Deviandes demanda ante tribunal federal de Washington el reconocimiento del fallo del CIADI tras incumplimientos del Estado en el peaje de Ticlio; el país acumula una cadena de arbitrajes internacionales impagos que amenazan sus activos en el exterior
La empresa colombiana Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), concesionaria del tramo de la Carretera Central que conecta Lima con el centro de Perú en el marco del proyecto IIRSA Centro, presentó el 3 de marzo de 2026 una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, para obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral de US$ 99,4 millones emitido en noviembre de 2024 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. La acción quedó registrada bajo el expediente 1:26-cv-00745 y se produce ante el incumplimiento del Estado peruano en el pago de la suma reconocida por el tribunal arbitral internacional.
El origen del conflicto: protestas, peajes bloqueados e incumplimientos contractuales
El laudo del CIADI tiene su origen en una serie de eventos ocurridos a partir de 2018, cuando la instalación de la garita de peaje en Ticlio —ubicada a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, el punto de mayor altitud de la vía— desencadenó protestas de transportistas de carga que transitaban el corredor. Los manifestantes bloquearon la carretera y exigieron al gobierno de entonces la anulación del contrato de concesión, al que calificaban de abusivo.
El tribunal arbitral determinó que el Estado peruano incurrió en graves incumplimientos contractuales al no adoptar las medidas suficientes para restablecer el orden social frente a esas protestas, lo que impidió la apertura efectiva del peaje de Ticlio. A ello se sumaron dos infracciones adicionales: la omisión del procedimiento formal para la aceptación de obras terminadas y la imposibilidad resultante para Deviandes de operar la estación de peaje y recaudar los ingresos previstos en el contrato. El fallo concluyó que estos hechos constituyeron violaciones tanto del contrato de concesión como del contrato de garantía suscritos por el Estado peruano, y fijó en US$ 99,4 millones el monto de los daños y perjuicios derivados de esa situación.
La estrategia judicial: de Washington al embargo de activos
La demanda ante la Corte del Distrito de Columbia persigue que la justicia estadounidense reconozca el laudo del CIADI y autorice su ejecución en territorio norteamericano. Deviandes advirtió que, de persistir el incumplimiento del pago por parte del Estado peruano, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución forzosa contra activos e cuentas del país en el exterior, incluidos embargos. La empresa señaló que este proceso se ampara en los mecanismos internacionales previstos para la ejecución de laudos arbitrales contra Estados soberanos cuando las resoluciones no se cumplen de manera voluntaria.
El Ministerio de Finanzas del Perú, organismo que ha representado al país en este tipo de disputas, no respondió a las solicitudes de comentarios formuladas por los medios de prensa al momento de publicarse la información.
El precedente Kuntur Wasi y una cadena de arbitrajes que se acumula
La acción de Deviandes no es un hecho aislado. La empresa recordó explícitamente el caso Kuntur Wasi, conglomerado de construcción de aeropuertos que logró el cobro de US$ 91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor en diciembre de 2024. En aquel proceso, la falta de pago del laudo derivó en una declaración de default del Estado peruano ante esa misma corte.
Siguiendo una lógica similar, la minera canadiense Lupaka Gold Corp. también presentó recientemente una demanda para hacer ejecutar un laudo arbitral de US$ 69 millones contra Perú, alegando igualmente que el gobierno no actuó para detener las protestas que paralizaron sus operaciones en el país. Tanto Deviandes como Lupaka parecen seguir el mismo camino trazado por Kuntur Wasi, buscando la vía judicial en Estados Unidos como mecanismo de presión y cobro efectivo frente a la inacción del Estado peruano.
La disputa con Brookfield y la magnitud de la exposición fiscal peruana
El cuadro de vulnerabilidad arbitral del Perú se amplía aún más con la disputa que mantiene con Brookfield Asset Management, gestora de activos canadiense que reclama US$ 2.700 millones alegando que la Municipalidad de Lima expropió indebidamente una red de autopistas de peaje que administraba bajo régimen de concesión. Ese caso sigue pendiente de resolución, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido arbitrajes relacionados con el mismo asunto por un total acumulado de aproximadamente US$ 200 millones.
La suma de los laudos en disputa y los procesos activos configura una exposición fiscal de magnitud considerable para el Estado peruano. La reiteración de fallos adversos en instancias internacionales, combinada con la incapacidad o reticencia del gobierno para honrar los pagos ordenados, empieza a delinear un patrón que deteriora la imagen del país como destino de inversión en infraestructura concesionada y eleva el riesgo de que activos soberanos en el exterior queden sujetos a medidas cautelares o embargos decretados por tribunales extranjeros.
Infraestructura regional en el centro de la controversia
Más allá de la dimensión financiera y jurídica, el caso pone en evidencia las tensiones estructurales que rodean la gestión de infraestructura concesionada en Perú. El tramo operado por Deviandes constituye un eje estratégico para la integración regional, al articular Lima con el interior del país a través de uno de los corredores de mayor tráfico de carga. La imposibilidad de operar el peaje de Ticlio durante años no solo generó el daño económico cuantificado por el CIADI, sino que también planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar las condiciones mínimas de operación a los concesionarios privados que participan en proyectos de infraestructura pública.
El proceso judicial continuará su curso en la Corte del Distrito de Columbia, donde se definirá la ejecución forzosa del laudo y la posible adopción de medidas sobre activos estatales peruanos en el extranjero, en caso de que el gobierno persista en el incumplimiento del pago de los US$ 99,4 millones ordenados por el tribunal arbitral internacional.
