas reflejó un mercado que intenta procesar múltiples señales de forma simultánea: las tensiones geopolíticas con China, las declaraciones del presidente Trump sobre Irán —que aportaron cierta calma puntual, aunque sin disipar la incertidumbre de fondo—, y los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que llegaron con un tono moderado y avivaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

La Fed y la inflación: otra variable en el tablero

Los datos del Índice de Precios al Consumidor publicados en la jornada reforzaron las expectativas de que la Fed podría ejecutar hasta tres recortes de tasas de interés a lo largo del año. Sin embargo, con un mercado laboral que aún muestra señales de solidez, los analistas no anticipan que el presidente Jerome Powell avale una reducción en las próximas dos reuniones del organismo.

En este contexto, la figura de Kevin Warsh cobra relevancia. El exfuncionario de la Reserva Federal, mencionado como posible sucesor de Powell al frente del organismo, podría, según fuentes del mercado, suavizar su históricamente restrictiva postura en materia de política monetaria. Recientes filtraciones sugieren que, de ser designado, Warsh podría incluso contemplar una primera reducción de tasas en junio, y diferir la aplicación de medidas de flexibilización cuantitativa. Este escenario, de confirmarse, podría representar un alivio adicional para unos mercados que llevan meses aguardando una señal clara de relajamiento monetario.

El impacto empresa por empresa

Alibaba ha sido, sin duda, el nombre más golpeado por el episodio. La compañía lleva meses reorientando su estrategia hacia la inteligencia artificial y el código abierto, con su familia de modelos Qwen como eje de su apuesta tecnológica. Esa reconversión le había permitido recuperar la confianza del mercado, con subidas superiores al 35% en los últimos doce meses. Sin embargo, la acción acumula tres semanas consecutivas de corrección, y la aparición en la lista del Pentágono añade un riesgo adicional. Los analistas mantienen una visión positiva a largo plazo, con un precio objetivo cercano a los 200 dólares frente a los 155 actuales, pero una confirmación oficial de la designación podría intensificar las caídas a corto plazo.

BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China y uno de los más relevantes del mundo, atraviesa un momento especialmente delicado. Su cotización ya acumula una caída del 20% en los últimos doce meses, presionada por la reducción de subvenciones al sector, la caída de la demanda y el incremento de la competencia. La acusación de vínculos militares añade otra capa de incertidumbre a un panorama de por sí complicado, y eleva el riesgo de restricciones a su expansión internacional, precisamente en el momento en que la compañía más necesita consolidar mercados fuera de China.

Tencent ha apostado con fuerza por la inteligencia artificial y los servicios en la nube como pilares de su nueva etapa, pero la volatilidad generada por la lista del Pentágono se suma a un desempeño bursátil ya deteriorado: caídas del 12% desde comienzos de año y del 10% en los últimos seis meses. El consenso analista sigue siendo constructivo a medio plazo, pero una confirmación oficial de la blacklist podría presionar adicionalmente al valor, especialmente si deriva en restricciones de acceso a tecnología de origen estadounidense.

Baidu avanza en inteligencia artificial generativa a través de su modelo Ernie y ha logrado estabilizar tanto su negocio publicitario como sus márgenes operativos. No obstante, su inclusión en la lista negra añade incertidumbre en un momento crítico para su expansión en la nube y en el segmento de la conducción autónoma, dos áreas en las que la dependencia de componentes y software de origen occidental es significativa. Los analistas mantienen una perspectiva positiva a largo plazo, pero reconocen que el valor podría enfrentar mayor volatilidad si se intensifican las restricciones tecnológicas.

Una señal en medio de la guerra digital

El episodio de la lista del Pentágono no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un patrón más amplio de fricciones entre Washington y Pekín que van mucho más allá de los aranceles o las restricciones a la exportación de chips. En la nueva era digital, la información, la infraestructura tecnológica y el control de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores o los vehículos eléctricos se han convertido en activos de poder nacional de primer orden.

En ese marco, la designación 1260H opera como una herramienta de presión gradual: no destruye a las empresas de forma inmediata, pero erosiona su reputación ante inversores internacionales, complica sus relaciones comerciales con contrapartes estadounidenses y puede anticipar sanciones mucho más contundentes. La historia reciente —con casos como el de Huawei, SMIC o el propio TikTok— sugiere que la escalada es posible y que los precedentes están bien establecidos.

Por el momento, ambas potencias han mantenido cierta estabilidad en su relación bilateral. Se habla de posibles visitas recíprocas entre Trump y el presidente Xi Jinping en los próximos meses, aunque ningún encuentro está aún confirmado. Si Pekín decide mantener bajo presión pública el asunto de las empresas chinas bajo escrutinio estadounidense, podría desencadenar una nueva escalada. La retirada inexplicada de la lista por parte del Pentágono ha evitado, por ahora, el choque frontal, pero el mensaje ha sido enviado y recibido.

Washington también evalúa, según informes circulantes al cierre de esta edición, nuevas restricciones sobre determinados semiconductores importados desde China. Pekín, por su parte, ha respondido con recortes selectivos a los impuestos de importación. El tablero sigue moviéndose, aunque con movimientos aún contenidos.

Volatilidad estructural, no coyuntural

Lo ocurrido con la lista del Pentágono pone de relieve algo que los inversores en activos chinos ya saben, pero que este episodio vuelve a confirmar con crudeza: el riesgo regulatorio y geopolítico no es una anomalía puntual, sino una variable estructural del escenario de inversión en el sector tecnológico chino. Las compañías de este segmento operan en un entorno en el que una lista publicada durante unos minutos puede borrar en horas semanas de ganancias acumuladas.

La pregunta que queda en el aire no es si habrá nuevas fricciones, sino cuándo y con qué intensidad. Y, sobre todo, si la próxima vez el Pentágono decidirá dejar la lista publicada.

La Bolsa de Valores de Asunción arranca 2026 con Telecel a la cabeza y tres nuevas emisiones de bonos por más de USD 26,5 millones

febrero 16, 2026

Telecel lideró el volumen negociado en enero con Gs. 827.187.850.697, mientras G.P.S.A.E., Banco Itaú Paraguay y Proberis S.A.E. lanzaron cinco series de bonos en la primera quincena de febrero con tasas de entre 5,50% y 12,50% anual.

Telecel, el emisor más negociado de enero

Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. (Telecel SAE) cerró enero de 2026 como el emisor con mayor volumen negociado en el mercado secundario de la BVA, con Gs. 827.187.850.697. Le siguió Sudameris Bank S.A.E.C.A. con Gs. 539.788.400.823, Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. —instrumentos del mismo grupo que cotizan por separado— con Gs. 320.042.804.990, el Ministerio de Economía y Finanzas con Gs. 319.236.084.075 y Banco Atlas S.A. con Gs. 280.298.182.455, completando el Top 5 del mes.

La actividad sostenida en el mercado secundario confirma que la dinámica bursátil local va más allá de las nuevas colocaciones: los inversores compran y venden títulos ya emitidos con regularidad, una señal concreta de madurez del mercado de capitales paraguayo.

Dameris Securities CBSA, la casa de bolsa que más intermedió

En enero, Dameris Securities CBSA lideró el ranking de intermediarios con Gs. 814.569.651.954 negociados en el mercado secundario. Le siguieron Basa CBSA con Gs. 720.776.181.613, Cadiem CBSA con Gs. 677.301.668.140, Atlas CBSA con Gs. 589.947.054.206 e Investor CBSA con Gs. 265.262.281.094.

En el mercado primario del mismo mes, Itaú Invest CBSA encabezó con Gs. 160.000.000.000, seguida por Investor CBSA con Gs. 68.088.586.000, Cadiem CBSA con Gs. 43.582.126.120 y Atlas CBSA con Gs. 13.930.310.892.

En lo que va de febrero, Dameris Securities CBSA se mantuvo en la cima del mercado secundario con Gs. 624.199.288.750, seguida por Atlas CBSA con Gs. 314.363.017.996, Cadiem CBSA con Gs. 290.415.452.507, Basa CBSA con Gs. 217.016.131.661 e Itaú Invest CBSA con Gs. 151.530.082.182, esta última impulsada por su rol como colocador de las nuevas emisiones de Banco Itaú Paraguay.

G.P.S.A.E.: USD 1.000.000 al 8,50% con vencimiento en marzo de 2027

El 10 de febrero, G.P.S.A.E. abrió la colocación de la Serie 7 de su Programa de Emisión Global de Bonos USD2. El bono, con código ISIN PYGPE07F0004, es por USD 1.000.000 a una tasa anual del 8,50%, con pago trimestral de intereses y capital al vencimiento. Su plazo es de 413 días y vence el 30 de marzo de 2027. Agente organizador y colocador: Puente Casa de Bolsa S.A. Calificación de riesgo: BBB-py.

Banco Itaú Paraguay: USD 25,5 millones en dos series con plazos de hasta 2030

El 11 de febrero, Banco Itaú Paraguay S.A. lanzó las Series 3 y 4 de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD5, la colocación más grande de la quincena. La entidad cuenta con la máxima calificación del mercado local: AAApy Estable.

La Serie 3, código ISIN PYTAU03F0000, es por USD 22.000.000 al 5,50% anual, con pago trimestral de intereses, capital al vencimiento y plazo de 1.013 días, con fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2028. La Serie 4, código ISIN PYTAU04F0009, suma USD 3.500.000 al 5,75% anual, mismo esquema de pagos y vencimiento el 18 de noviembre de 2030 a 1.741 días plazo, el más largo de todas las emisiones de la semana. Intermediario colocador de ambas series: Itaú Invest Casa de Bolsa S.A.

Los 25 puntos básicos de diferencia entre ambas series responden a la prima por plazo, compensación habitual en renta fija por inmovilizar capital durante más tiempo.

Proberis S.A.E.: Gs. 3.000 millones en guaraníes con tasas del 12% y 12,50%

El 13 de febrero, Proberis S.A.E. cerró la semana de colocaciones con las Series 4 y 5 de su Programa de Emisión Global de Bonos G2, ambas en guaraníes. Calificación de riesgo: BBB-py Estable.

La Serie 4, código ISIN PYPBE04F0002, es por Gs. 1.500.000.000 al 12% anual, con pago trimestral de intereses, capital al vencimiento y plazo de 424 días, con fecha de vencimiento el 13 de abril de 2027. La Serie 5, código ISIN PYPBE05F0001, también por Gs. 1.500.000.000, ofrece el 12,50% anual a 638 días plazo, con vencimiento el 13 de noviembre de 2027. Agente organizador y colocador de ambas series: Valores Casa de Bolsa S.A., con la participación de las casas de bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores, la BVA y la Caja de Valores del Paraguay S.A.

Un mercado que crece en volumen y variedad

Las cinco series emitidas en la primera quincena de febrero suman más de USD 26,5 millones y Gs. 3.000 millones, con instrumentos en dos monedas, plazos de entre 413 y 1.741 días y tasas que van del 5,50% al 12,50% según el perfil crediticio y el horizonte de cada emisor.

Banco Itaú Paraguay, con calificación AAApy, concentra el mayor volumen en dólares a las tasas más competitivas. G.P.S.A.E. y Proberis S.A.E., ambas con BBB-py, ofrecen rendimientos más altos como reflejo del mayor riesgo relativo, un diferencial que en los mercados financieros se conoce como spread crediticio y que es propio de un mercado de renta fija que funciona con rigor.

El arranque de 2026 en la BVA combina un mercado secundario robusto —con Telecel superando los Gs. 827.000 millones negociados en enero— y una agenda de nuevas colocaciones activa desde la primera semana de febrero, señales que apuntan a un año de consolidación para el mercado de capitales paraguayo.

La IA derrumba Wall Street y redirige el capital global hacia los fabricantes de chips asiáticos

febrero 13, 2026

Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron el jueves con su peor jornada desde el 20 de enero, en una sesión dominada por el temor creciente al impacto disruptivo de la inteligencia artificial sobre amplios sectores de la economía. El Nasdaq Composite retrocedió 2,04% hasta las 22.597,15 unidades, sumando así su tercera jornada consecutiva a la baja, con una pérdida acumulada en ese tramo de 2,76%. El S&P 500 cayó 1,57% hasta los 6.832,75 puntos, acumulando también tres sesiones en rojo y un descenso del 1,90% en ese período. El Promedio Industrial Dow Jones, que integra a las 30 empresas más representativas de la economía estadounidense, perdió 1,34% para quedar en 49.451,98 unidades, sumando su segunda jornada consecutiva de pérdidas.

En perspectiva anual, los resultados son divergentes: mientras el Dow Jones acumula una ganancia de 2,89% en lo que va de 2026, el Nasdaq retrocede 2,77% y el S&P 500 cede un 0,77%, reflejando la presión particular que enfrentan los activos tecnológicos ante la nueva narrativa de mercado en torno a la IA.

El detonante: un nuevo ciclo de ventas en el sector tecnológico y de software

Lo que comenzó como una corrección concentrada en el sector tecnológico se extendió con rapidez hacia industrias aparentemente alejadas del mundo digital. La jornada no fue un evento aislado. Analistas de mercado señalaron que la caída forma parte de una tendencia más amplia de ventas en acciones de software y tecnología, intensificada por la incertidumbre sobre el verdadero impacto económico de la inteligencia artificial. Los principales índices se encontraban cerca de sus máximos históricos, lo que creó condiciones propicias para la toma de ganancias. La búsqueda de liquidez por parte de los inversores también impactó los metales preciosos, generando caídas en el precio del oro y la plata.

Cisco Systems fue uno de los casos más llamativos de la jornada. Sus acciones cayeron 12,3% hasta los 75 dólares por título, a pesar de haber superado las expectativas de analistas tanto en beneficios como en ingresos durante el último trimestre. El factor que desató la caída fue la advertencia de la compañía californiana sobre sus márgenes: indicó que es posible que obtenga menos ganancias por cada dólar de ingresos en el trimestre en curso respecto al anterior, una señal de presión estructural que el mercado interpretó con severidad.

Robinhood, la plataforma de inversión minorista, tampoco escapó a la presión. Sus acciones cedieron 8,8% para cerrar a 71,1 dólares, tras publicar resultados del cuarto trimestre de 2025 con ingresos por debajo de las proyecciones del mercado, afectados en particular por un decremento significativo en la actividad de trading de criptomonedas.

Netflix, por su parte, retrocedió 4,7% hasta los 75,9 dólares, luego de que trascendiera que el presidente Donald Trump habría sostenido una reunión con el empresario tecnológico Larry Ellison días antes de negar cualquier participación en la disputa corporativa entre Paramount y la plataforma de streaming. «La noticia generó incertidumbre sobre posibles implicaciones políticas en la batalla corporativa, presionando el sentimiento del mercado hacia las empresas involucradas, incluyendo Paramount y Warner Bros. Discovery», señalaron analistas de GBM Research.

Más allá de la tecnología: la IA amenaza sectores enteros de la economía real

Lo que comenzó como una corrección concentrada en el sector tecnológico se extendió con rapidez hacia industrias aparentemente alejadas del mundo digital. Seguros, gestión de patrimonios, servicios inmobiliarios y transporte de mercancías por carretera fueron arrastrados por ventas masivas, en lo que los operadores han comenzado a denominar el AI Scare Trade: la liquidación de empresas consolidadas ante el temor de que herramientas de inteligencia artificial puedan reemplazar sus modelos de negocio.

La semana anterior, el lanzamiento de Claude Code de Anthropic y Project Genie de Google había desatado ventas en empresas de software y desarrolladores de videojuegos. Esta semana, el foco se desplazó hacia los servicios financieros tradicionales. El lanzamiento de Hazel, una herramienta de planificación fiscal de la startup Altruist, con sede en Los Ángeles, y de nuevas tecnologías de la startup de seguros Insurify, provocaron caídas en acciones de firmas como Charles Schwab, Raymond James, Stifel Financial, así como de las asesoras patrimoniales británicas St James’s Place, Quilter y AJ Bell. Incluso instituciones de la talla de Morgan Stanley se vieron atrapadas en la ola vendedora por sus negocios de gestión de patrimonio.

El argumento es contundente: Altruist afirma que su herramienta Hazel podrá automatizar el trabajo de las empresas de asesoría financiera en minutos, permitiéndoles abrir cuentas, gestionar carteras de clientes, sugerir estrategias de inversión, facturar y generar informes con mayor rapidez que cualquier equipo humano. «El trabajo de Hazel consiste básicamente en eliminar la necesidad de cualquier tipo de intervención humana en una buena parte de la carga de trabajo de los asesores financieros», afirmó Mazi Bahadori, director de operaciones de Altruist, empresa que el año pasado recaudó 152 millones de dólares de inversores, entre ellos el fondo soberano de Singapur GIC. Bahadori fue más lejos aún: «No tengo ninguna duda de que las empresas financieras tradicionales comprenderán la IA, pero para cuando lo hagan, empresas como Altruist probablemente les llevarán entre 20 y 25 años de ventaja.»

Los veteranos del sector financiero rechazan con vehemencia esa lectura, pero el mercado, por ahora, parece estar tomando partido. Un ejecutivo de una importante gestora de patrimonios británica reconoció, en términos más moderados, que la capacidad de la IA para «personalizar masivamente el asesoramiento y reducir costes es tanto una amenaza como una oportunidad» para las empresas establecidas.

La voz de los expertos: ¿corrección racional o pánico prematuro?

El debate entre analistas e inversores está lejos de cerrarse. Azeem Azhar, fundador de Exponential View, una influyente publicación especializada en inteligencia artificial, advirtió que los inversores bursátiles están extrapolando con demasiada velocidad la trayectoria de mejora de los sistemas de IA durante el último año. Las actuales capacidades de los denominados agentes —bots capaces de completar una amplia gama de tareas con poca o ninguna intervención humana— «habrían sido impensables hace un año», señaló, lo que ha generado una expansión de ideas sobre la posibilidad de automatizar una cantidad creciente de tareas.

Al mismo tiempo, incluso inversores que apuestan por grandes retornos en startups de inteligencia artificial reconocen que Wall Street podría estar reaccionando de forma exagerada. «Creo que se está produciendo una ligera sobrecorrección. Es muy difícil predecir el futuro de un banco», reconoció Andreas Helbig, socio de Atomico, firma londinense de inversión tecnológica. La lógica que subyace a las ventas masivas, sin embargo, tiene antecedentes históricos que dificultan descartarla con facilidad: después de dos décadas en las que las empresas tecnológicas han transformado radicalmente los sectores editorial, publicitario, minorista y de transporte, el argumento de que la IA podría reducir significativamente los costos operativos en servicios financieros, legales e inmobiliarios resulta difícil de ignorar.

Las advertencias de Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, sobre que la IA podría convertirse pronto en un «sustituto general» para el trabajo administrativo, han calado hondo entre los operadores del mercado y alimentan la narrativa que hoy presiona sobre amplias franjas del mercado de valores.

Asia capitaliza el temor occidental: los fabricantes de chips lideran una rotación histórica

El mismo fenómeno que castiga a Wall Street está resultando, paradójicamente, una bendición para los mercados asiáticos. El índice MSCI Asia Pacífico acumula una ganancia superior al 12% en lo que va de 2026, en marcado contraste con las pérdidas registradas en los índices de referencia estadounidenses. La divergencia refleja una rotación global de fondos desde los pioneros de la inteligencia artificial, agobiados por gastos masivos en infraestructura, hacia los productores de hardware con alto poder de fijación de precios, la mayoría de los cuales se encuentran en Asia.

En ese contexto, el peso de compañías como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Samsung Electronics resulta determinante. TSMC, el principal fabricante de chips por contrato del mundo, tiene por sí sola una ponderación cercana al 45% en el índice Taiex de Taiwán, el triple de su nivel de hace una década, y su posición irremplazable en la cadena global de suministro de semiconductores le otorga una ventaja estructural independientemente de qué modelos o plataformas de IA terminen dominando el mercado. Samsung, por su parte, experimentó el jueves su mayor compra en el extranjero en mucho tiempo, lo que impulsó sus acciones un 6,4%. El Kospi de Corea del Sur se ha convertido en un casi duopolio: Samsung y SK Hynix representan juntas cerca del 40% del índice.

Las declaraciones recientes de Micron sobre la escasez de suministro de chips de memoria, y las de Nvidia sobre el gasto sostenible en infraestructura de IA, refuerzan la tesis de que quienquiera que gane la carrera por la supremacía en inteligencia artificial, los fabricantes de hardware asiáticos seguirán cobrando peaje. «La principal preocupación de EE. UU. es que los hiperescaladores gasten dinero. La mayor parte de la exposición tecnológica de Asia es upstream. Quienquiera que gane al final, el upstream seguirá recaudando ingresos de los actores downstream», señaló Richard Tang, jefe de investigación de Julius Baer en Hong Kong.

Kioxia, el fabricante japonés de chips de memoria, subió un 15% el viernes tras presentar perspectivas de resultados mejores de lo esperado, impulsadas por el aumento de la demanda de IA. El movimiento se produjo mientras el Nasdaq 100 caía un 4,6% y perdía alrededor de 1,5 billones de dólares en valor de mercado en las últimas diez sesiones. Stephanie Aliaga, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management, lo sintetizó con precisión: «Lo que los mercados realmente están empezando a cotizar es este momento ChatGPT para los agentes de IA.»

Japón y la resistencia de la «vieja escuela»

El caso japonés añade un matiz adicional a la narrativa global. Mientras los sectores de seguros e inmobiliario en Estados Unidos han sido duramente golpeados por el AI Scare Trade, sus equivalentes en Japón han mostrado una notable resiliencia. El subíndice de seguros del Topix ha subido un 6,2% desde el 3 de febrero, y su contraparte inmobiliaria se ha disparado un 15% en ese mismo período. La explicación, según Andrew Jackson, jefe de estrategia de renta variable japonesa en Ortus Advisors, es que estas industrias están más arraigadas estructuralmente en Japón y son «menos susceptibles a la disrupción hasta ahora». Como resultado de esta divergencia, las correlaciones entre las acciones asiáticas y estadounidenses, basadas en rendimientos semanales, han caído a 0,43, su nivel más débil desde junio de 2022.

Sin embargo, Asia no estuvo completamente aislada de la agitación. Las acciones de empresas de software como Kingdee International Software, cotizada en Hong Kong, y las de firmas indias de servicios tecnológicos como Infosys, cayeron junto con sus pares estadounidenses durante la reciente ola de ventas, un recordatorio de que la disrupción tecnológica no respeta fronteras cuando los modelos de negocio en cuestión son suficientemente similares.

Una corrección que plantea preguntas sin respuesta fácil

Lo que los mercados están procesando en estas jornadas va más allá de una corrección técnica o de la toma de ganancias después de máximos históricos. La velocidad con la que herramientas de inteligencia artificial están saltando de la industria del software hacia sectores tan diversos como la asesoría financiera, los seguros, el corretaje inmobiliario o el transporte de mercancías obliga a los inversores a reformular sus modelos de valoración para empresas que, hasta hace muy poco, parecían inmunes a la disrupción digital.

La pregunta que Wall Street no ha podido responder todavía es si el mercado está anticipando con precisión una transformación real y profunda del mercado laboral y del tejido empresarial, o si está sobreactuando ante el lanzamiento de herramientas aún no probadas a escala. Lo que sí queda claro es que la inteligencia artificial ha dejado de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en la variable más determinante de la economía global, capaz de mover miles de millones de dólares en cuestión de horas con el lanzamiento de un producto o el discurso de un ejecutivo.

BID aprueba préstamo de US$200 millones para el Corredor Bioceánico y Paraguay se prepara para presidir las Reuniones Anuales del organismo en marzo

febrero 13, 2026

El Directorio Ejecutivo del banco aprobó el financiamiento del Tramo II de la Ruta PY15, mientras que el país se alista para ser sede y presidir el principal foro económico regional del Grupo BID, con delegaciones de 48 países

Un respaldo financiero clave para la integración regional

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de inversión específica (ESP) por US$200 millones destinado a financiar la construcción de un tramo clave del Corredor Bioceánico en Paraguay. La operación representa uno de los compromisos de financiamiento externo más significativos para la infraestructura vial del país en los últimos años y consolida el rol paraguayo como pieza central de una ambiciosa iniciativa de integración continental.

El préstamo, estructurado con un plazo de amortización de 22 años y medio, un período de gracia de 8 años y una tasa de interés basada en la tasa SOFR (Tasa de Financiamiento Garantizado a un Día), ofrece condiciones favorables para el Estado paraguayo en términos de gestión de deuda a largo plazo. Estas condiciones permiten distribuir el impacto fiscal de la inversión a lo largo de más de dos décadas, aliviando la presión sobre las finanzas públicas en el corto plazo.

El Corredor Bioceánico: una ruta de 3.800 km que une dos océanos

El Corredor Bioceánico es una iniciativa de integración regional que busca articular una ruta terrestre continua de 3.800 km entre los océanos Atlántico y Pacífico. El trazado atraviesa zonas productivas y estratégicas del centro-oeste brasileño, la Región Occidental de Paraguay, el norte argentino y el norte chileno, conectando con los puertos de Antofagasta, Iquique y Mejillones, en el litoral pacífico sudamericano.

El proyecto se enmarca en el programa Conexión Sur del Grupo BID, cuyo objetivo es mejorar la conectividad regional, fortalecer la competitividad y promover el crecimiento sostenible en América del Sur. Desde el punto de vista geopolítico y económico, el corredor representa una oportunidad estratégica para que los países sin salida al mar, como Paraguay, accedan a mercados globales a través de rutas terrestres eficientes y modernas.

Lo que financia el préstamo: kilómetros, accesos y zonas estratégicas

En territorio paraguayo, el corredor corresponde a la Ruta Nacional PY15, con una extensión de 532 km que conecta Carmelo Peralta, en la frontera con Brasil, con Pozo Hondo, en la frontera con Argentina. Esta ruta se desarrolla en tres tramos, de los cuales el primero ya se encuentra concluido y el tercero está en plena ejecución con un avance importante.

El préstamo aprobado por el BID financiará el diseño, la construcción y el mantenimiento de 102,5 km correspondientes al Tramo II, además de 8 km del acceso a la ciudad de Mariscal Estigarribia. Complementariamente, se contempla la mejora de 27,3 km del acceso este a la zona industrial de Loma Plata, una ruta alimentadora que potencia la conectividad del corredor con uno de los centros productivos más importantes del Chaco paraguayo. Con el financiamiento del Tramo II, el recorrido completo por la ruta quedará finalmente habilitado de manera continua.

Impacto directo en el Chaco: producción, salud y educación

Las obras beneficiarán de manera directa a la población y a los sectores productivos de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, dos de las regiones con mayor extensión territorial del país y con un peso relevante en la producción agropecuaria nacional. Ambos departamentos albergan a más de 7.000 productores del sector primario, dedicados principalmente a la ganadería, la agricultura y la explotación forestal.

Más allá del impacto económico, el proyecto tendrá consecuencias tangibles en el acceso de la población a servicios esenciales. Se estima que alrededor de 28.700 personas mejorarán su acceso a servicios hospitalarios, entre ellas más de 1.700 pertenecientes a comunidades indígenas. Asimismo, 99 centros poblados, incluyendo 23 comunidades indígenas, mejorarán su acceso a establecimientos de educación secundaria. Estas cifras evidencian que la infraestructura vial no es únicamente un instrumento de competitividad económica, sino también un vehículo de inclusión social en regiones históricamente postergadas.

Paraguay como sede y presidente de las Reuniones Anuales del BID 2026

En paralelo a la aprobación del préstamo, Paraguay se prepara para desempeñar un rol protagónico en el escenario financiero regional. Del 11 al 14 de marzo de 2026, el Distrito CONMEBOL de la ciudad de Luque albergará las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest, el principal espacio de diálogo estratégico del Grupo BID a nivel global.

En su calidad de país anfitrión, Paraguay ejercerá la presidencia de las reuniones, función que recaerá en el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. El encuentro reunirá a delegaciones de los 48 países miembros del organismo, junto a autoridades económicas, representantes de organismos internacionales, actores del sector privado y de la sociedad civil, y especialistas en desarrollo de toda la región.

Una agenda de cuatro días centrada en competitividad y desarrollo sostenible

El programa oficial del evento contempla una agenda intensa y diversificada a lo largo de cuatro jornadas. El miércoles 11 de marzo dará inicio con el Foro BID–Sociedad Civil y Actores Clave y seminarios inaugurales enfocados en tendencias demográficas, envejecimiento poblacional y estrategias para la reducción de la pobreza en comunidades vulnerables y contextos de crisis.

El jueves 12 estará orientado al crecimiento y la competitividad, con sesiones sobre fortalecimiento de mercados, integración regional y cadenas de valor emergentes, así como el inicio del Foro Empresarial. El viernes 13 concentrará los momentos de mayor peso institucional, con encuentros de alto nivel, diálogos regionales y la sesión inaugural formal de las Asambleas de Gobernadores. Finalmente, el sábado 14 cerrará el ciclo con reuniones de gobernadores, espacios de diálogo sobre inversión y desarrollo sostenible, la presentación de iniciativas regionales y la sesión de clausura del evento.

Paraguay, en la vitrina económica internacional

La coincidencia entre la aprobación del préstamo para el Corredor Bioceánico y la celebración de las Reuniones Anuales del BID en suelo paraguayo no es casual. Ambos hechos reflejan un momento de mayor inserción del país en la agenda económica internacional y una creciente confianza de los organismos multilaterales en la solidez de sus políticas públicas.

El país llega a este evento tras consolidar el grado de inversión con una segunda calificadora internacional, un logro que refuerza la percepción de Paraguay como destino confiable para la inversión productiva. A esto se suma que Paraguay asumirá en 2026 la presidencia de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, representada también por el ministro Fernández Valdovinos, lo que subraya el reconocimiento internacional a la consistencia de su marco macroeconómico e institucional.

Para las autoridades, la realización de las Reuniones Anuales del BID en Luque representa una oportunidad estratégica para proyectar la estabilidad del país ante la comunidad internacional y posicionar a Paraguay como un socio activo y confiable en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.

La bolsa paraguaya cierra enero de 2026 con G. 4,66 billones negociados, un alza acumulada de 17,23% frente al mismo mes del año anterior

febrero 13, 2026

El mercado bursátil paraguayo inició 2026 con solidez. La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró en enero un volumen total negociado de G. 4.662.219.276.569, equivalente a aproximadamente G. 4,66 billones, consolidando una expansión acumulada del 17,23% en comparación con el mismo período del año anterior. La dinámica confirma la tendencia alcista que el mercado de capitales local viene sosteniendo desde 2022.

Un arranque sólido con leve corrección mensual

El informe mensual oficial de la BVA correspondiente a enero de 2026 confirma que el volumen negociado en el primer mes del año alcanzó G. 4.662.219.276.569. Si bien la cifra representa una variación de -0,25 respecto al mes inmediatamente anterior —diciembre de 2025—, el desempeño acumulado año contra año mantiene una expansión del 17,23%, lo que evidencia una base estructural robusta para el mercado local.

Esta leve contracción intermensual es consistente con los patrones históricos de los meses de inicio de año, donde los operadores ajustan posiciones tras el cierre del ejercicio anterior. En términos absolutos, enero de 2026 superó a enero de 2025 de forma significativa, reforzando la lectura de que el mercado continúa en una fase de expansión sostenida.

El guaraní y el mercado secundario dominan las operaciones

El análisis por moneda correspondiente a enero de 2026 revela que el 65% del volumen total fue operado en guaraníes, mientras que el 35% restante se realizó en dólares estadounidenses. Esta distribución sigue la tendencia promedio observada en los últimos doce meses, durante los cuales la moneda local ha oscilado entre el 55% y el 72% de participación mensual.

Por tipo de mercado, el mercado secundario concentró G. 4.302,61 miles de millones, representando la porción dominante del volumen total, mientras que el mercado primario explicó G. 359,47 miles de millones. Esta estructura reafirma la madurez relativa del mercado paraguayo, en donde las transacciones de compraventa de títulos ya emitidos superan ampliamente a las nuevas colocaciones.

Los bonos como instrumento dominante; acciones con presencia marginal

La desagregación por instrumento en enero de 2026 pone de relieve el predominio absoluto de los bonos en el mercado paraguayo. Con G. 4.557,36 miles de millones negociados, los bonos concentraron la casi totalidad del volumen, mientras que las acciones representaron apenas G. 77,34 miles de millones. Los fondos de inversión completaron el cuadro con una participación menor, cuyo volumen total no se desglosa de forma independiente en el informe oficial.

En el segmento de acciones, la actividad se concentró en un reducido número de corredores. BASA CBSA lideró con G. 76 miles de millones negociados, seguido por VALORES CBSA con G. 21-22 miles de millones, INVESTOR CBSA con G. 3 miles de millones, e ITAÚ INVEST CBSA y CAPITAL MARKETS con G. 1 mil millones cada uno.

En el segmento de bonos, el liderazgo correspondió a ITAÚ INVEST CBSA con G. 617 miles de millones en total (G. 297 mil M en mercado primario y G. 320 mil M en secundario), seguido por CADIEM CBSA con G. 565 mil M y ATLAS CASA DE BOLSA con G. 559 mil M. En los fondos de inversión, INVESTOR CBSA lideró con G. 20 mil M, seguido de BASA CBSA y BNB INVEST CBSA con G. 14 mil M cada uno, y CADIEM CBSA con G. 7 mil M.

Ranking de casas de bolsa: Sudameris Securities lidera el volumen total

En el ranking de casas de bolsa por volumen negociado en enero, SUDAMERIS SECURITIES CBSA se posicionó en el primer lugar con G. 4.723 miles de millones, seguida por ATLAS CBSA con G. 4.376 miles de millones. El tercer lugar lo ocupó CADIEM CBSA con G. 2.767 miles de millones, mientras que BASA CBSA registró G. 2.689 miles de millones e INVESTOR CBSA totalizó G. 2.574 miles de millones.

El grupo de grandes operadores se completa con ITAÚ INVEST CBSA con G. 2.109 miles de millones y PUENTE CBSA con G. 1.761 miles de millones, configurando un bloque de siete intermediarios que acumula la abrumadora mayoría del volumen transado. Por debajo de ese umbral, AVALON CBSA alcanzó G. 1.025 miles de millones, ATLAS CASA DE BOLSA G. 559 mil M y VALORES CBSA G. 347 mil M.

Top 10 emisores: Telecel y Sudameris Bank encabezan la lista

El informe revela quiénes fueron los emisores más activos durante el primer mes del año. TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (Telecel SAE) encabezó el ranking con un volumen total de G. 827,19 miles de millones, operados íntegramente en el mercado secundario. En segundo lugar se ubicó SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. con G. 539,79 miles de millones, también en su totalidad en el mercado secundario.

El tercer lugar lo ocupó nuevamente TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. con G. 320,04 miles de millones —la empresa figura por segunda vez en el ranking porque el informe contabiliza por separado distintos instrumentos emitidos por el mismo emisor— y el cuarto correspondió al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS con G. 319,24 miles de millones. Completaron el top 10: BANCO ATLAS S.A. con G. 280,30 mil M; BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. con G. 250,51 mil M (G. 203,51 mil M en mercado secundario y G. 47 mil M en primario); BANCO ITAÚ S.A. con G. 245,21 mil M (G. 85,21 mil M en secundario y G. 160 mil M en primario); ZETA BANCO S.A.E.C.A. con G. 214,31 mil M; CECON S.A.E. con G. 210,47 mil M; y BANCO GNB PARAGUAY S.A. con G. 152,55 miles de millones.

La presencia de una empresa de telecomunicaciones y de entidades financieras en la cima del ranking refleja la composición del mercado local, donde las emisiones de deuda corporativa y los títulos bancarios siguen siendo los principales motores de actividad bursátil.

Perspectiva histórica: de G. 117 billones en 2022 a un mercado en expansión constante

El informe incluye una perspectiva histórica que resulta reveladora. En 2022, el volumen anual total negociado en la BVA fue de G. 117.573 miles de millones; en 2023, esa cifra casi se duplicó hasta G. 212.826 miles de millones; en 2024 alcanzó G. 301.404 miles de millones; y en 2025 llegó a G. 374.087 miles de millones, marcando un nuevo récord histórico. En 2026, con enero cerrando en G. 4.662 miles de millones, el mercado comienza el año con pie firme.

Esta trayectoria de más de cuatro años muestra una multiplicación superior al triple en el volumen transado, lo que posiciona al mercado de capitales paraguayo como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la economía nacional.

Variación mensual en los últimos doce meses: picos en junio y resiliencia a fin de año

El análisis de la variación mensual en los últimos doce meses ofrece una imagen completa de la evolución del mercado. Los volúmenes registrados desde enero de 2025 fueron: G. 3.857,89 mil M en enero, G. 3.982,80 mil M en febrero, G. 3.922,06 mil M en marzo, G. 5.472,67 mil M en junio —el pico más alto del período—, G. 4.335,33 mil M en julio, G. 4.895,45 mil M en octubre, G. 4.033,96 mil M en noviembre, G. 4.302,61 mil M en diciembre, y G. 4.662,22 mil M en enero de 2026.

El dato de septiembre de 2025 resulta llamativo: G. 1.376,57 mil M, seguido de una recuperación parcial en el mes siguiente con G. 2.211,05 mil M. Cabe señalar que el gráfico del informe no presenta etiquetas legibles para todos los meses —abril, mayo y agosto no tienen valor visible en el documento—, por lo que se recomienda verificar el detalle completo en el dashboard interactivo de la BVA antes de citar esas cifras. La caída del tercer trimestre podría obedecer a factores estacionales o a una compresión puntual de la actividad, aunque el mercado retomó su tendencia ascendente en el cierre del año.

Un mercado en proceso de consolidación estructural

Los datos de enero de 2026 confirman que la Bolsa de Valores de Asunción atraviesa un proceso de consolidación de su rol como plataforma central del mercado de capitales paraguayo. La combinación de mayor volumen acumulado interanual, la diversificación de instrumentos y la participación tanto de emisores del sector privado como del sector público —con el Ministerio de Economía y Finanzas entre los diez principales emisores— apunta a una profundización gradual del mercado.

La presencia de 22 casas de bolsa activas en enero, con alta concentración en los primeros siete operadores pero con participación del resto del espectro, sugiere un ecosistema que, si bien mantiene asimetrías de volumen entre intermediarios, conserva una base competitiva funcional. El desafío para los próximos meses será sostener el ritmo de crecimiento y continuar ampliando la base de emisores e instrumentos que participan del mercado, a fin de consolidar la expansión histórica que comenzó a materializarse en 2022.

Heineken reducirá entre 5.000 y 6.000 empleos en dos años tras caída del 4,7% en facturación y descenso de volúmenes globales de cerveza

febrero 11, 2026

La segunda cervecera del mundo anuncia un plan de ahorro de 500 millones de euros ante la debilitación de mercados clave como Europa, Estados Unidos y Brasil, en un contexto de cambios en el consumo y mayores costes operativos

La reestructuración busca 500 millones de euros en ahorros

La cervecera neerlandesa Heineken anunció este miércoles un plan de reducción de plantilla que afectará entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años, como parte de una estrategia para reducir costes y simplificar su estructura operativa global. La medida, que representa aproximadamente el 7% de su plantilla total de 87.000 trabajadores, tiene como objetivo desbloquear ahorros brutos de unos 500 millones de euros mediante mejoras de productividad y reorganización interna.

Los directivos de la compañía evitaron precisar la distribución geográfica específica de los recortes, aunque el director financiero Harold van den Broek dejó entrever que Europa concentrará la mayor parte de las supresiones. La decisión se enmarca en lo que la empresa denomina «condiciones desafiantes de mercado» y se suma a reorganizaciones previas que ya habían sido anunciadas el pasado otoño.

Caída generalizada en ventas y facturación durante 2025

El ejercicio 2025 resultó particularmente complicado para Heineken, segunda cervecera mundial por detrás de la belga AB InBev. La facturación de la compañía cayó un 4,7% hasta situarse en 34.200 millones de euros, frente a los 36.000 millones registrados en 2024. Esta contracción refleja un descenso generalizado en varios mercados clave.

El volumen total de cervezas vendidas descendió un 1,2%, alcanzando casi 282 millones de hectolitros, mientras que los volúmenes globales de cerveza experimentaron una caída del 2,4%. Las ventas fueron especialmente débiles en mercados estratégicos como Europa, Estados Unidos y Brasil, tres plazas fundamentales para la multinacional neerlandesa.

El director ejecutivo Dolf van den Brink señaló que la compañía cerró el año con un desempeño «resiliente y equilibrado», logrando mantener o ganar cuota en más del 60% de sus mercados. Sin embargo, advirtió sobre la persistencia de la incertidumbre en el mercado cervecero para 2026. «Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero», indicó Van den Brink en un comunicado.

Beneficios operativos al alza pese a la caída en ingresos

A pesar del retroceso en facturación y volúmenes, Heineken logró incrementar su rentabilidad operativa gracias a recortes de costes y mejoras en eficiencia. El beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de activos vinculados a adquisiciones aumentó un 4,9%, alcanzando los 2.700 millones de euros.

Por su parte, el beneficio operativo, excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,4% interanual. Estos resultados evidencian que, si bien la compañía enfrenta dificultades en el crecimiento de ventas, ha logrado compensar parcialmente mediante la optimización de su estructura de costes.

Cambios en el consumo y presiones sobre márgenes

La cervecera enfrenta desde hace tiempo el aumento de costes de producción junto con cambios significativos en el comportamiento del consumidor. La demanda de cerveza está bajando globalmente, especialmente entre los consumidores jóvenes, mientras que el mercado muestra una creciente preferencia por productos más premium en detrimento de la cerveza masiva.

Van den Brink explicó que la prioridad de Heineken es «acelerar el crecimiento, financiado por un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo que implicarán una intervención significativa en costes durante los próximos dos años». Según el ejecutivo, estos ajustes permitirán «una mayor productividad del personal y más rapidez y eficiencia» en toda la organización.

Para 2026, la compañía prevé que el beneficio operativo crezca entre un 2% y un 6%, en un entorno económico estable, aunque reconoce que habrá presión de costes en algunas regiones, especialmente en África.

Adquisición estratégica en Centroamérica y planes de expansión

En medio de este proceso de reestructuración, Heineken completó la compra de los negocios de bebidas y tiendas de FIFCO en Centroamérica, la mayor adquisición del grupo en más de una década. La empresa espera que esta operación tenga un efecto positivo inmediato en el beneficio por acción, reforzando su presencia regional y ampliando su portafolio de marcas.

El grupo, que además de su cerveza insignia cuenta con marcas como Amstel, Guinness y Cruzcampo, había adelantado el pasado otoño un programa de reducción de costes de 2.000 millones de euros, que también implicará la desaparición de cientos de puestos en su sede central de Ámsterdam.

Transición en la cúpula directiva en momento crítico

Heineken deberá designar en los próximos meses al sucesor de Dolf van den Brink, quien sorprendió a la compañía en enero al anunciar su renuncia como director ejecutivo después de casi seis años en el cargo. Van den Brink señaló entonces que había dirigido a la empresa «en tiempos económica y políticamente turbulentos» y que su prioridad para los próximos meses es «dejar a Heineken en la posición más sólida posible».

La transición ocurre en un momento particularmente delicado, en el que el grupo trata de reforzar su rentabilidad, mantener su competitividad internacional y consolidar profundos cambios operativos. La combinación de optimización de costes, adquisiciones estratégicas y enfoque en eficiencia busca garantizar la sostenibilidad del negocio y preparar a la compañía para un mercado cervecero cada vez más competitivo y cambiante.

Deuda pública de Paraguay cierra 2025 en USD 20.409 millones con incremento de 12,9% mientras déficit fiscal alcanza 2% del PIB

febrero 11, 2026

La deuda pública total del país cerró el año 2025 en USD 20.409 millones, equivalente al 41,2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta cifra representa un incremento interanual de 12,9%, marcando el mayor aumento registrado durante el ejercicio fiscal, en un contexto donde el Estado paraguayo mantiene su compromiso de convergencia hacia la regla fiscal establecida para 2026.

El saldo de los compromisos financieros del Estado aumentó en USD 2.326 millones respecto al cierre de 2024, cuando la deuda acumulada alcanzaba USD 18.083,2 millones (40% del PIB). La evolución resulta aún más significativa al considerar que desde septiembre de 2023, primer mes de la gestión del presidente Santiago Peña, la deuda pública se incrementó en USD 3.844 millones, partiendo de un saldo inicial de USD 16.565 millones que representaba el 36,3% del PIB.

Deuda externa concentra el 85% del total con USD 17.346 millones

La composición de la deuda pública refleja una marcada predominancia de compromisos externos. El 85% del total corresponde a deuda externa, que en diciembre ascendió a USD 17.346 millones, registrando un incremento interanual de 10,3% y un aumento mensual de 1,4%. Esta cifra representa el 35,1% del PIB nacional.

Por su parte, la deuda interna, que representa el restante 15% de los compromisos totales, cerró en USD 3.062 millones, equivalente al 6,2% del PIB. Este segmento experimentó un crecimiento interanual significativamente mayor, del 29,7%, junto con un aumento mensual del 8%, reflejando una mayor utilización de fuentes de financiamiento locales durante el último año.

Administración central acumula 87,9% de los compromisos totales

La estructura de la deuda por entidad muestra que la Administración Central concentra el 87,9% del total, con USD 17.932 millones, cifra 10,6% superior en términos interanuales y que representa el 36,2% del PIB. Dentro de este monto, la deuda externa del gobierno central alcanzó USD 15.964 millones, con variaciones interanual y mensual de 9,2%, mientras que la deuda interna llegó a USD 1.968 millones, expandiéndose un 22,7% en comparación anual.

Las entidades descentralizadas con garantía soberana acumularon USD 2.476,8 millones en obligaciones, lo que representa el 12,1% de la deuda total y el 5% del PIB. El saldo de la deuda pública incluye los compromisos asumidos mediante préstamos de organismos financieros internacionales, emisión de bonos y ejecución de obras públicas bajo la modalidad llave en mano.

Servicio de la deuda consumió USD 2.125 millones durante 2025

El pago del servicio de la deuda acumuló USD 2.125 millones durante el ejercicio 2025, equivalente al 10,4% del total de la deuda. Este incremento en los compromisos financieros plantea desafíos para el margen fiscal futuro del país, aunque el informe del MEF destaca que los intereses anualizados redujeron su peso relativo, pasando de representar el 2% del PIB en diciembre de 2024 a 1,9% en diciembre de 2025, tras alcanzar un pico de 2,1% en julio del año pasado.

Revisión del PIB mejoró el ratio de endeudamiento

Un factor relevante en la evolución del indicador deuda/PIB fueron los sucesivos ajustes realizados a las proyecciones económicas durante 2025. En agosto, cuando el saldo de la deuda alcanzaba USD 19.732 millones, esta equivalía al 42,3% del PIB, que en ese momento se estimaba en USD 46.681 millones.

Sin embargo, tras el ajuste del crecimiento económico realizado por el Banco Central del Paraguay (BCP) en septiembre, elevando la proyección de 4,8% a 5,3%, el PIB pasó a USD 48.443 millones, reduciendo el ratio de deuda a 41,1%. En diciembre se aplicó un último ajuste de crecimiento, de 5,3% a 6%, llevando el producto final a USD 49.448 millones, lo que situó la proporción de deuda en el 41,2%.

Déficit fiscal de 2% del PIB marca mejor resultado desde 2019

Según los datos del MEF, al cierre de 2025 se registró un déficit fiscal de USD 1.047 millones, equivalente al 2% del PIB, el mejor resultado desde 2019. En términos nominales, el déficit acumulado alcanzó G. 7,4 billones, representando una reducción de G. 1,1 billones respecto al cierre de 2024.

Este resultado sostiene el avance del plan de convergencia hacia la regla fiscal que establece un déficit máximo de 1,5% del PIB para 2026. El déficit primario se mantuvo acotado en apenas 0,1% del PIB, reflejando una mejora en el balance estructural de las finanzas públicas por segundo año consecutivo.

Ingresos totales crecieron 4,5% impulsados por recaudación tributaria

Conforme al Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), los ingresos totales registraron un crecimiento de 4,5% en 2025, alcanzando G. 53,1 billones frente a los G. 50,8 billones de 2024. Este incremento fue impulsado principalmente por la recaudación tributaria, pese a la fuerte caída de los ingresos provenientes de las binacionales.

Por tipo de ingreso, los tributarios aumentaron 8,6%, cerrando el año con una presión tributaria equivalente al 11,2% del PIB. Los impuestos internos lideraron este crecimiento con un aumento del 5%, mientras que los impuestos externos crecieron 3,6%. En contraste, los ingresos binacionales se redujeron 25,8% y los ingresos no tributarios cayeron 7,9%, afectados por menores aportes de las binacionales y donaciones.

La contribución a la variación acumulada del ingreso total fue liderada por los ingresos tributarios, que aportaron 6,5 puntos porcentuales, mientras que los ingresos binacionales restaron 2,4 puntos y los no tributarios sumaron 0,4 puntos.

Gasto total aumentó 3,4% con priorización de sectores estratégicos

El gasto total alcanzó G. 54,8 billones en 2025, registrando un aumento de 3,4% con una clara priorización de sectores y programas considerados estratégicos. La distribución por función estuvo liderada por educación (22%), salud (15%), seguridad social (12%), seguridad (12%) y programas sociales (12%). El servicio de la deuda representó el 13% del gasto total, mientras que la administración gubernamental consumió el 9%. En conjunto, el 76% del gasto total se destinó a sectores estratégicos.

La inversión pública alcanzó G. 5,7 billones, equivalentes al 1,6% del PIB o USD 767 millones, retornando a niveles sostenibles. A esto se suman USD 118 millones asignados al fondo de Alianza Público-Privada (APP) y USD 254 millones en inversiones previstas con financiamiento de Itaipú.

El informe del MEF enfatiza que el resultado fiscal de 2025 confirma el avance sostenido hacia el cumplimiento de la regla fiscal, manteniendo estable el ratio de endeudamiento de la Administración Central respecto del PIB, mientras el país transita hacia una mayor disciplina fiscal en el marco de sus compromisos de mediano plazo.

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