Un documento de 30 páginas publicado este viernes por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado expone con cifras concretas el coste real de la política de deportaciones a terceros países de la segunda Administración Trump. El informe, titulado ¿A qué costo? Dentro de los acuerdos de deportación secretos de la Administración Trump, es el primero de su tipo producido por el Congreso y calcula que el gasto total supera los 40 millones de dólares para el traslado de apenas unos 300 migrantes, a un coste medio de 130.000 dólares por persona, con casos extremos que alcanzan el millón de dólares por deportado.
El documento se basa en una revisión de los acuerdos firmados hasta enero de 2026, visitas del personal del comité a los países involucrados, y entrevistas con funcionarios estadounidenses en activo, representantes de gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos, deportados y abogados. Su autoría recae en la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango del comité, y está cofirmado por los senadores Chris Coons, Tim Kaine, Tammy Duckworth, Jacky Rosen y Chris Van Hollen.
El desglose del gasto: cinco países, 32 millones de dólares y pagos sin auditoría
La práctica de deportar personas a países distintos al de su ciudadanía ya existía antes de esta administración, pero se aplicaba de forma esporádica y en casos muy concretos. Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, sin embargo, se ha llevado a cabo un esfuerzo sistemático por ampliarla. Los primeros acuerdos se firmaron con Costa Rica y Panamá, aunque ambos países centroamericanos se retiraron tras un primer vuelo y no han vuelto a recibir migrantes de terceras nacionalidades desde entonces. El caso de mayor repercusión llegó poco después, cuando el Departamento de Seguridad Nacional trasladó a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, donde permanecieron cuatro meses. Los supuestos vínculos con la banda han sido refutados por familiares de los deportados y en litigios judiciales.
Cinco países concentran la mayor parte del gasto documentado: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Palau y Eswatini, que en conjunto recibieron más de 32 millones de dólares. Los fondos fueron transferidos directamente a los gobiernos extranjeros, sin pasar por socios externos de implementación, y el Departamento de Estado no emplea auditores independientes para verificar su uso. Según el informe, gran parte de esa financiación se entregó en pagos únicos, a menudo antes de que llegara ningún migrante.
El caso de Ruanda ilustra con claridad los desequilibrios del programa: el gobierno africano recibió 7,5 millones de dólares más aproximadamente 600.000 dólares en costes de vuelo para acoger únicamente a siete personas, lo que equivale a un gasto de alrededor de 1,1 millones de dólares por cada deportado. Palau recibió otros 7,5 millones de dólares pese a que el informe no documenta ningún vuelo de deportación ejecutado hacia ese país. El gobierno de la nación insular del Pacífico se encontró además con una fuerte oposición interna cuando se intentó presionarlo para que aceptara migrantes. El Salvador fue el destino con mayor número de deportados, con alrededor de 250 personas, y recibió una subvención de 4,76 millones de dólares destinada a cubrir los costes de detención en la prisión de Bukele. Guinea Ecuatorial, por su parte, cobró 7,5 millones de dólares a cambio de aceptar a 29 personas, una cifra que supera la ayuda exterior total que Estados Unidos había proporcionado a ese país en los ocho años anteriores. En total, solo 51 personas fueron enviadas a los otros cuatro países distintos a El Salvador.
La administración también recurrió de forma habitual a aeronaves militares para los traslados, con un coste estimado de 32.000 dólares por hora de vuelo. El gasto total en transporte aéreo hacia terceros países superó los 7,2 millones de dólares hasta enero de 2026, aunque el informe advierte de que los costes reales probablemente sean superiores.
La justificación oficial y lo que revelan los propios funcionarios
La Casa Blanca ha defendido estos acuerdos argumentando que son necesarios para expulsar a inmigrantes que son, en palabras del Departamento de Seguridad Nacional recogidas en un comunicado de junio, «tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan de vuelta». Sin embargo, el informe señala que esta justificación no se corresponde con la mayoría de los casos documentados. En numerosas ocasiones, los países de origen de los deportados sí estaban dispuestos a recibirlos, pero las restricciones legales vigentes en Estados Unidos impedían la deportación directa por temores fundados a la seguridad de esas personas. El paso previo por un tercer país actuaba, según el documento, como un mecanismo para sortear esas protecciones legales.
Los testimonios de funcionarios estadounidenses en activo recogidos en el informe apuntan en una dirección distinta a la narrativa oficial. Uno de ellos afirmó en privado ante el personal del comité que el programa fue concebido como una estrategia de intimidación destinada a presionar a los migrantes para que retiraran sus solicitudes de asilo. «Con países como Palau o Eswatini, la cuestión es que la administración puede amenazar a las personas con que, literalmente, serán abandonadas en medio de la nada. El objetivo es asustar a la gente», declaró esa fuente. La elección de destinos geográficamente remotos, sin ninguna vinculación con los países de origen de los deportados, respondería precisamente a esa lógica.
El fenómeno de la doble deportación y el regreso masivo a los países de origen
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la constatación de que más del 80% de los migrantes enviados a terceros países a los que Washington pagó para que los acogieran ya habían regresado a sus países de origen o estaban en proceso de hacerlo a partir de enero de 2026, en ocasiones también con cargo al erario estadounidense. Un funcionario en activo lo describió con estas palabras ante el comité: «La Administración Trump a veces paga al país para que acoja a personas, las traslada allí en avión y luego paga para llevarlas a su país de origen. No tiene sentido.»
Los casos concretos documentados refuerzan ese patrón. Un ciudadano mexicano fue transportado más de 8.000 millas hasta Sudán del Sur, con escala en una base militar estadounidense en Yibuti, a un coste estimado de 91.000 dólares por persona. Pocas semanas después fue devuelto a México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no había sido informado de la deportación inicial. En otro caso, un ciudadano jamaicano con órdenes de deportación a Jamaica fue enviado a Eswatini por un coste estimado superior a los 181.000 dólares, pese a que las autoridades jamaicanas nunca se habían negado a recibirlo. Semanas más tarde, Estados Unidos volvió a sufragar su vuelo de regreso a la isla caribeña.
Socios con historial de corrupción y ausencia de supervisión
El informe también pone el foco en la naturaleza de los socios elegidos por la administración para este programa. Varios de los países beneficiarios tienen antecedentes documentados de corrupción y abusos contra los derechos humanos, lo que multiplica las dudas sobre el destino final de los fondos y las condiciones en que han permanecido los deportados. Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 172 de 182 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International. Sudán del Sur, con quien también se llegó a un acuerdo, figura como el segundo país más corrupto del mundo según ese mismo ranking.
El informe subraya que no existe ningún mecanismo claro y sistemático de supervisión para verificar cómo se han empleado los fondos transferidos ni si los gobiernos receptores han cumplido las garantías diplomáticas ofrecidas. La ausencia de auditorías externas y la modalidad de pago directo a ejecutivos extranjeros convierten la rendición de cuentas en una cuestión sin respuesta documentada. Además, la administración está buscando acuerdos similares con entre 70 y 80 países adicionales, según recoge el informe, lo que proyecta el alcance potencial del programa a una escala considerablemente mayor.
El coste diplomático y el debate que busca abrir el Congreso
Más allá del gasto fiscal, el informe advierte sobre las implicaciones para la política exterior estadounidense. Los senadores denuncian que la administración ha empleado la amenaza de aranceles, restricciones de visado o recortes en la ayuda como instrumentos de presión para que países reacios firmen estos acuerdos, subordinando así la agenda diplomática a los objetivos de la política migratoria. «La deportación se está utilizando como moneda de cambio. La diplomacia estadounidense se está llevando a cabo mediante pagos secretos en efectivo y concesiones discretas. […] En un momento en que la administración ya está tensando sus relaciones con aliados de larga data, está construyendo relaciones transaccionales con regímenes corruptos y adversarios, no en torno a intereses comunes u objetivos estratégicos, sino a acuerdos opacos», recoge el documento.
La senadora Shaheen fue directa en su valoración pública: «A través de sus acuerdos de deportación a terceros países, la Administración Trump está poniendo millones de dólares de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros, mientras hace la vista gorda ante los costes humanos y socava potencialmente nuestras relaciones diplomáticas. Para una administración que afirma estar luchando contra el fraude, el despilfarro y el abuso, esta política es el epítome de los tres.»
En el plano judicial, un juez federal ordenó el jueves a la administración Trump que comience a dar a los venezolanos deportados ilegalmente a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros la oportunidad de impugnar su expulsión, lo que incluye la posibilidad de traer a algunos de ellos de vuelta a Estados Unidos para procedimientos judiciales. Los senadores esperan que el informe abra un debate que, de ser necesario, pueda traducirse en nuevos procesos legales que obliguen a la administración a reconsiderar una política que, según sus cifras, ha costado más de 40 millones de dólares para mover a 300 personas, la gran mayoría de las cuales ha terminado regresando a donde empezó.
