Tribunal de Nueva York paraliza fondos tras demanda colectiva que afectó a 75.000 inversores
Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó el congelamiento de 280 millones de dólares provenientes de las ganancias generadas por la venta de $Libra, la controvertida criptomoneda que fue promocionada por el presidente argentino Javier Milei en febrero pasado. La medida judicial, dictada por la jueza Jennifer Louise Rochon del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, representa un hito significativo en el caso que ha generado repercusiones tanto en el ámbito financiero internacional como en la política argentina.
La demanda colectiva, que inicialmente se tramitaba en el fuero estadual antes de ser transferida al federal, acusa al empresario estadounidense Hyden Mark Davis, junto a su padre, su hermano y otros cómplices, de orquestar un esquema fraudulento que utilizó el respaldo público del mandatario argentino para otorgar legitimidad aparente al proyecto criptográfico.
El mecanismo de la presunta estafa y sus víctimas
El esquema operativo de la presunta estafa se desenvolvió con precisión cronométrica el 14 de febrero de 2025. Según la documentación judicial, la cotización de $Libra experimentó un incremento exponencial desde valores prácticamente nulos inmediatamente después de que Milei publicara un mensaje promocional en sus redes sociales. Sin embargo, pocas horas después, el valor del token se desplomó estrepitosamente, dejando un saldo devastador para los inversores que confiaron en la recomendación presidencial.
Los registros del caso indican que aproximadamente 75.000 personas resultaron afectadas por esta operación, perdiendo la totalidad de sus inversiones. En contraste, un grupo reducido de inversores que habían adquirido el token momentos antes del mensaje presidencial logró obtener ganancias millonarias antes de que se produjera el colapso del valor.
La estrategia legal de los demandantes ha sido cuidadosamente estructurada para evitar complicaciones jurisdiccionales. Los abogados decidieron excluir a Milei y a los ciudadanos argentinos involucrados de la acusación en territorio estadounidense, anticipando posibles dilaciones procesales por parte del gobierno argentino o conflictos de competencia judicial.
La defensa presidencial y la crisis política
El escándalo de $Libra generó la primera crisis significativa del gobierno de Milei, quien adoptó una postura defensiva comparando la situación con las apuestas en un casino. «Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?», declaró el presidente, argumentando que únicamente había promocionado una inversión privada en un mercado inherentemente riesgoso.
No obstante, esta explicación no logró disipar las interrogantes sobre aspectos comprometedores del caso. Las investigaciones revelaron que Davis y otros responsables de $Libra habían sido recibidos en la residencia oficial de Olivos antes del lanzamiento público del token. Adicionalmente, el mensaje presidencial incluía un enlace directo al token que hasta ese momento no había sido divulgado públicamente, lo que sugiere un nivel de coordinación previa.
La respuesta institucional y el cierre de la investigación oficial
La respuesta inicial del gobierno argentino consistió en la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, supuestamente destinada a investigar las circunstancias del caso. Esta unidad, establecida el 25 de febrero, tenía como mandato colaborar con el Poder Judicial a través de la coordinación con la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.
Sin embargo, la UTI fue disuelta hace dos semanas mediante un decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, sin haber presentado informe alguno sobre sus hallazgos. El gobierno justificó esta decisión argumentando que la tarea había sido «cumplimentada» y que la información había sido «remitida» al Ministerio Público Fiscal.
Esta clausura prematura ha generado críticas de diversos sectores de la oposición, que han cuestionado la transparencia del proceso y amenazado con impulsar una comisión investigadora en el Congreso, iniciativa que hasta el momento permanece bloqueada.
Las investigaciones judiciales en curso
Paralelamente a los procedimientos en Estados Unidos, la justicia argentina mantiene activa su propia línea de investigación. El pasado viernes, la fiscalía solicitó a las operadoras de telefonía que proporcionen información sobre los números telefónicos registrados a nombre de Milei y su hermana Karina, quien ocupa el cargo de secretaria general de la presidencia.
Las autoridades judiciales también requirieron datos de los responsables locales del lanzamiento de $Libra: Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, así como la geolocalización de la línea telefónica de Hyden Mark Davis. El objetivo es reconstruir la red de comunicaciones entre los involucrados antes, durante y después del lanzamiento de la criptomoneda.
La investigación ha intensificado su enfoque sobre las actividades financieras de los principales sospechosos. La jueza María Servini, a cargo del expediente que se tramita bajo secreto de sumario, solicitó al Banco Central información detallada sobre las entidades bancarias que operaron cuentas a nombre del presidente, su hermana y otros tres investigados, con el propósito de analizar la evolución patrimonial desde 2023 hasta la actualidad.
El congelamiento de activos y las medidas cautelares
En el frente estadounidense, las autoridades lograron congelar aproximadamente 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados directamente a Hayden Davis, medida ejecutada por una plataforma de criptomonedas no identificada que bloqueó dos billeteras virtuales asociadas al empresario. Esta acción forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas actividades de lavado de dinero y fraude.
La colaboración internacional ha sido fundamental para el rastreo de los fondos, aunque los investigadores enfrentan el desafío de que aproximadamente la mitad de los criptoactivos vinculados a Davis aún no han sido localizados. La naturaleza descentralizada y el grado de anonimato que ofrecen las criptomonedas han complicado significativamente las labores de seguimiento.
En Argentina, la jueza Servini dispuso la inhibición de bienes por 90 días respecto a tres de los principales imputados: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. La medida se extendió a familiares directos de Novelli tras la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que registraron el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana el 17 de febrero, primer día hábil posterior al mensaje presidencial.
Las implicaciones económicas y regulatorias
El caso $Libra ha expuesto las vulnerabilidades del mercado de criptomonedas ante la manipulación y el uso indebido de influencia pública. La capacidad de una sola publicación en redes sociales para generar volatilidad extrema en el valor de un activo digital demuestra la fragilidad de este segmento del mercado financiero.
Las imputaciones contra el presidente argentino incluyen delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, lo que plantea interrogantes sobre los límites éticos y legales de la participación de funcionarios públicos en la promoción de instrumentos financieros privados.
Los abogados que representan a las víctimas han calificado el congelamiento de fondos como «una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $Libra», aunque el proceso judicial se encuentra en etapas tempranas y la recuperación de los fondos perdidos por los 75.000 afectados permanece incierta.
Investigaciones seguirán su desarrollo
La unificación de las demandas en el tribunal federal estadounidense y la continuidad de las investigaciones en Argentina sugieren que el caso $Libra tendrá implicaciones duraderas tanto para los mercados de criptomonedas como para la estabilidad política del gobierno de Milei. La coordinación internacional entre las autoridades judiciales será determinante para establecer la extensión completa del presunto esquema fraudulento y asegurar la recuperación de los activos sustraídos.
El precedente que establezca este caso podría influir significativamente en la regulación futura de las criptomonedas y en los protocolos de supervisión sobre la participación de funcionarios públicos en la promoción de instrumentos financieros, tanto en Argentina como en otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares en la era digital.
