Una billetera multifirma asociada al controvertido proyecto de criptomoneda LIBRA ejecutó transferencias por $9 millones tras permanecer inactiva durante nueve meses, en momentos en que la justicia estadounidense evalúa medidas cautelares para preservar fondos bajo investigación. El movimiento, detectado por analistas blockchain, coincide con una solicitud de emergencia presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y reaviva las sospechas sobre la coordinación entre múltiples actores en una presunta estafa que habría captado cerca de $100 millones.
Transferencia coordinada desde billetera inactiva genera alertas
El monedero identificado como «Milei» en diversas plataformas de monitoreo blockchain movilizó 69.000 SOL —equivalentes a aproximadamente $9 millones— a través de múltiples direcciones durante la jornada del lunes. La operación marca la primera salida registrada de cualquier billetera multisig vinculada al proyecto desde el 15 de febrero, un día posterior al colapso del token tras su lanzamiento.
Las billeteras multifirma requieren al menos dos aprobaciones digitales simultáneas para ejecutar transacciones, lo que indica que el movimiento fue resultado de una acción coordinada entre varios titulares autorizados. El analista blockchain Fernando Molina, quien detectó la actividad, señaló que el patrón de transferencias sugiere un intento deliberado de oscurecer el destino final de los fondos.
Los recursos fueron enviados inicialmente a una billetera identificada como «oHtMM», desde donde posteriormente se fraccionaron en montos menores (200, 600 y 700 SOL) hacia la dirección «2B7NY». Posteriormente, estos fondos se convirtieron en USDC y fueron transferidos mediante el protocolo deBridge hacia otra blockchain, punto en el cual se pierde la trazabilidad según expertos.
Justicia estadounidense considera medidas de emergencia
La movilización de fondos ocurrió horas antes de una audiencia programada para el martes a las 16:00 horas EST ante la jueza Jennifer Rochon, quien preside la demanda colectiva interpuesta en Manhattan contra los presuntos responsables del proyecto. Los demandantes, representados por el bufete Burwick Law, solicitaron una medida cautelar de emergencia para evitar que los acusados conviertan activos rastreables en criptomonedas de privacidad que borran todo historial de transacciones.
La presentación judicial advierte que los fondos críticos vinculados al lanzamiento de LIBRA podrían perderse de forma irreversible si los acusados completan la conversión a monedas como Zcash, diseñadas matemáticamente para eliminar cualquier rastro de origen y destino. Los abogados caracterizaron esta posibilidad como el «botón nuclear» de la evidencia digital, con un monto en riesgo estimado en $94,5 millones.
El requerimiento se sustenta en un peritaje forense encabezado por David Goldman, que identificó una «prueba de concepto» ejecutada el 16 de noviembre. En esa fecha, una billetera vinculada al equipo de LIBRA convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió mediante el protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de Zcash. El resultado, según el perito, fue que «el rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables».
Escalada en liquidación de posiciones durante noviembre
La documentación judicial revela que la actividad sospechosa se intensificó significativamente el 18 de noviembre, cuando las billeteras identificadas como «Exit Wallet 1» y «Deployer» comenzaron a liquidar posiciones masivas en la stablecoin USDC para convertirlas en SOL. Esta criptomoneda suele utilizarse como paso previo a operaciones de anonimización, dado que la red SOL presenta mayor dificultad para ser bloqueada mediante órdenes judiciales en comparación con otras stablecoins.
En cuestión de horas, la billetera «Exit Wallet 1» ejecutó 37 transacciones para convertir $44,6 millones, mientras que la billetera del «Deployer» transformó otros $17 millones. El carácter multifirma de la «Exit Wallet» confirma que cada movimiento requirió la aprobación digital simultánea de al menos dos de los tres operadores autorizados del esquema, evidenciando coordinación entre múltiples participantes.
Los abogados de los demandantes argumentaron ante el tribunal que estas preocupaciones no son hipotéticas, citando los eventos específicos del 16 y 18 de noviembre como prueba de que los acusados ya iniciaron el uso de herramientas de anonimización diseñadas para borrar el rastro en blockchain.
Defensas rechazan argumentos y cuestionan repetición de pedidos
Los representantes legales de Hayden Davis y Benjamin Chow, principales acusados en el caso, rechazaron los argumentos presentados por Burwick Law calificándolos como «falaces». Según su posición, la solicitud constituye una mera reiteración con modificaciones menores de pedidos para congelar fondos que los demandantes presentaron repetidamente durante los últimos meses, todos los cuales fueron rechazados previamente por la jueza Rochon.
Sin embargo, los movimientos registrados en la billetera multifirma «Milei» durante las últimas horas representan un elemento novedoso en el caso. Según el experto Molina, «es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig», lo que añade una dimensión adicional a la evaluación que deberá realizar el tribunal sobre la necesidad de implementar medidas cautelares.
Vínculos con funcionarios argentinos bajo escrutinio judicial
La jueza Rochon había señalado en un dictamen de octubre que «las pruebas podrían sugerir» que los beneficiarios de la presunta estafa podrían incluir al presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis. No obstante, concluyó que las pruebas recabadas hasta ese momento resultaban «insuficientes» para culpabilizar al gobierno argentino.
En Argentina, dos empresarios del sector cripto se encuentran bajo investigación con bienes congelados: Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum del que participó Milei en 2024 y quien registra varias visitas a Casa Rosada autorizadas por el presidente y su hermana; y Manuel Terrones Godoy, un youtuber vinculado a distintas estafas previas con criptomonedas.
El informe final de la Comisión Investigadora del Congreso argentino estableció que el presidente Milei fue la primera persona en el mundo que compartió públicamente el número de contrato del token en una red social, un dato que no era de acceso público. El documento señala que todavía no ha explicado cómo obtuvo esa información, y considera probados sus vínculos directos con Novelli, Terrones Godoy, Davis y Sergio Morales.
El análisis técnico de blockchain detectó flujos de fondos entre estos actores que coinciden con montos y fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a «monetizar» la imagen del presidente. Según la Comisión, la participación de Milei fue «imprescindible» para el desarrollo del proyecto.
Patrón de comportamiento y responsabilidad política
La Comisión Investigadora destacó que la promoción del proyecto LIBRA no constituyó un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó el presidente argentino con su promoción. El informe señala que las afirmaciones de Milei sobre desconocer los pormenores del proyecto y simplemente haber difundido información pública son falsas.
El documento también cuestiona la justificación de dieciséis reuniones mantenidas con los actores involucrados, registradas en los ingresos a Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Por la «alta gravedad institucional y la malversación de la investidura presidencial», la Comisión señaló que Javier Milei y Karina Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados a la criptomoneda LIBRA.
Además, resolvieron denunciar penalmente a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que sistemáticamente se negaron a colaborar con la investigación, entorpeciendo el ejercicio de las facultades constitucionales de la Comisión, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Audiencia definirá preservación de evidencia digital
La audiencia programada para este martes ante la jueza Rochon se perfila como un momento decisivo en el caso. Los demandantes buscan que el tribunal impida la conversión de los fondos restantes vinculados a LIBRA antes de que desaparezcan mediante protocolos de privacidad irreversibles. El tribunal deberá evaluar si la actividad reciente constituye evidencia suficiente de un riesgo inminente de destrucción de pruebas que justifique la implementación de medidas cautelares.
Para investigadores y demandantes, la decisión judicial determinará si los fondos restantes de LIBRA se mantienen rastreables o desaparecen definitivamente del alcance de la justicia. La coordinación evidente en los movimientos recientes, sumada al historial de conversiones detectado durante noviembre, refuerza los argumentos sobre la necesidad de una intervención judicial inmediata para preservar tanto los activos como la evidencia digital del caso.
