Estudio actuarial identifica tres momentos de quiebre financiero entre 2035 y 2047 mientras persisten deudas estatales por USD 600 millones y morosidad empresarial cercana a USD 570 millones
El Instituto de Previsión Social enfrentará una crisis de sostenibilidad financiera si no implementa reformas urgentes en su modelo de financiamiento y gestión de inversiones. Esta es la conclusión central del informe preliminar del estudio actuarial 2024-2100, presentado ante la Cámara de Senadores y en sesión del Consejo de Administración del IPS el 9 de mayo de 2025. El análisis técnico, elaborado por la Asesoría Actuarial del IPS con acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conforme a estándares internacionales ISAP 2 y directrices de organismos internacionales de seguridad social, proyecta un horizonte complejo donde el fondo previsional atravesará al menos tres momentos críticos de quiebre estructural.
Tres momentos de quiebre: la ruta hacia el desequilibrio financiero
El informe actuarial identifica con precisión los puntos de inflexión que marcarían el deterioro progresivo del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. El primer momento crítico ya se encuentra en curso. Hasta 2019, los aportes obrero-patronales cubrían con suficiencia el pago de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, a partir de 2020, durante la pandemia, esa relación fundamental se rompió. Desde entonces, el IPS ha recurrido sistemáticamente a la renta generada por sus reservas para financiar el déficit corriente.
El consumo de rentas de inversión ha mostrado tendencia ascendente. En 2020 se utilizó el 19,85% de la renta; en 2021 el 2,40%; en 2022 el 16,87%; en 2023 el 28,02%; y en 2024 el 33,92%. Este patrón indica que en cinco años, aproximadamente un tercio de las rentas se destinó a cubrir pagos previsionales, confirmando que los ingresos por aportes dejaron de ser suficientes. La institución depende cada vez más del rendimiento de sus inversiones para sostener compromisos ya contraídos.
El segundo momento crítico se situaría alrededor de 2035. En ese período, la totalidad de la renta dejaría de alcanzar para cubrir el gasto corriente, obligando al IPS a utilizar el capital acumulado de la reserva. Esta transición marcaría un punto de no retorno: la institución pasaría de depender del rendimiento de inversiones a consumir directamente recursos acumulados. Las estimaciones indican que, de no profesionalizarse la gestión de inversiones y ajustarse los parámetros del régimen, la velocidad de consumo del capital podría superar USD 100 millones anuales en algunos ejercicios.
El tercer y más crítico escenario ocurriría hacia 2047, cuando se proyecta el agotamiento total de la reserva. A partir de esa fecha, el sistema previsional contaría únicamente con aportes corrientes de trabajadores y empleadores. Un modelo basado exclusivamente en ingresos mensuales resultaría altamente vulnerable a cualquier caída del empleo formal o desaceleración económica, comprometiendo el cumplimiento de obligaciones previsionales.
Condiciones para evitar el colapso: rentabilidad del 2% adicional y financiamiento del aguinaldo
El informe preliminar establece que el fondo mantendría solvencia por al menos 28 años bajo dos condiciones específicas. La primera demanda alcanzar una rentabilidad equivalente a la inflación más 2% adicional en gestión de inversiones. La segunda requiere que el Beneficio Adicional Anual (BAA), popularmente conocido como aguinaldo, sea financiado mediante un aporte adicional del 1,25% sobre salario declarado.
De no garantizarse ambos parámetros, la estabilidad del sistema previsional experimentaría deterioro en el mediano plazo, reduciendo la capacidad del fondo para responder al número creciente de beneficiarios. El documento identifica el BAA como uno de los componentes más sensibles del esquema jubilatorio, señalando que podría convertirse en factor de desequilibrio financiero si no se establece mecanismo de financiamiento claramente definido.
Transformación demográfica: el desafío de una población envejecida
Las proyecciones demográficas exponen la complejidad de los cambios estructurales. Entre 2024 y 2100, la cantidad de cotizantes se duplicaría, pasando de 859.008 a 1.859.971 aportantes. Sin embargo, el número de jubilaciones y pensiones podría multiplicarse por diez, alcanzando 879.657 prestaciones. Este crecimiento exponencial de beneficiarios refleja el envejecimiento progresivo de la población paraguaya, que incrementará la proporción de adultos mayores y elevará la carga sobre el sistema previsional.
El IPS advierte que este escenario demográfico requeriría gestión activa del fondo y estrategias de inversión que garanticen rentabilidad real positiva, además de reformas institucionales que fortalezcan el equilibrio entre aportes y beneficios. Los resultados finales de la valuación actuarial serán publicados en octubre de 2025.
Deuda estatal supera USD 600 Millones: incumplimiento de obligación constitucional
Más allá de los desafíos estructurales de largo plazo, el IPS enfrenta problemas financieros inmediatos. Según información del presidente de la República Santiago Peña, la deuda por cobrar del Estado al Instituto de Previsión Social ha ascendido de aproximadamente USD 500 millones hasta 2024 a más de USD 600 millones a septiembre de 2025. Esta deuda corresponde a la obligación estatal de realizar un aporte del 1,5% sobre todas las contribuciones del aporte obrero-patronal (AOP), conforme a la carta orgánica del IPS.
El incumplimiento de esta obligación representa una violación a compromisos legales establecidos. Los recursos derivados del pago de esta deuda oxigenarían significativamente los fondos jubilatorios, sin embargo, hasta la fecha no existe un plan definido para saldar la acumulación de obligaciones. Este atraso financiero agrava el déficit corriente que ya presiona las rentas de inversión del fondo.
Morosidad empresarial alcanza USD 570 Millones
Paralelamente, la morosidad de empresas en el cumplimiento de aportes obrero-patronales constituye otro factor de presión sobre las finanzas previsionales. La deuda por aportes no pagados por el sector empresarial alcanza aproximadamente USD 570 millones. El IPS ha expresado la intención de implementar certificación de deuda para formalizar y agilizar la gestión de pago de estas obligaciones pendientes, buscando recuperar recursos que son vitales para la sostenibilidad del sistema.
La combinación de deuda estatal (USD 600 millones) y morosidad empresarial (USD 570 millones) suma más de USD 1.170 millones en obligaciones incumplidas, equivalente a recursos que podrían fortalecer significativamente las reservas del fondo.
Ampliación presupuestaria y equiparación salarial de residentes médicos
En el plano administrativo y operativo, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que amplía el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para el IPS. El monto original de G. 189.323.031.832 se elevó a G. 192.651.671.832, modificación aprobada para adecuar lo dispuesto en la Ley N° 7446/2024, que introduce cambios en el régimen legal del Instituto.
Los recursos presupuestarios se destinarían a mantenimiento de vehículos, reparación de edificios, servicios de imprenta, servicios médicos tercerizados, provisión de alimentos a internados de hospitales y unidades sanitarias del IPS, adquisición de repuestos de equipos de salud, y pagos vinculados a deudas de ejercicios anteriores.
La ampliación presupuestaria incorporó además una equiparación salarial para residentes médicos del IPS respecto a profesionales dependientes del Ministerio de Salud. Los residentes pasarían de percibir G. 4.400.000 a G. 6.000.000 a partir de octubre de 2025, alineándose con remuneraciones del sector público sanitario. La Comisión de Presupuesto, bajo la dirección de la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), consideró esta medida necesaria para equiparación salarial, mientras que la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, representada por el legislador César Cerini (ANR-Itapúa), y la Comisión de Reestructuración y Modernización del Estado, presidida por Diosnel Aguilera (PLRA-Ñeembucú), respaldaron la iniciativa.
Formalización laboral avanza: incorporación de 107.000 Nuevos Cotizantes
En contrapunto con los desafíos financieros, el IPS registra crecimiento en su base de afiliados. La cantidad de cotizantes pasó de 707.638 en julio de 2023 a 815.115 en septiembre de 2025, representando la incorporación de más de 107.000 nuevos aportantes en ese período. En el último año, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el incremento fue de 58.475 nuevos cotizantes, según datos del Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, atribuye este crecimiento a múltiples factores: intensificación de inspección laboral, programas de empleo juvenil como EmpleaPy, incentivos a la formalización empresarial, mejora en trazabilidad digital y alianzas público-privadas que facilitan acceso al empleo formal. El proceso de formalización ha experimentado aceleración notable, con variación que pasó de 3,3% en julio de 2023 a 7,7% en septiembre de 2025.
Este crecimiento de cotizantes constituye elemento positivo para la estructura de ingresos del fondo, aunque los especialistas advierten que la incorporación de nuevos aportantes no es suficiente para contrarrestar la presión que ejercerá el envejecimiento demográfico en las próximas décadas. El aumento en formalidad laboral genera seguridad social, dinamiza la economía e incrementa el nivel de ocupación laboral, pero requiere complementarse con reformas estructurales del sistema previsional.
Futuro inmediato
El Instituto de Previsión Social reiteró la necesidad de tomar decisiones oportunas para garantizar la sostenibilidad del fondo en un contexto de cambios demográficos y presiones crecientes sobre el sistema previsional. Los resultados finales de la valuación actuarial serán publicados en octubre de 2025, momento en el cual se espera mayor definición sobre las medidas correctivas que requiere el sistema. La viabilidad del esquema jubilatorio paraguayo dependerá de la efectiva implementación de reformas financieras, mejora en la gestión de inversiones y recuperación de deudas pendientes tanto del sector público como privado.
