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lunes, octubre 27, 2025

Gasto estatal alcanza G. 48,9 billones mientras empresas públicas generan importantes pérdidas

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Las principales empresas estatales del Paraguay atraviesan una situación financiera crítica que expone fragilidades estructurales en su gestión. Según los informes de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2024, disponibles en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), seis de las firmas públicas más relevantes del país acumularon pérdidas superiores a G. 440.000 millones, equivalentes a USD 62,3 millones al tipo de cambio vigente.

El panorama revela que cuatro de estas entidades cerraron con resultados negativos, mientras que las dos restantes, pese a mantener utilidades, experimentaron caídas drásticas en sus ganancias respecto al año anterior. Este deterioro generalizado plantea interrogantes sobre la sostenibilidad operativa de las empresas del Estado y su capacidad para cumplir con sus funciones sin depender de aportes extraordinarios del Tesoro.

Petropar lidera las pérdidas con un déficit histórico

Petróleos Paraguayos (Petropar) encabeza la lista de empresas con mayores quebrantos financieros, al registrar una pérdida de G. 248.805 millones (USD 35,2 millones) durante 2024. Esta cifra representa un incremento del 52,1% en comparación con el déficit de G. 163.578 millones contabilizado en 2023.

El informe de auditoría señala que, a pesar de haber logrado un ligero aumento en sus ingresos —que pasaron de G. 4,08 billones a G. 4,19 billones—, los gastos administrativos y financieros crecieron en mayor proporción, generando el saldo negativo más alto en la historia reciente de la petrolera estatal. Esta situación refleja problemas de eficiencia operativa y una estructura de costos que compromete la viabilidad económica de la empresa.

INC mantiene números rojos pese al aumento de ventas

La Industria Nacional del Cemento (INC) cerró el ejercicio 2024 con un déficit de G. 81.804 millones (USD 11,5 millones), lo que representa un incremento del 5,9% respecto a la pérdida de G. 77.188 millones registrada el año previo.

Aunque la cementera estatal logró incrementar sus ingresos por ventas a G. 522.283 millones —frente a los G. 383.864 millones de 2023—, los gastos operativos y financieros absorbieron prácticamente toda la utilidad bruta generada. Este patrón evidencia que el aumento en el volumen de negocios no se tradujo en mejoras en la rentabilidad, dejando a la compañía nuevamente en terreno negativo.

Fepasa registra un salto del 968% en su déficit

Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa) protagonizó uno de los deterioros más pronunciados entre las empresas públicas analizadas. Su déficit se disparó a G. 18.601 millones (USD 2,63 millones) en 2024, cifra que representa un aumento del 968% en comparación con la pérdida de G. 1.741 millones del año anterior.

Según el informe del auditor externo, este salto en el resultado negativo responde al reconocimiento contable de irregularidades administrativas detectadas en gestiones previas, las cuales debieron ser ajustadas en los estados financieros del periodo. El caso ya cuenta con una denuncia penal y estatal tramitada a instancias del Ministerio Público, lo que añade un componente de riesgo institucional a la situación financiera de la entidad.

Copaco reduce su déficit pero sigue en rojo

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) presentó una leve mejora en sus resultados, aunque continúa operando con números negativos. El déficit de G. 71.837 millones (USD 10,18 millones) representa una reducción del 58,9% respecto a la pérdida de G. 174.848 millones contabilizada en 2023.

Sin embargo, el informe advierte que los gastos administrativos y las provisiones para deudas de dudoso cobro o incobrables siguen afectando severamente la rentabilidad de la telefónica estatal. El reporte señala que estas provisiones acumulan un saldo negativo superior a G. 300.000 millones, lo que refleja problemas estructurales en la recuperación de sus cuentas por cobrar y en la eficiencia de su gestión comercial.

ANDE: utilidades con caída del 95,6%

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) figura entre las pocas empresas públicas que cerraron el ejercicio con resultados positivos, al registrar una utilidad de G. 69.486 millones (USD 9,84 millones). No obstante, esta cifra está muy por debajo de los G. 1,61 billones obtenidos en 2023, lo que implica un desplome del 95,6% en sus ganancias.

El informe de auditoría externa advierte sobre una diferencia no conciliada con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), derivada de controversias contractuales pendientes de resolución. Según el documento, «la deuda que la ANDE mantiene con el Banco de la Nación Argentina (BNA) presenta al cierre del Ejercicio 2024 una diferencia no conciliada de G. 2.103.819.376.208, equivalentes a USD 268.227.642,85».

Esta diferencia tiene su origen en un contrato de préstamo por USD 10.000.000 que el BNA concedió a la ANDE en 1978 para la capitalización de la EBY. El contrato establecía que la amortización del préstamo se realizaría exclusivamente con los rendimientos sobre el capital integrado que la EBY debe pagar a la ANDE, compromiso que hasta la fecha no se ha cumplido debido a que la binacional no ha efectuado pagos en este concepto.

ANNP reduce su rentabilidad en un 33,1%

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) completó el panorama de las empresas con utilidades, al cerrar 2024 con una ganancia de G. 28.575 millones (USD 4,05 millones). Sin embargo, este resultado representa una disminución del 33,1% frente a los G. 42.753 millones del año anterior.

El informe atribuye la merma principalmente a gastos judiciales y pagos por indemnizaciones, factores que erosionaron la capacidad de generación de utilidades de la entidad portuaria. Esta caída en la rentabilidad evidencia que incluso las empresas públicas con resultados positivos enfrentan presiones financieras que comprometen su desempeño.

Gasto público: rigidez estructural y concentración en rubros fijos

El contexto de deterioro financiero de las empresas estatales se enmarca en un panorama más amplio de rigidez en el gasto público. Entre enero y septiembre de 2025, según información del MEF, las transferencias de recursos financieros del sector público —incluida la Deuda Flotante 2024— totalizaron G. 48,9 billones, equivalentes a aproximadamente USD 6.300 millones al tipo de cambio promedio del periodo.

Esta cifra considera todas las fuentes de financiamiento: Recursos del Tesoro (Fuente 10), Recursos del Crédito Público (Fuente 20) y Recursos Institucionales (Fuente 30). La estructura del gasto evidencia una marcada concentración en componentes de carácter obligatorio, que limitan el margen de maniobra para destinar recursos a inversión pública o programas de desarrollo.

Remuneraciones, deuda y pensiones concentran el 70% del gasto

Tres rubros absorbieron cerca del 70% de las transferencias totales durante los primeros nueve meses de 2025: Remuneraciones Básicas, Deuda Externa y Transferencias a Jubilaciones y Pensiones.

El componente salarial resultó el más significativo. Si a las Remuneraciones Básicas se suman los rubros de Varios y Otros Servicios Personales, el total alcanza G. 16,96 billones, equivalentes al 36,5% del total ejecutado. Un alto porcentaje de estos recursos provino de la Fuente 10, lo que refleja la fuerte dependencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) respecto de los ingresos tributarios y otros recursos corrientes para financiar la masa salarial del Estado.

En segundo lugar se ubica la Deuda Externa, con G. 7,21 billones, de los cuales una proporción considerable fue financiada con Recursos del Tesoro. Si se incluye la Deuda Interna, la asignación de fondos se acercó al 20% del total, reflejando que los pagos vinculados al servicio de la deuda —tanto en intereses como en amortizaciones— continúan teniendo un peso creciente como consecuencia de los compromisos financieros asumidos en años anteriores.

El tercer componente más relevante correspondió a las Transferencias a Jubilaciones y Pensiones, que absorbieron G. 6,52 billones, equivalentes al 14% del total transferido. Este gasto se vincula al financiamiento del sistema previsional del sector público y representa un compromiso estructural de largo plazo, resaltando la presión fiscal que ejercen las obligaciones previsionales sobre el Tesoro.

Inversión pública relegada frente a gastos rígidos

Otros rubros de relevancia, aunque con montos menores, incluyen las Inversiones, las Transferencias Consolidadas de Capital y Medicamentos. Sin embargo, en comparación con los tres principales componentes, su participación resulta más acotada dentro del total de las transferencias.

En cuanto al financiamiento, la Fuente 10 significó unos G. 29 billones del PGN, lo que representó el 62,5% del total ejecutado. La Fuente 20 contribuyó con G. 8,69 billones (18,7%), mientras que la Fuente 30 alcanzó G. 8,75 billones (18,8%). Esta distribución muestra que, si bien el Tesoro sigue siendo el principal proveedor de recursos, los créditos externos y otras fuentes complementan de manera significativa el financiamiento público, especialmente para el pago de deuda e inversiones específicas.

Deuda flotante: el arrastre del pasado

El informe también incluye un apartado sobre la Deuda Flotante correspondiente a 2024, que ascendió a G. 2,38 billones, distribuida principalmente entre la Fuente 10 (77,2%) y la Fuente 20 (14,1%). Este monto refleja los compromisos pendientes de ejercicios anteriores que continúan afectando la ejecución financiera del año 2025 y que representan un factor adicional de presión sobre las finanzas públicas.

En términos generales, el comportamiento de las transferencias durante los primeros nueve meses del año evidencia una marcada concentración del gasto en componentes de carácter rígido, como remuneraciones, pensiones y deuda. Esta estructura limita el margen de maniobra para destinar recursos a inversión pública o programas de desarrollo, en un contexto en el que el país busca consolidar la sostenibilidad fiscal y promover un uso más eficiente del gasto.

El deterioro financiero de las empresas públicas, sumado a la rigidez estructural del gasto, plantea desafíos significativos para la gestión económica del Estado paraguayo en los próximos años.

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