El sistema previsional del sector público paraguayo atraviesa una crisis financiera sin precedentes que pone en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones y pensiones estatales. Con un déficit acumulado de USD 200,1 millones a julio de 2025 y proyecciones que anticipan un agujero de USD 952 millones para 2030, la Caja Fiscal se ha convertido en una bomba de tiempo que compromete las finanzas públicas y limita la capacidad de inversión del Estado en sectores prioritarios.
Un agujero que se profundiza mes a mes
Los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan la magnitud de la crisis: durante julio, el déficit creció en G. 214.233 millones (aproximadamente USD 29,7 millones), manteniendo el ritmo de deterioro mensual que caracteriza al sistema. Este incremento llevó el déficit acumulado a G. 1,4 billones, equivalente al 43% de la diferencia entre ingresos y gastos del sistema previsional.
La ecuación financiera es clara y preocupante: mientras los gastos totalizaron G. 3,3 billones (USD 467,3 millones) en los primeros siete meses del año, los ingresos apenas alcanzaron G. 1,9 billones (USD 267,1 millones). Esta brecha estructural evidencia un sistema diseñado de manera insostenible, donde los compromisos superan ampliamente la capacidad de financiamiento.
Los maestros lideran el déficit sectorial
El análisis por sectores revela que el magisterio nacional encabeza el déficit en términos absolutos, acumulando G. 657.558 millones (USD 91,3 millones), lo que representa el 48% de desequilibrio en su subsistema. Con gastos de G. 1,3 billones (USD 188,8 millones) e ingresos de apenas G. 702.483 millones (USD 97,5 millones), el sector educativo se ha convertido en el principal contribuyente al agujero previsional.
El sector policial ocupa el segundo lugar con un déficit del 64%, totalizando G. 421.697 millones (USD 58,5 millones), seguido por las Fuerzas Armadas con un saldo negativo de G. 392.833 millones (USD 54,5 millones). Los docentes universitarios y magistrados judiciales completan el panorama deficitario, cada uno con agujeros superiores a los G. 20.000 millones (USD 2,7 millones).
La única luz en este panorama sombrío proviene del sector de empleados públicos, que mantiene un superávit del 13%, equivalente a G. 80.826 millones (USD 11,2 millones). Sin embargo, esta situación favorable está destinada a desaparecer en los próximos dos años, según las proyecciones oficiales.
Desequilibrio estructural entre aportantes y beneficiarios
La arquitectura del sistema revela otro problema fundamental: mientras 237.371 trabajadores activos aportan al sistema, ya son 81.184 los beneficiarios que reciben jubilaciones y pensiones. Esta relación de aproximadamente 3 a 1 entre aportantes y beneficiarios resulta insuficiente para sostener un sistema de reparto, especialmente considerando las generosas condiciones de retiro establecidas para varios sectores.
Los maestros representan el 47,9% del total de beneficiarios, mientras que los empleados públicos constituyen el 24,7%. Esta concentración en sectores con condiciones preferenciales de jubilación explica parcialmente la insostenibilidad del sistema, ya que muchos pueden retirarse sin cumplir requisitos de edad mínima.
Proyecciones catastróficas para la próxima década
Las estimaciones actuariales presentadas por el MEF a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados pintan un escenario alarmante. Para el cierre de 2025, el déficit alcanzaría USD 343 millones, escalando a USD 430 millones en 2026, cuando el sector civil superará al no civil en términos de saldo negativo.
La progresión del déficit muestra una aceleración preocupante: USD 509 millones en 2027, USD 683 millones en 2028 (equivalente al 1,5% del PIB), USD 776 millones en 2029, hasta llegar a USD 952 millones en 2030. Estas cifras implican que el Estado paraguayo deberá destinar recursos crecientes del Tesoro Nacional para cubrir las obligaciones previsionales, limitando severamente su capacidad de inversión en infraestructura, salud y educación.
La carga sobre los contribuyentes
El informe del MEF advierte que desde 2028, la totalidad del déficit del programa civil (USD 444 millones) deberá financiarse completamente con impuestos, sumándose a los USD 239 millones del programa no civil. Esta situación implica que los contribuyentes paraguayos, incluidos aquellos del sector privado sin acceso a estos beneficios previsionales, deberán sostener un sistema cada vez más costoso.
La tasa de aporte actual del 16% resulta completamente insuficiente para equilibrar el sistema. Según los cálculos técnicos, sería necesaria una tasa del 40% para cubrir los gastos proyectados al 2030, con variaciones por sector que van desde el 20% para empleados públicos hasta el 87% para las Fuerzas Armadas.
Reformas postergadas y resistencias políticas
El déficit global viene arrastrándose desde 2015, cuando cerró en G. 70.161 millones (USD 9,6 millones), después de que el Congreso realizara doce modificaciones a la reforma originalmente aprobada en 2003. Estas modificaciones diluyeron el efecto correctivo de la reforma inicial, permitiendo que el problema se agravara hasta alcanzar dimensiones críticas.
La Comisión Especial de Diputados ha identificado como medidas prioritarias «la fijación de una edad mínima de jubilación y la homogeneización de beneficios entre los distintos sectores». El ministro Carlos Fernández Valdovinos había mencionado la posibilidad de establecer una edad común de retiro a los 62 años, pero cualquier reforma enfrenta resistencias sectoriales significativas.
Un desafío que requiere decisiones urgentes
La crisis de la Caja Fiscal trasciende lo meramente financiero para convertirse en un problema de equidad intergeneracional y sostenibilidad fiscal. Los recursos que el Estado debe destinar para cubrir este déficit creciente son fondos que no pueden utilizarse para construir hospitales, escuelas o infraestructura necesaria para el desarrollo nacional.
La experiencia regional muestra que países como Brasil, Uruguay y Chile han implementado reformas exitosas mediante el aumento de la edad de retiro, la unificación de beneficios y la incorporación de aportes patronales. Paraguay enfrenta la disyuntiva de actuar con decisión para evitar una crisis mayor o continuar posponiendo decisiones difíciles que solo agravan el problema.
El tiempo se agota para el sistema previsional paraguayo. Las cifras no mienten: sin una reforma integral que aborde las distorsiones estructurales, el país se encamina hacia una crisis fiscal que comprometerá no solo las jubilaciones futuras, sino la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones esenciales. La responsabilidad de actuar recae ahora en la dirigencia política, que debe priorizar el interés nacional por sobre las resistencias sectoriales.
