Dentro del plan de reactivación económica pospandemia, el Gobierno Nacional analiza incluir una serie de medidas como la reducción de los costos para el comercio y la flexibilización del régimen de turismo, con el objetivo de apoyar a las ciudades fronterizas afectadas por los efectos económicos del cierre de fronteras.
Al término de la reunión que se desarrolló este jueves en Palacio de Gobierno, el viceminstro de Economía, Humberto Colmán, confirmó que desde el Equipo Económico Nacional continuarán impulsando el plan de asistencia social, haciendo énfasis en los trabajadores de frontera.
En ese contexto, confirmó que en el marco del plan de reactivación económica se proyecta incluir una serie de medidas para apoyar a los comerciantes, especialmente en la zona fronteriza con Brasil y con Argentina.
Para el análisis del impacto que tiene el cierre de fronteras, autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron esta semana con representantes de gobiernos locales y con comerciantes de la ciudad de Salto del Guairá, quienes expresaron su preocupación sobre la aguda crisis económica que atraviesa la localidad. Los comerciantes plantearon medidas de mitigación para sobrellevar la situación.
Como respuesta a las necesidades de las ciudades fronterizas, dedicadas principalmente al comercio con el país vecino, el presidente Abdo Benítez había instruido al ministro de Hacienda, Benigno López, ampliar el alcance del programa económico Pytyvõ, destinando esta nueva versión principalmente a los pobladores fronterizos.
El subsidio está actualmente dirigido a trabajadores informales, cuentapropistas y dependientes de Mypimes, afectados por la pandemia del covid-19 que no tienen ingreso del Estado, no están alcanzados por el IRP, entre otros requisitos.
Según el viceministro Colmán, Pytyvô tuvo hasta ahora una cobertura amplia, y prueba de ello es que 1.160.000 personas recibieron las acreditaciones estatales, en el primer pago completado. El segundo desembolso que se encuentra en plena ejecución y hasta la fecha se llegó a 750.000 beneficiarios.
El programa tiene previsto destinar unos 300 millones de dólares a la asistencia social de emergencia, de los cuales 100 millones de dólares fueron utilizados para el primer pago. En el segundo pago se usaron hasta ahora 70 millones de dólares.
