La deuda externa paraguaya experimentó un crecimiento significativo en la última década, alcanzando los USD 29.963 millones en 2024, según los datos más recientes del Banco Mundial. Esta cifra representa un incremento del 73,34% respecto a los USD 17.285,3 millones registrados en 2013, en un contexto global donde el financiamiento para países en desarrollo se ha vuelto más selectivo y costoso.
El informe sobre Deuda Externa Internacional (IDS) del organismo multilateral revela una transformación profunda en el perfil de endeudamiento del país, caracterizada no solo por el aumento del monto total, sino también por cambios sustanciales en su composición y en los acreedores que la sustentan.
El sector público lidera el aumento del endeudamiento
La principal característica de esta evolución es el protagonismo creciente del sector público en la estructura de la deuda. La deuda a largo plazo del sector público y con garantía pública se disparó de USD 3.737,6 millones en 2013 a USD 15.744,4 millones en 2023, reflejando una mayor dependencia del endeudamiento estatal para financiar las necesidades del país.
En contraste, la deuda privada no garantizada ha reducido su peso relativo en el total, ubicándose en USD 10.283 millones en 2024. Esta tendencia evidencia un cambio en el modelo de financiamiento, donde el Estado asume un rol más protagónico en la captación de recursos externos.
La deuda externa total, que comprende la suma de la deuda pública, la deuda con garantía pública, la deuda privada no garantizada a largo plazo, la deuda a corto plazo y el uso del crédito del FMI, ha superado significativamente la mitad de la capacidad productiva del país.
La deuda supera el 69% del ingreso nacional
Uno de los indicadores más reveladores es la relación entre la deuda externa y la economía nacional. El ratio de stock de deuda externa sobre el Ingreso Nacional Bruto (INB) alcanzó el 69,7% en 2023, una cifra considerablemente superior al 44,6% registrado en 2014. Este incremento de más de 25 puntos porcentuales en menos de una década señala una creciente exposición del país frente a sus compromisos externos.
En cuanto a la relación con las exportaciones, Paraguay registra un ratio de deuda externa sobre exportaciones del 168,3%. Si bien esta cifra no coloca al país entre los 22 más endeudados del mundo —aquellos con deuda externa superior al 200% de los ingresos por exportación—, el Banco Mundial advierte que en estos últimos un promedio del 56% de los habitantes no pueden asumir el costo de la dieta diaria mínima necesaria para la salud a largo plazo.
Mayor dependencia de acreedores multilaterales
La estructura de acreedores también experimentó una transformación notable. La proporción de la deuda con acreedores multilaterales creció significativamente, pasando del 10,4% del stock de deuda en 2013 al 26,6% en 2024. Esta tendencia refleja el patrón global de recurrir a fuentes más estables en un entorno de financiamiento internacional cada vez más restrictivo.
El Banco Mundial destacó que el financiamiento externo se ha vuelto «más difícil de obtener», con excepción del proveniente de las instituciones multilaterales. A nivel global, los pagos por concepto de deuda de los países en desarrollo alcanzaron el nivel más alto de los últimos 50 años durante el período 2022-2024, cuando estos países pagaron en total USD 741.000 millones más en concepto de capital e intereses de lo que recibieron en nuevo financiamiento.
El dilema del endeudamiento interno
Ante las limitadas opciones de financiamiento externo de bajo costo, muchos países en desarrollo, incluido Paraguay, han recurrido progresivamente a acreedores internos. Haishan Fu, jefe de Estadística del Banco Mundial, calificó esta tendencia como «un arma de doble filo».
«La creciente tendencia en muchos países en desarrollo de utilizar fuentes internas para satisfacer sus necesidades de financiamiento refleja un logro importante en materia de políticas. Demuestra que sus mercados de capitales locales están evolucionando. Pero el elevado endeudamiento interno puede incentivar a los bancos nacionales a acumular bonos gubernamentales cuando deberían estar otorgando préstamos al sector privado local», explicó Fu.
El especialista advirtió además que la deuda interna tiene vencimientos más cortos, lo que puede aumentar el costo de refinanciamiento, y recomendó a los gobiernos tener cuidado de no excederse en esta práctica.
El déficit fiscal cierra el año en USD 622 millones
En el plano fiscal interno, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, informó que el déficit fiscal acumulado al mes de noviembre ascendió a USD 622 millones, lo que representa un incremento mensual del 17,8%, equivalente a USD 94 millones más en comparación con octubre, cuando se ubicaba en USD 528 millones.
No obstante, el titular del MEF señaló que el resultado a noviembre muestra una mejora en términos interanuales, ya que el déficit fiscal acumulado se redujo en USD 178 millones frente al mismo período del 2024.
Durante la presentación de la evaluación económica del 2025 y las perspectivas para el 2026, Fernández Valdovinos subrayó que Paraguay mantiene un desempeño fiscal relativamente sólido en comparación con otros países de la región. «Creo que todos los números siempre reflejan que Paraguay realmente tiene un desempeño fiscal mucho mejor de lo que son los pares en la región, en el sendero público, en el balance fiscal o incluso en gastos», afirmó.
El ministro recordó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 fue elaborado con un déficit del 1,5% del PIB, conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, aclarando que la normativa se refiere a la etapa de elaboración y aprobación del presupuesto y no a su ejecución.
La Caja Fiscal consume más de la mitad del aumento tributario
Uno de los desafíos fiscales más críticos que enfrenta el país es el creciente déficit del sistema de pensiones y jubilaciones del sector público. Según datos oficiales del MEF, el déficit de la Caja Fiscal ya asciende a más de USD 800 millones desde el 2023, lo que equivale a G. 5,6 billones.
El análisis más revelador surge al comparar este saldo rojo con el aumento de los ingresos tributarios en el mismo período. Desde 2023, tras la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), las recaudaciones estatales aumentaron en G. 10 billones. Sin embargo, las pérdidas del sistema previsional representaron el 56,9% del total de dichos ingresos adicionales.
Esta situación evidencia que el crecimiento de los ingresos del Tesoro no se está traduciendo en una mejora fiscal neta, sino que en gran medida está siendo absorbido por un déficit previsional que continúa ampliándose año tras año.
Un déficit acumulado de USD 1.600 millones en diez años
Los registros oficiales muestran que el déficit acumulado de la Caja Fiscal desde 2015 supera los G. 11 billones, lo que equivale a cerca de USD 1.600 millones en diez años. El saldo rojo previsional se volvió persistente a partir de ese mismo año y, lejos de corregirse, se profundizó de manera sostenida.
Este desequilibrio está explicado principalmente por la evolución de los regímenes especiales o diferencias en parámetros entre las cajas. El sector de los docentes concentra el mayor déficit, seguido por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, cuyos resultados negativos van en crecimiento mes a mes.
Si bien existen aportes positivos de la Administración Pública y de otros sectores, estos resultan insuficientes para compensar las pérdidas, lo que obliga al Tesoro Público a cubrir el faltante mediante transferencias de recursos tributarios.
Las transferencias a la Caja Fiscal crecen 23% en un año
El último informe de Tesorería, correspondiente a octubre, revela que las transferencias para la Caja Fiscal mediante Fuente 10, es decir, de recursos tributarios, tuvieron un crecimiento de hasta 23% en solo un año.
En lo que va de 2025, el saldo rojo del sistema previsional ya llega a los G. 2,3 billones, equivalente a USD 334,5 millones. En el mismo período, los ingresos tributarios registraron un crecimiento interanual de 9,2%, generando más de G. 3,3 billones adicionales respecto al mismo período del 2024, impulsados tanto por los impuestos internos como por los aduaneros.
La reforma previsional sin tratamiento inmediato
Aunque el Ministerio de Economía confirmó que el proyecto de reforma previsional sería presentado durante diciembre, aparentemente no tendrá un rápido tratamiento en el Congreso, considerando que se aproxima el receso parlamentario y los legisladores recién retornarán en marzo.
Los datos de la Situación Financiera de la Caja Fiscal señalan que las pérdidas van creciendo pese a que no existe un desequilibrio entre aportantes y jubilados. A noviembre de este año, se cuenta con un total de 237.952 aportantes, mientras que son 82.919 los beneficiarios en total.
Los mayores aportantes siguen siendo los empleados públicos (89.605), los cuales también son el único sector que aún mantiene un leve superávit mes a mes. Les siguen los maestros (82.313), gremio que representa el mayor porcentaje (48,2%) de los beneficiarios y la caja de mayor déficit, llegando ya a los USD 153 millones.
Perspectivas y desafíos estructurales
La estrategia fiscal del Gobierno, según Fernández Valdovinos, busca mantener la disciplina sin descuidar la inversión social, resaltando el aumento de recursos destinados a salud, educación y programas emblemáticos como Hambre Cero y Adulto Mayor. Según explicó, estos gastos tienen un impacto estructural en el capital humano y forman parte central de la política económica para el 2026.
Sin embargo, la combinación de un endeudamiento externo creciente, un contexto internacional de financiamiento más restrictivo y un déficit previsional que consume más de la mitad del aumento en la recaudación tributaria plantea desafíos estructurales significativos para la sostenibilidad fiscal del país en el mediano y largo plazo.
La advertencia del Banco Mundial sobre la importancia de la sostenibilidad de la deuda para garantizar el bienestar económico básico de la población cobra especial relevancia en este contexto, donde las decisiones de política fiscal y las reformas estructurales pendientes determinarán la capacidad del país para mantener su estabilidad macroeconómica sin comprometer el desarrollo social.
