La acumulación de certificados de obra impagos, que asciende a unos USD 410 millones entre capital e intereses, desencadenó la paralización de siete proyectos viales estratégicos y pone en riesgo la estabilidad financiera de al menos dos empresas contratistas, en un contexto donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) operará este año con la presión de una gestión bajo el contante ojo de la lupa, siendo el eslabón mas cuestionado del actual gobierno.
Una deuda que acumula años y empresas al borde del quiebre
El Estado paraguayo acumula una deuda con el sector de la construcción que asciende a unos USD 410 millones. Según los registros de las empresas vialeras, el monto se desglosa de la siguiente manera: USD 250 millones en certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, USD 120 millones en intereses no reconocidos por la actual administración, y USD 40 millones adicionales en intereses generados y reclamados durante el presente gobierno.
Ante la imposibilidad de seguir subsidiando la mora estatal con capital propio, algunas constructoras optaron por detener los trabajos. Más grave aún, informaciones extraoficiales indican que al menos dos empresas del sector estarían tramitando procesos de quiebra, lo que expone la magnitud real de la crisis.
Siete obras paralizadas y 1.700 trabajadores sin actividad
Al mes de marzo, el incumplimiento en los pagos derivó en la paralización de siete obras de infraestructura impulsadas por el MOPC. Considerando que cada proyecto emplea en promedio a unas 250 personas, la suspensión afecta directamente a unos 1.700 obreros. Las obras detenidas son: tres tramos viales en San Juan, Misiones, adjudicados a las empresas MM, Construpar y Tecsul; la ruta de hormigón entre Concepción y Pozo Colorado, a cargo de Ecomipa; la Ruta Graneros del Sur, bajo la ejecución de Concremix y EBD; el tramo Pilar-Humaitá, también ejecutado por Concremix; y el tramo Humaitá-Paso de Patria, adjudicado al consorcio Roggio-Heisecke, que aún no puede iniciar por falta de pago del anticipo contractual.
La paralización no solo implica la pérdida de ingresos para los trabajadores, sino también el deterioro de las estructuras inconclusas y el encarecimiento de los costos finales por mantenimiento y readecuación de precios, advierten las propias empresas contratistas.
Un presupuesto a medias: el MEF recorta la ejecución del MOPC al 50%
Lo que ya se perfilaba como un año difícil para la infraestructura pública se agravó con una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ministra Claudia Centurión confirmó a la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) que el MEF le impuso al MOPC un tope de ejecución del 50% sobre el presupuesto autorizado para 2026.
De los USD 570 millones previstos, el ministerio podrá disponer únicamente de USD 285 millones. Esta cifra resulta insuficiente incluso para saldar las obligaciones ya contraídas: solo para cubrir los certificados de obras ejecutadas en 2025 (USD 250 millones) y los intereses acumulados (USD 110 millones), el MOPC necesitaría USD 360 millones. El presupuesto habilitado deja entonces un déficit inicial de USD 75 millones, sin computar las obras que deben ejecutarse durante el corriente año.
La situación pone en evidencia una contradicción entre el discurso oficial —que insiste en que «las obras no van a parar»— y la realidad operativa de un ministerio que, con los recursos disponibles, no alcanzaría a honrar compromisos del ejercicio anterior.
Cavialpa propone elevar el tope fiscal; el MEF ensaya el factoraje
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Paul Sarubbi, planteó una salida estructural a la crisis: modificar el Presupuesto General de la Nación 2026 para elevar el tope de déficit fiscal mediante una ley del Congreso, lo que permitiría al Estado acceder a líneas de crédito disponibles y regularizar los pagos al sector. Según las empresas del ramo, para superar la deuda acumulada y el déficit histórico de inversión en infraestructura, el Estado requeriría una inyección de aproximadamente USD 1.100 millones.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa una solución alternativa de menor alcance: el factoraje (factoring). Bajo el mecanismo habilitado por la Ley de Factoraje, las empresas constructoras podrían ceder sus facturas a una entidad financiera cesionaria, accediendo a liquidez de hasta unos USD 150 millones respaldados con garantía soberana. Sin embargo, la propuesta es considerada por el sector como una medida paliativa que no resuelve el problema de fondo. Ambas partes se habían fijado el 11 de marzo como plazo para avanzar en la propuesta, aunque aún no se realizaron reuniones conclusivas al respecto.
La licitación del Bañado Tacumbú: cancelada sin explicaciones
En medio de la crisis presupuestaria y la parálisis de obras, la ministra Centurión tomó una decisión que generó interrogantes. A través de la Resolución 149/26, firmada el 10 de febrero, canceló el proceso licitatorio para la construcción y fiscalización de las primeras 1.500 viviendas sociales del nuevo Barrio Bañado Tacumbú, en Asunción. El documento ministerial no consigna los motivos de la cancelación.
El proyecto cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 200 millones y, de concretarse, beneficiaría a unas 6.000 personas, generando además unos 5.000 empleos en el sector de la construcción. La magnitud social de la obra contrasta con la opacidad del acto administrativo que suspendió su licitación.
La contradicción se profundizó nueve días después: el 19 de febrero, la página web del MOPC comunicó que la cartera realizaba «ajustes» al proceso licitatorio, destacando el cumplimiento de los requerimientos del BID y garantizando «transparencia y eficacia». La falta de consistencia entre la resolución de cancelación y la comunicación posterior genera dudas sobre la gestión interna del proceso.
Según el MOPC, los trabajos preparatorios en las 65 hectáreas destinadas al proyecto registran un avance del 40%, con construcción de calles, redes de desagüe pluvial y cloacal, agua potable, electricidad y movimientos de suelo. La inversión estimada para esta etapa es de G. 157.500 millones, conforme a los pliegos licitatorios.
La ministra recorre obras mientras el sector reclama respuestas
En este escenario, la ministra Claudia Centurión optó por una estrategia comunicacional de presencia en terreno. Visitó el avance de obras en el Bañado Tacumbú y aseguró que seguirá recorriendo los proyectos para demostrar que el MOPC «continúa avanzando». «No hay ningún parate, las máquinas están en plena actividad», afirmó la funcionaria.
Sin embargo, los números y los hechos ofrecen un cuadro diferente al de las declaraciones oficiales. Al momento de esas afirmaciones, ya eran siete las obras viales paralizadas en distintos puntos del país, con 1.700 trabajadores en la calle y empresas al borde del colapso financiero. La ausencia de una hoja de ruta concreta para regularizar los pagos, combinada con un presupuesto recortado a la mitad y un mecanismo de factoraje aún sin reglamentación operativa, configura un panorama que difícilmente pueda resolverse con comunicados y recorridas.
El sector constructor aguarda respuestas que, hasta ahora, no llegan. La infraestructura pública, en tanto, paga el costo de la espera.
