El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en agosto, argumentando déficit fiscal y falta de fuentes de financiamiento específicas. La medida profundiza una crisis en el sector educativo superior que registra caídas presupuestarias del 32% desde 2023, mientras el Parlamento evalúa insistir con los dos tercios requeridos tras el reciente revés electoral oficialista.
Crisis presupuestaria alcanza niveles históricos en universidades públicas
El sistema universitario público argentino atraviesa su peor momento presupuestario en casi dos décadas. Según el informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la inversión en universidades nacionales cayó 22,1% en 2024 y se proyecta un retroceso adicional del 8,6% para 2025 en términos reales.
El presupuesto universitario representa actualmente apenas el 0,5% del PIB, su valor más bajo desde 2005 cuando alcanzó el 0,49%. Esta reducción contrasta dramáticamente con la magnitud del sistema: casi dos millones de estudiantes cursan en universidades nacionales estatales, frente a 500.000 en instituciones privadas.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) confirma que los recursos asignados para 2025 al Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubicarán en su nivel más bajo en casi dos décadas, con una caída acumulada del 32% desde 2023, pese al reciente aumento del 29% dispuesto por decreto presidencial.
Salarios universitarios acumulan pérdida del 28,6% desde diciembre de 2023
El deterioro salarial constituye otro factor crítico de la crisis. Los cálculos del CIICTI y FEDUN indican que los salarios universitarios registran una caída real acumulada del 28,6% desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia.
El incremento del 7,5% anunciado por el gobierno para el período septiembre-noviembre, rechazado por los sindicatos del sector, resulta insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo. La ley vetada proponía una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con actualizaciones mensuales posteriores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Gobierno justifica veto por impacto fiscal de $1,06 billones
La administración Milei fundamentó el veto en que la aplicación de la ley implicaría un gasto adicional superior a $1,06 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, sin contar con fuentes de financiamiento «concretas, específicas, actuales y suficientes».
El decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial advierte que la norma «incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos», lo que obligaría a financiarla mediante emisión monetaria con supuesto impacto inflacionario. El gobierno califica el costo fiscal como «inaceptable» en el marco de su política de equilibrio presupuestario.
La ley vetada establecía actualizar las partidas presupuestarias para funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología según la inflación acumulada de 2023-2024, además de implementar actualizaciones bimestrales por IPC y elevar el presupuesto universitario al 1% del PIB.
Congreso evalúa insistencia tras cambio en correlación de fuerzas políticas
El panorama político que enfrenta Milei para sostener el veto presenta diferencias sustanciales respecto a 2024, cuando logró que el Parlamento avalara un rechazo similar a otra ley de financiamiento universitario. La semana pasada, el Congreso revirtió un veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, mientras que el domingo el partido oficialista sufrió un revés electoral en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Diputados planifica sesionar el miércoles 17 de septiembre, mientras el Senado acordó hacerlo el jueves 18 para tratar temas pendientes, incluyendo potencialmente este veto. Los diputados necesitan reunir dos tercios de los presentes en cada cámara para insistir, como ocurrió en agosto cuando la norma obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones en Diputados, y 58 afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones en el Senado.
Sector universitario anuncia medidas de protesta y movilización
Los referentes universitarios anticiparon marchas y los gremios anunciaron medidas de fuerza como respuesta al veto. La tensión se refleja en declaraciones como la de la ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA): «Las universidades están al borde del colapso y el presidente elige empujarlas al abismo».
El conflicto se enmarca en un sistema donde el acceso a la educación universitaria pública es gratuito desde 1949, y muchas de las 57 casas de estudios nacionales gozan de reconocida reputación académica internacional.
Otros vetos presidenciales completan el panorama de confrontación
Milei enfrenta simultáneamente los plazos para vetar otras dos leyes controvertidas: la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, con plazo hasta el jueves, y la automatización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para provincias, con vencimiento el viernes.
La emergencia pediátrica implicaría un gasto adicional de $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que los ATN se repartirían automáticamente como fondos coparticipables diarios, limitando la discrecionalidad presidencial actual.
La Casa Rosada anticipó que los tres vetos serán totales, manteniendo su línea de política fiscal restrictiva pese al cambio en la correlación de fuerzas políticas tras las recientes elecciones provinciales.
