El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha comunicado al Congreso que necesita una inyección urgente de 80.000 millones de dólares en financiación suplementaria para cubrir los costes operativos derivados del conflicto bélico con Irán, así como otras partidas no vinculadas directamente a la guerra, como ayudas agrícolas y fondos de socorro ante catástrofes naturales. La cifra, trasladada por el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, a los legisladores mediante llamadas telefónicas a lo largo de esta semana, fue revelada el jueves por The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras del asunto. La petición formal podría llegar al Congreso en los próximos días, si bien Reuters no pudo verificar el informe de manera inmediata, y tanto la Casa Blanca como el Pentágono declinaron hacer comentarios fuera del horario laboral.

Una factura bélica que crece sin cifra oficial consolidada

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump lanzó las operaciones militares junto a Israel, el coste exacto de la guerra ha permanecido opaco para el Capitolio. En abril, un alto cargo del Pentágono ofreció a Reuters la primera estimación oficial: aproximadamente 25.000 millones de dólares. Sin embargo, a mediados de mayo esa cifra ya había escalado hasta rozar los 29.000 millones de dólares, y múltiples observadores advierten de que la cifra real podría ser sensiblemente mayor. Ahora, la solicitud de 80.000 millones de dólares pone de manifiesto que el coste total del enfrentamiento supera con creces las proyecciones iniciales y que el gasto sigue acelerándose.

La ausencia de una contabilidad oficial consolidada no es casual. El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, declaró en abril ante el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes que no disponía de una estimación sobre el coste de la guerra, mientras defendía simultáneamente la solicitud del presidente Trump de un presupuesto militar anual de 1,5 billones de dólares. La combinación de ambos mensajes —ignorancia declarada del coste del conflicto y ambición presupuestaria sin precedentes— dibuja un escenario de gestión financiera que genera creciente inquietud entre los legisladores de ambos partidos.

Las fuerzas armadas podrían quedarse sin fondos operativos este verano

Más allá de la magnitud de la cifra solicitada, la urgencia del requerimiento es el factor que más alarma en los círculos legislativos. Funcionarios del Pentágono han advertido que, si el Congreso no aprueba con celeridad una legislación de gasto de emergencia, las fuerzas armadas podrían agotar sus fondos operativos en los próximos meses, es decir, durante el verano. Esta eventualidad tendría consecuencias directas e inmediatas: recortes en programas de entrenamiento, reducción del despliegue de tropas en la frontera entre Estados Unidos y México y limitaciones en el mantenimiento de la operatividad de los buques de guerra desplegados en la región.

Los recursos solicitados se destinarían, según las fuentes consultadas, a financiar operaciones navales, salarios del personal militar, reabastecimiento de municiones y otras necesidades logísticas básicas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se ha reunido con varios senadores republicanos para exponer las necesidades financieras de las fuerzas armadas, ha subrayado la premura con la que deben reponerse las reservas de armamento consumido en las operaciones recientes, aunque públicamente ha negado que exista una crisis armamentística.

La primera petición de 200.000 millones fracasó ante el Congreso

El contexto político en el que se inscribe esta nueva solicitud es determinante para valorar sus perspectivas de éxito. Una petición inicial de 200.000 millones de dólares en financiación adicional fue rechazada con dureza por los legisladores, lo que obligó a la administración a reajustar sus pretensiones a la baja. La petición actual de 80.000 millones representa, por tanto, un intento de encontrar un punto de equilibrio políticamente viable, aunque no está exenta de obstáculos.

La oposición demócrata se articula principalmente en torno a un argumento constitucional: la intervención militar contra Irán nunca fue autorizada formalmente por el Congreso, lo que, según los legisladores demócratas, supone una violación de la Constitución de Estados Unidos y excede el plazo de 60 días estipulado por la Ley de Poderes de Guerra. Varios miembros del partido han anunciado que no apoyarán ninguna financiación adicional mientras no exista una autorización parlamentaria expresa para el uso de la fuerza. Esta posición convierte la aprobación del paquete en un ejercicio de equilibrismo para los republicanos, que cuentan con mayorías estrechas en ambas cámaras y estudian procedimientos alternativos para sacar adelante los fondos sin necesidad de votos cruzados.

Inflación, energía y guerra: la tormenta perfecta ante las elecciones de noviembre

La solicitud presupuestaria llega en un momento políticamente delicado para la administración Trump. El encarecimiento generalizado de la vida, los elevados precios de la energía y la carga financiera creciente que impone el conflicto bélico están generando una preocupación creciente entre los votantes, precisamente cuando los republicanos afrontan las elecciones legislativas de noviembre con la intención de mantener el control del Congreso. El presupuesto propuesto refleja las prioridades del partido de cara a esos comicios, pero la gestión del gasto de guerra se ha convertido en un flanco abierto que la oposición democrática no tardará en explotar.

Mientras Washington calibra sus recursos y sus apoyos parlamentarios, desde Teherán los funcionarios iraníes han lanzado señales inequívocas de que no tienen intención de ceder en la mesa de negociaciones. La combinación de presión financiera interna, resistencia política en el Congreso y firmeza iraní en el plano diplomático configura un escenario de alta complejidad para la administración, que deberá convencer a los legisladores de la urgencia de la situación antes de que el Pentágono comience a acusar el impacto de la falta de liquidez.