El gobierno argentino anunció este martes la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), organismo creado hace apenas tres meses para examinar la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se disparó y colapsó vertiginosamente tras haber sido promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. La medida fue oficializada mediante el decreto 332 publicado en el Boletín Oficial, argumentando que la comisión «cumplió con la tarea que le fuera encomendada».
Cronología de un escándalo financiero
El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero cuando el presidente Milei compartió en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) un mensaje promocionando la criptomoneda y compartiendo un enlace web para invertir. La moneda digital, inicialmente valuada en 0,01 dólares, experimentó un aumento exponencial hasta alcanzar los 5 dólares por unidad, para luego sufrir una abrupta caída. Este patrón de comportamiento en el mercado despertó sospechas de que ciertos inversores podrían haber contado con información privilegiada para vender sus activos antes del colapso.
Ante la magnitud del escándalo, el propio gobierno anunció cinco días después la creación de la UTI bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo declarado de «iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación». Simultáneamente, se dio intervención a la Oficina Anticorrupción para determinar posibles conductas impropias por parte de funcionarios.
Una investigación que termina sin conclusiones públicas
Según el decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la unidad requirió información sobre el criptoactivo a diversos organismos estatales —entre ellos la Unidad de Información Financiera, la Aduana, la Cancillería, la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia— y remitió todo lo recabado al Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, la disolución de la comisión se produce sin que se haya difundido públicamente ningún informe ni resultado concreto del trabajo realizado. El ministro Cúneo Libarona se limitó a comentar que la UTI fue suprimida «una vez concluida su tarea», sin ofrecer detalles sobre sus hallazgos ni recomendaciones.
Implicaciones económicas y financieras del caso
El escándalo $LIBRA representa uno de los episodios más controvertidos en materia de regulación de criptoactivos en Argentina, un país que ya enfrentaba desafíos significativos en este ámbito. Las pérdidas millonarias sufridas por pequeños inversores han reavivado el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio más estricto para las criptomonedas, que operan en un entorno con escasa supervisión estatal.
Analistas del sector financiero señalan que el caso podría tener repercusiones negativas para la confianza de los inversores en el mercado cripto argentino, en un momento en que el país busca atraer capitales para reactivar su economía. Asimismo, la situación ha generado interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la promoción de activos digitales por parte de funcionarios públicos.
Múltiples frentes de investigación siguen abiertos
A pesar de la decisión del Ejecutivo de cerrar su investigación interna, el caso $LIBRA continúa bajo escrutinio en al menos tres frentes:
- Investigación judicial en Argentina: La jueza federal María Servini mantiene activa la causa y la semana pasada ordenó al Banco Central que informe sobre las operaciones bancarias y financieras del propio Milei y de su hermana Karina, actual secretaria de la Presidencia. También solicitó datos sobre transacciones realizadas por empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda.
- Comisión parlamentaria: El Congreso argentino conformó una comisión investigadora que ya tomó declaración al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Otros altos funcionarios, como el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, fueron convocados pero se excusaron de asistir. Los bloques opositores han acordado convocar una sesión de la Cámara de Diputados este miércoles para intentar avanzar con el nombramiento de las autoridades de esta comisión especial.
- Investigación en Estados Unidos: Según los informes disponibles, el FBI también habría iniciado una investigación paralela sobre el caso, ampliando las implicaciones internacionales del escándalo.
El presidente bajo la lupa: defensa y señalamientos
Desde que estalló el escándalo, el presidente Milei ha intentado desvincularse de cualquier responsabilidad. «Yo no tengo nada que ocultar (…) yo no lo promocioné, lo difundí», declaró a la prensa, afirmando además que desconocía los detalles del proyecto. No obstante, la jueza Servini ordenó investigar sus movimientos financieros y los de su entorno cercano.
La investigación judicial también ha puesto el foco en Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y los operadores cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían servido de vínculo entre Milei y los principales creadores de $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis y el singapurense Julian Peh.
Reacciones políticas y perspectivas futuras
La decisión de disolver la UTI ha generado fuertes críticas desde la oposición. El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, afirmó que «nunca quisieron investigar nada porque está clara la participación del presidente y funcionarios en la estafa». Para el legislador Fernando Carbajal, de la Unión Cívica Radical, el cierre de la UTI busca «encubrir el escándalo».
En este contexto de tensión política, los mercados financieros argentinos observan con atención el desarrollo del caso, que podría afectar la credibilidad del gobierno en un momento económicamente delicado para el país, que enfrenta una inflación elevada y busca consolidar un programa de estabilización.
La resolución final de este caso podría establecer precedentes importantes para la regulación de criptoactivos en Argentina y la responsabilidad de funcionarios públicos en la promoción de inversiones de alto riesgo. Mientras tanto, el gobierno intenta cerrar el capítulo administrativo del caso $LIBRA, pero las investigaciones judiciales —tanto en Argentina como en Estados Unidos— siguen su curso, con implicaciones que podrían escalar en las próximas semanas.
