A 20 días de las elecciones legislativas, José Luis Espert renunció a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras las revelaciones sobre su presunto vínculo con el empresario argentino acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado. El hecho, que comenzó como una denuncia judicial, terminó por abrir una crisis interna en La Libertad Avanza (LLA) y un dilema de proporciones millonarias para el Estado: retirar su nombre de las boletas costaría 14.000 millones de pesos.
El origen del escándalo: vínculos empresariales y una transferencia bajo sospecha
El caso estalló luego de que se conocieran documentos judiciales y bancarios que vinculaban a Espert con empresas ligadas a Federico Machado, actualmente acusado por lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para el tráfico de cocaína. Según la investigación, Machado operaba una red de compañías en Argentina y Estados Unidos dedicadas a la compra, venta y registro de aeronaves que terminaban en manos del narcotráfico mexicano.
Entre esas empresas figuran Shout Aircraft, Pampa Aircraft Financing, JF Aircorp Inc, Med Aviación S.A. y Diesel Lange SRL. De acuerdo con el expediente del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, estas firmas fueron utilizadas en los 35 vuelos que realizó Espert durante su campaña presidencial de 2019. Si bien la empresa agropecuaria Diesel Lange aclaró que adquirió una de las aeronaves en 2021 y negó cualquier relación con esos vuelos, la sospecha sobre la red de intermediarios sigue abierta.
La conexión más comprometedora surgió de una transferencia de US$200.000, enviada el 20 de enero de 2020 desde la empresa estadounidense Wright Brothers Aircraft —vinculada al fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation (AGC)— a favor de Espert. Esta compañía, propiedad de la empresaria Debra Mercer-Erwin, formaba parte de un esquema de registro ilegal de aeronaves a nombre de terceros. En 2023, un tribunal de Texas condenó a Mercer-Erwin a 16 años de prisión por lavado de dinero y conspiración para fabricar y distribuir cocaína.
El fallo norteamericano también menciona a Federico Machado como uno de los principales socios de Mercer-Erwin, acusándolo de participar en una “conspiración criminal y estafa piramidal multimillonaria” por un valor estimado de 350 millones de dólares. Su rol habría sido facilitar la compra y registro de aeronaves para el narcotráfico mediante fideicomisos fraudulentos.
Machado: el empresario fantasma entre Miami y Buenos Aires
Federico Andrés Machado, de nacionalidad argentina, figura como propietario de varias empresas aeronáuticas con base en Miami. En Estados Unidos se lo asocia con un hangar donde almacenaba y reparaba aviones de colección y aeronaves comerciales. Sin embargo, en Argentina su rastro legal es casi inexistente: apenas aparece en los registros de la Inspección General de Justicia como titular de una firma de construcción llamada Latitud 10, creada en 2020.
El vínculo entre Machado y Debra Mercer-Erwin fue clave para el funcionamiento de un entramado que permitía a extranjeros registrar aeronaves con matrícula estadounidense (“N”) a través de fideicomisos gestionados por empresas locales. Este sistema, diseñado para facilitar operaciones comerciales, terminó siendo aprovechado por organizaciones del narcotráfico internacional.
El tribunal de Texas detalló que entre 2016 y 2020 las empresas Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), Aircraft Guaranty Corporation (AGC), Mercer-Erwin y Machado participaron en actividades ilegales por cientos de millones de dólares, moviendo fondos de supuestos “inversores” en cuentas de garantía para la compra de aeronaves que finalmente se usaban para el tráfico de drogas.
Espert, bajo fuego político y judicial
Ante la avalancha de acusaciones, Espert intentó defenderse en redes sociales, asegurando que todo formaba parte de “una operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina durante décadas”. Reiteró que demostrará su inocencia y sostuvo que no tiene “nada que ocultar ni fueros que lo protejan”.
Sin embargo, la explicación no logró calmar el malestar dentro de La Libertad Avanza. Algunos dirigentes del espacio consideraban que su permanencia en la boleta afectaba directamente la campaña. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió públicamente que aclarara los supuestos aportes de Machado. “Los argentinos primero. No somos iguales, ni permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”, afirmó la funcionaria.
Milei cambia de postura y busca reemplazo, pero la Justicia dice que ya es tarde
Pese a sus primeras declaraciones en defensa del economista, Javier Milei cambió de posición y propuso reemplazarlo por Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar en la lista bonaerense detrás de Karen Reinhardt. No obstante, la Justicia Electoral advirtió que el proceso ya está “precluido”, lo que impide realizar modificaciones en las boletas.
La implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional impide a los partidos reimprimir sus propias papeletas, como ocurría en años anteriores. Ahora, es el Estado quien asume los costos y la distribución de todas las boletas. En consecuencia, Espert seguirá figurando en las papeletas oficiales, pese a haber renunciado.
Un costo fiscal descomunal: 14.000 millones de pesos y sin margen legal
La posibilidad de reimprimir las boletas fue rápidamente descartada por motivos legales y económicos. Según estimaciones oficiales, reemplazar las papeletas con el rostro de Espert costaría 14.000 millones de pesos. Desde la Justicia bonaerense confirmaron que el proceso está cerrado: “Es una etapa precluida”, señalaron.
El cálculo del gasto no es menor: esa cifra equivale a 37.845 jubilaciones mínimas, 10.000 salarios docentes, dos campus universitarios completos, o incluso 20.000 tratamientos anuales para personas con discapacidad. En un contexto de fuerte ajuste fiscal, la posibilidad de destinar semejante monto a una reimpresión electoral resulta inviable.
Además, las boletas ya fueron impresas y estaban listas para su distribución desde el 29 de septiembre, según la Junta Electoral. Solo se prevé reemplazar aquellas que presenten errores en los talonarios, pero no se admiten cambios de candidatos o listas.
Repercusiones y consecuencias políticas
El episodio deja a La Libertad Avanza en una posición incómoda. Por un lado, enfrenta el descrédito de sostener a un candidato involucrado en un escándalo internacional; por otro, la imposibilidad material de removerlo de la papeleta sin generar un gasto millonario.
Javier Milei intentó poner paños fríos al conflicto: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. La Argentina siempre está por encima de las personas”, declaró, al tiempo que denunció una operación mediática contra su espacio. Sin embargo, la contradicción entre su discurso de transparencia y el escándalo judicial que involucra a uno de sus referentes más visibles podría tener un costo político en las urnas.
