La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2026, en la versión modificada por el Senado. Con esta sanción definitiva, el plan de gastos pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El monto total alcanza los G. 149,61 billones, equivalentes a USD 18.984 millones según el tipo de cambio presupuestado, lo que representa un incremento de G. 435.907 millones (USD 56 millones) respecto a la propuesta inicial presentada por el gobierno en agosto pasado.
Al comparar con el presupuesto vigente de 2025, el nuevo plan fiscal contempla un aumento de G. 15,9 billones (USD 2.026 millones), lo que equivale a un crecimiento del 12,3%. La aprobación se concretó por mayoría de votos, pese a cuestionamientos de varios legisladores sobre determinadas asignaciones y prioridades en la distribución de recursos.
Parámetros fiscales y estructura del financiamiento
El presupuesto sancionado respeta el límite de déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que implica un desequilibrio de USD 746,8 millones. Para cubrir este déficit y las necesidades de financiamiento, el Tesoro Nacional está autorizado a emitir bonos por hasta USD 1.303 millones durante el próximo año.
En cuanto a los ingresos esperados, se proyecta una recaudación tributaria de G. 45,3 billones (USD 5.751 millones), cifra que representa un incremento del 8% frente a lo esperado para el cierre de 2025. Esta proyección de ingresos resulta clave para la sostenibilidad del plan de gastos aprobado.
La estructura de financiamiento del presupuesto muestra que la mayor parte de los recursos proviene de fuentes institucionales o fuente 30, que alcanza G. 77,64 billones y representa el 52% del total. Los recursos del Tesoro o fuente 10 se estimaron en G. 51,52 billones, cubriendo poco más del 34% del presupuesto. Finalmente, los recursos obtenidos de crédito público o fuente 20 ascienden a G. 20,44 billones, equivalentes al 14% del plan financiero.
En cuanto a la distribución institucional, al gobierno central se le asignan G. 74,7 billones (USD 9.478 millones), mientras que las entidades descentralizadas recibirán G. 74,5 billones (USD 9.451 millones).
Incrementos significativos en el sector salud
El Ministerio de Salud Pública resulta la entidad más beneficiada con las modificaciones introducidas por el Congreso, al recibir un incremento de G. 95.300 millones respecto al proyecto original. Estos recursos adicionales se distribuirán entre diversos programas y servicios: el Programa de Alimentación Nutricional (Pani), sistemas de agua, provisión de leche para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el Hospital de Caaguazú, el Ineram, el Plan Sumar, entre otras necesidades sanitarias.
No obstante, varios legisladores advirtieron durante los debates que este aumento resulta aún insuficiente para cubrir las necesidades reales de los hospitales públicos del país y las demandas del sistema de salud en su conjunto.
Además, se aprobaron G. 17.000 millones adicionales para el plan de letrina cero y supervisión regional, programas orientados a mejorar las condiciones sanitarias en comunidades rurales.
Por otra parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) recibirá un incremento de G. 45.000 millones destinados específicamente a la recategorización salarial del personal de enfermería, una reivindicación histórica de este sector profesional que enfrenta condiciones laborales desafiantes.
Inversión reforzada en educación
El sector educativo también experimenta aumentos sustanciales en el presupuesto 2026. Para el cumplimiento del escalafón docente se destinaron G. 71.000 millones adicionales, mientras que el reajuste salarial por inflación del 3,6%, vigente desde enero de 2026, demandará G. 280.000 millones que beneficiarán a 92.808 cargos docentes en todo el país.
Las universidades del interior del país recibieron una asignación adicional de G. 35.000 millones, respondiendo a demandas de estas instituciones de educación superior que frecuentemente reportan déficits presupuestarios para sus operaciones.
Servicios personales y creación de cargos
El rubro de servicios personales representa uno de los componentes más significativos del presupuesto, con una asignación de aproximadamente G. 35,7 billones (USD 4.540 millones). Esta cifra implica un incremento de más de G. 2 billones (USD 258,9 millones) en comparación con el presupuesto vigente.
Este aumento obedece a varios factores. Por un lado, se contempla el reajuste del 3,6% determinado por la variación del sueldo mínimo y la inflación, que beneficiará a diversos sectores: policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales, jubilados de la Caja Fiscal y docentes. Por otro lado, se autoriza la creación de 11.105 nuevos cargos en distintas instituciones del Estado.
Entre las incorporaciones más significativas se encuentra la previsión de 5.000 nuevos agentes para la Policía Nacional, lo que demandará G. 3.000 millones adicionales para el Ministerio del Interior.
Autoasignación del Congreso y recursos para la presidencia
Uno de los aspectos más controvertidos del presupuesto sancionado es la autoasignación que realizó el Congreso Nacional, que se adjudicó G. 50.000 millones adicionales en conjunto. De este monto, el Senado recibe G. 25.000 millones más, mientras que la Cámara de Diputados obtiene G. 10.000 millones de aumento. El destino específico de estos recursos aún se desconoce, ya que no hubo un debate público sobre su utilización durante las sesiones parlamentarias.
Por su parte, la Presidencia de la República obtendrá un incremento de G. 33.150 millones, en parte para reponer fondos de la Secretaría Nacional de Deportes. Al analizar el plan de gastos del Gabinete Presidencial, se observa un aumento de G. 1.778 millones destinado específicamente a costear los viajes del presidente Santiago Peña en comparación con el ejercicio 2025. Además, se mantienen G. 4.000 millones para sus gastos reservados.
Ajustes en otras instituciones del Estado
El Tribunal Electoral recibirá G. 10.000 millones adicionales, recursos que serán utilizados principalmente para el alquiler de máquinas de votación para las elecciones municipales previstas para 2026.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue beneficiada con G. 45.000 millones más, mientras que la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) recibirá G. 14.000 millones adicionales.
En cuanto al Ministerio de Economía, aunque los senadores decidieron reducirle G. 5.000 millones, finalmente esta cartera contará con G. 4.176 millones más en 2026, recursos que se destinarán principalmente a los pagos de la deuda pública y del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, también conocido como Caja Fiscal.
Recortes y solicitudes no atendidas
No todas las instituciones lograron los incrementos solicitados. El Ministerio de Defensa sufrió recortes en su presupuesto, mientras que otras entidades mantienen los recursos previstos sin aumentos, pese a reclamos de diversos sectores.
Un caso particular es el de los incrementos que Diputados había autorizado inicialmente para la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, mayormente para creación de cargos y aumentos salariales, que quedaron sin efecto con la versión aprobada por el Senado y ratificada finalmente por la Cámara Baja.
Algunos parlamentarios lamentaron que numerosos funcionarios, especialmente del sector judicial, continuarán percibiendo salarios considerados insuficientes, debido a que no se aprobaron sus ajustes salariales. Esta situación genera preocupación sobre las condiciones laborales en determinadas áreas del Estado y la capacidad de retener personal calificado.
