El gobierno de Javier Milei afronta un escenario financiero complejo marcado por compromisos de deuda de corto plazo, presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acumular reservas y una estructura económica que replica patrones históricos de endeudamiento y fuga de capitales. La deuda pública nacional bruta ascendió en noviembre a USD 445.986 millones, mientras los vencimientos previstos para los próximos 18 meses superan los USD 57.000 millones cuando se incluyen obligaciones privadas.
La carga inmediata: vencimientos que condicionan la política económica
En los próximos 18 meses, Argentina debe hacer frente a compromisos por cerca de USD 47.800 millones en capital e intereses con bonistas y organismos internacionales. Si se agregan los compromisos del sector privado, la cifra escala a más de USD 57.000 millones. Esta agenda de pagos no constituye un episodio coyuntural, sino una restricción estructural que condiciona las decisiones de política económica y explica el reciente viraje en el plan del gobierno.
El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo enfrenta en el corto plazo un pago de USD 4.200 millones programado para el 9 de enero de 2026, mientras negocia un acuerdo de recompra (repo) con bancos internacionales por hasta USD 6.000 millones. En este contexto, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informó que el Tesoro nacional adquirió USD 320 millones por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC), en una operación destinada a fortalecer la posición de divisas del país.
De la desdolarización inicial al nuevo ciclo de endeudamiento
Según el último informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), la gestión de Milei experimentó un cambio fundamental en su política económica: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Este proceso inicial de desdolarización involuntaria no respondió a una decisión soberana, sino a la imposibilidad estructural de acceder a financiamiento externo en una economía atravesada por una irresuelta crisis de deuda.
El panorama se modificó con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito, que permitió un importante ascenso de la deuda externa pública de USD 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord histórico de USD 197.499 millones. El informe de CIFRA advierte sobre dos agravantes decisivos: casi la mitad de esta deuda está en manos de organismos internacionales de crédito y se caracteriza por ser de muy corto plazo.
Noviembre: la deuda aumenta USD 3.790 millones pese a los pagos realizados
Durante noviembre, la deuda pública nacional bruta se incrementó de USD 442.196 millones a USD 445.986 millones, un aumento de USD 3.790 millones. Esta expansión se produjo a pesar de que el gobierno realizó pagos de deuda por el equivalente a USD 16.754 millones, de los cuales el 93% se efectuó en moneda nacional y el 7% en divisas.
La razón del incremento se encuentra en los intereses que se pagan por bonos, letras y otros préstamos, que se capitalizan, sumados a los ajustes por inflación. La deuda en moneda extranjera disminuyó en USD 70 millones, pero la denominada en pesos aumentó por un monto equivalente a USD 3.860 millones.
La composición actual muestra que USD 250.775 millones corresponden a obligaciones en moneda extranjera y USD 192.697 millones al equivalente en dólares de deuda en pesos argentinos. Estas cifras no incluyen las obligaciones del Banco Central, ni de las provincias ni de los municipios. La deuda en situación de pago normal ascendió a USD 443.472 millones, casi la totalidad del stock.
Casi la mitad de la deuda en manos del FMI y multilaterales
La deuda con organismos internacionales totaliza USD 94.704 millones, de los cuales USD 56.771 millones corresponden al FMI. El resto se distribuye entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y otras entidades multilaterales. Esta concentración de compromisos con organismos internacionales otorga a estas instituciones un poder de presión significativo sobre las decisiones de política económica del gobierno argentino.
La presión del FMI y los bancos acreedores para que Argentina acumule reservas se cristalizó en el forzado giro del plan económico anunciado recientemente. El organismo internacional impuso al gobierno la necesidad de comprar reservas, una medida que genera temores sobre una posible aceleración de la inflación en el contexto actual.
El drenaje de divisas: fuga acelerada tras la flexibilización cambiaria
La salida de dólares por fuga de capitales se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI. Según el informe de CIFRA, más de USD 32.000 millones salieron al exterior desde que se abrieron las restricciones cambiarias. Este fenómeno se suma al efecto de la apertura y apreciación cambiaria sobre el comercio exterior: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025, lo que implica la sustitución de producción local por compras en el exterior.
Por el lado de los ingresos genuinos de divisas, las proyecciones más optimistas estiman que Argentina logrará reunir USD 9.000 millones por la vía comercial a lo largo de 2026. En los primeros diez meses de 2025, el resultado fue de USD 6.846 millones, muy por debajo de los USD 16.000 millones acumulados en el mismo período de 2024, cuando el año completo había arrojado cerca de USD 19.000 millones.
El patrón histórico: 50 años de endeudamiento y fuga
Desde 1976, la economía argentina reproduce un esquema estructural donde cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados. El análisis histórico revela un dato contundente: el 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
El primer episodio estructural se inició con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de USD 7.800 millones a USD 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los USD 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que eran privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los USD 65.000 millones y la fuga sumó otros USD 10.000 millones. El país destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, evidenció la imposibilidad de sostener la valorización financiera sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Carlos Menem y Domingo Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta USD 145.000 millones y la fuga acumuló cerca de USD 80.000 millones. Bajo la Convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PIB se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El paréntesis del desendeudamiento: 2003-2015
El quiebre de la Convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de USD 145.000 millones a cerca de USD 63.000 millones, llevando el ratio deuda/PIB a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI.
Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos USD 70.000 millones, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década. Este dato sugiere que, incluso en un contexto de desendeudamiento público, los mecanismos estructurales de fuga de capitales permanecieron activos.
Deuda por USD 323.000 millones y fuga de USD 86.000 millones
Con el gobierno de Mauricio Macri, el patrón volvió a invertirse de manera dramática. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de USD 75.000 millones a USD 323.000 millones, una expansión del 330%. El Banco Central registró salidas netas de capitales por USD 86.000 millones, una cifra que el propio Milei recordó recientemente al criticar la gestión macrista.
En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PIB, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en USD 15.335 millones, alcanzando un stock de USD 81.088 millones a fines de 2019.
Frente de Todos: concesiones cambiarias y cambio en la estructura de la deuda privada
En el período del Frente de Todos, se asistió a una nueva expansión de la deuda privada por USD 22.076 millones, pero con un cambio significativo en su composición: una reducción de la deuda financiera en el marco de las concesiones cambiarias que ese gobierno hizo al gran capital privado para que redujera sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial.
Esas concesiones cambiarias implicaron que el Estado proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros a costas de las reservas del Banco Central. El resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a USD 103.154 millones.
Milei: el retorno al esquema de valorización financiera
Con la gestión de Milei, el informe de CIFRA registra un giro opuesto: un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del «festival de obligaciones negociables» y una reducción de la deuda comercial, lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera. Según estimaciones, el gobierno ha endeudado al país en más de USD 91.000 millones adicionales en menos de dos años.
Este proceso se desarrolla en paralelo a las negociaciones con el FMI y la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento externo para hacer frente a los vencimientos inmediatos. La reciente compra de USD 320 millones por parte del Tesoro nacional por fuera del Mercado Libre de Cambios forma parte de esta estrategia de acumulación de reservas impuesta por los organismos acreedores.
El desafío estructural: sostenibilidad macroeconómica y viabilidad del modelo
La serie histórica revela que Argentina enfrenta un desafío que trasciende las coyunturas y los gobiernos particulares: la reproducción de una estructura donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macroeconómica. Con vencimientos que superan los USD 57.000 millones en 18 meses, una capacidad de generación de dólares comerciales estimada en USD 9.000 millones anuales y una fuga acelerada que ya superó los USD 32.000 millones, el margen de maniobra del gobierno se encuentra severamente restringido.
La presión de los organismos internacionales para acumular reservas, el récord de deuda externa pública en USD 197.499 millones con casi la mitad en manos de acreedores multilaterales, y la correlación histórica entre endeudamiento y fuga configuran un escenario donde las decisiones de corto plazo están fuertemente condicionadas por restricciones estructurales de largo plazo. El interrogante central es si el actual esquema económico podrá sostener simultáneamente el cumplimiento de los compromisos externos, la acumulación de reservas exigida por los acreedores y la recuperación de la actividad económica, o si, como en ciclos anteriores, la tensión entre estos objetivos derivará en un nuevo ajuste estructural.
