El sistema de jubilaciones y pensiones del sector público paraguayo atraviesa una crisis financiera sin precedentes que amenaza con colapsar en 2028. El déficit de la Caja Fiscal podría cerrar este año en US$ 300 millones, mientras que el Tesoro Público ya ha destinado G. 11,3 billones (US$ 1.497 millones) desde 2011 para sostener un sistema que presenta desequilibrios estructurales profundos.
Déficit acumulado de US$ 153 millones al primer semestre de 2025
Durante el primer semestre del año, la Caja Fiscal registró un déficit global del 43%, equivalente a G. 1,22 billones (US$ 153 millones al tipo de cambio promedio de junio). Esta cifra representa un incremento promedio mensual de US$ 26 millones en el agujero financiero del sistema previsional público.
Jorge Delgado, director general de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó durante el XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público en Ciudad del Este que las proyecciones indican un déficit de hasta US$ 300 millones para el cierre de 2025. El funcionario subrayó la urgencia de implementar una reforma estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Desequilibrio sectorial: solo empleados públicos mantienen superávit
La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores contributivos que presentan realidades financieras dispares. Según el informe de «Situación de la Caja Fiscal» del MEF, únicamente el sector de empleados públicos mantiene un superávit del 14% al cierre de junio de 2025.
El panorama se torna crítico en los demás sectores: magistrados judiciales registran un déficit del 31%, docentes universitarios del 22%, mientras que las fuerzas públicas presentan los números más alarmantes. Los militares acumulan un déficit del 74%, los policías del 64% y los maestros del 48%.
Impacto de la equiparación salarial y regímenes especiales
La Ley N.º 4493 de 2011, que estableció la equiparación del 100% entre los haberes de retiro y los salarios del personal en actividad, marcó un punto de inflexión en la sostenibilidad del sistema. Esta normativa garantiza que los jubilados perciban beneficios equivalentes al salario de quienes se encuentran en servicio activo, correspondiente al grado jerárquico que ostentaban al momento de su retiro.
Entre 2007 y 2022, el Congreso Nacional aprobó 12 leyes que crearon regímenes especiales, perforando la Ley N.º 2345/2003 de reforma de la Caja Fiscal. Estos regímenes favorecieron a enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, médicos del Estado, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera, guardaparques y trabajadores con discapacidad de la función pública.
Fuerzas públicas: el principal factor de presión financiera
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había identificado previamente que los sectores de militares y policías generan más de la mitad del déficit total del sistema. Esta situación se debe principalmente a que estos sectores no requieren edad mínima para jubilarse, mantienen altas tasas de reemplazo y se benefician de la equiparación automática con los salarios del personal activo.
Los militares, policías, maestros, docentes universitarios, personal de educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera y guardaparques pueden acceder a la jubilación sin cumplir requisitos de edad mínima, lo que genera una presión financiera adicional sobre el sistema.
Proyección crítica: colapso total en 2028
Las proyecciones oficiales presentadas a la Cámara de Diputados son alarmantes. Según el Ministerio de Economía, la Caja Fiscal colapsará completamente en 2028, momento en el cual el Tesoro Público deberá hacerse cargo del 100% del déficit generado por el sistema.
Delgado explicó que «la relación entre activos (aportantes) y pasivos (jubilados) no es suficiente, especialmente considerando que ciertos sectores acceden a la jubilación con condiciones diferenciales o con mecanismos de equiparación anuales, lo que agrava la tensión financiera».
Reforma pendiente: decisión política esperada
El gobierno mantiene en estudio un proyecto de reforma integral del sistema previsional público. Fernández Valdovinos había anunciado que el proyecto sería presentado al Congreso a fin de año, previo consenso con los sectores involucrados.
Durante su exposición, Delgado enfatizó la responsabilidad intergeneracional del desafío: «Debemos tomar conciencia de la sostenibilidad financiera. Somos responsables del futuro colectivo y este desafío requiere de un esfuerzo intergeneracional solidario».
Impacto en las finanzas públicas
El déficit creciente de la Caja Fiscal representa una sangría constante para el Tesoro Público, que debe inyectar recursos mensuales para cubrir el pago de haberes a jubilados y pensionados. Los G. 11,3 billones ya transferidos en poco más de 14 años provienen directamente de la recaudación de impuestos, lo que implica un costo fiscal significativo para el Estado paraguayo.
El sector de empleados públicos, único con superávit, ha venido subsidiando parcialmente el déficit de otros sectores, pero esta situación se deteriora progresivamente cada año, reduciendo la capacidad del sistema para autofinanciarse.
La crisis de la Caja Fiscal se perfila como uno de los principales desafíos fiscales del país, requiriendo decisiones políticas urgentes para evitar un colapso que comprometería los derechos previsionales de miles de paraguayos y agregaría presiones adicionales sobre las finanzas públicas nacionales.
