El conflicto entre la administración Trump y la Universidad de Harvard alcanzó un nuevo punto de tensión cuando el presidente estadounidense duplicó su demanda económica contra la institución, exigiendo ahora 1.000 millones de dólares en concepto de «daños» y amenazando con cortar definitivamente las relaciones con la prestigiosa casa de estudios. La escalada se produce en medio de un estancamiento en las negociaciones que parecían encaminarse hacia un acuerdo hace meses, pero que ahora muestran a ambas partes firmemente atrincheradas en sus posiciones.
El rechazo presidencial a la propuesta de escuelas de oficios
Trump reveló el lunes 3 de febrero de 2026 a través de su plataforma Truth Social que su administración había rechazado la propuesta alternativa presentada por Harvard, calificándola de «complicada» y «totalmente inadecuada». La universidad había ofrecido destinar 500 millones de dólares a la creación de una serie de escuelas de oficios como alternativa al pago directo al gobierno federal, una fórmula que inicialmente parecía contar con la aprobación presidencial.
Esta propuesta representaba un giro respecto a las negociaciones de junio de 2025, cuando Trump había declarado públicamente que un acuerdo estaba «a solo días de concretarse» y que Harvard había actuado «muy apropiadamente» durante las conversaciones. El aparente consenso se desmoronó por completo cuando la Casa Blanca insistió en que cualquier compensación debía pagarse directamente al gobierno, una condición que la universidad rechazó consistentemente.
El presidente acusó a Harvard de intentar eludir sus responsabilidades financieras mediante esta maniobra alternativa, argumentando que los 500 millones de dólares resultaban insuficientes frente a lo que calificó como «graves ilegalidades» cometidas por la institución. En su mensaje, Trump sostuvo además que el caso debería tener consecuencias penales y no meramente civiles, señalando que el proceso continuará «hasta que se haga justicia».
La batalla legal: victorias judiciales para Harvard y la apelación gubernamental
El enfrentamiento entre la Casa Blanca y Harvard ha transitado paralelamente por los tribunales, donde la universidad ha obtenido victorias significativas. El 3 de septiembre de 2025, un juez federal emitió un fallo que declaró ilegal la anulación de más de 2.000 millones de dólares en fondos de investigación destinados a Harvard, ordenando además que el gobierno no podría suspender la financiación para investigación de la institución.
La sentencia fue particularmente contundente al desestimar los argumentos de la administración Trump, calificando las acusaciones de antisemitismo como una «cortina de humo para un asalto selectivo, ideológicamente motivado, contra las principales universidades de este país». El fallo judicial representó una validación para la posición de Harvard, que desde el inicio del conflicto había sostenido que estaba siendo penalizada injustamente por negarse a adoptar las opiniones políticas de la administración.
El presidente de Harvard, Alan Garber, celebró la decisión judicial afirmando que validaba los «argumentos en defensa de la libertad académica de la universidad, la investigación científica crítica y los principios fundamentales de la educación superior estadounidense». Sin embargo, la administración Trump no aceptó la derrota y recurrió la sentencia en diciembre de 2025, manteniendo vivo el litigio aunque los fondos congelados han sido en gran medida restablecidos.
El contexto político: protestas propalestinas y acusaciones de antisemitismo
El origen del conflicto se remonta a abril de 2025, cuando el gobierno de Trump canceló cientos de subvenciones otorgadas a investigadores de Harvard, argumentando que la institución no había hecho lo suficiente para abordar el acoso a estudiantes judíos en su campus. Esta decisión se enmarcó en la ola de protestas propalestinas y contra la guerra en la Franja de Gaza que se intensificaron desde abril de 2024 en los campus universitarios estadounidenses.
La Casa Blanca ha mantenido consistentemente que está castigando a Harvard por tolerar el sesgo antijudío en el campus, una posición que la universidad ha rechazado categóricamente. En su mensaje del 3 de febrero, Trump acusó a Harvard de haber promovido el antisemitismo y de difundir «información falsa» a través del New York Times, afirmando que la institución ha estado «comportándose muy mal» durante años.
El presidente también dirigió críticas personales contra Alan Garber, acusándolo de gestionar mal la crisis, aunque paradójicamente Garber fue nombrado después de que se presentaran las acusaciones de antisemitismo que originaron el conflicto. En diciembre de 2025, Harvard anunció que Garber había aceptado permanecer como presidente durante «un tiempo indefinido más allá» de mediados de 2027, prolongando su liderazgo de la universidad más antigua y rica de Estados Unidos en medio de la controversia.
Harvard como caso paradigmático en la ofensiva contra universidades de élite
Harvard se ha convertido en el principal objetivo de Trump en su campaña para obligar a las universidades a obedecer sus órdenes, sirviendo como ejemplo para otras instituciones académicas. El gobierno le ha quitado miles de millones de dólares en fondos de investigación e intentó bloquear su inscripción de estudiantes extranjeros después de que el campus rechazara una serie de demandas gubernamentales.
Sin embargo, el enfoque de Harvard contrasta marcadamente con el de otras universidades de la Ivy League. Mientras Columbia acordó pagar 200 millones de dólares al gobierno y Brown comprometió 50 millones de dólares a grupos de desarrollo de la fuerza laboral estatal, Harvard ha optado por defenderse públicamente y mediante acciones judiciales. Esta resistencia ha convertido a la institución en un símbolo de la tensión entre la autonomía académica y la intervención gubernamental.
La estrategia de confrontación de Harvard parece estar fortaleciendo su posición, especialmente ante la caída en los índices de aprobación de Trump y la creciente indignación por las tácticas de aplicación de la ley de inmigración y otros incidentes controvertidos, como la muerte a tiros de dos estadounidenses por agentes federales en Minnesota. Anurima Bhargava, líder del grupo de exalumnos Crimson Courage, señaló que «la salvaje extralimitación de la administración en Minnesota y en otros lugares es cada vez más evidente» y que «Harvard tiene cada vez más ventaja».
El fracaso de la agenda educativa más amplia de Trump
La escalada con Harvard se produce mientras otros intentos de la administración Trump de controlar la educación superior están tambaleándose. En otoño de 2025, la Casa Blanca invitó a nueve universidades a unirse a un «pacto» que ofrecía prioridad de financiamiento a cambio de adoptar la agenda presidencial. Ninguna de las escuelas aceptó la propuesta, representando un rechazo unánime a la estrategia de condicionar recursos federales a la alineación ideológica.
En enero de 2026, la administración abandonó su defensa de un documento del Departamento de Educación que amenazaba con recortar el financiamiento de las escuelas por políticas de diversidad, equidad e inclusión. Este retroceso evidenció las limitaciones legales y políticas para implementar la prometida transformación de las universidades de élite que, según Trump, habían sido invadidas por el pensamiento liberal y el sesgo antijudío.
Cuando asumió el cargo para su segundo mandato, Trump había prometido arremeter contra estas instituciones, y sus funcionarios congelaron enormes sumas de fondos de investigación de los cuales las universidades han llegado a depender para la investigación científica y médica. Sin embargo, la resistencia institucional, las victorias judiciales de universidades como Harvard y la falta de apoyo de otras instituciones académicas han complicado significativamente la ejecución de esta agenda.
Perspectivas del conflicto y autoridad legal cuestionada
La viabilidad de la exigencia de 1.000 millones de dólares planteada por Trump permanece en duda, ya que el presidente no especificó bajo qué autoridad legal solicitaría esta suma. Esta omisión resulta particularmente relevante dado que los tribunales ya han determinado que las acciones previas de su administración contra Harvard fueron ilegales.
El conflicto entre Trump y Harvard se ha transformado en un debate nacional sobre la libertad académica, la diversidad ideológica y el papel del gobierno en el apoyo a la educación superior. Mientras la administración sostiene que está defendiendo a estudiantes judíos del antisemitismo, los críticos argumentan que se trata de un intento de imponer control político sobre instituciones académicas independientes.
La universidad no respondió inmediatamente a las últimas declaraciones presidenciales, manteniendo su estrategia de defender su posición principalmente a través de los tribunales. Con Alan Garber asegurado en la presidencia hasta al menos 2027 y con fondos de investigación restaurados por orden judicial, Harvard parece preparada para un enfrentamiento prolongado.
El desenlace de este conflicto podría establecer precedentes fundamentales sobre los límites del poder ejecutivo para condicionar la financiación federal a las universidades y sobre la capacidad de las instituciones académicas para resistir presiones políticas gubernamentales. Por el momento, ambas partes permanecen firmemente atrincheradas, sin señales claras de que un acuerdo sea inminente.
