Quinta modificación contractual otorga G. 42.311 millones adicionales al consorcio vinculado al senador Pettengill
La gestión de la ministra Claudia Centurión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) enfrenta crecientes críticas por una serie de decisiones administrativas que comprometen la transparencia y competitividad en las licitaciones públicas. El caso más reciente involucra la firma de la Adenda N° 5 con el consorcio Rutas del Este S.A., que representa un desembolso adicional de G. 42.311.403.816 sin IVA para obras complementarias en la ruta PY02.
La polémica se intensifica al considerar que estas modificaciones contractuales benefician sistemáticamente al mismo grupo empresarial vinculado al senador Luis Pettengill, conocido en el ámbito político como el «pulpo» de las licitaciones. El consorcio, integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, está representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del legislador colorado, quien mantiene la concesión de 30 años de la carretera bajo el régimen de Alianza Público-Privada.
Patrón de adjudicaciones sin licitación genera beneficios millonarios
El análisis de las modificaciones contractuales revela un patrón preocupante de adjudicaciones directas que evitan procesos licitatorios competitivos. Esta quinta adenda se suma a las cuatro anteriores firmadas entre 2020 y 2023, que ya autorizaron pagos adicionales por aproximadamente USD 50 millones al consorcio, siempre por obras complementarias asignadas sin licitación pública.
Las obras incluidas en la Adenda N° 5 contemplan tres proyectos principales: una pasarela peatonal en Pedrozo (km 47,6) con un costo de G. 3.953 millones, un paso vehicular elevado en el cruce Jhugua Jhu–Pedrozo (km 47) valorado en G. 26.067 millones, y otro paso superior en Costa Pucú (km 59,1) por G. 12.290 millones. Estas cifras representan incrementos sustanciales que se suman al monto original de la concesión, cuestionando la planificación inicial y la eficiencia del gasto público.
Esquema de pagos beneficia desproporcionalmente a la concesionaria
El mecanismo de compensación establecido para Rutas del Este resulta particularmente ventajoso para la empresa. Según el esquema vigente, la concesionaria no solo cobra una vez habilitadas las obras complementarias, sino que además recibe un porcentaje anual de la inversión por conceptos de operación, conservación y mantenimiento durante todo el período de concesión.
Esta estructura de pagos garantiza ingresos sostenidos para la empresa más allá de la inversión inicial, convirtiendo cada modificación contractual en una fuente permanente de ingresos. El caso se agrava con la reciente firma de la Adenda N° 7 en abril de 2024, que incorpora la autopista elevada de 4 km en Luque y la ampliación de las rutas Luque–Areguá y Luque–San Bernardino, otorgando además a la empresa la recaudación del peaje en la ruta Luque–San Bernardino.
Conflicto de intereses persiste pese a declaraciones ministeriales
A pesar de las afirmaciones de la ministra Centurión sobre la supuesta desvinculación del senador Pettengill de sus empresas, los hechos demuestran una continuidad en los beneficios otorgados al grupo empresarial familiar. La Contraloría General de la República ya confirmó anteriormente que el senador votó a favor de proyectos de endeudamiento con pleno conocimiento de que los recursos favorecerían a las empresas de su clan familiar.
La explicación ministerial de que Pettengill «está fuera» de sus empresas resulta insuficiente cuando la representación directa del consorcio recae en su hijo Juan Carlos Pettengill, manteniendo así el control familiar sobre una concesión que ha recibido beneficios extraordinarios durante la gestión actual del MOPC.
Ruta I: nuevo test de transparencia para la gestión Centurión
La credibilidad de la ministra Centurión enfrenta un desafío adicional con la licitación de la Ruta I, proyecto de alto impacto socioeconómico que debe contar con garantías de transparencia. Sin embargo, los antecedentes no son alentadores: hasta mediados de 2024, dos firmas brasileñas interesadas en el millonario contrato de ampliación de la ruta PY01 estaban cumpliendo sanciones en su país de origen.
El diputado Adrián Billy Vaesken ha expresado preocupación por los antecedentes de los oferentes, solicitando la mayor transparencia para evitar que la obra se convierta en «un Metrobús 2.0». Las firmas cuestionadas incluyen empresas con historial de incumplimientos contractuales, retrasos en ejecución de obras y observaciones sobre el uso de fondos en otros países de la región.
Patrón sistemático compromete institucionalidad del MOPC
La acumulación de casos controvertidos bajo la gestión de Centurión revela un patrón sistemático que compromete la institucionalidad del MOPC. La tendencia a beneficiar repetidamente al mismo grupo empresarial, combinada con la falta de procesos licitatorios competitivos para obras complementarias, genera dudas legítimas sobre la imparcialidad y eficiencia de la gestión ministerial.
La oposición ha manifestado su intención de solicitar informes parlamentarios sobre el avance de estas y otras licitaciones, así como sobre las obras en curso de la cartera. Esta supervisión legislativa resulta necesaria ante la evidencia de que las modificaciones contractuales se han convertido en un mecanismo regular de beneficio para empresas específicas, evitando la competencia que debería caracterizar la contratación pública.
Impacto en la credibilidad institucional
La gestión de Centurión al frente del MOPC enfrenta un momento crítico donde la acumulación de controversias licitatorias, las modificaciones contractuales discrecionales y los conflictos de intereses no resueltos erosionan la credibilidad institucional. La transparencia en la gestión de recursos públicos no puede ser una opción sino una obligación fundamental, especialmente cuando se trata de proyectos de infraestructura que impactan el desarrollo nacional.
El futuro de la infraestructura paraguaya depende de que el MOPC recupere la confianza ciudadana a través de procesos transparentes, competitivos y técnicamente sólidos. Mientras persistan las adjudicaciones preferenciales y las modificaciones contractuales sistemáticas que benefician a los mismos actores, el país seguirá comprometiendo recursos públicos sin garantizar la mejor relación costo-beneficio para el desarrollo nacional.
