El Parlamento griego ha dado luz verde a una de las reformas laborales más polémicas de la última década. Con una votación que reflejó las profundas divisiones políticas del país, los diputados aprobaron este jueves un proyecto de ley que abre la puerta a jornadas laborales de hasta 13 horas diarias en el sector privado, una medida que ha desatado la indignación de los principales partidos de izquierda y de los sindicatos nacionales.
La iniciativa, impulsada por el gobierno conservador de Nueva Democracia bajo el liderazgo del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, obtuvo 158 votos a favor, 109 en contra y 33 abstenciones. El principal partido de oposición de izquierdas, Syriza, se negó incluso a participar en la votación como forma de protesta contra lo que denominó una «monstruosidad legislativa».
Una reforma controvertida que amplía significativamente la flexibilidad laboral
La reforma introduce cambios sin precedentes en el mercado laboral griego. Según la ley aprobada, un empleador podría solicitar a sus trabajadores que laboren hasta 13 horas diarias para un mismo empleador, a cambio de una compensación económica que incluye una bonificación del 40 por ciento por las horas extraordinarias trabajadas.
El gobierno sostiene que esta extensión operaría bajo un régimen de voluntariedad estricta y estaría limitada a 37 días al año, es decir, aproximadamente tres días mensuales. Además, subraya que se mantendría el techo de 48 horas semanales y un máximo de 150 horas extraordinarias anuales, garantizando que la medida funcionaría como un mecanismo complementario y no sustitutivo de la jornada laboral convencional.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Niki Kerameos, defendió la iniciativa en el Parlamento argumentando que responde a una demanda real de los trabajadores, especialmente en el sector del turismo. Destacó que la medida ampliaría las oportunidades tanto para empleados como para empresas, permitiendo a los trabajadores realizar labores adicionales con el mismo empleador sin necesidad de cambio de actividad. «Se prohíbe explícitamente que el empleador te obligue, te despida o te discrimine de cualquier forma», enfatizó Kerameos.
El contexto económico: un mercado laboral ya extremadamente flexible
Esta reforma se inscribe en una trayectoria más amplia de desregulación laboral iniciada por Mitsotakis desde su acceso al poder en 2019. El gobierno ha justificado estas medidas por la necesidad de atraer inversión y dinamizar sectores estratégicos como el turismo, un pilar fundamental de la economía griega.
Ya desde julio de 2024, el gobierno implementó la obligatoriedad de trabajar seis días a la semana en ciertos sectores, incluyendo industria, comercio minorista, agricultura y algunos servicios, siempre que el empleador lo exija. Ese sexto día laboral también incluye una bonificación del 40 por ciento sobre la remuneración habitual.
Los resultados económicos generales apoyan la narrativa gubernamental: la tasa de desempleo ha experimentado un descenso significativo, cayendo del 18 por ciento en 2019 al 8 por ciento en la actualidad. Nueva Democracia recurre frecuentemente a estos números como validación de su estrategia económica de flexibilización del mercado laboral.
El paradójico panorama del trabajador griego: máximas horas, mínimo poder adquisitivo
Sin embargo, la realidad laboral de Grecia presenta un contraste desconcertante que pone en tela de juicio los supuestos beneficios de la desregulación. Según datos de Eurostat correspondientes al segundo trimestre de 2025, el 20.9 por ciento de los asalariados griegos entre 20 y 64 años trabaja más de 45 horas semanales, casi el doble de la media comunitaria, que se sitúa en el 10.8 por ciento.
Esta tendencia se agudiza cuando se observan el volumen total de horas trabajadas. Los trabajadores griegos cumplen más de 1.886 horas anuales, la cifra más elevada en toda Europa, según la misma fuente estadística. No obstante, esta extensión de la jornada laboral no se traduce en mejoras para la población trabajadora. Grecia ostenta el segundo menor poder adquisitivo de la Unión Europea, únicamente por delante de Bulgaria, mientras que la productividad laboral permanece por debajo de la media comunitaria.
Esta ecuación problemática constituye el núcleo de la crítica: más trabajo, pero menos salario y menos poder de compra que en otros países europeos.
La oposición parlamentaria: de izquierdas a socialdemócratas
La coalición política contra la reforma fue prácticamente unánime entre los partidos de oposición. Syriza, a través de su portavoz Christos Giannoulis, catalogó la ley como una «desregulación laboral que ataca los derechos fundamentales» de los trabajadores. El dirigente sindical de Syriza, Sokratis Famellos, fue más contundente al afirmar que «el gobierno está instaurando una auténtica Edad Media del trabajo».
Nikos Androulakis, líder del Pasok, el principal partido de la oposición y de orientación socialdemócrata, denunció que «la jornada de 13 horas no surge de la nada» sino que constituye «un nuevo eslabón en la cadena de desmantelamiento metódico de los derechos de los trabajadores». Pasok acusó directamente al ejecutivo de hacer «retroceder al país al siglo XIX» en términos de protecciones laborales.
Movilización sindical y social: dos huelgas generales en tres semanas
La intensidad de la oposición se tradujo inmediatamente en acciones de protesta. El país experimentó dos paros generales en el espacio de dos semanas: el primero el 1 de octubre y el segundo apenas días antes de la aprobación definitiva. Estas jornadas de huelga provocaron paralizaciones significativas en servicios esenciales, transporte público y comunicaciones.
En la segunda jornada de huelga, denominada por el sector público, alrededor de 10.000 personas se congregaron frente al Parlamento heleno, tal como reportó tanto la Policía como la principal confederación sindical del sector público, ADEDY. Las manifestaciones fueron acompañadas de consignas explícitas contra la medida: carteles que rezaban «Retiren el proyecto de las 13 horas» y lemas denunciando lo que los manifestantes calificaban como «esclavitud laboral».
La Confederación de Trabajadores Griegos (GSEE) calificó la situación como un «nuevo empeoramiento de una situación ya profundamente problemática» y advirtió que «muchos empleados no podrán negarse a trabajar 13 horas debido al desequilibrio de poder entre empleador y asalariado, agravado por la precariedad que domina el mercado laboral».
Las garantías gubernamentales bajo escrutinio sindical
El gobierno ha insistido en los mecanismos de protección incorporados en la legislación. Además de la limitación a 37 días anuales, la ministra Kerameos ha subrayado que la medida incluye ampliaciones en beneficiarios y ayudas por maternidad, y prohibe explícitamente que el empleador coaccione, despida o discrimine a trabajadores que rechacen acogerse al régimen de 13 horas.
No obstante, los sindicatos cuestionan la efectividad real de estas garantías. La GSEE sostiene que los controles de la Inspección de Trabajo son insuficientes para garantizar el cumplimiento de la norma. Más críticamente, argumentan que el «uso engañoso del término jornada de 13 horas» genera una falsa percepción sobre cómo operaría en la práctica: aunque técnicamente limitada a ciertos días, la existencia misma de esta posibilidad crearía presión sobre trabajadores que «carecen del poder real de negociación» en un mercado laboral caracterizado por la precariedad.
Los sindicatos temen también que la medida vulnere el derecho al descanso diario obligatorio de 11 horas, particularmente por los tiempos de desplazamiento hacia el lugar de trabajo, que podrían reducir significativamente el tiempo de recuperación efectivo entre jornadas.
La necesidad sectorial: turismo y servicios como justificación
La ministra Kerameos ha argumentado que existe una «demanda» de trabajadores dispuestos a ampliar sus horas, especialmente en el sector del turismo durante la temporada estival. En este segmento, es común que camareros, empleados hoteleros y cocineros ya encadenen jornadas prolongadas bajo el actual marco legal que permite tres horas extraordinarias diarias.
Desde la perspectiva económica, la medida responde a una necesidad estructural del mercado laboral griego, particularmente en sectores que experimentan picos estacionales de demanda. El turismo constituye uno de los motores principales de la economía griega, y la industria hotelera y de catering ha venido reportando dificultades para cubrir puestos durante los meses de máxima afluencia.
Sin embargo, esta justificación no ha logrado desactivar la oposición, que señala que las verdaderas soluciones deberían pasar por incrementos salariales, reducción de horas semanales y mejora de condiciones laborales generales, en lugar de ampliar la flexibilidad en detrimento de los trabajadores.
Una reforma laboral muy cuestionada
La aprobación de esta iniciativa consolida la transformación integral del mercado laboral griego en uno de los más flexibles de Europa bajo el gobierno Mitsotakis. Desde 2019, el ejecutivo conservador ha implementado sucesivas medidas de desregulación que han alterado fundamentalmente las relaciones laborales en el país.
El proyecto de ley, sin embargo, fue sometido a dos días de intensos debates parlamentarios antes de su votación definitiva, reflejando la profundidad de las divisiones en la sociedad griega sobre la dirección que debe tomar la política laboral. La votación final confirmó que Nueva Democracia disfruta de mayoría absoluta en el Parlamento, permitiendo al gobierno sacar adelante sus iniciativas sin necesidad de consensos más amplios.
La reforma laboral griega constituye un caso de estudio sobre los dilemas de la política económica contemporánea: cómo equilibrar las demandas de competitividad empresarial con la protección de derechos laborales, y cómo evaluar si el crecimiento económico medido en tasas de empleo se traduce efectivamente en mejora de la calidad de vida para los trabajadores. Los próximos meses revelarán cómo se implementa esta controvertida medida y cuáles son sus efectos reales sobre el mercado laboral griego.
