Los principales gremios del sector de la construcción emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que el incumplimiento del Estado pone en riesgo la inversión, el empleo formal y la credibilidad institucional del país, mientras el Gobierno descarta flexibilizar el tope de déficit fiscal y apuesta al factoraje como solución
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPCPYA) hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que califican de «grave e insostenible» la situación generada por la deuda impaga del Estado por obras públicas ejecutadas, certificadas, aprobadas e incluso concluidas hace años. El documento, que cuenta con el respaldo de decenas de empresas del sector, advierte que Paraguay está incurriendo en una suerte de «default selectivo» sobre sus obligaciones internas y que esa conducta amenaza la credibilidad del país ante inversores nacionales e internacionales.
Una deuda que supera ampliamente la capacidad presupuestaria del MOPC
Las cifras expuestas por los gremios revelan una brecha estructural de proporciones alarmantes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El presupuesto aprobado para el sector infraestructura en 2026 asciende a US$ 570 millones, una cifra que resulta insuficiente incluso antes de considerar los compromisos heredados. La deuda acumulada, incluyendo capital e intereses, llega a US$ 360 millones, mientras que las obras ya comprometidas para este mismo año están valuadas en US$ 800 millones. El resultado es un déficit real estimado de US$ 590 millones solamente en los proyectos del MOPC, lo que deja en evidencia que la cartera opera con un agujero financiero que no puede cubrirse con el presupuesto vigente bajo ningún escenario de gestión ordinaria.
La situación se agrava si se toman en cuenta las deudas pendientes de pago en otras instituciones públicas, entre las que se cuentan el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), entre otras. Solo en el sector salud, la deuda acumulada al cierre de 2025 con proveedores alcanzaba los US$ 800 millones. En total, el Estado adeuda unos US$ 400 millones únicamente a las empresas de la construcción.
El sector denuncia que los pagos parciales no alcanzan para sostener las operaciones
Según el comunicado de los gremios, los pagos parciales e insuficientes que realiza el Estado ya no alcanzan siquiera para cubrir los costos financieros que las empresas deben asumir para mantener sus operaciones en marcha. Esto ha llevado a numerosas empresas del sector a una condición de quiebra técnica, con consecuencias que se extienden a toda la cadena de valor: proveedores afectados, destrucción de empleo formal, deterioro de la cadena de pagos y compromiso de la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional.
Las constructoras que suscriben el pronunciamiento destacan que las cifras de ingresos mensuales que el Gobierno cita como evidencia de normalidad no reflejan la realidad financiera del sector. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que mensualmente ingresan alrededor de US$ 40 millones en facturas del sector, y sostuvo que ese ritmo indica que las obras continúan su curso. Sin embargo, para los gremios esa cifra es a todas luces insuficiente frente a la magnitud de los compromisos acumulados.
El MOPC, epicentro de una gestión que acumuló compromisos sin respaldo financiero
La crítica de fondo que subyace en el pronunciamiento gremial apunta a la gestión del MOPC como el epicentro del problema. La cartera acumuló durante años compromisos de obras por montos que exceden con creces su capacidad presupuestaria, generando una deuda que hoy se torna impagable dentro del marco fiscal vigente. El comunicado señala que los pagos parciales funcionaron durante un tiempo como mecanismo de sostenimiento artificial, trasladando implícitamente el costo de financiamiento de la infraestructura pública a las empresas privadas del sector, que debieron endeudarse a tasas cada vez más gravosas para poder continuar ejecutando obras del Estado.
Esta dinámica convirtió a las constructoras en financistas involuntarios del Estado, una situación que los gremios califican como inaceptable y que, según advierten, no puede extenderse más sin consecuencias estructurales para el sector.
El Gobierno descarta flexibilizar el tope fiscal y apuesta al factoraje
Frente a la presión del sector, el ministro Fernández Valdovinos fue categórico en descartar la propuesta de elevar el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB para hacer frente a las obligaciones acumuladas. El funcionario argumentó que flexibilizar ese límite destruiría la credibilidad fiscal del país, uno de los pilares sobre los que se sostiene el grado de inversión obtenido por Paraguay. En su lugar, el Gobierno reiteró su apuesta por el mecanismo de factoraje, cuya reglamentación estaba prevista para ser finalizada en los días posteriores al pronunciamiento gremial.
El ministro describió el instrumento como una cesión de deudas respaldada por la ley aprobada por el Congreso en el marco del Presupuesto General de Gastos de la Nación, diferenciándolo de iniciativas anteriores que calificó como medidas improvisadas. Sin embargo, los gremios no se mostraron conformes con esa alternativa, ya que el factoraje implica que las empresas cedan sus acreencias a terceros —generalmente entidades financieras— con un descuento, lo que en la práctica significa cobrar menos de lo que el Estado les debe.
La credibilidad institucional en juego
El núcleo del mensaje de los gremios va más allá de los números. El comunicado plantea una advertencia política y económica de fondo: los inversores no evalúan un país únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la calidad de su infraestructura. Un Estado que incumple sistemáticamente sus contratos con las empresas que construyen esa infraestructura deteriora, al mismo tiempo, las condiciones reales que hacen posible el crecimiento económico.
En ese sentido, los gremios señalaron que resulta igualmente inadmisible que fondos provenientes de convenios internacionales, disponibles para utilización inmediata, permanezcan inmovilizados mientras las empresas se endeudan a tasas cada vez más gravosas para sostener obras públicas. Reclamaron que esos recursos sean inyectados de manera inmediata a los proyectos correspondientes y que el Presupuesto General de la Nación 2026 sea adecuado a las verdaderas necesidades financieras del sector infraestructura, a fin de que el Estado cumpla los compromisos asumidos con independencia del origen de los fondos.
La coincidencia entre decenas de empresas que respaldaron el comunicado y la contundencia de las cifras expuestas instalan una señal de alerta que el Gobierno no podrá ignorar por mucho tiempo: la deuda interna del Estado con quienes construyen el país ya alcanzó un punto de quiebre.
