La nueva sociedad ruso-brasileña Nadina Minerals operará en toda la cadena extractiva de minerales críticos, en un país que concentra el 94% de las reservas mundiales de niobio y el 23% de las tierras raras globales
La agencia nuclear estatal rusa Rosatom y la compañía brasileña Nucleo Brasil Energia Participações (NBEPar) formalizaron esta semana la creación de una empresa conjunta destinada a la extracción y procesamiento de minerales de importancia crítica en Brasil. La nueva sociedad, registrada bajo el nombre Nadina Minerals, nació en el marco del foro internacional Nuclear Summit 2026, celebrado en Río de Janeiro, y fue anunciada mediante un comunicado difundido por la agencia estatal rusa TASS.
Técnicamente, el acuerdo vincula a Uranium One Group, subsidiaria del grupo empresarial TENEX de Rosatom, con NBEPar, holding del sector nuclear brasileño. La nueva empresa tendrá sede en Río de Janeiro y operará de forma integrada en toda la cadena productiva, desde la prospección geológica hasta el desarrollo de rutas avanzadas de procesamiento, combinando el conocimiento local de NBEPar con la experiencia internacional de Uranium One, una de las mayores mineras de uranio del mundo con operaciones en Kazajistán, Tanzania y Namibia. Según el CEO de la empresa brasileña, el almirante Ney Zanella, las negociaciones entre ambas partes se extendieron por más de dos años antes de cristalizarse en este convenio.
Una cadena productiva de alta tecnología
De acuerdo con lo informado por Rosatom, la actividad de Nadina Minerals abarcará un amplio espectro operativo: gestión de permisos y habilitaciones ante las autoridades competentes, exploración de terrenos con potencial mineral, instalación de plantas de extracción y procesamiento, y desarrollo de una cadena productiva local orientada a abastecer sectores de alta tecnología como la electrónica de consumo, las energías renovables, la industria aeroespacial y la defensa.
Este acuerdo no surge de la nada. Moscú y Brasilia mantienen vínculos en materia nuclear desde hace años, principalmente a través del suministro de combustible nuclear enriquecido a plantas brasileñas y la conversión del uranio extraído en territorio sudamericano. Lo que cambia ahora es la escala y la naturaleza del convenio: ya no se trata solo del ciclo del uranio, sino de una apuesta por la totalidad del espectro de minerales estratégicos que Brasil posee en abundancia y que el mundo desarrollado disputa con creciente urgencia.
Un gigante geológico aún sin industrializar
El peso específico de Brasil en el mapa mundial de minerales críticos es difícil de exagerar. Según el Servicio Geológico de Brasil, el país posee las mayores reservas mundiales de niobio, con el 94% del total global; las segundas de grafito, con el 26%; y las terceras de níquel, con el 12%. Adicionalmente, concentra el 23% de las reservas mundiales de tierras raras, equivalentes a aproximadamente 21 millones de toneladas métricas, lo que ubica al país en el segundo lugar mundial en ese rubro.
La paradoja es que ese colosal patrimonio geológico aún no se traduce en poder productivo. América Latina, pese a sus reservas, genera apenas el 0,005% del suministro mundial de tierras raras, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Brasil exportó alrededor de 12 millones de dólares en tierras raras durante 2025, y el 99,4% de ese volumen tuvo como destino China, lo que evidencia una dependencia estructural que el gobierno de Lula busca revertir, aunque sin renunciar a la soberanía sobre los recursos.
La posición de Lula: soberanía frente a presiones externas
Mientras Rosatom avanzaba en la firma del acuerdo con NBEPar, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomaba posición pública sobre el mismo asunto desde Brasilia. Durante la 3.ª Conferencia Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, el mandatario fue explícito: Brasil no permitirá que potencias extranjeras se apropien de sus minerales críticos. Sin nombrar a ningún país, Lula invocó el historial colonial del continente para justificar su postura de defensa de los recursos naturales, y anunció la creación de un consejo gubernamental específico para la gestión y protección de los minerales estratégicos y las tierras raras, señal de que el tema ha adquirido jerarquía de política de Estado.
La ofensiva de Washington y la resistencia de Brasilia
La presión de Estados Unidos sobre los recursos minerales brasileños ha escalado de forma sostenida en los últimos meses. En febrero de 2026, funcionarios estadounidenses enviaron a Brasil una propuesta para un acuerdo bilateral sobre minerales críticos, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La semana previa a la firma del acuerdo con Rosatom, Washington suscribió un memorando de entendimiento con el gobierno del estado de Goiás para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos, maniobra interpretada como un intento de sortear al gobierno federal estableciendo vínculos directos con un estado gobernado por un rival político de Lula.
En su estrategia global, el gobierno de Trump ha movilizado más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones y préstamos para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos en los últimos seis meses, suscribiendo acuerdos con once países de la región, entre ellos Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú, pero no con Brasil a nivel federal. A cambio de sus inversiones, Washington aspira a obtener prioridad sobre China en la compra de los minerales críticos brasileños, pero Brasil, cuya política exterior privilegia la diversificación de socios comerciales, se muestra reacio a comprometerse en términos de exclusividad. Esa estrategia quedó de manifiesto en los acuerdos firmados en febrero de 2026 con India y Corea del Sur. El ingreso de Rosatom en este tablero añade ahora a Rusia como otro actor en la disputa, complejizando aún más la geometría geopolítica que rodea a los recursos naturales brasileños.
La nueva ley antifacciones y el año electoral
En el mismo día en que se cerraba el acuerdo con Rosatom, Lula promulgó también una ley que endurece significativamente las penas contra los integrantes de organizaciones criminales, medida señalada como una de sus principales prioridades antes de las elecciones de octubre. La legislación establece penas de hasta 40 años de prisión para los líderes de facciones calificadas como «ultraviolentas» —aquellas que atentan contra la paz pública, buscan controlar territorios e intimidar a poblaciones y autoridades—. En la mira están el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las dos organizaciones más peligrosas de Brasil, que en los últimos años han extendido sus operaciones tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La norma también prohíbe que los miembros condenados accedan a beneficios como amnistías, indultos o libertades condicionales, y crea un banco de datos compartido entre estados, municipios y el gobierno central para el intercambio de información. Lula fue directo en la ceremonia de firma: el objetivo son quienes lideran las organizaciones desde la sombra, aquellos que, en sus palabras, «viven en apartamentos de lujo».
La seguridad pública encabeza las preocupaciones de los brasileños en este año electoral, según las encuestas, y la promulgación de la ley no puede desligarse de ese contexto. En un Brasil que simultáneamente negocia con Rusia la explotación de sus minerales estratégicos, resiste las presiones de Estados Unidos sobre sus tierras raras y endurece su arsenal legal contra el crimen organizado de cara a los comicios de octubre, queda claro que el gobierno de Lula enfrenta un escenario de inusual densidad política, económica y geopolítica.
