La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional concluyó el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, introduciendo modificaciones que incrementan en G. 170.000 millones (US$ 22 millones) la propuesta original del Poder Ejecutivo. El dictamen, que recomienda la aprobación de estos cambios, fue elevado a las cámaras de Diputados y Senadores para su consideración final.
Incremento presupuestario y sectores beneficiados
El senador colorado cartista Silvio «Beto» Ovelar, presidente de la comisión integrada por 26 senadores y 27 diputados, informó que el aumento aprobado se mantiene dentro del tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB contemplado para 2026. Con estas modificaciones, el proyecto de PGN alcanza los G. 149,3 billones (US$ 18.950 millones al cambio presupuestado).
Los recursos adicionales fueron distribuidos entre instituciones clave del Estado. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones encabezan la lista de beneficiarios. Asimismo, recibieron aumentos la Universidad Nacional de Asunción, nueve universidades nacionales del interior, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y el Ministerio Público para la suba salarial de forenses.
Una porción significativa de estos incrementos proviene de propuestas del propio senador Ovelar, quien en la penúltima sesión incluyó G. 35.000 millones para el programa «Letrina Cero» y para el Hospital Distrital de Caaguazú.
Interrogantes sobre el financiamiento
A pesar del aumento autorizado, persisten dudas sobre el origen de los recursos para cubrir estos gastos adicionales. Inicialmente, la comisión recortó gastos por G. 80.000 millones (US$ 10,1 millones), lo que dejaría una diferencia de G. 90.000 millones (US$ 11,4 millones) sin financiamiento claramente definido. Ovelar no especificó en su exposición cómo se cubrirá esta brecha.
Los aumentos aprobados están previstos para «nivelación salarial», crecimiento vegetativo que implicaría la creación de nuevos cargos, gastos corrientes e inversiones, según datos manejados en las últimas sesiones de la bicameral.
Poder Judicial excluido de los aumentos
Respecto al pedido de la Corte Suprema de Justicia, que incluía aumentos salariales para sus funcionarios, Ovelar consideró que aunque era razonable, atenderlo implicaría «desvestir un santo para vestir a otro». El legislador argumentó que ante la limitación de ingresos, el dilema radicaba en priorizar entre el Instituto Nacional del Cáncer, la Policía Nacional o el Poder Judicial, decantándose finalmente por los sectores de salud, educación y otros considerados prioritarios.
Composición del presupuesto original
El proyecto de presupuesto 2026 presentado originalmente por el Ejecutivo al Congreso el 25 de agosto ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), lo que representa un aumento del 12% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.
De ese total, la administración central recibe una asignación de G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones), mientras que las entidades descentralizadas cuentan con G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones). El plan se elaboró sobre la base de un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Proyecciones de recaudación y endeudamiento
Según las estimaciones del Poder Ejecutivo, se espera recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), un 8% más de lo esperado para el presente año, manteniendo la presión tributaria en 11,5% del PIB.
En materia de endeudamiento, el Tesoro estará autorizado a emitir bonos hasta por un monto de US$ 1.303 millones. De este total, US$ 661,6 millones se autorizarán a través de la ley de presupuesto y US$ 641,5 millones mediante la ley de administración de pasivos.
El proyecto contempla 345.646 cargos de funcionarios permanentes, lo que implica 11.105 más que el actual presupuesto 2025. Esta cifra incluye funcionarios administrativos, policías, militares, docentes, personal de salud pública y autoridades electas, entre otros.
Gastos rígidos dominan el presupuesto
Un dato revelador expuesto durante las sesiones de la comisión bicameral es que el 89% de los recursos del Tesoro se destinan a financiar gastos rígidos dentro del proyecto de PGN 2026. Ramón Duette, director general de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, explicó a los parlamentarios la distribución de estos recursos provenientes de la Fuente 10.
Según su exposición, el 55% de estos recursos se destina al pago de servicios personales, 17% al pago de intereses de la deuda pública y otro 17% al pago de jubilaciones y pensiones, que incluye el déficit de la Caja Fiscal. Estos son denominados gastos rígidos porque deben pagarse obligatoriamente.
Servicios personales y masa salarial
Al gasto en servicios personales se asignaron G. 35,7 billones (US$ 4.540 millones), un 6% más que lo aprobado inicialmente para el presente año. Este rubro incluye remuneraciones básicas (sueldos, dieta, aguinaldo) y temporales (horas extras, adicional, gastos de residencia), asignaciones complementarias (subsidio familiar, bonificaciones), personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal.
El incremento obedece, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a reajustes del 3,6% previstos por la variación del sueldo mínimo y por la inflación para policías, militares, gobernadores, miembros de juntas departamentales, jubilados de la Caja Fiscal y docentes, además de la creación de cargos en las fuerzas públicas y personal de salud para los nuevos hospitales.
En la sesión de la comisión bicameral se mencionó que los salarios presupuestados representan, en principio, el 62% de los ingresos tributarios estimados para el siguiente ejercicio.
Servicio de deuda pública en aumento
Duette informó a los legisladores que el servicio de la deuda pública aumenta G. 1,3 billones (US$ 164,9 millones) con relación al presente ejercicio. De este monto, G. 600.000 millones corresponden al pago de intereses y G. 700.000 millones al pago de amortizaciones.
Los intereses de la deuda pública se pagan con recursos provenientes de los impuestos, considerando que la ley de administración financiera prohíbe que los gastos corrientes sean financiados con deuda. El mayor monto se asigna para los intereses de la deuda externa, principalmente por la colocación de bonos soberanos, lo que se utilizará para financiar inversiones y refinanciar obligaciones existentes.
Crisis estructural de la Caja Fiscal
Sobre las jubilaciones y pensiones, que incluye el subsidio para cubrir el déficit de la Caja Fiscal, el presupuesto para el año próximo aumenta G. 1,3 billones (US$ 164,9 millones), a ser financiada con recursos institucionales o Fuente 30.
Al mes de septiembre, la Caja Fiscal acumula un déficit global de más de G. 1,8 billones (US$ 266,5 millones al cambio vigente), financiado en su mayor parte con los impuestos que paga la ciudadanía.
De los seis sectores que conforman la caja, el sector de empleados públicos es el único que mantiene un superávit del 12%. Los demás sectores —magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros— arrastran déficit del 28%, 22%, 75%, 64% y 49%, respectivamente.
Las proyecciones realizadas por el MEF indican que este año el saldo rojo rondaría los US$ 343 millones, cifra que para el año venidero subiría a US$ 430 millones. Estas cifras continuarán aumentando cada año si no se realiza en forma urgente una reforma del sistema previsional público, según advierten los técnicos.
El dictamen de la comisión bicameral sobre el proyecto de PGN 2026 pasó a la consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, instancias que decidirán finalmente sobre el proyecto de presupuesto, a más tardar el 20 de diciembre. Una vez aprobado por ambas cámaras, el texto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
