La Contraloría General de la República (CGR) emitió una advertencia contundente sobre la sostenibilidad de la deuda pública paraguaya en su informe de auditoría sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación 2024. El organismo de control señaló que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la tendencia ascendente de la deuda no ha podido revertirse, registrando una tasa anual de aumento promedio de 12,7% en los últimos diez años.
Proyecciones adversas anticipan un escenario crítico para 2025 y 2026
El informe de la CGR incorpora un análisis del Banco Central del Paraguay (BCP) que contempla escenarios adversos con diversos shocks negativos sobre el tipo de cambio, la tasa de crecimiento del PIB, las tasas de interés y el resultado fiscal. Estas proyecciones revelan que la relación deuda/PIB podría alcanzar el 42,4% en 2025 y el 47,6% en 2026, acercándose peligrosamente al límite inferior del rango de sostenibilidad establecido entre 50% y 60%.
Para los años siguientes, el ratio continuaría en niveles preocupantes: 44,2% en 2027 y 41,1% en 2028. Estos valores superan ampliamente el nivel precautorio del 40% del PIB recomendado por organismos regionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), umbral a partir del cual podrían surgir dudas sobre la capacidad de pago del país.
La Contraloría subraya que este escenario «podría generar riesgos de sobreendeudamiento y dificultades para cumplir con el servicio de la deuda», instando al MEF a considerar estos factores antes de contraer nuevos compromisos crediticios.
Servicio de la deuda se dispara y presiona las finanzas públicas
El servicio de la deuda fue el componente del gasto público con mayor incremento en 2024, registrando una expansión del 26,4% respecto a 2023. El pago de intereses alcanzó USD 983 millones, mientras que el servicio total llegó a USD 1.662 millones.
Un dato alarmante es que estos desembolsos fueron superiores a la amortización realizada, lo que significa que el pago de la deuda fue acompañado de nuevas deudas. La CGR advierte que «en caso que esta situación persista o aumente, la refinanciación sería indefinida y representaría un peligro para la sostenibilidad».
Hasta octubre de este año, el Estado ya había desembolsado G. 5,9 billones (USD 845,4 millones) en intereses, lo que representa G. 546.000 millones (USD 77,6 millones) más que en el mismo período del año anterior, equivalente a un incremento del 10,1%. El 89,4% de estos pagos corresponde a deuda externa y el 10,6% a deuda interna.
Indicadores de solvencia muestran deterioro acelerado
La CGR también advierte sobre el deterioro de los indicadores de solvencia bajo escenarios de shocks negativos. El ratio del saldo de la deuda frente a los ingresos totales fue de 268,1% en 2024, proyectándose un aumento a 305,1% para 2025, antes de descender a 253,1% en 2028.
«Esa posición muy por encima de los umbrales de referencia recomendados (entre 90% – 150%), es un signo de alerta que debería tener en cuenta el MEF», señala el informe.
Evolución de la deuda pública: crecimiento sostenido en la última década
Según el último reporte disponible correspondiente a septiembre de 2025, la deuda pública asciende a USD 19.919,8 millones, equivalente al 41,1% del PIB. El ejercicio fiscal 2024 había cerrado con USD 18.083,2 millones (40,2% del PIB), lo que implica un incremento de USD 1.836,6 millones en solo nueve meses, representando un aumento del 10,1%.
Al cierre del ejercicio fiscal 2024, la deuda total alcanzó USD 18.110 millones (G. 141,8 billones), con una composición fuertemente concentrada en deuda externa que representa el 87% del total, frente a apenas el 13% de deuda interna.
En los últimos cinco años, el saldo creció USD 5.889 millones, equivalente a un aumento del 48%, mientras que en la última década el incremento acumulado fue de USD 12.628 millones, reflejando un salto del 230%. Entre 2023 y 2024, la deuda aumentó USD 1.265 millones, con una variación interanual del 2,3%.
El saldo actual incluye compromisos del gobierno central (USD 17.677,8 millones, el 88,7% de la deuda total y 36,5% del PIB) y de entidades descentralizadas con garantía soberana (USD 2.242,0 millones, el 11,3% de la deuda total y 4,6% del PIB).
Plan de Consolidación Fiscal no alcanzó sus objetivos
Aunque el gasto público aumentó de G. 41,3 billones a G. 53,1 billones entre 2022 y 2024 (15,8% del PIB) y fue administrado con «responsabilidad y selectividad», la CGR señala que «el objetivo del Plan de Consolidación Fiscal, consistente en reducir gradualmente el déficit, racionalizar el gasto y retomar a niveles sostenibles de financiamiento no fueron alcanzados de forma efectiva».
El organismo de control critica especialmente que «el uso de recursos financieros del endeudamiento público para gastos corrientes contradice el principio de sostenibilidad financiera esgrimido por el MEF».
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que es fundamental completar el plan de consolidación fiscal, reduciendo el déficit fiscal a 1,9% del PIB este año y a 1,5% del PIB en 2026, para preservar la estabilidad macroeconómica y situar la relación deuda pública/PIB en una trayectoria descendente a mediano plazo.
La cartera de Economía cumplirá este año con la meta de déficit fiscal de 1,9% del PIB, pero pagando solo una parte de la deuda de más de USD 1.000 millones que tiene con empresas constructoras, farmacéuticas y proveedoras del programa Hambre Cero; el resto quedará para el próximo año.
Estado pagó USD 4,8 millones en comisiones por baja ejecución de proyectos
La Contraloría también cuestiona que la falta de directrices del MEF para optimizar la ejecución de proyectos financiados con préstamos externos generó un costo directo para el Estado de USD 4,8 millones en concepto de comisiones por montos no desembolsados, representando un costo adicional para las arcas públicas.
Tesoro desembolsa G. 57.832 millones para oxigenar la cadena de pagos
El Estado ejecutó pagos por G. 57.832 millones a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), según informó el MEF, buscando oxigenar la cadena de pagos del sector privado en un momento crítico debido a las deudas acumuladas principalmente con proveedores de medicamentos, constructoras y alimentación.
Estos pagos corresponden a Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) que ingresaron entre el 2 y 3 de diciembre, cubiertas mediante tres fuentes: G. 1.548 millones de la Fuente 10 (caja chica, gastos reservados y programas de gratuidad en educación superior), G. 26.224 millones de la Fuente 20 (recursos del crédito público) y G. 30.060 millones de la Fuente 30 (recursos institucionales).
Este movimiento revela una táctica recurrente del MEF: al financiar estos pagos mayoritariamente con deuda y recursos propios, el Tesoro preserva la liquidez de la Fuente 10, especialmente en diciembre cuando se pagan salarios y aguinaldos en la función pública, junto con los beneficios sociales. El fisco desembolsará unos USD 682 millones este mes para estos conceptos.
La utilización de crédito para gastos corrientes refleja la rigidez del Presupuesto General, donde los ingresos tributarios son absorbidos mayoritariamente por gastos fijos salariales, llevando al Estado a financiar parte de sus gastos operativos mediante endeudamiento.
Instituciones públicas deben USD 120 millones a la ANDE
El titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, reveló que la deuda total de las instituciones del Estado hacia el ente asciende a USD 120 millones, una cifra que genera preocupación especialmente ante la temporada de altas temperaturas y los cortes de electricidad comunes en esta época.
«La ANDE es una empresa que funciona como cualquier otra empresa privada, donde necesita de cobrar por el servicio prestado. Porque tiene sus compromisos financieros, debe pagar los préstamos que se hicieron para las obras del Plan Maestro de infraestructura eléctrica, compramos potencia de la Itaipú en dólares, compromisos para ejecutar las obras», manifestó Sosa.
El funcionario señaló que este año la deuda de las instituciones públicas con la ANDE aumentó considerablemente, alcanzando ya el mismo monto que el sector privado y los más de 800 mil usuarios. Hay 1.700.000 clientes en total y la deuda es casi igual entre ambos sectores.
La Industria Nacional del Cemento (INC) mantiene una deuda de USD 29 millones, aunque lograron fraccionar y van pagando gradualmente. También realizan gestiones con la Essap, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Educación, este último ofreciendo inmuebles para compensar la deuda. La Essap abonó G. 1.200 millones luego de que la ANDE le cortara los servicios, desatando polémica.
Sosa destacó que existe un artículo en la Ley de Presupuesto actual donde se establece que no deben aumentar la deuda, deben negociarse las deudas atrasadas e ir pagando el consumo mensual.
