La Comisión Europea publicó recientemente una modificación normativa que coloca a la soja en la categoría de alto riesgo de cambio indirecto de uso del suelo (ILUC), equiparándola al aceite de palma. Esta decisión amenaza con paralizar por completo las exportaciones argentinas de biodiésel de soja hacia el bloque europeo, el único mercado de exportación relevante para este producto, con un impacto comercial estimado en US$350 millones anuales para el país y el potencial cierre de plantas industriales.
Un golpe directo a la industria aceitera argentina
La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) advirtió sobre las graves consecuencias de esta medida para Argentina. Según la propuesta de la Comisión Europea, el único aceite autorizado para la producción de biodiésel en el bloque sería el de colza, cultivado dentro de la propia Unión Europea.
El problema no se limitaría exclusivamente al biodiésel, sino que se extendería al flujo de exportaciones de aceite de soja para uso industrial y parte del poroto. «Además de cortarle la cabeza al biodiésel, se vería afectado el flujo de exportaciones de aceite de soja y parte del poroto. Toda la materia prima vinculada a la soja quedaría, en la práctica, excluida», señalaron desde el sector.
De prosperar este proyecto y ser adoptado este año, todas las exportaciones de biodiésel de soja desde Argentina quedarán fuera del mercado europeo, representando para el país un daño comercial de US$350 millones anuales, así como el cierre de la industria dado que es el único mercado de exportación. La medida también afectará a Brasil y Estados Unidos, aunque el foco de preocupación está centrado en el impacto sobre la economía argentina.
El mercado actual y el potencial perdido para Argentina
En 2024, Argentina exportó a la Unión Europea 280.000 toneladas de biodiésel, que representaron aproximadamente US$350 millones. A esto se sumaron las ventas de aceite de soja para uso industrial por 45.000 toneladas, que generaron divisas por US$50 millones, totalizando cerca de US$400 millones el año pasado.
Sin embargo, el potencial total del mercado es significativamente mayor para el país. Argentina cuenta con una cuota autorizada de 1,2 millones de toneladas de biodiésel, lo que podría traducirse en exportaciones por un valor cercano a los US$1.400 millones anuales si se utilizara la capacidad completa. En un escenario de mayor apertura comercial, según estimaciones del sector, el potencial de ventas argentinas podría ubicarse entre US$1.000 y US$1.500 millones por año.
La evolución histórica de las exportaciones argentinas de biodiésel a Europa muestra una tendencia volátil y preocupante. En 2019 se enviaron 1.015.007 toneladas; en 2020 cayeron a 597.292 toneladas; en 2021 alcanzaron un máximo de 1.272.295 toneladas; en 2022 se mantuvieron elevadas con 1.222.374 toneladas; pero en 2023 se desplomaron a 304.450 toneladas, marcando una fuerte caída, para recuperarse levemente en 2024 con 383.338 toneladas.
El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) recordó que el mercado del biodiésel está condicionado por una cuota acordada con la Unión Europea. «Tiene una cuota de más o menos 1,2 millones de toneladas que no todos los años usamos y que depende de los precios», señaló, añadiendo que se trata de una variable que cambia año a año.
En 2025, las exportaciones argentinas de biodiésel de soja rondan los US$350 millones, mientras que en el pasado llegaron a superar los US$1.000 millones anuales, evidenciando el retroceso que ha sufrido el sector.
Argentina denuncia proteccionismo encubierto y prepara su defensa
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), responsable del 48% de las exportaciones del país, calificó la medida europea como «una barrera injustificada al comercio desde todo punto de vista». El dirigente empresarial sostuvo que «el concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiesel y dejarnos afuera del único mercado».
Idígoras fue contundente al señalar el trasfondo político de la decisión: «Todos sabemos que esto no es un debate científico sino político, porque la Unión Europea quiere compensar a los países que se quejan del acuerdo con el Mercosur y entonces cierran el mercado para productos competitivos de la Argentina».
Desde el sector exportador argentino se preparan argumentos técnicos para refutar las conclusiones del estudio europeo. «Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando la superficie desde hace más de una década. Además, no se pierde reserva de carbono en el suelo», argumentó Idígoras, subrayando que existen datos concretos que contradicen las bases de la normativa europea.
Estrategia gubernamental y posible escalada a la OMC
Una alta fuente oficial del Gobierno argentino reconoció que se trata de «un tema de preocupación» para el país. Según destacó, se está analizando la situación y se harán todas las gestiones necesarias con la Comisión Europea para evitar que esta propuesta tenga impacto sobre las exportaciones argentinas. La misma fuente aclaró que se trata de «una propuesta que está puesta a consideración en consulta pública», aunque el proceso ya habría concluido con la soja equiparada al aceite de palma.
El sector está en conversaciones activas con la Cancillería y el Ministerio de Economía «para tener una estrategia de defensa agresiva». No se descarta llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Idígoras confirmó que están preparando acciones internacionales de alto nivel: «Estamos en conversaciones con Cancillería y el Ministerio de Economía para tener una estrategia de defensa agresiva y llevar este tema hasta las últimas consecuencias, que sería un panel en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la UE y una denuncia en el acuerdo birregional que fue firmado en diciembre pasado».
El presidente de Carbio advirtió sobre el riesgo cierto de cierre de plantas en Argentina, dado que Europa es prácticamente el único destino de exportación para este producto. Argentina ya enfrenta una restricción estructural en el biodiésel de soja derivada de un acuerdo previo con la Unión Europea. «Ya tenemos una restricción con el biodiésel existente que está dada por este acuerdo que firmó la Argentina con la Unión Europea de restringir el volumen a una cuota y a un nivel de precios», explicó.
Un nuevo golpe al acuerdo Mercosur-Unión Europea
Esta decisión sobre el biodiésel se suma a otras medidas que han desactivado el entusiasmo inicial en el agro argentino tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El bloque europeo reforzó unilateralmente, sin consenso del Mercosur, una serie de salvaguardias que funcionarían como «airbag» en caso de un ingreso muy superior de granos o cuando sus valores fueran muy competitivos contra los europeos. La Unión Europea podía congelar los beneficios arancelarios hasta que se resolviera la situación.
Si bien estas salvaguardias estaban contempladas en el acuerdo firmado el pasado 17 de enero en Paraguay, la Unión Europea las modificó para asegurar apoyos internos antes de avanzar con la ratificación. La modificación inesperada y unilateral de esta cláusula encendió las alarmas en el campo argentino, ya que podría frenar los beneficios arancelarios para los países de América del Sur.
La lista actual está conformada por 25 productos de importancia para las exportaciones argentinas, entre los cuales aparece el biodiésel. También se destacan carnes bovinas, porcinas y aviar, lácteos, huevos, maíz y sus derivados, arroz, azúcar, miel, cítricos y etanol.
Idígoras fue categórico en su evaluación del panorama: «Es una forma clara de buscar condicionar y destruir el acuerdo de libre comercio. Europa se está equivocando seriamente, porque están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del continente para las próximas décadas».
El capítulo agrícola-ganadero es uno de los más importantes del acuerdo para Argentina, que celebró la posibilidad de ampliar sus exportaciones a un mercado de 450 millones de consumidores con menores aranceles y sin cuotas que limiten los envíos. Sin embargo, es precisamente este artículo el que más preocupa a países europeos como Francia e Italia, que buscan proteger sus propios sectores agrícolas y ganaderos mediante estas barreras que, desde la perspectiva argentina, resultan arbitrarias y contrarias al espíritu de libre comercio del acuerdo firmado.
