El gigante automotriz chino BYD enfrenta una demanda judicial histórica en Brasil tras ser acusado de someter a 220 trabajadores chinos a condiciones análogas a la esclavitud durante la construcción de su planta de vehículos eléctricos en Camaçari. El Ministerio Público del Trabajo brasileño reclama compensaciones millonarias y medidas correctivas urgentes en un caso que expone las prácticas laborales abusivas en proyectos de inversión extranjera.
Condiciones degradantes en la construcción de la planta eléctrica
La investigación iniciada en 2024 reveló un sistema de explotación laboral sistemático que afectó a centenares de trabajadores chinos traídos irregularmente al país. Los empleados vivían hacinados en alojamientos precarios con un baño para cada 31 personas, dormían en camas sin colchón y consumían alimentos almacenados junto a materiales de construcción.
Las condiciones de confinamiento eran especialmente severas. Los trabajadores tenían prohibido salir de sus alojamientos incluso durante sus días libres, y las puertas se cerraban con llave después de las cenas. La única posibilidad de abandonar el recinto requería autorización específica para comprar artículos básicos, configurando un sistema de control total sobre la libertad de movimiento.
El esquema fraudulento incluía la retención de pasaportes bajo vigilancia armada y el descuento de hasta el 70% del salario en caso de abandono del contrato. Los trabajadores fueron traídos desde China con visados irregulares para «servicios especializados» que no correspondían a las tareas reales desarrolladas en la obra.
Irregularidades migratorias y fraude contractual
El Ministerio Público determinó que todos los trabajadores rescatados habían ingresado al país de forma irregular, utilizando visas de trabajo que no correspondían a las actividades efectivamente realizadas. Esta práctica constituye fraude en la concesión de visas y evasión de derechos laborales, fiscales y de seguridad social.
Las empresas contratistas JinJiang Construction Brazil y Tonghe Equipamentos Inteligentes (actualmente Tecmonta) actuaron como intermediarias en este esquema, facilitando el ingreso irregular de trabajadores y manteniendo las condiciones abusivas de empleo. Las autoridades documentaron además intentos de obstrucción a las inspecciones laborales en una acción coordinada por BYD.
Los contratos firmados contenían cláusulas abusivas que incluían multas por comportamientos menores y la obligación de pagar depósitos reembolsables únicamente después de seis meses de trabajo, violando tanto la legislación laboral brasileña como china.
Demanda millonaria y exigencias de compensación
La Fiscalía del Trabajo solicita que BYD pague una multa de aproximadamente 40 millones de euros (257 millones de reales) por daño moral colectivo. Adicionalmente, reclama el pago de 21 jornadas de trabajo más una adicional por cada día que los trabajadores permanecieron en esas condiciones degradantes.
Las compensaciones incluyen indemnizaciones por despido y multas de 7.800 euros (50.000 reales) por cada ítem incumplido, multiplicado por el número de trabajadores afectados. La demanda busca establecer un precedente claro sobre las responsabilidades de las empresas multinacionales en el cumplimiento de normas laborales locales.
La acción legal no se limita a las compensaciones económicas, sino que exige la implementación de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento futuro de la normativa laboral brasileña por parte de BYD y sus contratistas.
Respuesta empresarial y posición gubernamental china
BYD ha emitido comunicados afirmando que «respeta los derechos humanos y la legislación laboral brasileña e internacional», declarando su colaboración con la Fiscalía del Trabajo para aclarar los hechos. La empresa inicialmente rompió relaciones con JinJiang tras las denuncias, aunque posteriormente defendió sus prácticas y cuestionó la cobertura mediática del caso.
El gobierno chino evitó pronunciarse específicamente sobre la demanda, pero la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, subrayó que las empresas del país deben «operar de acuerdo con las leyes y regulaciones». Beijing reafirmó la importancia de la protección de derechos laborales y exigió a las empresas chinas respetar las leyes locales en sus operaciones internacionales.
Esta posición oficial contrasta con la gravedad de las acusaciones y plantea interrogantes sobre la supervisión efectiva de las inversiones chinas en el exterior, particularmente en sectores estratégicos como la manufactura de vehículos eléctricos.
Impacto en las inversiones chinas en América Latina
El caso BYD trasciende las fronteras brasileñas y genera preocupaciones sobre las prácticas laborales de empresas chinas en proyectos de inversión en América Latina. La demanda judicial puede establecer precedentes significativos para futuras inversiones extranjeras en la región, especialmente en sectores de alta inversión de capital como la manufactura automotriz.
Las autoridades brasileñas suspendieron la emisión de visas temporales para trabajadores de BYD y trasladaron a los empleados afectados a hoteles mientras se resuelve su situación contractual. Esta medida refleja la seriedad con que el gobierno brasileño aborda las violaciones laborales en proyectos de inversión extranjera.
El caso también plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y control de las inversiones extranjeras directas, particularmente cuando involucran el traslado internacional de trabajadores y la construcción de infraestructura industrial de gran escala.
Repercusiones económicas y regulatorias futuras
Las implicaciones económicas del caso van más allá de las compensaciones inmediatas. La demanda puede afectar la reputación de BYD en mercados internacionales clave y generar mayor escrutinio regulatorio sobre sus operaciones globales. Brasil representa un mercado estratégico para la expansión de vehículos eléctricos chinos en América Latina.
Las autoridades brasileñas están evaluando medidas adicionales para prevenir futuras violaciones laborales en proyectos de inversión extranjera, incluyendo protocolos más estrictos de supervisión y verificación de condiciones laborales. Estas medidas podrían influir en el diseño de futuros acuerdos de inversión bilateral entre Brasil y China.
El caso BYD también destaca la necesidad de marcos regulatorios más robustos para la protección de trabajadores migrantes en proyectos de construcción industrial, particularmente cuando involucran empresas multinacionales con operaciones complejas de subcontratación.
