El Banco de Israel publicó su informe anual 2025 con una conclusión que sintetiza dos años de economía de guerra: el país perdió el equivalente al 8,6% de su producto interior bruto anual —177.000 millones de shekels, unos US$57.000 millones— durante el período transcurrido entre 2023 y 2025. La cifra, que abarca las operaciones militares en Gaza y el Líbano pero excluye la guerra actual contra Irán, convierte a este ciclo bélico en el de mayor costo económico en la historia moderna del Estado israelí.
Una economía sometida a restricciones de oferta estructurales
El impacto no fue únicamente financiero en el sentido contable. El PIB creció apenas un 0,9% en 2024 frente a 2023, mientras que la producción empresarial se contrajo un 0,8%. El presupuesto de defensa de 2024 se expandió hasta el 7% del PIB, una de las tasas más elevadas a nivel global, generando un déficit fiscal pronunciado y una deuda pública en escalada acelerada.
El mecanismo de transmisión fue múltiple. La movilización masiva de reservistas retiró fuerza laboral calificada del sector tecnológico, motor histórico de la economía israelí. La prohibición de ingreso a trabajadores palestinos, que representaban una porción sustancial de la mano de obra en construcción y agricultura, agravó el cuadro. La reducción de esas restricciones de oferta fue gradual a lo largo del año, condicionada por la ausencia prolongada de reservistas y residentes de zonas de conflicto de sus puestos de trabajo habituales. Desde el inicio de la guerra, el consumo del gobierno se convirtió en prácticamente el único motor relevante del crecimiento, mientras que la inversión y las exportaciones cayeron en 2023 y 2024, contrastando con la expansión sostenida que habían registrado en la década previa.
El déficit y la deuda como legado fiscal de largo plazo
El gobernador del Banco Central, Amir Yaron, fue directo al valorar las perspectivas: «Antes del actual conflicto asumimos una tasa de crecimiento del 5,2% y un objetivo de déficit del 3,9% para este año, que se suponía estabilizarían nuestra relación deuda/PIB. Con un objetivo de déficit más alto y una probable revisión a la baja de la previsión de crecimiento, la relación deuda/PIB aumentará».
El déficit presupuestario se disparó hasta el 6,8% del PIB en 2024, el nivel más alto desde la pandemia, y se proyecta que la ratio deuda/PIB pase de alrededor del 60% antes de la guerra a casi el 70%. Para contener ese deterioro, el gobierno introdujo medidas de austeridad que incluyeron recortes del 3% en todos los ministerios y un aumento del IVA del 17% al 18%. Las agencias de calificación respondieron en consecuencia: Moody’s rebajó la nota crediticia de Israel de A1 a A2, y posteriormente a Baa1; Fitch también degradó su calificación de «A» a «A-», ambas con perspectiva negativa.
La guerra con Irán suma presión adicional al presupuesto de 2026
El informe del Banco de Israel no contempla aún los efectos del conflicto abierto con Irán, que ya supera las cuatro semanas al momento de su publicación. Israel ha mantenido ataques aéreos diarios sobre territorio iraní mientras absorbe represalias. El gabinete aprobó este mes un presupuesto estatal revisado para 2026 que añade US$13.000 millones para cubrir los gastos de esa guerra.
El propio informe registra que la guerra de 12 días sostenida con Irán en junio supuso una pérdida de producción del 0,3% del PIB. Ese breve intercambio de misiles fue suficiente para que los analistas redujeran sus perspectivas de crecimiento para 2025 en 0,4 puntos porcentuales, con efectos que se sintieron en todos los sectores. También provocó el cierre temporal de dos de los tres campos de gas del país y detuvo las exportaciones de hidrocarburos.
Exportaciones resentidas por el posicionamiento político europeo
Uno de los hallazgos más singulares del informe es la identificación de un patrón comercial con connotaciones geopolíticas. Los investigadores del Banco de Israel estimaron que las exportaciones israelíes a ocho miembros de la Unión Europea considerados más críticos con la conducta de Israel cayeron en US$1.000 millones en 2024 y en US$1.500 millones en 2025, mientras que el comercio con otros socios aumentó. El banco central advirtió expresamente que «este patrón puede indicar que las posiciones políticas están influyendo en los volúmenes de exportación a estos países», una señal de que el aislamiento diplomático comienza a traducirse en variables económicas concretas.
El sector tecnológico, bajo presión
El sector tecnológico, históricamente el activo diferencial de la economía israelí, comenzó a mostrar fisuras: la producción hi-tech se estancó, el pool de personal de investigación y desarrollo se contrajo, la formación de startups y el crecimiento del empleo tecnológico cayeron por debajo de los niveles de la última década, y la captación de capital de riesgo entró en declive. Las inversiones en nuevas empresas israelíes se concentraron en ciberseguridad y software empresarial, lo que reduce la diversificación del sector y lo expone a eventuales cambios en esos nichos específicos.
Una recuperación condicionada a la duración del conflicto
Incluso en el período posterior al alto el fuego de octubre de 2025 con Hamás, la producción se mantenía por debajo del nivel previo a la guerra, y dado el crecimiento poblacional de alrededor del 2% anual, el PIB per cápita seguía siendo inferior al registrado antes del inicio del conflicto.
El costo acumulado de la guerra de Gaza transformó la arquitectura fiscal de Israel de manera que difícilmente podrá revertirse en el corto plazo. El presupuesto de defensa absorbió recursos que históricamente se destinaban a educación, infraestructura y capital humano. La reintegración de reservistas al mercado laboral, la reconstrucción de zonas fronterizas y la compensación al sector privado prolongarán el impacto de estos US$57.000 millones durante años. A eso se suma ahora la factura abierta de la guerra con Irán, cuya magnitud final aún no puede cuantificarse. El reto del gobierno de Netanyahu es sostener la credibilidad fiscal que permitió a Israel construir una de las economías más dinámicas de la OCDE en las dos décadas previas, mientras financia simultáneamente un estado de conflicto que muestra pocas señales de cierre definitivo.
