Una batalla legal sin precedentes se avecina en Estados Unidos. Empresas de diversos sectores se alistan para exigir la devolución de hasta 150.000 millones de dólares en aranceles si la Corte Suprema determina que los gravámenes implementados durante la administración de Donald Trump carecían de fundamento legal. Agentes aduanales y bufetes especializados anticipan que un fallo adverso podría desencadenar la mayor oleada de solicitudes de reembolso arancelario en la historia reciente del país, con implicaciones que trascenderían lo meramente fiscal para redefinir los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
El uso inédito de una ley de seguridad nacional para política comercial
El núcleo de la controversia radica en si Trump contaba con las atribuciones necesarias para imponer aranceles comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Esta normativa, concebida originalmente para responder a amenazas externas mediante sanciones, congelamiento de activos y restricciones financieras, nunca había sido invocada por presidente alguno para establecer política arancelaria general. Trump se convirtió en el primer mandatario en utilizar formalmente este instrumento jurídico para tales fines, marcando un precedente que ahora enfrenta su prueba constitucional más rigurosa.
Durante los argumentos orales celebrados en noviembre, magistrados de ambas corrientes ideológicas manifestaron escepticismo respecto a si la IEEPA otorga facultades presidenciales para imponer gravámenes sin autorización expresa del Congreso. Aunque el tribunal no ha confirmado qué casos resolverá ni la fecha exacta del pronunciamiento, fuentes judiciales citadas por Reuters indican que el fallo podría emitirse en los próximos días, manteniendo en estado de alerta a empresas, mercados financieros y autoridades gubernamentales.
133.500 millones recaudados y contando: la magnitud económica en disputa
Datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revelan que los aranceles vinculados a estas medidas generaron 133.500 millones de dólares entre el 4 de febrero y el 14 de diciembre, según el último periodo con información pública disponible. Con base en la continuidad de las tasas promedio de recaudación observadas entre finales de septiembre y mediados de diciembre, Reuters estima que el monto total ya se aproxima a los 150.000 millones de dólares.
Estos recursos provinieron principalmente de importadores estadounidenses que operan en sectores clave: empresas de electrodomésticos y electrónicos, distribuidores industriales, grandes cadenas minoristas y comercializadoras de productos fabricados en Asia. Ahora, estas compañías están organizando equipos internos para documentar pagos históricos, revisar contratos de importación y preparar reclamaciones legales detalladas, anticipando un proceso que podría extenderse por años.
«No está en el ADN del gobierno devolver dinero»: el desafío del reembolso
Jim Estill, director ejecutivo de Danby Appliances, empresa canadiense que comercializa pequeños refrigeradores, microondas y equipos de lavandería a través de cadenas como Home Depot, expresó a Reuters la preocupación fundamental del sector empresarial. Su compañía ha desembolsado millones en aranceles por productos fabricados en China y otros países asiáticos. «No está en el ADN del gobierno devolver dinero. Y Trump no querría devolver dinero», advirtió Estill, sintetizando el temor generalizado en la comunidad de negocios.
El caso de Danby ilustra la complejidad del escenario: incluso si logra recuperar los 7 millones de dólares que ha pagado en aranceles, Estill anticipa disputas con Home Depot y sus clientes finales sobre la distribución de esos reembolsos. «Va a ser un desastre total», añadió el ejecutivo, refiriéndose al caos administrativo y legal que se avecina.
Esta preocupación se fundamenta en una realidad procedimental: aunque la Corte Suprema invalide los aranceles, no existe un mecanismo automático de devolución. Cada empresa deberá acreditar sus pagos individualmente, presentar solicitudes formales ante CBP y, potencialmente, enfrentar objeciones gubernamentales que empujen cientos de casos a tribunales federales.
Señales técnicas de preparación gubernamental
Un cambio técnico divulgado por CBP el 2 de enero ha generado expectativas moderadas en el sector. A partir del 6 de febrero, todos los reembolsos de aranceles se trasladarán a distribución electrónica, medida que, si bien no cumple con las esperanzas de un proceso totalmente automático, constituye una señal de preparación administrativa.
Angela Lewis, directora global de aduanas en la empresa de logística Flexport, interpretó esta actualización como indicativa de que «Aduanas está totalmente preparada para proceder con los reembolsos, si la Corte Suprema, de hecho, falla de esa manera». No obstante, expertos legales advierten que la implementación técnica de pagos electrónicos no resuelve las cuestiones jurídicas sustantivas sobre quién tiene derecho a reembolsos, en qué proporción y bajo qué plazos.
Escenarios posibles y sus implicaciones sistémicas
Un fallo judicial adverso para los aranceles de Trump abriría múltiples escenarios con ramificaciones económicas y políticas de largo alcance. En primer lugar, desataría reclamos masivos de reembolso por parte de empresas que han absorbido estos costos durante años, alterando flujos de caja y planificación financiera corporativa. En segundo lugar, se anticipan litigios prolongados en los que el gobierno podría impugnar, retrasar o limitar los pagos mediante argumentos técnicos o jurisdiccionales.
Más allá de las consecuencias fiscales inmediatas, la decisión de la Corte Suprema establecerá precedentes constitucionales sobre los límites del poder presidencial en comercio internacional. Definirá si futuros mandatarios pueden recurrir a leyes de seguridad nacional para implementar política comercial sin autorización legislativa, marcando el camino jurídico para eventuales guerras arancelarias.
Los mercados financieros también observan con atención. Los futuros vinculados a las principales bolsas estadounidenses se mantuvieron estables el viernes, con inversores adoptando una postura cautelosa ante la espera del informe mensual de empleo y un posible fallo sobre los aranceles. El índice S&P 500 cerró prácticamente plano el jueves, mientras que el Nasdaq Composite cayó 0,44% y el Dow Jones Industrial Average subió 0,55%, reflejando la incertidumbre sectorial.
Impacto en cadenas de suministro y precios al consumidor
Las repercusiones no se limitarán a balances corporativos. Las decisiones sobre reembolsos arancelarios podrían afectar cadenas de suministro globales que se reestructuraron en respuesta a los gravámenes originales. Empresas que relocalizaron producción, renegociaron contratos o absorbieron costos para mantener competitividad enfrentarán decisiones estratégicas sobre cómo proceder si los fundamentos legales de esas inversiones quedan invalidados.
Asimismo, existe incertidumbre sobre si eventuales reembolsos se traducirían en reducciones de precios para consumidores finales o se retiendrían como recuperación de márgenes empresariales. Estill, de Danby Appliances, ya anticipó disputas con minoristas y clientes sobre la distribución de reembolsos potenciales, sugiriendo que las batallas legales podrían multiplicarse en cada eslabón de la cadena comercial.
Precedente histórico y futuro de la política comercial estadounidense
La utilización de la IEEPA para aranceles representa un punto de inflexión en la interpretación de poderes presidenciales. Históricamente, esta ley se había reservado para sanciones contra adversarios geopolíticos como Irán, Corea del Norte o entidades vinculadas al terrorismo, no para regular el comercio con socios económicos establecidos. La pregunta central que debe responder la Corte Suprema es si el Congreso pretendió delegar autoridad arancelaria tan amplia cuando redactó la legislación en 1977.
Un fallo que limite el uso de la IEEPA para fines comerciales obligaría a futuras administraciones a buscar vías legislativas tradicionales para modificar política arancelaria, fortaleciendo el rol del Congreso en estas decisiones. Por el contrario, una validación judicial de las acciones de Trump consolidaría un poder ejecutivo más expansivo en materia comercial, con implicaciones que trascenderían la coyuntura actual.
Un desenlace con múltiples dimensiones
La batalla legal que se avecina trasciende la recuperación de 150.000 millones de dólares. Define equilibrios constitucionales entre poderes, establece precedentes para la conducción de política comercial en un mundo globalizado y determina si el gobierno estadounidense puede verse obligado a devolver enormes sumas ya recaudadas y, presumiblemente, ya gastadas en operaciones gubernamentales.
Para las empresas estadounidenses, el mensaje es claro: incluso un fallo favorable en la Corte Suprema no garantiza devoluciones expeditas. Cada compañía deberá documentar meticulosamente sus pagos, contratar asesoría legal especializada y prepararse para procesos administrativos y judiciales que podrían extenderse varios años. El impacto final, advierten analistas, se reflejará no solo en estados financieros corporativos, sino en patrones de empleo, decisiones de inversión y la estructura misma del comercio exterior estadounidense.
