El manejo presupuestario del Estado paraguayo evidencia serias deficiencias en la planificación fiscal y revela un patrón preocupante de expansión del gasto público mediante mecanismos que eluden el control legislativo riguroso. Los datos del portal abierto del Ministerio de Economía y Finanzas exponen una realidad inquietante: el presupuesto que debería ser la herramienta fundamental de planificación estatal se ha convertido en un documento en permanente reescritura, donde las cifras inicialmente aprobadas por el Congreso pierden relevancia ante la avalancha de modificaciones posteriores.
Inflación presupuestaria del 5,85% evidencia fallas estructurales en la planificación
El Presupuesto General de la Nación 2025 ha experimentado un incremento de G. 7,8 billones, equivalentes a USD 1.030,9 millones, en apenas once meses de ejecución. Esta expansión del 5,85% no es un ajuste menor: representa que el Estado subestimó sus necesidades reales en casi G. 8 billones al momento de presentar el proyecto al Congreso.
El presupuesto aprobado originalmente por ley ascendía a G. 133,2 billones (USD 17.599,3 millones), pero el monto vigente a noviembre ya alcanza G. 141 billones (USD 18.630,3 millones). Esta brecha multibillonaria plantea interrogantes fundamentales: ¿las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas son deliberadamente conservadoras o existe una incapacidad técnica para estimar correctamente las necesidades del Estado?
Decretos del Ejecutivo: el presupuesto paralelo que elude el debate legislativo
El mecanismo mediante el cual se producen estos aumentos es particularmente problemático. Los G. 7,8 billones adicionales no fueron sometidos al escrutinio completo del Congreso Nacional, sino aprobados mediante decretos emitidos por el Poder Ejecutivo que modifican los planes de gasto de las entidades.
La intensidad de esta práctica es alarmante: solamente entre el lunes y martes de la última semana analizada, se emitieron ocho decretos con aumentos o reprogramaciones por G. 115.684 millones en total (USD 15,2 millones), beneficiando al MEF, MOPC, Interior y otras entidades. Esta frecuencia sugiere que el presupuesto aprobado por ley se ha convertido en una mera formalidad, mientras que el presupuesto real se define mediante decisiones del Ejecutivo con escasa supervisión parlamentaria.
La Administración Central ejemplifica esta dinámica: su presupuesto inicial era de G. 74,5 billones, pero la cifra vigente asciende a G. 78,9 billones, un incremento de G. 4,4 billones que nunca fue debatido en sesiones legislativas ordinarias.
Ejecución del 64,34% revela capacidad operativa limitada
A pesar de contar con G. 141 billones disponibles, la ejecución total del presupuesto alcanza apenas G. 90,7 billones, equivalentes a USD 11.988,1 millones o el 64,34% del presupuesto vigente. Esta tasa de ejecución, aunque aparentemente aceptable, plantea una paradoja: si el Estado no puede ejecutar ni dos tercios de los recursos disponibles, ¿qué justifica aumentar constantemente el presupuesto?
La Administración Central exhibe una ejecución del 68,4%, apenas cuatro puntos porcentuales superior al promedio general. Estas cifras sugieren que las instituciones públicas enfrentan limitaciones operativas, de personal o de gestión que impiden materializar el gasto planificado, lo cual cuestiona la lógica de aprobar aumentos sistemáticos.
Congreso añade G. 199.215 millones al proyecto 2026 en proceso opaco
Mientras el presupuesto 2025 continúa expandiéndose mediante decretos, el Congreso Nacional aprobó un incremento adicional de G. 199.215 millones (USD 25,2 millones) al proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026 presentado por el Ejecutivo.
El proyecto original del Poder Ejecutivo, presentado el 25 de agosto, ascendía a G. 149,2 billones (USD 18.928 millones), representando ya un aumento del 12% respecto al presupuesto inicial 2025. Sin embargo, los legisladores consideraron insuficiente esta cifra y la elevaron a G. 149,3 billones (USD 18.954 millones).
La Comisión Bicameral de Presupuesto recomendó aprobar un incremento de G. 186.431 millones, pero la plenaria de Diputados en sesión extraordinaria del 11 de noviembre añadió otros G. 12.784 millones durante el estudio del proyecto. Este proceso de agregación sucesiva de partidas refleja un método de construcción presupuestaria fragmentado, donde cada legislador busca incluir sus proyectos específicos sin una visión integral de las prioridades nacionales.
La omisión inexplicable del PAI: G. 216.000 millones olvidados por Economía
Una de las revelaciones más preocupantes del proceso presupuestario 2026 es que el Ministerio de Economía y Finanzas no contempló partida alguna para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), obligando a Diputados a incluir G. 216.000 millones para esta política sanitaria fundamental.
Esta omisión no es un detalle menor: el PAI es un programa permanente, predecible y esencial para la salud pública del país. ¿Cómo es posible que la cartera económica olvide incluir recursos para vacunación en su proyecto de presupuesto? Esta falla evidencia que el proceso de elaboración presupuestaria carece de mecanismos adecuados de verificación y que programas esenciales quedan sujetos a la discrecionalidad política del momento.
Asignaciones sectoriales revelan prioridades políticas sobre criterios técnicos
Las modificaciones aprobadas por Diputados exponen cómo el proceso presupuestario responde más a negociaciones políticas que a criterios técnicos de asignación eficiente de recursos. El Ministerio de Salud Pública recibió G. 46.000 millones distribuidos entre el Hospital de Caaguazú, Hospital de Acosta Ñu, Hospital Psiquiátrico, Hospital de Trauma, adquisición de mamógrafos, Hospital de Curuguaty y Centro de Adicciones.
Adicionalmente, se aprobaron reprogramaciones para construcción y equipamiento de dos unidades de Salud Familiar en Capiatá, Hospital de Salto del Guairá, Hospital Distrital de María Auxiliadora, y reposiciones de recortes para el Hospital de Trauma, Hospital Nacional, Hospital de Acosta Ñu, Hospital Barrio Obrero y Hospital de Luque.
El Ministerio de Educación y Ciencias obtuvo G. 15.000 millones para el programa Letrina Cero, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibió G. 8.500 millones para la Dirección de Educación Agraria.
Aumentos salariales y gastos operativos sin evaluación de sostenibilidad
El proyecto contempla aumentos salariales para agentes fiscales, fiscales adjuntos y funcionarios del Poder Judicial, sin que se haya presentado públicamente un análisis de sostenibilidad fiscal de estas medidas. El Ministerio de Justicia recibió G. 25.000 millones para la nivelación salarial de guardias cárceles contratados.
La Justicia Electoral fue beneficiada con una reprogramación presupuestaria para el arrendamiento de máquinas de votación por el plazo de un año, una decisión que nuevamente plantea interrogantes sobre la planificación: ¿por qué el alquiler de equipamiento electoral no fue contemplado originalmente en un año preelectoral?
Universidades: G. 60.000 millones adicionales con criterios de distribución ambiguos
El sector universitario obtuvo recursos significativos: la Universidad Nacional de Asunción recibió G. 30.000 millones para dar cobertura al crecimiento vegetativo de diferentes casas de estudios, mientras que las universidades nacionales regionales y la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay obtuvieron otros G. 30.000 millones.
Estos recursos serán distribuidos conforme a cantidad de matriculados y antigüedad, criterios que, aunque aparentemente objetivos, carecen de una fórmula transparente y pública que permita verificar la equidad de la distribución. La ausencia de parámetros claros abre la puerta a discrecionalidad política en la asignación de recursos entre instituciones.
Distribución entre administración central y descentralizadas mantiene equilibrio artificial
El proyecto con media sanción asigna G. 74,7 billones (USD 9.491 millones) a la administración central y G. 74,6 billones (USD 9.463 millones) a las entidades descentralizadas. Esta división casi exacta en 50-50 resulta sospechosamente equilibrada y sugiere más un criterio político de reparto que una asignación basada en las necesidades reales y capacidades de ejecución de cada sector.
Senadores bajo presión: última oportunidad para un presupuesto responsable
El proyecto ahora está en la Cámara de Senadores, que tiene plazo hasta la próxima semana para expedirse sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Los senadores enfrentan la responsabilidad de determinar si convalidan un presupuesto construido mediante agregación sucesiva de partidas o si introducen criterios de racionalidad fiscal.
La decisión del Senado será determinante no solo para el presupuesto 2026, sino para establecer un precedente sobre el nivel de rigor que el Congreso está dispuesto a aplicar en el control del gasto público.
Crisis de credibilidad presupuestaria amenaza la planificación estatal
Los datos expuestos revelan que Paraguay enfrenta una crisis de credibilidad presupuestaria. Cuando el presupuesto aprobado por ley aumenta 5,85% en once meses, cuando programas esenciales como el PAI no son contemplados inicialmente, cuando ocho decretos en dos días modifican el gasto público por más de G. 115.000 millones, el instrumento fundamental de planificación estatal pierde su razón de ser.
El presupuesto debería ser el resultado de un proceso técnico riguroso que identifica prioridades nacionales, estima correctamente los recursos necesarios y somete estas decisiones al debate democrático en el Congreso. En cambio, lo que revela el análisis es un sistema donde el Ejecutivo presenta proyecciones que sabe insuficientes, el Congreso agrega partidas según negociaciones políticas, y posteriormente ambos poderes modifican constantemente las cifras mediante mecanismos que eluden el escrutinio público.
Esta dinámica no solo representa un problema de gestión fiscal, sino una erosión del principio democrático de control legislativo sobre el gasto público. Cuando el presupuesto real se define mediante decretos posteriores a la aprobación legislativa, el Congreso pierde su función constitucional de autorizar y supervisar el uso de los recursos del Estado.
La magnitud de las modificaciones presupuestarias durante 2025, sumada a las omisiones evidentes en el proyecto 2026, exige una revisión profunda de los mecanismos de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto General de la Nación. Sin reformas estructurales que restauren la credibilidad del proceso presupuestario, Paraguay continuará operando con un sistema de planificación fiscal que existe más en el papel que en la realidad.
