El Ministerio de Economía y Finanzas presentó ante el Congreso Nacional un estudio actuarial que expone la magnitud del desequilibrio estructural del sistema previsional público paraguayo. Según el documento técnico, de no implementarse modificaciones, el déficit acumulado de la Caja Fiscal llegaría a niveles comparables con la deuda pública actual del país hacia 2060, aunque la propia reforma propuesta por el Ejecutivo apenas contendría el problema por un período limitado.
Crisis estructural con déficit proyectado de USD 18.663 millones
El estudio actuarial, elaborado bajo estándares internacionales y presentado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos durante una audiencia pública, revela cifras alarmantes sobre la situación del sistema de jubilaciones del sector público. Al utilizar el método de Unidad de Crédito Proyectada para estimar balances hasta 2060, el informe determinó que el déficit actuarial del Programa Civil alcanza los USD 13.313 millones.
Esta cifra surge de la diferencia entre las reservas matemáticas necesarias —fondos que deberían estar disponibles para pagar jubilaciones futuras— que ascienden a USD 16.713 millones, frente a aportes futuros estimados en apenas USD 2.658 millones y recursos excedentes acumulados por USD 741 millones.
Al incorporar al Programa No Civil, que incluye a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el déficit total del sistema previsional público se eleva a USD 18.663 millones, una magnitud casi idéntica a la deuda pública actual del país, que alcanza USD 19.935 millones. Esta brecha representa el pasivo previsional implícito del Estado, es decir, el monto de jubilaciones futuras que no podrá financiarse con aportes y que deberá ser cubierto necesariamente con recursos fiscales.
Desequilibrio demográfico: tres aportantes por jubilado cuando se necesitan seis
Al 31 de diciembre de 2023, la Caja Fiscal contaba con 232.631 aportantes, con un crecimiento promedio anual de 4,85% en los últimos cinco años. La distribución sectorial muestra que el Magisterio Nacional concentra el 34,3% de los aportantes, seguido por la Administración Pública con el 25,6%.
En contrapartida, el sistema registra 74.339 jubilaciones y pensiones, con un crecimiento promedio anual de 3,77%, concentradas principalmente en el Magisterio Nacional con el 47,4% y la Administración Pública con el 25%. Esta dinámica arroja una relación de apenas 3,1 aportantes activos por cada jubilado, muy por debajo del umbral mínimo de sostenibilidad.
«En este momento en la Caja Fiscal tenemos tres aportantes por cada jubilado, cuando se necesitan al menos seis para empatar el costo de las jubilaciones», reiteró el ministro Fernández Valdovinos, explicando que el desequilibrio matemático es inevitable: con aportes del 16% durante 25 años de vida laboral, resulta imposible financiar jubilaciones equivalentes al 100% del salario durante otros 25 años de retiro sin subsidios externos.
Impacto fiscal inmediato: USD 380 millones anuales financiados con impuestos
El déficit operativo de la Caja Fiscal cerró el último año en USD 380 millones, parte del cual fue financiado con recursos tributarios. El ministro advirtió que el superávit transitorio del sector administrativo se agotará en los próximos años y que, de no implementarse cambios, en el corto plazo el 100% del déficit deberá ser cubierto con impuestos, comparando ese monto con el presupuesto total de medicamentos del Ministerio de Salud.
«No hay magia acá. Alguien tiene que pagar la diferencia y, si no se corrige, termina pagando la ciudadanía a través de los impuestos», advirtió el titular de la cartera económica, destacando que el problema es estructural y acumulativo, y que se ha convertido en uno de los principales focos de presión sobre la estabilidad fiscal del país.
Reforma propuesta: ahorro de USD 573 millones anuales pero solo hasta 2032
El escenario de reforma planteado por el Ministerio de Economía incluye medidas paramétricas clave: fijación de una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que no la tenían, aumento del aporte total al 22% (19% de los trabajadores y 3% del Estado) y unificación de la base de cálculo a los últimos cinco años para la mayoría de los sectores.
Según el informe actuarial, estas medidas reducirían el déficit actuarial en un 61,7%, pasando de USD 796 millones a USD 306 millones en el periodo comprendido entre 2027 y 2031, generando un ahorro anual promedio para el Tesoro de USD 573 millones, equivalente a USD 2.292 millones acumulados en cuatro años.
En términos de impacto fiscal, mantener el sistema bajo el escenario actual demandaría un gasto promedio anual del Estado de USD 739 millones. Con la reforma, este monto se reduciría a USD 166 millones. Además, la propuesta permitiría postergar el agotamiento de los recursos excedentes del Programa Civil hasta 2032, cuando sin cambios estos se agotarían entre 2027 y 2028.
Crisis posterga pero no resuelve: problema recaerá en próximo gobierno
Sin embargo, el propio documento oficial admite que la reforma solo implicará una mejora parcial frente a un esquema financieramente inviable. El estudio reconoce que el fondo de reserva será preservado por un periodo de apenas cuatro a cinco años más, hasta 2032 o 2033, y que a partir de ese momento el déficit presentaría un crecimiento importante respecto a los años anteriores.
«Una reforma paramétrica es condición necesaria, pero no suficiente: debe complementarse con medidas que fortalezcan la recaudación, mejoren el rendimiento de las inversiones y promuevan la equidad en la asignación de beneficios», reconoce el propio estudio actuarial.
Expertos consultados señalan que, con la reforma, solo se detendría el problema por unos años, dejando la crisis como tarea pendiente para el siguiente gobierno. A partir de 2033 o 2034, es decir en menos de diez años, el déficit volvería a crecer aceleradamente, evidenciando que las medidas propuestas no revierten la tendencia de fondo.
Riesgos estructurales: envejecimiento demográfico y dependencia fiscal
El informe identifica varios factores de vulnerabilidad que comprometen la sostenibilidad de largo plazo. El principal es el riesgo demográfico debido al envejecimiento esperado de la población y a la caída sostenida en la relación entre afiliados activos y pasivos. El sistema requeriría al menos cinco aportantes por cada jubilado para alcanzar un equilibrio financiero, cuando en la actualidad la relación apenas alcanza tres por jubilado.
También señala un riesgo fiscal vinculado a la creciente necesidad de utilizar recursos del Presupuesto General de la Nación para cubrir los déficits del sistema. Incluso con la reforma, esta tendencia no se revierte, lo que implica una dependencia continua de transferencias del Tesoro Público y, en última instancia, de los contribuyentes.
Definición de derechos adquiridos y afectación a trabajadores activos
Respecto al artículo 12 del proyecto, que regula los derechos adquiridos, el ministro Fernández Valdovinos explicó que la definición se basa en sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre cambios de regímenes. Según la jurisprudencia existente, la ley vigente se aplica exclusivamente a quienes ya reúnen los requisitos para jubilarse, no a los trabajadores activos que están en expectativa de acogerse a ese derecho. Por lo tanto, cualquier cambio normativo afectará a todos quienes no cumplan los requisitos para jubilarse antes de que entre en vigor la nueva ley.
Transparencia y diálogo con sectores afectados
El ministro destacó la presentación del estudio actuarial como un gesto de transparencia y apertura al diálogo con los sectores involucrados. «Queremos escuchar, dialogar y demostrar con números por qué una propuesta es viable o no. Nadie tiene la verdad absoluta», afirmó al entregar formalmente el documento al Congreso.
Advirtió, no obstante, que no se puede cargar la solución sobre un solo sector y que «entre todos vamos a tener que distribuir la pesada carga», reconociendo la necesidad de avanzar en cambios que, aunque no eliminarán totalmente el déficit, permitirán hacerlo sostenible en el tiempo.
El proyecto de reforma se encuentra en el orden de sesiones de la Cámara de Diputados para el próximo jueves, aunque existe la posibilidad de que sea postergado ante la presión de los sectores afectados, quienes solicitan una mesa de trabajo para analizar en profundidad la propuesta antes de su tratamiento legislativo.
